Sentencia Interlocutoria N° 39/2026

Montevideo, 4 de marzo de 2026 SENTENCIA N°39/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para resolución, estos autos caratulados: " AA CONTRA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA . ACCIÓN DE NULIDAD" - Ficha: 721/2025, venidos a conocimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno, en virtud de la solicitud de citación realizada por la parte demandada, al amparo del art. 65 del C ódigo de lo Contencioso Administrativo (CCA) y la oposición deducida por la parte actora. RESULTANDO: 1) Con fecha 13 de octubre de 2025, compareció en autos la Dra. BB en representación de AA, impetrando acción de nulidad contra la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) respecto de la Resolución Nº791/2024 dictada con fecha 20 de diciembre de 2024, mediante la cual se denegó la solicitud de apertura de un nuevo puesto de venta de combustibles líquidos en el padrón Nº XXXXX de Ciudad de la Costa (fs. 22 y ss.). 2) Una vez realizado el control de rigor de la demanda por parte de la Sede, mediante Decreto Nº 2034/2025, se confirió el correspondiente traslado , habiéndolo evacuado la contraria con fecha 18 de noviembre de 2025. En su escrito, bregó por la confirmación del acto administrativo, a la vez que manifestó: “En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 65 del Código de lo Contencioso Administrativo, se solicita la citación de terceros a los efectos de que coadyuve en la defensa del mantenimiento del acto administrativo…”, individualizando: (i) a CC como sujeto que podría revestir un interés directo, personal y legítimo en tal mantenimiento, por ser un puesto de venta que encuadra en la situación prevista en el literal a ) del apartado I, numeral 2 de la Resolución de URSEA Nº377/022 relacionada con la contienda de autos; (ii) en el literal c) de tal acto, a DD, EE, FF, GG, HH y II y (iii) a JJ por ser quien suministra combustible a varios de los puestos de venta cercanos a aquel respecto al cual se solicitó autorización (fs. 50 y ss.). 3) Conferido el respectivo traslado, compareció la actora a fs. 55 oponiéndose a la citación por entender que el acto administrativo contra el cual se contiende es un acto particular y concreto cuyos efectos alcanzan únicamente a su destinatario y no a los terceros detallados por URSEA. Asimismo, arguye que para el caso de CC, se excede la distancia que surge del literal a) apartado I, numeral 2 de la Resolución Nº377/022 citada por URSEA , requisito que, además, no debió ser aplicado por la Administración en este caso. 4) Por Decreto Nº2696/2025 se tuvo por evacuado el traslado y se dispuso el pase de estos autos para resolución, los que fueron puestos a despacho con fecha 5 de febrero de 2025 (fs. 61 vto.). CONSIDERANDO: 1) La Sede rechazará la oposición deducida por la parte actora y admitirá la citación solicitada por la parte demandada a CC, DD, EE, FF, GG, HH, II y JJ , de conformidad con los argumentos que a continuación se explicitan. 2) Previamente, corresponde mencionar que el CCA regula dos tipos de intervenciones de terceros, las espontáneas y las provocadas. Respecto de éstas últimas, en su art. 65, dispone que la parte actora podrá solicitar la citación de aquellos terceros que, a su juicio, sean titulares de un derecho su bjetivo o un interés directo, personal y legítimo en el mantenimiento del acto administrativo y que "(...) la parte demandada siempre deberá requerir la citación de esos terceros salvo que justifique razonablemente que en el caso, dichos interesados no existen o no está en condiciones de hacerlo por no poder individualizarlos, por carecer de los datos necesarios o por cualquier otra circunstancia semejante". En otras palabras, en cuanto al demandado, la solicitud de citación es obligatoria, salvo en los supuestos regulados por tal normativa. 3) Sin embargo, el CCA no regula en ninguna de sus disposiciones el procedimiento a seguir en el caso de las tercerías provocadas, por lo que, en aplicación del art. 207 del CCA, cabe remitirse al CGP. Éste, en su art. 52 , establece el procedimiento a tramitar, previendo que de la solicitud debe conferirse traslado a las partes. Ello fue lo que sucedió en autos, ya que, habiéndolo solicitado en primer término la parte demandada, mediante Decreto Nº2517/2025 se le confirió el correspondiente traslado a la parte actora, quien, como se adelantó, se opuso a la citación. 4) En la especie, mediante el acto accionado de nulidad se denegó la autorización requerida por la actora para la apertura de un nuevo puesto de venta de combustibles líquidos sobre la Ruta Interbalnearia, en Ciudad de la Costa, Canelones. El fundamento fue, conforme surge del RESULTANDO de la Resolución Nº791/202 4, que el puesto de venta proyectado no superaría el requisito de distancia mínima respecto de otros puestos de venta ubicados en la zona geográfica mencionada, en mérito a lo dispuesto en el numeral 2), apartado I, literal c) de la Resolución Nº377/022. 5) Por su parte, de la demanda anulatoria presentada surge que uno de los extremos sobre los que versa la controversia de autos es, justamente, qué requisitos debió considerar la Administración al evaluar la pertinencia de la autorización de apertura solicitada y, de la mano con ello, qué disposición de la Resolución Nº377/022 era la aplicable para definir tal situación (fs. 27 y ss.). 6) En virtud de lo que viene de decirse, se advierte a simple vista que rechazar las citaciones de terceros solicitadas por la demandada bajo el argumento antes señalado sería tanto como prejuzgar sobre aquello que es centro de discusión en esta litis, sin perjuicio de lo que determine la Sede al fijar el objeto de este proceso. Por lo tanto, no le asiste razón a la accionante en este punto. 7) En el mismo sentido, el argumento relativo a los efectos del acto no resiste análisis. Por supuesto que si el acto administrativo en cuestión resuelve una petición (autorización) presentada por la actora, sus efectos inciden sobre ella; la denegatoria de URSEA le es aplicable únicamente a la actora porque fue quien solicitó la apertura y quien sería distribuidora mayorista, en principio, del minorista en cuestión. Sin embargo, ello no determina que, de anularse el acto, la sentencia podría afectar los derechos o intereses de los terceros incluidos en alguna de las hipótesis que regula la Resolución Nº377/022, en base a la cual URSEA rechazó la autorización. El acto administrativo impugnado afecta los derechos o intereses (directos, personales y legítimos) de la parte actora pero la sentencia, de ser anulatoria, implicaría un comportamiento activo de URSEA (adaptativo a la sentencia) que, a su vez, podría lesionar a aquellos terceros individualizados por ésta; he aquí la confusión de la accionante en cuanto a qué debe considerarse para medir la eventual afectación. Y, respecto a JJ, corresponde también la citación puesto que, de pertenecer los puestos de venta mencionados a su cadena de distribución, la apertura de uno en tal zona geográfica (de corresponder la aplicación de tal criterio), podría afectarla. 8) Por ende, los terceros cuya citación se solicitó cumple n con los requisitos para ser convocados al proceso en tal calidad en tanto, la sentencia a dictar podría, eventualmente, afectar sus derechos e intereses . De esta forma, además, se evitan dificultades para el cumplimiento de la futura sentencia a dictar o para la aplicación de la cosa juzgada. Permitirle a los terceros comparecer y participar del proceso asegura a todas las partes que la sentencia a dictar, fuere cual fuere su contenido, podrá ser cumplida y aplicada a todos los sujetos que corresponda, sin vulneraciones de ningún tipo. Esa es, en definitiva, la función del instituto previsto en el art. 65 del CCA. 9) Por todo lo anterior, corresponde admitir la tercería solicitada al amparo del art. 65 del CCA y disponer el emplazamiento de CC, DD, EE, FF, GG, HH, II y JJ. Por los fundamentos antes expuestos y la normativa citada, RESUELVO: 1) Desestímase la oposición deducida por la parte actora y a dmítese la citación a CC, DD, EE, FF, GG, HH, II y JJ , en calidad de terceros y confiérese a los mismos, traslado de la demanda de nulidad por el plazo de 30 días, emplazándoselos en los domicilios oportunamente denunciados a fs. 51 (arts. 61, 62, 65, 158 a 162 y 189 del CCA). 2) Previamente, confiérese a las partes un plazo de 3 días para aportar las copias faltantes a efectos de practicar la notificación dispuesta. Dra. Lucía Techera Tealdi Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1º Turno