Sentencia Interlocutoria N° 57/2026

Montevideo, 17 de junio de 2026. SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 57/2026 VISTOS : Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA con Banco de Previsión Social. Acción de nulidad ” (Ficha: 70/2026), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 4º Turno, en mérito al vencimiento del plazo conferido para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que las partes se hubieren presentado, conforme a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO : 1) En estas actuaciones se tramita la acción anulatoria esgrimida por AA contra la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social del 5/4/2025, por la cual se le otorgó el beneficio jubilatorio estableciendo su monto (fs. 5). La accionante manifiesta haber tomado conocimiento mediante el Sistema de Pagos del BPS el día 5/4/2025 (fs. 5). 2) La accionante se agravia respecto a la liquidación de sus haberes jubilatorios. Manifiesta haber realizado la opción de acogerse al “ régimen provisional de transición ” conforme los arts. 1º y 14 de la Ley Nº 19.590 (fs. 5), y se agravia en cuanto a que el Ente realiza una errónea interpretación del concepto, oportunidad y fu nción del máximo jubilatorio establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 16.713 (fs. 5). Explica que el cálculo del sueldo básico jubilatorio debe hacerse conforme los arts. 29, 71 y 72 de la Ley Nº 16.713, para luego efectuar la detracción del 10% acorde al art. 16 de la Ley Nº 19.590 y, finalmente, de superar ese monto el tope máximo jubilatorio, reducirlo hasta dicho límite (fs. 5 vto.). La Administración aplicó, sin embargo, un criterio diferente que impide que cualquier jubilación otorgada bajo este rég imen alcance el máximo, imponiendo administrativamente un límite en perjuicio del administrado y desnaturalizando el propio concepto de “tope”. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 48/2026, compareció BPS (fs. 15 A 20) defendiendo la legitimidad del criterio liquidatorio aplicado. Sostuvo que la “asignación de jubilación” supone aplicar todas las disposiciones que la determinan, contemplando los montos mínimos y máximos correspondientes; que la norma instituyó un gravamen a quienes decidieran volver al régimen de transición que recae sobre el sueldo básico jubilatorio, incluyendo l a aplicación de topes individuales, pues la ley no distinguió. Luego describió el procedimiento de liquidación efectuado. 4) La contestación fue admitida por Decreto Nº 168/2026, o portunidad en que el expediente se abrió a la etapa probatoria. En su mérito, se presentó la parte demandada (fs. 24) ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportados y las resultancias de autos; mientras que la actora no ofreció prueba. Por Decreto Nº 289/2026 se confirió plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 30). 5) De tal forma, habiendo vencido el plazo conferido sin comparecencia de las partes, los autos fueron puestos al despacho el día 19 de mayo de 2026 a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO : 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por el principio dispositivo (art. 3 lit. d y f del CCA), por lo que su objeto está delimitado por lo que las p artes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que, siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. En consecuencia, atendiendo a las alegaciones de las partes, se releva que no se ha controvertido que la actora hizo la opción de jubilarse por el régimen de transición habilitado por el art. 1º de la Ley Nº 19.590. Tampoco existe controversia respecto a la aplicación de la detracción (multiplicar por 0,9) ni a la aplicabilidad del tope máximo jubilatorio. No se controvi erte que el primer cálculo a realizar en el procedimiento liquidatorio refiere al monto al que habría ascendido la jubilación del sujeto según el régimen de transición. La controversia se circunscribe, por tanto, a determinar si el paso siguiente en ese pr ocedimiento consiste en aplicar el tope máximo jubilatorio, como sostiene BPS, o en efectuar la detracción del 10%, como sostiene la actora. Por tanto, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio, que se materializa en la Resolución impugnada, lo ha sido acorde a Derecho o, en cambio, corresponde anularla por ilegitimidad conforme con los agravios esgrimidos. 2) A su vez, en función de lo expuesto, la actividad probatoria habrá de referirse a cuál es el criterio liquidatorio que impone la normativa vigente y aplicable al caso, y su concordancia o discordancia con el criterio aplicado en la Resolución impugnada. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit. b) del CCA), contenidos en los expedientes AFAP.PDF ; DesafiliacionAFAP.pdf ; Expediente -2024-28-1-030951.pdf ; Resolución 9 -54-2025.doc (según surge de nota a fs. 21). En cuanto a las resultancias de autos ofrecidas por la parte demandada, la Sede entiende que no constituyen un medio de prueba autónomo, sino el resultado del diligenciamiento de los restantes medios probatorios, por lo que habrán de considerarse en la oportunidad de la valoración de la prueba producida. Por los fundamentos expuestos, LA SRA. JUEZA LETRADA EN LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 4° TURNO FALLA : 1. Fijar el objeto del proceso en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio, que se materializa en la Resolución impugnada, lo ha sido acorde a Derecho o, en cambio, corresponde anularla por ilegitimidad conforme con los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en determinar cuál es e l criterio liquidatorio que impone la normativa vigente y aplicable al caso, y su concordancia o discordancia con el criterio aplicado en la Resolución impugnada. 3. En su mérito, agréguense los antecedentes administrativos aportados en formato digital. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite. Dra. KARINÉ TOPALIAN KACHARIGIAN Jueza Letrada de lo Contencioso Anulatorio de 4° Turno