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INTERLOCUTORIA 125/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, revocó la sentencia apelada y admitió el hecho nuevo invocado por la parte actora. El Tribunal por unanimidad considera que el hecho nuevo es admisible, y su calidad para acreditar los hechos que pretende se deberán valorar en la etapa oportuna, esto es, la sentencia definitiva. Como expresa Alsina, citado por Véscovi y otros, para admitir la aportación del hecho, es suficiente que tenga influencia, aunque sea accidental, ya que su importancia será apreciada recién en la sentencia, por no encontrarse el juez a esa altura en condiciones de establecer claramente su importancia. Una cosa es establecer que el hecho nuevo tenga cierta relación con el objeto del proceso y otra, es descartar por completo que su influencia.

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 115/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 8 de abril de 2026

En el marco de una demanda incidental de nulidad de una acción expropiatoria, en base a su erróneo emplazamiento, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, amparó el recurso de queja interpuesto contra la sentencia interlocutoria nro. 2085 del 14/VIII/2025, y confirmó la sentencia interlocutoria nro. 1486 del 10/VI/2025, la cual desestimó la demanda incidental de nulidad, con condena en costas a la parte actora incidental.

Proceso incidental · Derecho administrativo

DEFINITIVA 107/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 8 de abril de 2026

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por el Fondo Nacional de Recursos y condenó al Ministerio Salud Publica a suministrar al accionante, de 70 años de edad, quien padece de cáncer de pulmón; los medicamentos PEMBROLIZUMAB y PEMETREXED, de acuerdo con las indicaciones que formule su médico tratante y durante todo el tiempo que este lo determine. La actora interpuso recurso de apelación, señalando como agravio eventual la falta de condena al FNR a servir los fármacos peticionados. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal revoca parcialmente la sentencia recurrida en cuanto hizo lugar a la falta de legitimación pasiva del Fondo Nacional de Recursos y en cuanto condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar el fármaco PEMBROLIZUMAB; y, en su lugar, condena al Fondo Nacional de Recursos a servir dicho medicamento al actor, conforme a las indicaciones del equipo médico tratante y por el tiempo que éste determine.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 102/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 8 de abril de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se condenó al MSP a suministrar al accionante (diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistémico) el fármaco BELIMUMAB en plazo de 24 horas y de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante todo el tiempo que éste lo indique. La decisión adoptada por la Sala se debe a que el el MSP no asegura a la accionante los medios de prevención y asistencia indicados por el equipo médico tratante, y por tanto, incurre en manifiesta ilegitimidad y violación a los artículos 44 in fine, 72 y 332 de la Constitución.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 109/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia apelada por la cual se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el FNR, desestimándose la demanda a su respecto y se condenó al MSP a suministrar al actor (portador de cáncer de próstata) el medicamento ABIRATERONA en la forma indicada por su médico tratante y por el lapso que éste lo requiera para su efectivo tratamiento, en el plazo de 24 horas a contar desde que el mismo presente la receta médica correspondiente. La decisión adoptada se debe a que Sala en numerosos fallos precedentes se ha condenado al MSP en virtud de que todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad y el Estado tiene el deber de proporcionar gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.

Proceso de amparo · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 121/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, amparó la demanda incidental de recusación y ordenó la remisión de la causa al juez subrogante natural de la Sra. Juez recusada.

Proceso incidental · Derecho procesal

DEFINITIVA 110/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

Se confirma la sentencia apelada que condenó al Ministerio del Interior a pagar a la actora los rubros de daño patrimonial y daño moral conforme los Considerando IV y V, desestimándola en lo demás. La Sala estima que está probada la falta de servicio en que incurre la parte demandada. La Sala tiene opinión en casos de demoras que son atribuibles a la administración en el reintegro de sus funcionarios, y en ese sentido, en Sentencia Nro. 159/2025, en consideraciones que son trasladables al caso a estudio.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

DEFINITIVA 105/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 8 de abril de 2026

En el marco de un proceso en el cual se reclama daños y perjuicios por responsabilidad decenal por vicios de construcción, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, concluye que habiéndose acreditado en autos la existencia de patologías constructivas: conforme al informe pericial de fs. 61 a 72, el que no fuere objeto de impugnación alguna, la declaración del perito en audiencia de fecha 21 de noviembre de 2022 y la ampliación pericial de fs. 77, resulta probado que la obra presenta serias deficiencias, cuya génesis compromete la responsabilidad tanto de la empresa constructora como del profesional arquitecto interviniente. El arquitecto interviniente asumió la obligación de concurrir al menos 6 veces a la obra y en tanto profesional, este debió hacerlo y controlar la correcta ejecución de la obra lo que claramente no hizo. No obstante, corresponde efectuar una adecuada graduación de dicha responsabilidad. En efecto, de acuerdo con las condiciones de contratación, la participación del profesional arquitecto se encontraba acotada, previéndose un mínimo de seis visitas a obra, lo que razonablemente excluye un control permanente o sistemático de la ejecución. En tal contexto, no resulta exigible que el referido profesional pudiera advertir, en toda su extensión, los errores de ejecución imputables a los dependientes de la empresa constructora. En consecuencia, atendiendo al distinto grado de injerencia en el proceso constructivo, a la naturaleza de las obligaciones asumidas por cada uno y al nexo causal con los daños verificados, con el grado de empirismo que esto conlleva, se estima justo y razonable atribuir un 75% de la responsabilidad a la empresa constructora, quien en definitiva confiesa que fue ella la responsable de la ejecución de la obra, y un 25 % al arquitecto interviniente, quien también asumió la dirección de obra como ya se expresara. En cuanto al daño moral y su cuantificación, en recientes casos parangonables (Nos. 15/2020 y 98/2021) la Sala concedió a la víctima una indemnización de U$S 5.000 por la que se condenará en el presente, no sólo con el fin de salvaguardar la coherencia interna de sus pronunciamiento, sino también por conceptuarla razonablemente ajustada y acorde a las turbaciones y desarreglos emocionales vivenciados por la actora.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 119/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, revocó la sentencia interlocutoria apelada, y admitió la comparecencia por procurador común en la forma solicitada por la parte actora a la audiencia preliminar, sin necesidad de poder para pleitos. Señala la Sala que la figura del procurador común está expresamente autorizada por la ley sin otro requisito que su solicitud, y, la representatividad del procurador común nace del decreto que lo designa. En efecto, la norma incidente únicamente exige para justificar la personería del procurador común la providencia que lo designa como tal, no siendo necesario el otorgamiento de poder para pleitos alguno. El procurador común actúa en representación de cada uno de los actores y, en ese carácter, tiene la facultad de comparecer a la audiencia preliminar y realizar los actos procesales previstos para esa etapa.

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

DEFINITIVA 108/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó a ambos demandados a pagar a la parte actora la suma de U$S 50.000 más intereses legales desde la presentación de la demanda. A criterio de la Sala, la única posibilidad de éxito de la defensa ensayada por los demandados, era atacar las compraventas como simuladas, lo que claramente no se verificó en autos. Los correos que señalan los demandados, como demostrativos de la propiedad, no tienen tal envergadura, y no son suficiente para contrarrestar documentos claros que no fueron, además, impugnados por ningún medio.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 123/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

Señala la Sala que la parte demandada interpone la excepción de falta de jurisdicción como excepción previa (art. 133 CGP) , por lo que corresponde que la misma se “sustancie entre las partes” (art. 475.4 CGP), dando traslado de la excepción y convocando a audiencia preliminar para su resolución ( art. 388.3 y 341.5 del CGP) . Resuelta la excepción , para lo cual se tendrán en cuenta las salvedades señaladas en el art. 475.4 del CGP, si corresponde, se remitirá al tribunal arbitral, quien en definitiva resolverá su propia jurisdicción, pudiendo negar la misma, generando una contienda negativa de competencia ( art. 475.4 inc.2 CGP).

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

DEFINITIVA 106/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 8 de abril de 2026

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar a la accionante, de 52 años de edad, quien padece insuficiencia renal crónica terminal; el medicamento CINACALCET, conforme a las indicaciones de su médica tratante y por todo el tiempo que la misma determine. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 107/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia apelada por la cual se amparó la falta de legitimación pasiva interpuesta por el FNR, desestimándose la demanda a su respecto; y condenó al MSP a suministrar o financiar el medicamento RIBOCICLIB a la actora (quien padece cáncer de mama), en plazo máximo de 24 horas, conforme a las indicaciones de su médico tratante, y mientras así lo determine. La Sala tiene jurisprudencia constante en relación a la falta de legitimación del FNR en hipótesis de pretensiones de suministro de medicamentos no incluidos en el FTM (ya sea para una patología diferente o, aunque siendo para la misma patología, no se contemple la situación clínica del amparista). En cambio, sí se considera por este Colegiado que el MSP obró con ilegitimidad manifiesta al negar la prestación solicitada; vulnerando derechos de la accionante como la Vida y la Salud.

Proceso de amparo · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 118/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

En autos se produce una acumulación inicial de pretensiones, donde se reclama no solo por los daños sufridos por la trabajadora sino también por personas ajenas al vínculo laboral (su madre), generando una competencia acumulativa (laboral y civil), siendo la actora quien la fija , de acuerdo a lo dispuesto por el art. 120 del CGP y el art 7 de la ley 15750. Por lo tanto, el Tribunal revoca la sentencia interlocutoria de primera instancia, declarando competente para ejercer en estos autos, al juzgado de primera instancia en lo civil correspondiente.

Proceso civil ordinario · Derecho procesal

DEFINITIVA 111/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 8 de abril de 2026

La sentencia de primera instancia condenó a la parte demandada a abonar a la actora (mutualista) por concepto de los daños y perjuicios reclamados la suma de $1.066.792 más intereses y actualizaciones que se fijan desde el momento de cada erogación hasta el efectivo pago. La demandada interpuso recurso de apelación, manifestó que le agravia que no se acogió la excepción de falta de legitimación activa de la accionante y se condena al pago de la suma reclamada. El Tribunal confirma la sentencia impugnada.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 71/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 8 de abril de 2026

En el marco de un proceso, en el cual la parte actora reclamó diferencias salariales, prima por antigüedad, presentismo y diferencias por feriados pagos, en primera instancia desestimó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y condenó a la demandada a abonar al actor los rubros pretendidos de prima por antigüedad y presentismo con sus correspondientes incidencias desde setiembre 2024 a la fecha de presentación de la demanda, sumas que deberán actualizarse hasta el efectivo pago mas el 10% por daños y perjuicios y el 10% por multa legal. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto excluye la incidencia de la licencia en la liquidación de la antigüedad, en lo que se revoca y se dispone su cómputo y en cuanto desestima lo reclamado por concepto de feriados, en lo que se revoca y en su lugar se condena a su pago de acuerdo a la liquidación de la parte actora de fs. 132 y 133, más la actualización e intereses, hasta su efectivo pago.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 69/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 8 de abril de 2026

Se confirma la sentencia definitiva apelada, salvo, en cuanto condena al pago de diferencias salariales e indemnización por despido e incidencias, en lo que se revoca y en su lugar, se absuelve a la parte demandada del pago de estos rubros y sus accesorios y en cuanto a las liquidaciones de los rubros salarios impagos, licencia, salario vacacional y aguinaldo recepcionados, en lo que se revoca y en su lugar, deberá estarse a las sumas liquidadas por la parte demandada a fs. 169 y 169 vto., con más sus accesorios. La Sala concluye que el actor trabajó para Agencia Central, quien se comportaba como su empleadora, por lo que esta tiene legitimación pasiva para responder por los créditos laborales reclamados, por más que figurara formalmente como empleado de Expreso Ruta 5. Conforme a los hechos narrados en la demanda y probados en la causa cabe interpretar que jurídicamenteel vinculo entre ambas empresas encarta en un supuesto de empleador complejo. Se hace lugar a los agravios esgrimidos por la parte demandada por la recepción de las diferencias salariales, en tanto le asiste razón respecto a que, aun cuando se entendieran aplicables las categorías del Grupo 13 subgrupo 2, resultando probado que la labor preponderante del actor, era la de carga y descarga de las encomiendas en los ómnibus, le correspondería la de Maletero, que tenía salarios mínimos inferiores a los que percibía. También se consideran de recibo los agravios formulados por la demandada por la condena al pago de indemnización por despido, dado que resulta suficientemente acreditado que el Sr. SDS suscribió una carta renuncia en forma voluntaria y no fue controvertido que la carta de renuncia era de su puño y letra, ni se aportaton vicios del consentimiento.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 98/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 8 de abril de 2026

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Salud Pública a proporcionar al accionante, de 59 años de edad, portador de GLIOMA DE ALTO GRADO; el medicamento BEVACIZUMAB, conforme las indicaciones que formule su médico tratante y durante todo el tiempo que éste lo indique. Contra la misma el MSP interpuso recurso de apelación, agraviándose en que no se cumplen los requisitos necesarios para que prospere la acción de amparo, ya que su accionar no puede ser calificado como manifiestamente ilegítimo. El Tribunal confirma la sentencia impugnada, entendiendo que los agravios no son de recibo.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 65/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT · 8 de abril de 2026

Se confirma condena modificando el número de horas extras.

Proceso laboral · Derecho laboral

DEFINITIVA 66/2026 · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT · 8 de abril de 2026

Se desestiman la demanda y las excepciones interpuestas.

Proceso laboral · Derecho laboral