Sentencia Sentencia N° 386/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de julio de 2026 No. 386 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS : Para sentencia, estos autos caratulados: “AA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 736/2024). RESULTANDO : I) El acto administrativo enjuiciado por la parte actora trata de la Resolución No. DP 55/2023 , dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas-del BPS con fecha 19.4.2023. Por la misma, en lo que al presente proceso interesa, se resolvió “1) Denegar Solicitud de Jubilación Común por Régimen Mixto de Afiliación INDUSTRIA Y COMERCIO formulada por AA, fecha de nacimiento 23/02/1962, Cédula de identidad N° X.XXX.XXX-X, por no reunir las condiciones previstas para acceder al derecho, al amparo de la siguiente normativa: Ley 16.713 de 03/09/1995, Art. 18 en su actual redacción, dada por el Art. 1 de la Ley 18.395 de 24/10/2008”. Y en lo que al presente proceso interesa no se reconocieron los servicios denunciados como trabajados para la empresa BB entre el 1.3.1977 a 1.4.1988 (fs. 46 y vto. A.A.). En la demanda se peticionó la declaración de nulidad parcial del acto. II) El representante de la parte demandada contestó a fs. 9 y ss. repeliendo la pretensión e incorporando los antecedentes administrativos, cuya agregación se dispuso por auto No. 445/2025 (fs. 23). III) Abierto el juicio a prueba por el mismo Decreto, las partes ofertaron y produjeron la que obra agregada a fs. 25 y ss. IV) Ordenados los alegatos en el plazo común de 15 días mediante el Decreto No. 2992/2025 (fs. 41), las partes los produjeron a fs. 43 y ss. V) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, por Dictamen No. 607/2025, aconsejó anular el acto administrativo resistido (fs. 54 y ss.). VI) Por auto No. 4693/2025 (fs. 56) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Compareció la parte actora demandando la nulidad de la resolución No. DP 55/2023 , dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas-del BPS con fecha 19.4.2023. Por la misma, en lo que al presente proceso interesa, se resolvió “1) Denegar Solicitud de Jubilación Común por Régimen Mixto de Afiliación INDUSTRIA Y COMERCIO formulada por AA, fecha de nacimiento 23/02/1962, Cédula de identidad N° X.XXX.XXX-X, por no reunir las condiciones previstas para acceder al derecho, al amparo de la siguiente normativa: Ley 16.713 de 03/09/1995, Art. 18 en su actual redacción, dada por el Art. 1 de la Ley 18.395 de 24/10/2008”. Y en lo que al presente proceso interesa no se reconocieron los servicios denunciados como trabajados para la empresa BB entre el 1.3.1977 a 1.4.1988 (fs. 46 y vto. A.A.). En su escrito inicial, se agravió señalando que en lo resuelto adolece de vicios en los motivos. Esto en tanto se funda en hechos que no son ciertos, producto de una errónea valoración de la prueba, en virtud de la errónea aplicación del criterio de la sana crítica por parte de la Administración. Entendió que se probaron los casi 11 años (período comprendido entre el 1.3.1977 a 1.4.1988) en los que trabajó para la empresa BB, por lo que el no reconocimiento por parte de BPS, le causa perjuicios. Reseñó los distintos testimonios producidos en el procedimiento administrativo, para considerar que, estos, resultaron descartados por una valoración arbitraria y parcial, que no encuentra respaldo lógico. En definitiva, solicitó la anulación del acto. II) Corrido el correspondiente traslado, compareció el representante de la accionada a contestar la demanda. Reseñó las actuaciones que precedieron al dictado del acto, para defender la motivación del mismo. Consideró insuficientes los testimonios recogidos en sede administrativa para acreditar la actividad laboral denunciada, por tanto, arguyó que el BPS realizó una correcta valoración de la prueba. Citó doctrina y jurisprudencia para señalar que e l organismo debe observar el cumplimiento de los requisitos para el acceso a las prestaciones que otorga, y no ser excesivamente flexible como pretende la accionante. Insistió en que, en el caso, es clara la falta de elementos probatorios certeros que acrediten la existencia de la actividad denunciada, cuya denegatoria fue legítima. En definitiva, solicitó el rechazo de la acción movilizada. III) Control de regularidad formal de la acción. Los requisitos necesarios para la admisibilidad del presente accionamiento han sido debidamente observados (arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, la volición encausada le fue notificada con fecha 1.6.2023 (fs. 47 A .A.), e interpuso en plazo los correspondientes recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 9.6.2023 (fs. 48 A.A.). El Directorio del BPS mediante la RD No. 23 -13/2024 no hizo lugar al recurso jerárquico (fs. 58 y vto. A.A.) la que fue notificada el 2.9.2024 (fs. 62 vto. A.A.). En virtud de lo anterior, la demanda anulatoria que inicia este proceso fue interpuesta útilmente el día 1.11.2024 (según consta en la nota de cargo a fs. 6). IV) Sistema contencioso anulatorio aplicable. Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso-anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto -Ley No. 15.524, Leyes Nos. 15.8 69 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el 1.11.2024 contra un acto administrativo notificado al hoy accionante el 1.6.2023. V) Análisis de los agravios. Luego del estudio de los antecedentes administrativos allegados a la causa en el que consta el desarrollo del trámite, el Tribunal, en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, concluye que corresponde la anulación del acto, lógicamente, en la porción objeto de agravio. VI) El objeto de la litis. Este consiste en determinar, si por el período comprendido entre el 1.3.1977 al 1.4.1988, denunciado por el accionante, el mismo logró acreditar los servicios prestados a la empresa BB, y a diferencia de lo resuelto por el BPS, el Tribunal concluye que los mismos efectivamente fueron acreditados, en función de lo que se expone a continuación. Primero. Debe verse que estando al relato de hechos de la demanda anulatoria, el Sr. AA expresó que desde que tenía 15 años trabajó en forma dependiente para la empresa BB. Señaló que su señora madre, CC, que trabajaba como empleada doméstica de una señora de apellido DD que conocía al Sr. EE, entonces dueño de la empresa. (fs.3 y 3 vto.) Agregó que cuando el Sr. EE vendió, él y otros compañeros continuaron trabajando para el nuevo propietario. Indicó finalmente que así trabajó desde el 1.3.1977 hasta el 1.4.1988. Segundo. El agravio promovido por la accionante respecto del período durante el cual trabajó en relación de trabajo en forma dependiente, supone abordar dos problemas: uno, el marco normativo aplicable para la calificación jurídica del trabajo humano como relación de trabajo o servicio; y otro, la prueba de los hechos invocados. Tercero. La resolución atacada no expresa cuál es el marco normativo que aplica para calificar si existió o no relación de trabajo o “servicios dependientes” como plantea el art. 153 de la Ley No. 16.713; solo se expide sobre la prueba y su valoración. Esta omisión ya arroja una falla en la motivación. En efecto, piénsese, ¿cómo puede el BPS valorar la prueba de los hechos si no explicita cuál es el marco normativo que aplica? Solo si expresa el marco normativo que aplica respecto de lo son los “servicios dependientes”, podrían inferirse los hechos de la hipótesis normativa y solo así se podrían confrontar la coincidencia con los probados. Ello porque los hechos no son cualesquiera hechos. Los hechos trascendentes son los que coinciden con la hipótesis de hecho de la regla de derecho que se va a aplicar. De allí que, en el análisis del Tribunal, ante todo, corresponde individualizar el marco normativo para poder inferir la hipótesis de hecho de éste y su coincidencia -o no- con los hechos relatados y probados. Ahora bien. Teniendo en cuenta que el mismo art. 153 de la ley 16.713 al definir la materia gravada hace referencia a servicios dependientes -como los que alegó el hoy accionante- corresponde precisar cuál es, concretamente, la regla que los define. Debe partirse de que el art. 53 de la Constitución garantiza la protección del trabajo humano mediante la ley; que debe interpretarse como todo trabajo humano en tanto no distingue la naturaleza jurídica del vínculo con el que se lleve a cabo. Esta garantí a especial de linaje constitucional permite inferir que, si tal es el compromiso del Estado, ello obedece a que las personas en su condición de trabajadoras se hallan en situación de vulnerabilidad. Puede verse como en interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad comprometen especial respuesta garantista del Estado que le ha llamado principio de especificidad (caso González y otras vs. México, sentencia del 16 .12.2009; Empleados de Fábrica de Fuegos Santo Antonio de Jesús y sus familiares vs. Brasil, sentencia del 15.7.2020). Por su parte, el art. 54 de la Constitución garantiza un marco de derechos humanos laborales, y el art. 77 otros tantos en caso de tratarse derechos inherentes a la personalidad humana. Empero, el ordenamiento jurídico nacional, ni en el presente ni otrora al tiempo cuando se habría llevado a cabo el trabajo denunciado, aporta disposiciones de derecho positivo que describan o pauten la determinación de la existencia de una relación de trabajo. Como viene de verse, la garantía de protección del trabajo con linaje de derecho humano y la ausencia de reglamentación que defina la “relación de trabajo o servicio” del art. 54, convoca la integración por el camino que marca el art. 332 de la Constitución. Esa es la razón por la cual por lo menos hasta el año 2006 toda la jurisprudencia cuando estaba llamada a realizar la integración, acudía a noción de relación de trabajo y sus caracteres elaborados por la doctrina, fungiendo como la fuente constituciona l de “doctrinas generalmente admitidas”. En el año 2006 la Conferencia General del Trabajo de la OIT aprobó la Recomendación n. 198 que, justamente aborda como uno de los puntos principales, la determinación de la relación de trabajo. Este instrumento de derechos humanos, fue incorporado por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er. Turno en su integración plena a partir de la sentencia n.174/2009 del 22.7.2009 (Base de Jurisprudencia Nacional) y desde entonces, fue adoptado por toda la jurisprudencia laboral de primera y segunda instancia y también en casación. Este modelo normativo que encuentra su fuente de producción en el Derecho Internacional del Trabajo, parte de una mirada actual de las especialidades de prestación del trabajo humano, que no necesariamente sustituye, sino que complementa las construcciones doctrinarias anteriores a la Recomendación n. 198, y que fungían en el ámbito jurisprudencial como modelos normativos. El instrumento viene a proporcionar un nuevo modelo normativo a la hora de calificar el vínculo jurídico que compromete trabajo humano. Parte de un elenco de premisas; y en base a ellas aporta un grupo de indicadores cuya presencia conjunta o aún aislada, fundamentarían volcar la calificación hacia la relación de trabajo objeto del Derecho del Trabajo. El valor jurídico de la Recomendación 198 de OIT para ser utilizada como modelo normativo para sustituir o complementar la elaboración doctrinaria desarrollada antes de su vigencia, surge de tres fundamentos. El primer fundamento: su procedimiento de aprobación del que resulta su vigencia objetiva -aprobación en el seno de la Conferencia de la OIT - opera ilustrando la opinión mayoritaria de los representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, más recibida o como se le ha calificado, como el consenso o la voz de la conciencia jurídica universal. Debe verse que la aprobación de una Recomendación como instrumen to internacional, reclama las mismas mayorías que un Convenio Internacional de Trabajo. Además, ambos instrumentos provocan efectos respecto del ordenamiento jurídico internacional y también los nacionales, aunque diversos. En tal sentido si bien la Recome ndación no genera la misma responsabilidad internacional que los Convenios Internacionales de Trabajo, provoca efectos en la interpretación del contenido de los derechos humanos laborales a la luz del principio de progresividad de modo similar a los instrumentos internacionales que reconocen y garantizan derechos humanos y que no requieren ratificación. (Declaración Universal de Derechos Humanos y Declaración Americana de Derechos Humanos; Opinión Consultiva 18/2003 de la Corte Interamericana de Derechos Hu manos en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf). Como valor adicional, debe destacarse que la aprobación de una Recomendación es expresión del tripartismo de la OIT, que importa la viva acción de los interlocutores sociales del mundo del trabajo. No se trata de la apreciación expertos de OIT -como sí ocurre en recomendaciones dictadas por los órganos de los tratados -, sino de la voz de los Estados, los trabajadores y los empleadores, tal cual surge de la constitución del órgano internacional (art. 19) Como tal, constituye un instrumento de interpretación del derecho interno y cuando éste no existe cobra valor normativo tal cual ocurre con otros instrumentos diversos a los convenios internacionales emanados de la OIT. (Ermida Uriarte, Oscar. Barretto Ghione, Hugo. Investigación sobre la aplicación de principios y derechos fundamentales en el trabajo en Uruguay. OIT. 205. 2006 p. 19). El segundo fundamento: esta condición además la transforma en instrumento válido de integración del principio que promete la protección del trabajo humano, de todo trabajo humano de conformidad con los arts. 53 y 332 de la Constitución. A su vez, las premisas plasmadas en los considerandos de la Recomendación en análisis, dan cuenta de que su punto de partida está en “… las dificultades que supone delimitar la existencia de la relación de trabajo” ante las nuevas modalidades de organización que presenta el trabajo humano. Entonces, este aspecto y el valor jurídico de la Recomendación n. 198 avalan la afirmación de que sus pautas representan hoy por hoy la ruta de análisis para calificar un vínculo jurídico que compromete trabajo humano. Para distinguir las verdaderas relaciones de trabajo de las “verdaderas relaciones civiles y comerciales” , como indica la Recomendación en el numeral 8. La mirada “actual” de la Recomendación n. 198 aprobada por la Conferencia de la OIT en el año 2006, aporta un argumento potente para preferirla a la hora de calificar el trabajo como “relación de trabajo” respecto a los desarrollos doctrinarios nacionales precedentes a ésta, y cuando aún no habían aparecido explosivamente las nuevas formas de utilización del trabajo de la persona. El tercer fundamento: la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo emitida por la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Ginebra en su centésima octava reunión en 2019, reafirma la “protección jurídica a los trabajadores” exh ortando a todos los Miembros, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, a que colaboren individual y colectivamente, basándose en el tripartismo y el diálogo social, y con el apoyo de la OIT, a seguir desarrollando su enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas mediante un conjunto de acciones. Entre ellas, “El fortalecimiento de las instituciones del trabajo a fin de ofrecer una protección adecuada a todos los trabajadores y la reafirmación de la continua pertinencia de la relación de trabajo como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores…”, reconociendo el alcance de la informalidad y la necesidad de emprender acciones efectivas para lograr la transición a la formalidad. Todos los trabajadores deberían disfrutar de una protección adecuada de conformidad con el Programa de Trabajo Decente. En base a este aspecto, de la Declaración la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT – esta sí conformada por especialistas designados por la OIT - en su Estudio General del año 2019 expresa que: “…el cambio acelerado del mercado laboral en particular debido a factores como la globalización, la digitalización, y otras innovaciones tecnológicas, está dando origen a forma de trabajo nuevas que no encajan necesariamente en la noción tradicional de relación de trabajo”. Alienta entonces a considerar la evolución del concepto de relación de trabajo abarcando situaciones que difieren al tradicional. https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/ WCMS_738283/lang--es/index.htm. De cuanto viene de decirse, el marco normativo aplicable para encartar el relato de hechos y los que se consideren probados está dado, en Uruguay y en tiempo presente, por la Recomendación n. 198 de OIT. Debe verse que en el número 5 del capítulo I de la Recomendación, se indica que los “Estados deberían velar en particular para asegurar una protección efectiva a trabajadores especialmente afectados por la incertidumbre en cuanto a la existencia de una relación de trabajo, incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores más vulnerables, los jóvenes trabajadores, los trabajadores de edad, los trabajadores de la economía informal…”. Expresa además en el capítulo II numeral 9 que “la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador” Indica también que los Estados deberían priorizar la realidad sobre las formas y “consagrar una presunción legal de la existencia de la relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios”. Finalmente cabe indicar que la Recomendación 198 de OIT, con valor jurídico de doctrina más recibida (art. 332 de la Constitución) es aplicable para indagar si ocurrió o no trabajo en relación de dependencia o servicio por cuanto el debate de autos trata de la ocurrencia del trabajo del Sr. AA como hecho de la vida. En tal sentido, en el caso había que buscar la prueba de hechos actuados por el Sr. AA referidos a la ejecución y a la remuneración del trabajo. Cuarto. El estándar de prueba aplicable al caso. Como en punto a la fuerza convictiva de la prueba producida, la defensa de la demandada sostuvo que “El Organismo procedió a tomar declaración de los testimonios ofrecidos por la parte actora, pero sin que éstos pudieran acreditar fehacientemente los servicios por ésta denunciados” (fs. 15 infolios). La Sala debe expedirse sobre el estándar de prueba exigible en un proceso judicial con el objeto pretendido como el de autos. Esto es, la afirmación de la demandada provoca el análisis de una etapa anterior a la valoración de la prueba. Sólo puede valorarse si la prueba es o no suficiente para entender acreditada la ocurrencia de un hecho, si primero se determina cuál es el grado de corroboración de la hipótesis exigible en el ordenamiento jurídico y luego se transparenta con el propósito de reconstruir el curso lógico de la valoración como garantía de la motivación. Vale decir, el estándar de prueba. A tales efectos, el razonamiento judicial debe seguir el siguiente camino: Primero, individualizar la regla de derecho que lo determine y luego interpretarla en comunidad con los principios correspondientes. Segundo, si no existe regla de derecho que determine el estándar de prueba -que no es lo mismo, se insiste, que la valoración de la prueba - corresponde colmar el vacío. En este caso, estando en juego un derecho humano como el acceso a la justicia con calid ad de tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), resulta aplicable el derrotero planteado por el art. 332 de la Constitución. Siguiendo este camino, el intérprete está habilitado a acudir a distintas fuentes no excluyentes; entre ellas, la doctrina. Ahora bien, la doctrina que puede entenderse como generalmente admitida en tiempo presente (Gascón Abellán, M. 2005 pag.129; Taruffo, M. (2010, pág. 249 -252; Ferrer Beltrán, J. (2021) págs. 203 -23) da cuenta de tres estándares para tener por corroborado un enunciado fáctico: a) semiplena prueba, es decir, que el enunciado referido a un hecho haya recibido algún grado de confirmación, una confirmación probatoria débil o lábil; b) prueba más allá de toda duda razonable, es decir un umbral elevado de confirmación de un hecho, certeza absoluta de su ocurrencia y c) prueba fundada en el criterio de la probabilidad prevalente; según el cual el juzgador debe elegir la hipótesis fáctica que haya recibido el sustento relativamente mayor, respecto de cualquier otra hi pótesis. O, en otros términos, la preferencia de una hipótesis fáctica si su probabilidad prevalece sobre la probabilidad de cualquier otra hipótesis, y en particular, sobre la probabilidad de la hipótesis contraria. Esto es, la regla que se expresaría en que una hipótesis resulta más probable que otra. Ahora bien. El primer estándar (semiplena probatio) para un proceso como el de autos, se muestra inaplicable y más propio de procesos cautelares porque los efectos decisorios son transitorios en los que es suficiente la información sumaria, como por ejemplo el del art. 312 del CGP. El segundo, es propio de la materia penal y en el ordenamiento nacional se encuentra expresamente previsto en el art. 142.1 del Código de Procedimiento Penal, que reclama el grado “plena prueba de la que resulte racionalmente la certeza…”. El tercero se ha extendido en el ámbito de la materia civil en sentido amplio (Sentencias No. 5 -71/2015 del Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno, y No. 1975/2017 de la Suprema Corte de Justicia), por lo que es trasladable a la verificación administrativa y judicial que la revise en cuanto a la motivación sobre los hechos. Pues bien. En el caso de autos, debe verse que ni el Reglamento de Procedimiento Administrativo aplicable en el BPS (Resolución de Directorio 40-2/97), que en cierta forma recoge el Decreto No. 500/991; ni la legislación procesal consagran un canon probatorio expreso. Esta última, consagra como regla de valoración de la prueba: la sana crítica (art. 140 CGP); en la cual puede fundarse el estándar de la probabilidad prevalente por tratarse de un canon racional de decisión sobre la prueba. Abona cuanto viene de argumentarse que, de acuerdo a lo previsto en el art. 68 del Código Tributario, la Administración tiene las más amplias facultades de investigación y fiscalización, pudiendo entre otros practicar inspecciones en bienes muebles e inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los contribuyentes y responsables. Estas facultades no fueron ejercidas oportunamente por el organismo previsional por lo cual no es posible cargar al actor con la prueba fehaciente de hechos que la normativa no requiere. En consecuencia, entiende la Sala que la Administración al momento de decidir sobre el acaecimiento de determinados hechos que permitieran ser calificados como trabajo o servicio debió aplicar el estándar de la probabilidad prevalente. Esto es, debió plantearse cuáles eran las hipótesis y analizar cuál de ellas había recibido mayor grado de confirmación o más elevado nivel de probabilidad. Carece de respaldo normativo alguno, que en lugar de ello exigiera una “prueba fehaciente”. Debe verse que aplicar un canon excesivo de verificación de los hechos, no previsto ni en las normas sobre procedimiento administrativo ni en las procesales, resulta arbitrario y vicia la motivación de la decisión administrativa. De allí que en el proceso del razonamiento sobre los hechos que motivarían la decisión, primero habría de individualizarse el grado de corroboración que habría de exigirse y teniéndolo en cuenta, a continuación, valorar cada fuente de prueba individualmente y en conjunto de acuerdo con la sana crítica. Quinto. La prueba producida y su valoración. Debe tenerse en cuenta que en cuanto a los medios probatorios la regla aplicable la constituye el art. 77 de la Ley No. 16.713 que establece : “Los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de actividad, como en el monto computable y en el caso de los no dependientes las aportaciones correspondientes. La reglamentación podrá admitir otros medios de prueba, a los efectos de acreditar servicios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la historia laboral, solamente cuando se trate de una única pasividad”. De esta forma, la ley prevé que, en principio, los servicios deben acreditarse por vía documental sin perjuicio de los otros medios de prueba que admita la reglamentación. En este sentido, el art. 42 del Decreto No. 125/996 ha admitido la prueba testimonial lo cual fue reglamentado a través de la R.D. No. 23 -37/2004. Debe verse que esta disposición refiere a los medios de prueba y nada plantea respecto al grado de corroboración de los hechos que deberían arrojar.; o sea, del estándar de prueba. Debe tenerse en cuenta también, que la verdad material de los hechos constituye un principio declarado por el sistema de Seguridad Social (art. 149 de la ley 16.713) que viene a coincidir, ontológicamente, con el de primacía de la realidad sobre las formas recogido por la Recomendación n. 198 de OIT ya citado. En vía administrativa, para acreditar el período en cuestión, el actor, propuso prueba testimonial. Así cuatro testigos, refirieron en sus declaraciones al trabajo realizado por el Sr. AA en la empresa BB, y dos de ellos, reiteraron y ampliaron posteriormente en vía jurisdiccional dichas declaraciones. En el caso, se entiende que las declaraciones realizadas en vía administrativa eran suficientes para acreditar los servicios denunciados, no obstante, y posteriormente en sede jurisdiccional, se reforzaron dichos argumentos. Veamos. A fs. 16 vto. y ss. A.A. declaró el testigo FF, quien claramente expresó que sabe que el actor trabajó en BB, donde se ubicaba, el plazo de aproximadamente 10 años (del 77 al 87), que el actor “hacía de todo allí”, “era boletero (aceptaba la boleta), además bachero”. Y, manifiesta que alguna vez fue a saludarlo a BB. Habiendo sido citado por la sede, a fs. 36 vto. y ss. infolios, ratificó lo declarado en sede administrativa y expresó que en el restaurante “hacía de todo”, “en un momento era pizzero, entraba las bebidas, limpiaba…”. Recuerda las fechas por que jugaba al futbol en ese momento, en la cancha de GG, a media cuadra de BB, y su cese coincidió con el año en que HH salió campeón. No expresa con certeza los días de trabajo, porque dice que el mismo era muy fuerte en esa época y podía cambiar el horario. Manifiesta concurrir al lugar y ver al actor. A fs. 19 y ss. A .A., declaró el testigo II, quien sostuvo que el actor trabajó en BB aproximadamente entre los años 76 -77 a 88-89, que lo sabe porque frecuentaba el lugar. Asocia los períodos de tiempo con el fallecimiento de un amigo y eventos futbolísticos. No puede precisar días de trabajo, pero manifiesta que fue un período continuo, porque en esa época iban muy seguido a BB. A fs. 21 vto. y ss. A.A., declaró el testigo JJ quien expresó que conoció al actor porque su primo trabajaba con él en BB, y que él iba a comer al lugar, que trabajó más o menos 10 diez años, entre el 77-78 al 88-89, y en referencia a las tareas, declara que el actor “habrá hecho de todo”. Habiendo sido citado, el Sr. JJ compareció a declarar ante la Sede, conforme surge a fs. 34 y ss. infolios. Ratificó su declaración en sede administrativa y expresó que conoce al actor desde que empezó a trabajar en BB , porque un primo hermano suyo trabajaba ahí y que siempre concurrió a comer pizza y tomar cerveza, que comenzó lavando platos y después era pizzero. Asoció el comienzo de la actividad, a que el mismo dejó de trabajar en KK en el 1977 - 1978. Con respecto a la finalización del vínculo laboral, expresa que el actor le compró con el despido el ajuar a su hija, ya que era su padrino y que su hija nació en 1988. Declaró que trabajaba casi todos los días y que no sabe que días libraba, respecto a horario, que era rotativo. Finalmente, en sede administrativa, a fs. 33 A .A. declaró el Sr. LL, quien más allá de que no aporta mayores datos, declaró que conoció al actor en el Parque Rodó, en el 87/88, y que trabajaba en BB. Que lo sabe porque su hermano también trabajaba en la zona de Parque Rodó y al ser amigo del Sr. AA “paraba en el bar”. Respecto de las actividades realizadas, declara que trabajaba con los mozos y a veces se lo veía barriendo. El Tribunal considera que, de todas las declaraciones, surge razonablemente acreditado, que el actor trabajó para BB, todos los testigos son contestes en señalar aproximadamente el período de tiempo, si bien lógicamente no lo hacen con exactitud, sí con sólida aproximación. Respecto a las tareas, todos son contestes en señalar, que eran diversas, y si bien ninguno puede señalar con exactitud el horario o los días trabajados, todos afirman ir al bar BB, y ver al Sr. AA trabajando. A cuanto viene de decirse, se agrega que la situación de vulnerabilidad derivada de la condición de persona que se enfrenta a trabajar para sostener la vida se agrava por el dato de hecho de la edad cuando empezó a hacerlo. De los datos filiatorios glosados al proceso, enlazados a los testimonios reseñados, arrojan los 15 años al comienzo de la ejecución del trabajo, y determinan, razonablemente la mayor dificultad para lograr prueba hoy por hoy casi pasados treinta años. En el caso pues, inciden dos factores de vulnerabilidad que al cruzarse obstaculizan la posibilidad de probar. En definitiva, partiendo del estándar de la probabilidad prevalente que supone que el juzgador debe elegir la hipótesis fáctica que haya recibido el sustento relativamente mayor, respecto de cualquier otra hipótesis; o en otros términos, la preferencia de una hipótesis fáctica si su probabilidad prevalece sobre la probabilidad de cualqui er otra hipótesis, sumada a la dificultad de probar hechos que habrían ocurrido hace casi treinta años y la minoridad por lo menos al inicio del Sr. AA, confluyen y sustentan considerar acreditado el período de trabajo declarado en la demanda. Resta expresar que la consecuencia de la valoración de la prueba de los hechos relatados que permiten inferir que el Sr. AA trabajó para BB desde el 1.3.1977 al 1.4.1988, rinde cuentas acabadamente de la decisión de este Tribunal de conformidad con el Objetivo de Sostenible 16, en tanto, le permitirá acceder a la prestación de seguridad social peticionada. En base a todo lo dicho , se entiende que, con los elementos obrantes en autos, la pretensión del actor resulta de recibo. VII) Las razones preanunciadas hacen concluir al Colegiado en que corresponde la anulación del acto. Por los fundamentos explicitados, el Tribunal, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado en la porción objeto de agravio. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren ; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes, Dr. Ettlin. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).