Sentencia Definitiva N° 173/2026

Sentencia Nro. 173/2026 - IUE: 2-41640/2026 Montevideo, 15 de junio de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO. Ministro redactor: Dr. Fernando Tovagliare. Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Fernando Tovagliare y Dr. Gustavo Iribarren. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. AMPARO”; I.U.E 2-41640/2026, venidos a conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Salud Pública (en adelante M.S.P) contra la Sentencia definitiva No 66/2026, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4o turno. RESULTANDO: 1 - Que por la recurrida, el Magistrado a quo amparó la demanda promovida por el actor y en su mérito condenó al M.S.P. a financiar al actor el tratamiento y dispositivo de estimulación medular y componentes para su implantación, de conformidad con las indicaciones del equipo médico tratante; en plazo de 24 horas. 2 - Contra dicho dispositivo, el M.S.P dedujo recurso de apelación, formulando los agravios que surgen de su escrito de fs. 164/166 vto. 3 - Sustanciada la vía recursiva, la actora evacuó el traslado del recurso en escrito de fs. 170/174. 4 - Recayó providencia No 1386/2026 que franqueó el recurso de apelación interpuesto y una vez recibidas las actuaciones ante este Tribunal, pasaron a estudio de los Sres. Ministros por su orden, acordándose el dictado de la presente decisión, designándose al Dr. Tovagliare para su redacción. CONSIDERANDO: 1 - El Tribunal, de conformidad con el número de voluntades requerido legalmente (art. 61 inc. 3o LOT) confirmará la sentencia impugnada, por las razones que se dirán. 2 - La Sala acepta el correcto relato de antecedentes procesales realizado por el decisor de primer grado, al cual se remite por adaptarse precisamente a lo que resulta de autos. 3 - La sentencia impugnada, como se adelantara, condenó al M.S.P a financiar la cobertura del tratamiento reclamado en autos. 4 - El embate crítico desarrollado POR EL DEMANDADO M.S.P, en su APELACIÓN, radicó en sostener que: i) No se habría configurado la ilegitimidad manifiesta requerida por la Ley 16.011, pues el M.S.P. actuó dentro del marco normativo vigente. ii) Sostuvo asimismo que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta que en el caso estamos ante un dispositivo no incluido en el PIAS y que la legislación vigente no establece el deber de suministrarlos 5 - El agravio relativo a que no se habría configurado en el caso ‘ilegitimidad manifiesta’ en la actuación del M.S.P. no resulta de recibo pues, entiende la Sala que el referido requisito (ilegitimidad manifiesta) debe ser interpretado sin reduccionismos o angostamientos apresurados, en sintonía con la finalidad protectora del goce de los derechos humanos que inspiran la ley de amparo y la directrices axiales trazadas por la Constitución Nacional. 6 - En función de ello, se considera que en el subexámine, se ha verificado la mencionada ilegitimidad manifiesta, en la medida que resultó acreditada la patología que afecta (a sus 45 años de edad) al amparista (síndrome de dolor espinal persistente tipo 2), así como la pertinencia y necesidad (desde el punto de vista científico y médico) del tratamiento indicado para mejorar su situación clínica, y aliviar su enfermedad. 7 - Y a pesar de ello, se le niega el acceso al tratamiento reclamado (estimulación medular), alegándose por el M.S.P., que no tiene el deber de suministrar directamente dispositivos médicos a la población y que el derecho de las personas al acceso a los mismos se encuentra limitado a aquellos incluidos en el PIAS. 8 - Tal como lo ha sostenido esta Sala en anteriores pronunciamientos, ante la falta de argumentos de índole científica, que legitimen la negativa del M.S.P. a suministrar tratamientos médicos (que se encuentran registrados ante el M.S.P.) indicado como la única alternativa existente para aliviar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de una persona, la misma deviene infundada y por lo tanto arbitraria; importando un incumplimiento del deber prestacional de asistencia en salud, impuesto por normativa constitucional y por múltiples Tratados internacionales sobre Derechos Humanos, en protección de derechos esenciales tales como: la vida, la salud, la dignidad y la calidad de vida (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - ratificado por la Ley No. 16.519-). 9 - En efecto, entiende el Tribunal que la negativa de la demandada M.S.P. implica abandonar al amparista, privándole del tratamiento que constituye su única alternativa terapéutica, de acuerdo al informe de su médico tratante (Dr. Federico Salle), obrante a fs. 62, reconocido en su declaración testimonial en audiencia (fs. 151). 10 - La ilegitimidad manifiesta surge de la propia conducta del M.S.P. cuando deniega al paciente, el tratamiento que según la prueba aportada, resulta claramente beneficioso, bajo pretexto de la aplicación de normas legales (erróneamente interpretadas) o aún reglamentarias, (como es la inclusión o no del dispositivo en el PIAS), pero omite la aplicación de normas de rango superior, y de múltiples Tratados universales y regionales de Derechos Humanos, que tienen especial incidencia en la interpretación de las normas infraconstitucionales que invoca (las que deben ser interpretadas conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos). 11 - A su vez, entiende esta Sala que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública (encargado de preservar la salud de los habitantes del país), está obligado constitucionalmente (art. 44 inc. 2 CN y múltiples Tratados de Derechos Humanos ratificados por el país que abordan la cuestión) y legalmente (Ley 9.202) a proteger el Derecho a la salud; a la vida; a una mejor calidad de vida; a una sobrevida digna, etc, de los habitantes del país. Y está asimismo obligado a asegurar a los pacientes carentes de recursos suficientes, los medios de prevención y asistencia necesarios.Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021). 12 - Así las cosas, considera el Tribunal, que la circunstancia de que el dispositivo en cuestión no se encuentre incluido en el PIAS no determina que deba negársele su suministro pues -como señala Van Rompaey-, en la ponderación entre los derechos constitucionales, principios y valores que están en juego, parece razonable concluir que la actuación judicial en la protección del derecho constitucional a la salud, no puede quedar supeditada a la satisfacción de requisitos reglamentarios o burocráticos (‘Reflexiones sobre el derecho a la salud y su judicialización’, Revista Judicatura Tomo 52, págs. 149 y 150). Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021 entre muchas otras). 13 - La conducta de las partes ha sido correcta (arts. 688 del Código Civil y art. 261 del C.G.P.), en razón de lo cual no se impondrá especial condenación en costas y costos. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: Desestímase el recurso de apelación formulado en todos sus términos. Sin especial condenación. Honorarios fictos 14 B.P.C. Notifíquese personalmente. Oportunamente, devuélvase con copia para la Sra. Juez ‘a quo’. Dr. Gustavo Iribarren – Ministro Dr. Fernando Tovagliare – Ministro Dra. Claudia Kelland – Ministra Esc. Laura Pérez – Secretaria Letrada