Será compatible la jubilación por Industria y Comercio con la actividad bajo la misma afiliación, en las condiciones que se establecen en la presente ley y su reglamentación.
Dicha compatibilidad requerirá autorización por el Poder Ejecutivo, que se otorgará para aquellos sectores de actividad en los que, de acuerdo a los datos disponibles, exista escasez de oferta de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales.
La autorización estará condicionada a que no se reporte la caída del Producto Bruto Interno desestacionalizado en dos trimestres consecutivos y será de carácter precario y revocable.
La autorización del Poder Ejecutivo, a los efectos de la aplicación del régimen previsto en la presente ley, se otorgará previa consulta con la organización más representativa de jubilados y pensionistas.
Se requerirá además la conformidad de las organizaciones más representativas de los empleadores y trabajadores del sector de actividad, expresada formalmente mediante convenio colectivo o en el ámbito del Consejo de Salarios correspondiente.
Cuando la compatibilidad se autorice, solo habilitará para la contratación de personal calificado o para el desempeño de tareas de personal superior, entendiéndose por tales las correspondientes a cargos superiores al de Jefe de Sección.
El jubilado así contratado deberá contribuir a la formación profesional de trabajadores, en tareas de similar naturaleza a aquellas que el mismo desarrolle en la empresa.
La compatibilidad prevista por la presente ley no procederá:
A) Cuando la jubilación hubiere sido otorgada por incapacidad total o absoluta y permanente para todo trabajo.
B) Cuando la actividad a ejercerse fuere de la misma naturaleza de las que hubieren sido computadas en la jubilación y hubieran sido bonificadas, salvo que se tratare del ejercicio de cargos docentes en institutos de enseñanza oficiales o habilitados.
Los jubilados contratados conforme a la presente ley no podrán superar los setenta años de edad.
La contratación de jubilados por un mismo empleador y bajo el régimen de esta ley, será a término y por un plazo no mayor a dos años. En caso de excederse ese plazo, se aplicarán las normas generales sobre incompatibilidad.
Toda vez que dicha relación laboral superare un año de duración o se verificare la situación prevista en el artículo 16 de la presente ley, el jubilado tendrá derecho, al finalizar la misma, a percibir del Banco de Previsión Social, por única vez, una prestación equivalente al promedio mensual de las asignaciones computables correspondientes a los doce meses anteriores al referido cese.
El jubilado que hiciere efectivo el cobro de la prestación prevista en el inciso precedente no podrá volver a desempeñar tareas al amparo del régimen establecido en la presente ley.
Por cada jubilado que contrate al amparo de la presente ley el empleador deberá contratar a un trabajador de entre 18 y 29 años por un término mínimo de ciento ochenta días, dentro de los doce meses siguientes al comienzo de aquella relación laboral.
Dichos trabajadores jóvenes desarrollarán tareas para las cuales hayan sido capacitados o estén capacitándose en instituciones que cuenten con participación o supervisión del Estado.
Serán seleccionados por el empleador de la nómina de postulantes que, a tales efectos, le remitirá el Servicio Público de Empleo. En ningún caso podrán percibir una retribución inferior al salario mínimo que corresponda a la categoría laboral de las tareas que realicen.
Si la relación laboral del trabajador joven concluyera antes de cumplirse el plazo previsto en el inciso primero de este artículo, el empleador deberá contratar a otro u otros, en las condiciones previstas por el inciso anterior, cuando menos por el lapso que restare para completar dicho plazo.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo determinará para el empleador omiso la inhabilitación para realizar, en lo sucesivo, contrataciones de jubilados al amparo de lo establecido en la presente ley.
Sin perjuicio de las sanciones que pueda establecer la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social otorgadas por el artículo 289 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley N°
16.736, de 5 de enero de 1996.
Exclúyese de lo dispuesto en el presente artículo a los empleadores que cuenten con menos de diez dependientes.
El número de jubilados contratados al amparo de esta ley por un mismo empleador no podrá superar el 10% (diez por ciento) del total de sus dependientes, salvo que estos no alcancen a la cifra de 10, en cuyo caso podrá contratarse, bajo esta modalidad, un solo jubilado.
El salario mínimo del personal jubilado que se contrate bajo este régimen será el que corresponda a la categoría laboral de las tareas que realice.
Sin perjuicio de ello, en caso de que el jubilado fuere contratado por el mismo empleador para quien trabajaba al momento de acogerse a la jubilación o para una empresa que integrare un mismo conjunto económico con aquel, no podrá percibir un salario inferior al que cobraba al momento de su egreso, prorrateado a la jornada que cumpla.
El salario de dicho personal, en las condiciones previstas por los artículos 153 y siguientes de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, modificativas y concordantes, estará gravado por las aportaciones al Fondo Nacional de Salud previstas por los artículos 61 y 66 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007, y constituirá asignación computable y materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social de carácter jubilatorio, íntegramente para el régimen de solidaridad intergeneracional que administra el Banco de Previsión Social.
La jornada máxima del jubilado contratado bajo el régimen de la presente ley no podrá superar las seis horas diarias.
El jubilado que se reintegre a la actividad de acuerdo a este régimen deberá haber cesado en la actividad anterior y estar en goce de su jubilación con una anticipación no menor a seis meses.
Durante el plazo de duración del contrato de un trabajador jubilado, y durante el período de sesenta días anteriores al contrato, no podrá despedirse ni suspenderse a otros trabajadores de la ocupación, oficio o categoría laboral correspondiente a su calificación profesional, salvo por razones disciplinarias.
Las empresas que contraten jubilados en las condiciones previstas en la presente ley deberán estar al día con los aportes a la seguridad social.
Los servicios prestados bajo el régimen previsto en la presente ley solo podrán dar lugar a la reliquidación o reforma de la jubilación una vez transcurridos dos años de actividad.
En ningún caso, dicha reliquidación o reforma significará disminución de la asignación de pasividad que percibía el jubilado.
El jubilado que hubiere devenido beneficiario del Seguro Nacional de Salud en virtud de haber sido contratado al amparo de la presente ley mantendrá aquella condición al finalizar la referida relación laboral, realizando las aportaciones correspondientes.
Si la autorización para la contratación bajo este régimen fuese revocada por el Poder Ejecutivo antes de la finalización del plazo contractual, los contratos celebrados a su amparo se extinguirán de pleno derecho, sin responsabilidad para las partes.
A los efectos de la evaluación del régimen previsto en la presente ley y de su seguimiento en cada sector de actividad, el Poder Ejecutivo contará con el asesoramiento de una comisión integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, uno del Ministerio de Industria, Energía y Minería, uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Banco de Previsión Social, uno de la organización más representativa de trabajadores del correspondiente sector de actividad, uno de la organización más representativa de empleadores del mismo sector de actividad, y un representante de la organización más representativa de jubilados y pensionistas.
El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley en un plazo de noventa días siguientes a la fecha de su promulgación.