Sentencia Interlocutoria N° 151/2026

Montevideo, 21 de abril de 2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 151/2026 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria en autos caratulados “AA C/ ESTADO – MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. ACCIÓN DE NULIDAD ” (Ficha: 655/2025) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, actuando el Juez Subrogante, Dr. Nicolás Mariano Pallas Aguilar, a los efectos de resolver sobre todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, conforme lo previsto en el art. 166 de la Ley Nº 20.333 (CCA). RESULTANDO: 1) Que, con fecha 25 de setiembre de 2025, se presentó AA, asistida por el Dr. BB, a solicitar la nulidad de la Resolución R.D. N° 7- 70/2025 dictada por el Directorio del Banco de Previsión Social el 9 de abril del 202 5, por la que se aprobó su jubilación civil , de la que tomó conocimiento informal con el recibo de pago y liquidación de la jubilación (fs. 15 y ss.). 2) Dirige su accionamiento contra el Banco de Previsión Social (BPS) y contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad ( MTSS), y señala en síntesis que: (a) Optó por acogerse al régimen de transición. (b) No obstante, a su juicio, la liquidación de la jubilación formulada por BPS aplicó inadecuadamente los topes previstos en el art. 76 de la Ley Nº 16.713, en forma previa a deducir el 10% dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 19.590, siendo ésta la antijuridicidad en la que funda el accionamiento). 3) Conferido traslado por Decreto Nº 16 09/2025, se presentó el BPS con fecha 31 de octubre de 2025 (fs. 24 y ss.) y el MTSS con fecha 3 de noviembre de 2025 (fs. 34 y ss.), contestando la demanda, y sosteniendo la legitimidad del acto impugnado y el criterio liquidatorio aplicado. A tales efectos, el BPS sostiene que «la norma instituyó un gravamen, a quienes habiendo quedado incluidos en el régimen mixto, quisieran volver al régimen de transición» (fs. 20) el que se aplica al sueldo básico jubilatorio incluyendo los topes individuales ya que la norma no distinguió (fs. 27). Sostiene el demandado que para realizar el cálculo se definió primero el sueldo básico jubilatorio acorde con el régimen general y al valor resultante se le aplicó el tope máximo establecido por el art. 76 de la Ley Nº 16.713, para en última instancia aplicar el coeficiente del 0,9 (fs. 27 vto.), procedimiento que, a su juicio, sería el requerido por la normativa vigente. 4) Por su parte, el MTSS también interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva sosteniendo que el acto impugnado fue dictado por el BPS, ente autónomo de creación constitucional «con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social» (fs. 34 vto. ) y que el BPS «dispone de competencia propia para rechazar o denegar prestaciones referidas a jubilaciones y pensiones de la afiliación civil, no siendo una potestad delegada del Poder Ejecutivo » (fs. 35). De este modo, el MTSS sostuvo que a él solamente corresponde el otorgamiento, pero no el rechazo de la prestación, punto en el que BPS actúa en el marco de sus propias competencias (fs. 35). 5) Sustanciada la excepción en legal forma, por Sentencia Interlocutoria 309/2025 de fecha 19 de noviembre de 2025, se difirió la resolución relativa a la falta de legitimación causal pasiva del MTSS al momento del dictado de la sentencia definitiva ulterior, por falta de su carácter de “manifiesta”. 6) Por Decreto Nº 2373/2025, de fecha 1 de diciembre de 2025, el expediente se abrió a la etapa probatoria. En su mérito, se presentó la parte demandada BPS ofreciendo la prueba documental acompañada con la demanda y las resultancias de autos (fs. 54). Ni la parte actora, ni la parte demandada MTSS ofrecieron prueba. 7) Por Decreto Nº 2594/2025 de fecha 17 de diciembre de 2025, se confirió plazo para que las partes ofrecieran contraprueba o prueba sobre prueba, sin que ninguna de ellas se hubiere presentado. 8) Por tal motivo, los autos fueron puestos al despacho el día 23 de febrero de 2026, a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. 9) Con fecha 16 de marzo de 2026, en virtud de la licencia otorgada a la titular de la Sede, la Dra. María Victoria Suárez Cal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso que el suscrito actuara como subrogante a partir del día 19 de marzo de 2026. En tal carácter, y en ejercicio de las facultades previstas en la Ley Nº 15.750, el art. 209 del CGP y el art. 183 del CCA, se dicta la presente sentencia en tiempo y forma. CONSIDERANDO: 1) Si bien no fue consagrado en el CCA una resolución que determine el objeto del proceso y de la prueba, al estilo del art. 341 N° 6 del CGP, a fin de poder dictar resolución útil sobre los medios de prueba ofrecidos sobre el objeto principal, corresponde previamente, y a estos exclusivos efectos, delimitar el objeto principal y el objeto de l a actividad probatoria a su respecto. 2) Atendiendo a las alegaciones de las partes, se releva que no se ha controvertido que la actora hizo la opción de jubilarse por el régimen de transición habilitado por el art. 1º de la Ley 19.590. Tampoco existe controversia respecto a la aplicación de la detracción (multiplicar por 0,9) ni la aplicabilidad del tope máximo jubilatorio. No se controvierte que el primer cálculo a realizar en el procedimiento liquidatorio refiere al monto al que habría ascendido la jubilación del sujeto según el régimen de transición. Por lo que la controversia se sitúa en determinar si el paso siguiente en este procedimiento consiste en aplicar el tope máximo jubilatorio (como hace BPS) o en efectuar la detracción de l0% (como sostiene el actor). Por tanto, el objeto principal del presente proceso, tal como surge de los actos de proposición de cada parte es: determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio que se materializa en la Resolución R.D. N° 7 -70/2025, lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse ésta por ilegitimidad según los agravios esgrimidos; teniendo en cuenta, además, si existe o no falta de legitimación causal pasiva del MTSS, la que fue diferida para la sentencia definitiva. 3) Por consiguiente, la actividad probatoria habrá de delimitarse a: (i) cuál es el criterio liquidatorio que impone la normativa vigente y aplicable al caso, y su concordancia o discordancia con el criterio aplicado y (ii) si existe o no falta de legitimación causal pasiva del MTSS. 4) En función de ello, corresponde en esta instancia pronunciarse respecto a la admisión de los medios probatorios ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 y ss. del CCA, y art. 137 y ss. del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la remisión del art. 167 del CCA. 5) Prueba ofrecida por la parte actora. No ofreció prueba, teniéndose por agregada la documental que acompañó la demanda de fs. 2 a 14. 6) Prueba ofrecida por la parte demandada MTSS. No ofreció prueba. 7) Prueba ofrecida por la parte demandada BPS. Se admite y, en consecuencia, se tienen por agregados los Antecedentes Administrativos aportados por el BPS en formato digital (fs. 33 y 38), en cumplimiento del art. 161 lit. b. del CCA. En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se trata, en puridad, de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento y del análisis de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse al momento de la valoración de la prueba producida en autos Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. A los únicos efectos de la resolución sobre los medios de prueba prevista en el art. 166 del CCA, fijase el objeto principal y de la prueba en la forma en que surge de los Considerandos N° 2 y N° 3 precedentes, respectivamente. 2. Se tiene por agregada la prueba documental acompañada por las partes con sus actos de proposición, y los Antecedentes Administrativos aportados por el BPS en formato digital. 3. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite Dr. Nicolás Pallas – Juez Letrado subrogante en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2° Turno