Sentencia Interlocutoria N° 77/2026

Montevideo, 14 de abril de 2026 SENTENCIA Nº77/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para resolución, estos autos caratulados “AA CON ESTADO – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES . ACCIÓN DE NULIDAD” – Ficha Nº710/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno, en virtud de la excepción previa de falta de jurisdicción (no procesabilidad del acto) interpuesta por la parte demandada. RESULTANDO: 1) Con fecha 13 de octubre de 2025, compareció la Sra. AA, impetrando acción de nulidad contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de la Resolución N°17/2025 dictada por el Director General de Secretaría, mediante la cual se dispuso: “Transfórmese en sumario administrativo la investigación administrativa oportunamente dispuesta, respecto de la funcionaria de Servicio Exterior, Cónsul General del Consulado de la República Oriental del Uruguay en Porto Alegre, República Federativa del Brasil, Ministro AA…” (en adelante, la “Resolución” - fs. 14 y ss.). 2) En su demanda, manifestó que con fecha 31 de marzo de 2025 interpuso los recursos de revocación y jerárquico contra la Resolución. Indicó que dichos recursos fueron oportunamente rechazados y que en fecha 16 de julio le fueron notificadas las resoluciones que los resuelven. Así, habiendo existido agotamiento expreso de la vía administrativa, indica que ha deducido la acción anulatoria en tiempo hábil. 3) Realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede y subsanadas las observaciones, mediante Decreto N° 2147/2025 se confirió el correspondiente traslado a la contraria, compareciendo a evacuarlo con fecha 26 de noviembre de 2025, la Dra. BB en representación de la Administración, bregando por la confirmación del acto, aportando los antecedentes administrativos requeridos y deduciendo excepción previa de falta de jurisdicción/no procesabilidad del acto (fs. 628 y ss.). 4) En su contestación de demanda, la Administración, sostuvo que, “la transformación de un procedimiento en sumario no implica un acto administrativo lesivo, sino que se trata en especie de un acto preparatorio , de un acto de procedimiento… constituye un acto meramente instrumental para desarrollar el procedimiento, pero sin virtualidad suficiente para determinar lesividad en los términos que requiere el accionamiento de nulidad… no implicó una decisión final de la Administración. De hecho, la decisión fina l de la Administración resultó en clausura del procedimiento sin imputación de falta alguna para la funcionaria sumariada” (fs. 628 vto.). 5) Mediante Decreto Nº 2578/2025, se confirió traslado del excepcionamiento deducido, habiendo comparecido la parte actora a evacuarlo con fecha 15 de diciembre de 2025. En lo medular, indicó que, en la medida en que el acto administrativo de transformación de la investigación en sumario, le ha causado agravio, habiendo adquirido carácter de definitivo, no existe impedimento normativo para que el mismo sea pasible de ser accionado de nulidad. Además, entendió que dicho acto es contrario a las reglas de derecho, habiendo sido dictado, a su juicio, con desviación de poder. Asimismo, cuestionó el hecho de que la Admin istración haya indicado que el acto carece de lesividad por ser preparatorio e instrumental, en tanto no dispuso medidas cautelares ni sanción final (fs. 641 vto.). 7) Si bien la cuestión previa planteada podría ser considerada como de puro derecho, a efectos de no cercenar el derecho de las partes a desplegar sus esfuerzos probatorios, igualmente se les admitió la posibilidad de proponer prueba. En tanto, si bien a fs. 646-647 compareció la parte demandada, su escrito fue desglosado, atento a lo dispuesto por Decreto 105/2026, en el entendido de que dicho escrito no refiere a prueba sino a alegaciones de la parte para reforzar su postura. 8) En efecto, no existiendo ofrecimiento probatorio, se confirió a las partes el respectivo plazo para presentar sus alegatos, habiendo comparecido únicamente la demandada (fs. 651 -652.). Por Decreto Nº286/2026, se dispuso el pase de estos autos para resolución del excepcionamiento y con fecha 12 de marzo de 2026, las actuaciones fueron puestas a despacho, en cumplimiento de la providencia anterior. CONSIDERANDO: 1) La Sede desestimará la excepción previa deducida por la parte demandada, declarando la procesabilidad del acto administrativo aquí encausado, por los argumentos que a continuación se explicitarán. 2) El accionado se relaciona directamente con el ya conocido tópico de procesabilidad del acto que da inicio a un sumario. Si bien en la especie, el acto que luce a fs. 5 y 6 no dispone expresarme que se “inicia” un sumario, sí prevé expresamente que la investigación administrativa tramitada “se transformará” en uno, por lo que, estamos ante el acto que produce la apertura del dicho procedimiento disciplinario. En efecto, el tema de la procesabilidad de este tipo de acto ha sido harto discutido tanto en doctri na como en jurisprudencia, teniendo ésta última, sobre todo, algunos vaivenes, lo cual es pauta de la complejidad del asunto. Sin embargo, esta decisora tiene plena convicción de que se trata de un acto procesable ante esta jurisdicción y así lo ha manifestado en anteriores pronunciamientos (A vía de ejemplo: Sentencias Nº152/2025 y 153/82025). Veamos. 3) Para determinar la procesabilidad de un acto, a criterio de quien escribe, no debe analizarse la cuestión estrictamente desde la clasificación de los actos administrativos según su procedimiento (preparatorios, principales, de ejecución, etc.), ya que las clasificaciones no hacen a la esencia de las cosas y la realidad, por lo general, las supera; es cierto que son fundamentales para entender el Derecho y para enseñarlo, pero en este ámbito puntual, el análisis debe partir desde otro lugar. 4) El primer paso del análisis debe ser el de definir y valorar las reglas de Derecho aplicables al caso. Así, si de normas hablamos, la primera que ha de ser consultada es nuestra Constitución, la que en su artículo 309 prevé como accionables de nulidad a los “ actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder ”, lo cual fue reiterado en el régimen legal anterior del Decreto Ley Nº15.524 y modificativos, no incluyéndose tampoco a estos actos dentro de los no procesables (arts. 26 y 27 del Decreto Ley Nº15.524). 5) Actualmente, el CCA, en su art. 1 prevé: “ La Jurisdicción Contencioso Administrativa será ejercida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (artículo 307 y siguientes de la Constitución) y los tribunales inferiores que la ley determine (artículo 320 de la Constitución)” y en los arts. 20 y 21, se regula la competencia de los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio, estableciéndose que: “ Los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio conocerán en primera instancia de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos particulares, cualquiera sea la denominación que se les atribuya” y “Los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio entenderán en instancia única de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos en los siguientes casos…”(resaltado agregado). 6) En el mismo sentido, el art. 39 del CCA, aclara que: “Son objeto de la acción de nulidad todos los actos administrativos definitivos sin exclusiones…”. Contiene, además, una doble afirmación, puesto que primero refiere a “todos” y luego lo enfatiza al decir “sin exclusiones”. Al regular la excepción o salvedad de dicha procesabilidad, lo hace de manera restrictiva (lo que es conteste con el art. 2 que regula la justiciabilidad plena) puesto que utiliza la expresión “únicamente” y nombra a los actos jurisdiccionales y legislativos; precisión que parecería ser , más bien, didáctica, puesto que, si son jurisdiccionales y legislativos, no son actos administrativos. Por su parte, los arts. 26 y 27 de la Ley Nº15.524 que regulaban los actos excluidos del contencioso anulatorio, no han sido recogidos por el CCA n i tampoco se han creado nuevas exclusiones. 7) Por tanto, para saber qué actos son objeto de nulidad debe estarse, únicamente a que cumplan con las condiciones para ser acto administrativo y por supuesto, los restantes requisitos de procesabilidad (que no es lo que se cuestiona en este caso) ; salvo algún caso en que se encuentre vigente una excepción expresamente revista. En este sentido, el Decreto Nº500/991, en definición que ha sido compartida por toda la doctrina y jurisprudencia (salvo en cuanto a la amplitud de los efectos, según, por ejemplo, Sayagués Laso), entiende al acto administrativo, como: “ toda manifestación de voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos ”, a lo cual debe agregársele la salvedad o aclaración realizada por Durán Martínez: “Sin embargo, una lectura contextual del decreto Nº500/991 nos permite advertir que si nos atenemos exclusivamente al art. 120 aludido adquirimos una noción de acto administrativo no del todo ajustada a nuestro derecho positivo…Lo importante, pues, no es que la declaración de volun tad de la administración produzca efectos jurídicos, sino que esté dirigida a producir efectos jurídicos ” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Contencioso Administrativo. FCU. Montevideo. 2023. P.p. 53). 8) En pocas palabras, la definición de acto administrativo tiene tres partes: (i) manifestación de voluntad; (ii) de la Administración (en ejercicio de función administrativa) y (iii) que produce efectos jurídicos (crea, modifica o extingue situaciones jurídicas subjetivas). 9) El segundo paso del análisis es, entonces, ahondar en la definición que viene de citarse. En tal sentido, huelga expresar que no se encuentra controvertido en autos que el encausado, es, en efecto, u n acto de la Administración ni tampoco que haya sido dictado en ejercicio de función administrativa; resulta claro , al menos del análisis que en esta instancia corresponde efectuar, que hay una manifestación de voluntad (la “transformar” una investigación administrativa en sumario ), emitida por un órgano integrante de l Estado - Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección General de Secretaría - entidad estatal) y en ejercicio de función administrativa (aplicando el criterio orgánico formal primero y residual negativo después). 10) Lo último porque las funciones que puede desarrollar el Estado (en países con regímenes institucionales y jurídicos como el nuestro) son únicamente tres (o cuatro, si se agrega la constituyente), esto es, función legislativa, jurisdiccional y administrativa. Para definirlas, cabe decir, brevemente, que existen tres criterios: orgánico, formal y material. 11) El primero atiende al órgano que dicta el acto objeto de la función. El segundo, al procedimiento seguido para tal dictado y el tercero, al contenido y efectos del acto. La doctrina, en general (seguida por la jurisprudencia), ha entendido que ninguno por sí solo es suficiente. Así, con una mixtura de criterios, se ha entendido que la función legislativa es aquella ejercida preferentemente (no de forma excluyente) por el Poder Legislativo, siguiendo el proceso de elaboración de las leyes contenido en el art . 133 y ss., de la Constitución, que obtiene como resultado un acto jurídico general y abstracto, llamado ley, entre otros . La jurisdiccional, es ejercida preferentemente por el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (como sistema), siguiendo los procedimientos establecidos en las normas procesales (C.G.P, CCA, etc.) para el dictado de un acto que (en principio, salvo excepciones) es particular y concreto y que resuelve conflictos subjetivos con fuerza de cosa juzgada. Sin embargo, dada la complejidad de la función administrativa, que es ejercida por todos los órganos, aunque sea de manera auxiliar, que se tramita en diversos procedimientos y que tiene como fruto actos con diversos efectos y contenido, se optó por tomar un criterio residual negativo (CAJARVILLE, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo. Tomo I. FCU. 2012. P.p. 132 y ss./SAYAGUÉS LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. FCU. Montevideo. 2022. P.p. 42 y ss., entre muchos otros). 12) A su vez, Sayagués, buscando sus caracteres específicos, expresó que es propio de esta función: “ llevar concretamente a los hechos los cometidos estatales que requieren una ejecución material…ejecución práctica, mediante actos jurídicos… y operaciones materiales ” (SAYAGUÉS LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. FCU. Montevideo. 2022. P.p. 52); es claro que, en este caso, no estamos ante función legislativa o jurisdiccional, estamos ante función administrativa . Se encuentra cumplido en tonces el segundo elemento de la definición. 13) La complejidad o controversia está en determinar si se cumple el último elemento de la definición, esto es, si produce efectos jurídicos que, se reitera, implica la creación, modificación o extinción de una situación jurídica subjetiva. En este sentido, resultan trasladables las palabras de Tarigo: “CARNELUTTI, que había calificado al poder como la expresión subjetiva del mandato, por lo que poder significa tanto como posibilidad de mandar, califica la sujeción como la expresión del mandato considerada en su aspecto pasivo, o sea desde el lado, no de quien manda, sino de quien es mandado. Pero con un acento muy peculiar, en el sentido de que quien se halla en una situación de sujeción se halla en la imposibilidad jurídica de querer algo contrario a lo que se le impone. Mientras la obligación, dice CARNELUTTI, es la no -libertad, la sujeción es la inefic iencia del querer, del querer contrario o distinto. El caso más típico de sujeción en el proceso, como lo señala ARLAS es la situación del imputado en el proceso penal… En el proceso no penal, hay también, aunque en grado infinitamente menor, posibles situ aciones de sujeción…” (TARIGO, Enrique. Lecciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I. FCU. Cuarta edición. 2003. P.p. 81). De forma complementaría, resultan aplicables también las palabras de Vázquez, al decir que: “ La sujeción… Supone la eventualidad de soportar consecuencias -normalmente desventajosas, aunque pueden también no serlo- del ejercicio de una potestad. Señalan García de Enterría y Fernández que constituye una situación puente a otras, como las de derecho , deber u obligación.” (VÁZQUEZ, María Cristina. Posición jurídica del particular frente a la Administración, en Revista de la Facultad de Derecho. Núm. 30. enero - junio 2011. P.p. 312). 14) En el caso, a criterio de esta decisora, no existen dudas de, a partir de la decisión cuestionada, la actora queda sujeta a un procedimiento disciplinario (nuevo y diferente, según los dichos de la demandada, de la investigación administrativa tramitada primigeniamente ) y al respecto, su voluntad no resulta necesaria (más allá de la posibilidad de deducir acciones en contra de tal decisión). 15) Si lo miramos desde la concepción propugnada por Durán Martínez que esta Sede comparte , es más notorio aún, puesto que define al acto no en cuanto produzca efectos en ese momento, sino por estar destinado a producirlos; ello aplica a un acto como el de autos, en el cual se le niega al actor la posibilidad de “liberarse” del procedimiento disciplinario iniciado a su respecto; luego, en el devenir del proceso se analizará si existe o no responsabilidad y en caso afirmativo, qué sanción le corresponde, pero ya hay una determinación previa dada por la continuación de dicho procedimiento que implicó individualizar al actor como sujeto de un sumario. Y, en principio, el acto debe ser evaluado en sí mismo y no por lo que actué la Administración con posterioridad. 16) El Derecho, además, no puede concebirse como separado de la realidad, existe porque hay hechos y eventos sociales que deben regularse de determinada manera; no puede negarse que este proceso supone una afectación al honor de una persona porque hasta que no se resuelva persiste a su respecto una duda sobre qué tipo de vinculación tiene con tales hechos. Tal como sostienen Robaina y Gutiérrez: “En tal sentido, se ha señalado que: “…el hecho de estar sometido a una instancia represiva, involucra por sí mismo u na afectación al derecho al honor, dignidad y el buen nombre” (ROBAINA, Ignacio y GUTIÉRREZ, Adrián. Procesabilidad del acto administrativo que dispone un Sumario Administrativo. Estudios jurídicos en homenaje al profesor Dr. Augusto Durán Martínez. FCU. Montevideo. 2023, P.p. 1515). 17) Pero, además, más claro aún es que en este caso, algunos de los agravios que el actor esgrime contra el acto encausado se vinculan, justamente con aspectos por los cuales, entiende que no correspondía iniciar y menos aún, continuar sujeto a tal procedimiento. Si se le quitara la posibilidad de accionar contra este acto se lo obligaría a soportar todo un procedimiento disciplinario, cuando en realidad, lo que presuntamente le causa perjuicio en esta instancia no es el acto que resuelva sobre su responsabilidad (eso será, eventualmente, evaluado con posterioridad, en otro proceso) sino que, a su criterio, nunca debió iniciarse este disciplinario . Por lo tanto, el presuntamente perjudicial en esta instancia, es ese acto y no otro. 18) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su última postura, explicó, en tér minos traspolables a este caso, que: “ La actual mayoría compuesta por el Sr. Ministro Dr. William Corujo, la Sra. Ministra Dra. Rosina Rossi y el redactor no comparten ese criterio porque estiman que decretar el inicio de un sumario o proceso disciplinario es una resolución que en sí misma genera efectos lesivos definitivos que exceden lo instrumental o preparatorio, cualquiera sea la forma de clausura del mismo (aun cuando no tenga consecuencias negativas para el involucrado). En ese contexto el Colegiado se inclina por la posición desarrollada a lo largo del tiempo por prestigiosa doctrina publicista, que se basa fundamentalmente en el agravio que potencialmente puede irrogar este acto, como también en el concepto de acto definitivo” (Sentencia Nº468/2023. En igual sentido: Sentencias Nº 202/2024, 308/2025, 719/2020, 127/2018, entre otras). 19) Incluso, recientemente, en vía de apelación, revocó un pronunciamiento de primera instancia de una de las sedes homólogas, indicando que: “ El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el quorum legal exigido, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, revocará la sentencia interlocutoria apelada…Así, se entiende que decretar el inicio de un sumario o procedimiento disciplinario es una volición que en sí misma genera efectos lesivos definitivos que exceden lo instrumental o preparatorio, aun cuando no tenga consecuencias negativas para el involucrado” (Sentencia Nº4/2026). 20) Ahora bien, el tercer paso refiere a su calidad de acto preparatorio o no. Respecto a ello debe comprenderse que tal clasificación apunta, didácticamente, a “separar” los actos según la etapa del procedimiento administrativo en el que se dictan (RUOCOO, Graciela y DELPIAZZO, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. La Ley. Montevideo. 2013. P.p. 125). Si bien es cierto que el principal es aquel al que el proceso en cuestión tiende y , por ende, el que produce los efectos jurídicos para los cuales tal proceso se tramita, ello no quita que alguno de los actos que dan inicio al proceso o son dictados en el marco del mismo, aun cuando no produzcan esos efectos, sí produzcan otros. En otras palabras, el acto principal de cualquier procedimiento disciplinario (salvo la investigación) es, por supuesto, el que decide si existió responsabilidad, qué tipo y qué sanciones corresponden; para ello se desarrolla dicho proceso. Ello no es óbice para que haya otro acto, como el que el de autos, que produzca efectos (los que ya se explicaron), aun cuando no sean los mismos efectos que el principal está destinado a producir. 21) Es decir, es una clasificación que atiende únicamente al momento en que se dicta el acto en ese procedimiento puntual y que mide los efectos “queridos” por quien tramita el procedimiento, en ese tipo de procedimiento específico; por lo que, si medimos el acto que niega la clausura del proceso en ese contexto, por supuesto que siempre vamos a concluir que no es procesable pero que hay que valorarlo en sí mismo y así analizar si produce o no efectos, aunque no sean esos. 22) Lo anterior implica, a criterio de esta Sede, que evaluar a todos los actos preparatorios mirando sus efectos en comparación con el proceso y acto principal del mismo , lleva al observador a una decisión o mirada parcial , sectorizada del asunto y que puede coartar la posibilidad de control jurisdiccional. Esta es, se reitera, pese a lo debatido y complejo del asunto, la opinión de esta decisora y lo central para determinar que un acto como el que aquí se ventila tenga efectos y sea procesable ante esta Sede. 23) Respecto a este debatido asunto y su atributo de acto preparatorio, en línea con lo anterior, cabe referir a lo explicado por Cajarville: “…puede ocurrir que un acto integrante del procedimiento, sin obstar a la tramitación, además de los efectos sobre el trámite que como tal produzca, viole o lesione -por su propia existencia , por su contenido, o por sus efectos propios ajenos al procedimiento mismo- los derechos o intereses de una persona, sin perjuicio de la lesión que pueda causar además por su incidencia sobre el acto final . Los actos del procedimiento con tal relevancia pueden ser impugnados mediante acción de nulidad en virtud de ese a gravio propio, independientemente de la impugnación del acto final o principal al que tiende el procedimiento que integran . No puede entenderse que esa impugnación jurisdiccional esté excluida por el inciso final del art. 24 del Decreto -ley N° 15.524, porque esa interpretación sería contraria al art. 309 de la Constitución, que consagra el derecho a demandar la nulidad de todo acto administrativo que viole un derecho subjetivo o lesione un interés directo, personal y legítimo, y jamás puede optarse por una interpretación inconstitucional de una ley que admita otra conforme a la Carta. Claro que, sin perjuicio de ese accionamiento directo por el agravio propio que el acto cause, la ilegitimidad de estos actos, si revistiera trascendencia, puede invocarse tamb ién en la impugnación jurisdiccional del acto final o principal, como vicio de procedimiento; la posibilidad de impugnar el acto preparatorio por el agravio que produce por sí, no excluye el efecto invalidante que su ilegitimidad produce sobre el principal como vicio de procedimiento, ni puede limitar la facultad del lesionado de hacer valer, en la impugnación del principal, todas sus contrariedades con la regla de derecho, incluso esos vicios de procedimiento.” (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. Recursos administrativos. FCU. Tercera edición. Junio 2000. P.p. 140 a 143, resaltado agregado). 24) Durán Martínez, adicionalmente, explica que: “ …El error del Tribunal radica en: a) acudir a un concepto de acto definitivo (que se atribuye a SAYAGUÉS LASO, pero en realidad es de MÉNDEZ) que no es el que se deriva de la Constitución, ni el que siguió fundamentalmente la jurisprudencia de ese mismo Tr ibunal, ni el que recogió el artículo 24 del decreto -ley N.° 15.524; b) no advertir que los actos instrumentales pueden causar agravio y además ser definitivos en los términos del artículo 24 del decreto -ley N.° 15.524. El acto que dispone un sumario es sí un acto instrumental, pero puede causar agravio y si adquiere la condición de definitivo no existe ningún obstáculo para que sea objeto de una demanda de nulidad… En mi opinión, pues, el acto que dispone la instrucción de un sumario administrativo -con o sin suspensión preventi va- es perfectamente impugnable con la acción de nulidad.” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Contencioso Administrativo. FCU. 3ª edición actualizada y ampliada. Montevideo. 2023. P.p. 108 a 109, resaltado agregado). Asimismo, Ruocco y Delpiazzo citando a García de Enterría y Fernández, agregan que: “(…) el carácter preparatorio no siempre vaya unido a la improcedencia de su impugnación, en la medida que, si producen efectos jurídicos, la circunstancia de ser meros actos de trámite no impide que sean impugnados” (RUOCOO, Graciela y DELPIAZZO, Carlos. Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Actos y Contratos de la Administración. La Ley. Montevideo. 2013. P.p. 126). 25) Amén de todo lo que viene de decirse, para el caso en que existieran dudas respecto de qué interpretación elegir (la que implica permitir procesar el acto y la que no), debe optarse por la interpretación que más proteja el derecho de acceso a la justicia y el derecho de defensa en aplicación de la directriz de preferencia de interpretaciones: “Cuando dentro del bloque aparecen contradicciones entre distintas normas o simplemente diversas regulaciones, no se recurre ni al principio de jerarquía, ni al principio de prevalencia de fuentes (nacional o internacional), ni al principio de temporalidad para resolver la cuestión. Por el contrario, se utiliza, como derivado del prin cipio pro hómine, la directriz de preferencia de normas, conforme a la cual el intérprete debe optar siempre por la norma que mejor protege el derecho, la que le da mayor alcance o la que le da mayor efectividad. A veces se deberá recurrir a las normas constitucionales constitucionales y otras veces a las internacionales. Siempre la opción es a favor del derecho o garantía de que se trate. La directriz de preferencia de normas tiene una base lógica evidente: tanto la Constitución uruguaya (conforme al artículo 72 y en general toda la sección II que no impide que se agreguen derechos ni que se protejan con mayor intensidad de lo que surge de nuestra Carta), como el DIDH, son regulaciones de derechos y estándares de protección mínimos. Esto significa que no se pueden excluir derechos reconocidos expresamente ni hacer bajar los estándares de protección por debajo de los mínimos constitucionales o internacionales, pero sí se pueden agregar derechos o aumentar los estándares de protección. La directriz de preferencia de normas tiene como fundamento incuestionable, las regulaciones de derechos y estándares mínimos. Se aplica siempre la más protectora para el derecho. (…) Una segunda derivación del principio pro hómine, la encontramos en la directriz de preferencia de interpretaciones, que postula que cuando se encuentren más de una interpretación posible de una misma disposición (por supuesto que interpretaciones razonables), el operador debe optar por aquella que mejor proteja al derecho o garantía en análisis (RISSO FERRAND, Martín . Guía para la Resolución de Casos de Derecho Constitucional y derechos Humanos . FCU. 2017. Montevideo. P.p. 15 -16 resaltado en original). 26) Esta interpretación es coherente con la propia lógica del CCA que propugna una apertura de la jurisdicción, acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva, al extenderse los plazos para accionar, recurrir, etc., de los administrados, regular los efe ctos del urgimiento, limitar la forma de cómputo del plazo para decidir con el que cuentan las autoridades, confirmar la potestad cautelar de la jurisdicción, regular la ejecución de las sentencias, derogar las exclusiones de procesabilidad, etc., siendo posible concluir que cualquier acto que no esté, actualmente, expresamente excluido, que cumpla con las condiciones de ser administrativo y con los requisitos de procesabilidad, es susceptible de transitar el presente proceso. 27) En definitiva, adhiriendo a las palabras del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y trasladándolas a un acto como el de autos, cabe decir que : “Con base en tal entendimiento, no es posible soslayar, además, que la decisión de disponer el inicio de un sumario administrativo resulta, por su naturaleza, claramente lesiva para el funcionario sumariado” (Sentencia Nº468/2023, entre otras). Es, pues, la centralidad de la persona y la instrumentalidad de la Administración, la que hacen necesario admitir y reivindicar, en esta instancia, el control jurisdiccional de la regularidad de los actos dictados por la Administración, entre ellos, los preparatorios susceptibles de producir efectos jurídicos, como el encausado en la especie. Tan es así que incluso existen casos en los que tener un proceso sumarial en trámite o pendiente limita al funcionario la posibilidad de acceder a beneficios de retiro, renunciar, etc. (Véase, por ejemplo, la Ley Nº16.127, Decreto Nº520/990, etc.). 28) Finalmente, cabe aclarar que si bien la parte demandada refiere a la excepción de “no procesabilidad del acto”, en aplicación del principio “iura novit curia”, la Sede entiende que la excepción interpuesta es la prevista en el art. 162, literal 4), esto es, es la falta de competencia o jurisdicción; de los argumentos esgrimidos por la demandada se trasunta que, en puridad, lo que cuestiona es que el acto sea susceptible de producir efectos y por ende, que sea un acto administrativo. Lo que sí deberá ser evaluado en la sentencia definitiva es si (aparte de la susceptibilidad de producir efectos), en el caso puntual dicha lesión se concretizó y si tales perjuicios son consecuencia de un actuar ilegítimo de la Administración. Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZ LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 1°TURNO FALLA: 1) Desestimar la excepción previa deducida y declarar la procesabilidad del acto administrativo encausado. 2) Confiérese a las partes un plazo de 10 días para proponer prueba, advirtiéndoseles que cualquier medio probatorio ofrecido con anterioridad que exceda lo dispuesto en los arts. 153 y 161, deberá ser reiterado en esta instancia. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno