Decláranse de interés nacional la sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.
Los bancos de sangre, las unidades de hemoterapia, los servicios de medicina transfusional y los centros asistenciales deberán ajustarse a las directivas científicas, técnicas y éticas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. El objetivo final es asegurar la aplicación de la mejor tecnología disponible a todo el procedimiento desde la selección de donantes hasta la transfusión, necesarios para asegurar el óptimo aprovechamiento terapéutico de la sangre humana.
Los servicios de medicina transfusional y los centros asistenciales deberán aplicar los criterios clínicos y las pautas terapéuticas más apropiadas para cada paciente a los efectos de asegurar el uso racional de la sangre, hemocomponentes y hemoderivados.
Prohíbese la comercialización con fines de lucro de la sangre humana y hemoderivados obtenidos a partir de la misma.
Limítase la percepción de haberes por parte de las instituciones prestadoras de servicios asistenciales a los costos atribuibles a la captación de donantes voluntarios, selección, extracción de sangre, producción de hemocomponentes, conservación, pruebas serológicas, e inmunohematológicas, así como la evaluación clínica, los servicios transfusionales y las remuneraciones de los profesionales actuantes de acuerdo al laudo vigente.
El Ministerio de Salud Pública fijará el costo de los procedimientos antes señalados.
Facúltase al Servicio Nacional de Sangre en todo el territorio nacional a llevar a cabo un Programa de Plasmaféresis para la obtención de plasma fresco congelado con destino a su fraccionamiento, así como a los servicios de hemoterapia acreditados, públicos y privados.
Facúltase al Ministerio de Salud Pública a contratar y establecer los convenios que correspondan para asegurar el fraccionamiento del plasma humano disponible en la red de bancos de sangre y servicios de medicina transfusional, a los efectos de asegurar la disponibilidad de hemoderivados y su acceso a toda la población, así como a planificar la creación de una planta de fraccionamiento nacional con intervención de instituciones públicas y privadas.