Sentencia Sentencia N° 575/2007

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de octubre de 2007. No. 575 VISTOS en el Acuerdo: Para resolución estos autos caratulados: “BONILLA, BLANCA con INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO. Suspensión de ejecución (Ficha No. 1047/06), pieza separada de los autos principales de igual carátula (No. 654/06). RESULTANDO : I) Que con fecha 18/8/06, a fs. 22 de autos, la actora promueve acción de nulidad contra la resolución Nº 5262/2005, dictada por el Intendente Municipal de Maldonado, por la cual se reglamenta el Decreto Departamental 3807, que modificó el régimen jurídico de la cancelación y pago del tributo de Contribución Inmobiliaria. II) Conjuntamente con la demanda, solicita la suspensión de la ejecución del acto (fs. 34). III) Con fecha 5/2/07, a fs. 46, la demandada al evacuar el traslado conferido, se opone a la suspensión impetrada, por no verificarse en la especie los extremos legales habilitantes para dejar de lado el principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de los actos administrativos. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 471/07), a fs. 62, aconseja no hacer lugar a la suspensión solicitada. V) Citada para resolución por Auto Nº 6051/2007, de fecha 28 de agosto de 2007, la Sala la acordará en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal estima que no se dan en la especie las condiciones requeridas por el art. 2º de la Ley Nº 15.869, a las cuales deben concurrir a efectos del otorgamiento del beneficio impetrado. II) Este Cuerpo ha señalado en múltiples pronunciamientos que la suspensión de la ejecución del acto administrativo es un instituto de amparo, de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración, y una excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos. Por ser un instituto de excepción que cercena la presunción de legalidad que beneficia a los actos administrativos, el legislador lo disciplinó como potestad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siempre que el acto impugnado sea susceptible de causar un perjuicio en las condiciones prevenidas por la norma. III) Habiendo examinado los autos, se descarta que los actos impugnados aparezcan inicialmente como manifiestamente ilegales, sin que ello signifique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo planteada. IV) Por otra parte, la actora no funda suficientemente la solicitud de suspensión incoada, limitándose en el numeral 8º de la expresión de agravios de su demanda, a referir posiciones doctrinarias y jurisprudenciales estimables, pero sin acreditar en forma, que el balance de los perjuicios derivados de la ejecución de los actos, superen los que provocaría al órgano involucrado su suspensión. Por estos fundamentos y lo dispuesto en el art. 2º de la Ley 15.869, en consonancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal RESUELVE : No hacer lugar a la solicitud de suspensión de los actos administrativos impugnados. Agréguense a los principales. Dr. Lombardi, Dra. Battistella, Dr. Preza (r.), Dr. Calleriza (Sec. Letrado)