Historia del artículo 29

(Obligación de comunicar y declarar).- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera, zona primaria aduanera o zona de vigilancia aduanera especial, por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma en que determinará la reglamentación que este dicte. Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera, zona primaria aduanera o zona de vigilancia aduanera especial, por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas, en la forma que determinará la reglamentación. El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 12 de la presente ley; para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo. Dicha multa será del 30% del excedente de US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente. En caso de reiteración, la multa ascenderá al 60% del total del dinero transportado, a tales efectos, la Dirección Nacional de Aduanas deberá llevar un registro de las personas que incurran en la omisión de declarar. Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención y comunicará inmediatamente a la Dirección Nacional de Aduanas, remitiéndole los bienes y valores transportados. La Dirección Nacional de Aduanas en conocimiento de la detención adoptará inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la instrucción del procedimiento administrativo, debiendo retener la suma equivalente a la multa determinada por la ley para el caso, depositando dicho importe en la cuenta del Tesoro Nacional, como garantía que asegure el derecho del Estado al cobro de la misma, hasta tanto el acto administrativo que la determine quede firme. El remanente deberá ponerse a disposición de la Fiscalía correspondiente. En caso de otros valores o monedas sin curso legal en el país, se procederá a la incautación, depositándose los mismos en custodia en el Banco de la República Oriental del Uruguay, como garantía hasta tanto el acto administrativo que determine la multa quede firme, siendo el costo de cargo del sujeto omiso. La Dirección Nacional de Aduanas deberá realizar el avalúo de los bienes y determinará el monto de la multa correspondiente. En caso de que el infractor deposite el monto de la multa en la cuenta del Tesoro Nacional, la totalidad de los bienes incautados serán puestos a disposición de Fiscalía. La resolución que determine la multa constituirá título ejecutivo. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, la autoridad competente pedirá inmediatamente a la fiscalía penal correspondiente la solicitud de orden judicial de incautación, cuando existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley o de las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya. La prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados determinará su devolución, sin perjuicio de las garantías que se hubieran dispuesto para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo las que permanecerán vigentes hasta tanto el acto administrativo quede firme. La resolución judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa de investigación preliminar. Transcurridos seis meses de la incautación, si no se hubiese ofrecido prueba de un origen diverso a los delitos tipificados en los artículos 30 a 33 o a las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley, la fiscalía penal interviniente solicitará se declare operado el decomiso de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 52 de esta ley.