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Las Comisiones Investigadoras podrán declarar secretas algunas de sus actuaciones, testimonios o documentos recibidos, cuando existiera mérito suficiente para ello. En este caso, el Cuerpo designante, al iniciar la sesión que considere el o los informes, podrá resolver sesionar en forma secreta. Sin perjuicio de ello, en el momento de adoptar resolución, dicho Cuerpo se pronunciará sobre la publicidad total o parcial de lo actuado.
La asistencia a estas Comisiones quedará restringida a sus Miembros, al denunciante, a los citados por las mismas y a los funcionarios de los Cuerpos designantes necesarios para su labor.
En todos los casos se garantizará a los testigos o declarantes que así lo solicitaran, el secreto en cuanto a su identidad.
Aun en los casos en que se hayan decretado actuaciones secretas, éstas quedarán automáticamente levantadas a los veinticinco años de la resolución del Cuerpo designante.
La responsabilidad de los Legisladores que violen el secreto se regirá por el artículo 115 de la Constitución de la República y la de los funcionarios por el artículo 162 del Código Penal, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa. El particular que interviniere en las actuaciones de la Comisión y violare el secreto de sus actuaciones será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
Las Comisiones Permanentes, Especiales y las designadas para suministrar datos con fines legislativos podrán actuar en régimen de secreto, ya sea por disposición del Cuerpo designante, por requerimiento de los Ministros o jerarcas de otro Poder, organismo o persona estatal o por resolución propia.
En tales casos, les serán aplicables las disposiciones de este artículo en cuanto corresponda.