Historia del artículo 283

La autoridad judicial que esté interviniendo podrá: 1°) A) Dictar las providencias necesarias para garantir el pago de gravámenes, multas, recargos y gastos judiciales. B) Disponer la entrega a los denunciados, cuando así lo soliciten de las mercaderías o efectos, embarcaciones, vehículos, animales aprehendidos, etc., salvo las aeronaves, siempre que corran riesgo de deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o su conservación cause perjuicios o gastos desproporcionados a su valor. C) Intimar a los denunciados el retiro de dichos bienes dentro del plazo que fije, cuando su retención o conservación produjera perjuicio, o estuvieren expuestos a los riesgos indicados u otros. D) Cuando la intimación de retiro no diese resultado, podrán entregarse, en las mismas condiciones, a los denunciantes u ordenarse su remate. La entrega o retiro se ajustará, en todos los casos, a los siguientes requisitos: a) Se fijará el valor comercial de las mercaderías, efectos o bienes. Dicho valor será el estimado al practicarse las operaciones previstas por el artículo 268, siempre que su antigüedad no fuere mayor de seis meses a la fecha del decreto de entrega. Si excediere dicho término o a juicio de la autoridad interviniente han sobrevenido factores modificativos, se dispondrá nueva estimación por las oficinas aduaneras correspondientes. Sin perjuicio de ello, podrá además dicha autoridad decretar las medidas sustitutivas o complementarias que estime del caso, incluso peritajes de conformidad con los artículos 38 y siguientes de la Ley Nº 13.355, de 17 de agosto de 1965, siendo de cargo del beneficiario de la entrega los gastos y honorarios que se originen. Siempre que el valor comercial que se fije, se halle dentro de un 20 por ciento en más o en menos, del estimado en definitiva por las oficinas aduaneras, será irrecurrible, y en los demás casos sólo admitirá el recurso de reposición. b) Deberá prestarse garantía, suficiente que cubra dicho valor comercial. La misma podrá constituirse en dinero en efectivo, títulos de deuda pública nacional o municipal, bonos o letras de Tesorería, títulos u obligaciones hipotecarias, y dichos valores serán estimados por su cotización real a la fecha del decreto de entrega. Tratándose de otro tipo de garantía, previa vista del representante fiscal, se calificará la misma, y tal decisión no admitirá recurso alguno. c) Se depositará previamente al retiro, el importe de los gravámenes correspondientes. d) Las condiciones previstas en los apartados B) y C) del presente numeral, serán apreciadas discrecionalmente por la autoridad interviniente, la que, si lo considera necesario, podrá requerir los informes o disponer los peritajes que estime oportunos, siendo los gastos y honorarios que se irroguen de cargo del beneficiario del retiro. El decreto de entrega sólo admitirá el recurso de reposición. 2°) La autoridad interviniente podrá sustituir las diligencias previstas en los literales precedentes, ordenando el remate de lo denunciado, salvo que se trate de mercaderías que obligatoriamente deban ser entregadas a organismos del Estado. En los casos de remate o venta, no podrán hacer posturas ni ser adquirentes de las mercaderías, efectos o bienes, los denunciantes o los denunciados, por sí ni por interpósita persona, bajo pena de incurrir en el delito de estafa. Los remates se harán sobre la base de los dos tercios del valor comercial estimado al practicarse las operaciones del artículo 268, y si no hubiera ofertas, las mercaderías, efectos o bienes, se subastarán nuevamente al mejor postor. Podrá disponerse su venta, sin necesidad de remate, solicitándose propuestas y adjudicándose a la más alta, en los casos de detención de frutas, verduras, animales vivos, especialidades y productos farmacéuticos, con plazo perentorio de vencimiento, y de cualquier otro bien o mercadería que por su naturaleza sea imposible mantener en depósito sin riesgo inmediato de su depreciación y/o inutilización total o parcial. El auto que ordena la venta será irrecurrible y se cumplirá de inmediato. El producido líquido del remate o la venta, así como la suma en efectivo que se consignare como garantía para el retiro de los bienes, podrán ser invertidos en títulos de deuda pública nacional o municipal, bonos o letras de Tesorería, título u obligaciones hipotecarias u otro destino similar, y al dictarse la sentencia definitiva se librará orden de pago y/o entrega de los valores respectivos

La autoridad competente que esté interviniendo podrá: A) Dictar las providencias necesarias para garantir el pago de tributos, multas, recargos y demás adeudos. B) Vender directamente al Estado, a los Gobiernos Departamentales, a los Entes Autónomos, a los Servicios Descentralizados y a las Personas Públicas no Estatales, los bienes incautados en presunta infracción aduanera de contrabando, u ordenar el remate de lo denunciado cuando se entienda inconveniente o inadecuada su conservación, salvo que se trate de mercaderías que por su particular naturaleza, obligatoriamente deban ser entregadas a Organismos del Estado. A los efectos precedentemente expuestos existirá coordinación permanente entre la Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento, la Dirección Nacional de Aduanas y el Poder Judicial. C) Disponer la venta directa de lo denunciado, solicitando ofertas y adjudicando a la más alta, en los casos de detención de frutas, verduras, animales vivos o faenados y comestibles de alta perecibilidad. D) El producido líquido del remate o la venta será depositado en el Banco Hipotecario del Uruguay en obligaciones hipotecarias reajustables u otras unidades de valor constante. En caso de dictarse resolución condenatoria y de no abonarse los tributos correspondientes, su cobro se verificará sobre los fondos depositados