Sentencia Definitiva N° 96/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 26 de febrero de 2026. No. 96 Ministro redactor: Dr. William Corujo VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, esta causa: “AA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 231/2024). RESULTANDO : I) El actor AA, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 03-936-2023-1245 de 26 de julio de 2023 dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social (en adelante BPS) por la que se resuelve denegar al compareciente el acceso a una jubilación por incapacidad física con acumulación de servicios militares solicitada en el marco de la Ley No. 17.819, por no reunir las condiciones previstas para su amparo (artículo 19 de la Ley No. 16.713 en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley No. 18.395 de fecha 24 de octubre de 2008 (fs. 29 vto. a 30 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria (fs. 12 a 15 vto. infolios) indicó que presenta una discapacidad de tipo intelectual según el informe del Centro de Estudios y Rehabilitación Integral (fs. 10). Relató que su núcleo familiar está compuesto por un hijo menor de edad que está exclusivamente a su cargo, y que los trabajos en los que se desempeñó fueron como guardia de seguridad. Indicó que desde el 2019 se ve impedido de realizar cualquier tarea y que su único ingreso es la asignación familiar de su hijo. Se agravió del acto encausado en la medida que no tiene motivación ni pronunciamiento en forma fundada. En tal sentido, citó el artículo 57 de la Ley No. 16.713 y artículo 75 del Decreto No. 399/995 para señalar que del expediente no surgen los fundamentos de cómo BPS llega al porcentaje de baremo ni se aporta elemento alguno para afirmar que su dolencia se encuentra en el porcentaje de baremo al que hace referencia el BPS. Explicó que en la medida que el Dictamen de la Dirección Técnica es un acto preparatorio en el que se basa la Administración para negarle la prestación y es nulo, el acto definitivo también lo es. Al respecto citó Sentencias del Tribunal. No obstante, indicó que su situación estaría comprendida en el artículo 3, inciso 2, del Decreto No. 306/2013, que establece que una disminución funcional igual o superior al 50% presumirá la incapacidad absoluta y permanente. Dado que en su caso el baremo es de 56.33% se habría cumplido la presunción de incapacidad absoluta y permanente, por lo tanto, aseveró que se encuentra amparado en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley No. 16.713. Concluyó que la Administración no actuó acorde a Derecho, causándole un perjuicio en su interés directo, personal y legítimo, solicitando en definitiva la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido el correspondiente traslado compareció el demandado debidamente representado (fs. 19 a 26 infolios) postulando su rechazo. Tras reseñar los antecedentes administrativos que dieron lugar al dictado del acto procesado, afirmó que, éste es conforme a Derecho, tanto desde el punto de vista formal como de fondo. Indicó que el artículo 19 de la Ley No. 16.713, en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley No. 18.395, exige para el otorgamiento de la jubilación por incapacidad absoluta y total para toda tarea un baremo mínimo de 66%. Sin embargo, en el caso del actor, la Comisión Técnica dictaminó un baremo de 56.33%, no obteniendo un porcentaje mayor en revisiones posteriores. Explicó que el Servicio Médico del organismo es el único competente legalmente para dictaminar la incapacidad de un afiliado y así lo ha recogido el Tribunal. Señaló que tampoco puede acceder al subsidio transitorio previsto en el artículo 22 de la Ley No. 16.713, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley No. 18.395, por cuanto la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual debe haber sobrevenido en actividad o períodos en actividad compensada. Indicó que este extremo, que no se cumplió en el caso planteado ya que el actor cesó laboralmente con fecha 5 de julio de 2020. A su vez, indicó que tampoco le corresponde el subsidio especial por inactividad compensada establecido en el artículo 36 del Decreto No. 125/996 porque conforme surge de los antecedentes administrativos, no estuvo amparado en el beneficio de subsidio por inactividad compensada ni consta que haya solicitado el amparo a otro beneficio. Luego de citar jurisprudencia relacionada con la materia, finalizó señalando que del iter seguido en el procedimiento administrativo surge con meridiana claridad la motivación de la resolución. En definitiva, abogó por la confirmación del acto procesado. IV) Por Decreto No. 3239/2024 (fs. 28 infolios) se tiene por contestada la demanda y se abre a prueba por 10 días agregándose los antecedentes administrativos en 52 fs. V) Diligenciada que fuera la prueba y por agregada la documental presentada en 26 fojas, por Decreto No. 278/2025 (fs. 66 infolios) se dio plazo a las partes para presentar sus alegatos. El demandado alegó de bien probado (fs. 70 a 72 infolios) no haciéndolo la parte actora. VI) Por Decreto No. 1142/2025 (fs. 74 infolios) se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 290/2025 se pronunció aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 75 a 77 infolios). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 artículos 4 y 9). El acto fue notificado al accionante el 4 de agosto de 2023 (fs. 31 vto. de los A.A.), interponiendo los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 7 de agosto de 2023 (fs. 32 vto. y 33 de los A.A.). Al no pronunciarse expresamente la Administración sobre la recurrencia interpuesta, operó la denegatoria la ficta el 23 de febrero de 2024, por lo que la demanda anulatoria fue deducida en plazo el 19 de abril de 2024 (nota de cargo a fs. 16 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 03-936-2023-1245 de 26 de julio de 2023, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del BPS por la que se le denegó al compareciente el acceso a una jubilación por incapacidad física con acumulación de servicios militares solicitada en el marco de la Ley No. 17.819, por no reunir las condiciones previstas para su amparo (artículo 19 de la Ley No. 16.713 en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley No. 18.395 de fecha 24 de octubre de 2008 (fs. 29 vto. a 30 de los A.A.). III) Como antecedentes de la causa, se encuentra que con fecha 16 de febrero de 2022 compareció el accionante ante el BPS, solicitando jubilación por incapacidad física (fs. 24 de los A.A.), así como la acumulación con los servicios de la Caja Militar. El 10 de febrero de 2023, la Comisión Técnica de BPS dictaminó que el titular configuraba una incapacidad para el empleo o profesión habitual a partir del 25 de marzo de 2022 con un baremo de 56.33%, debiéndose someter a una nueva revisión médica antes del 25 de marzo de 2025 (fs. 23 de los A.A.). En virtud de ello, el Departamento de Liquidaciones dictaminó que correspondía dar vista al titular de la denegatoria de jubilación por incapacidad física solicitada debido a que se le dictamina incapacidad para la tarea habitual la que es incompatible con la solicitud de Acumulación de servicios. Se indicó, además, que la incapacidad por tarea habitual se configuró con fecha posterior al cese de actividad, no siendo posible acceder al subsidio transitorio por incapacidad parcial (fs. 25 vto. de los A.A.). Conferida vista, al no efectuarse descargos se dictó la resolución objeto de accionamiento en obrados, la que le fue notificada el 4 de agosto de 2023 (fs. 29 vto., 30 y 31 de los A.A.). El accionante impugnó la resolución interponiendo los recursos de revocación y jerárquico (fs. 32 vto. y 33 de los A.A.). En atención a ello, el 5 de setiembre de 2023 la Comisión Técnica de BPS se volvió a expedir manteniendo el baremo dictaminado con anterioridad, agregando un resumen de actuación del que surge el análisis técnico realizado (fs. 35 y 36 de los A.A.). Al fundamentar sus recursos el accionante agregó un certificado de la Caja Bancaria, señalando que no recibe ningún beneficio de dicha entidad. En febrero de 2024, la Comisión Técnica realizó un dictamen final, estableciendo que el accionante configura una incapacidad para el empleo o la profesión habitual de 52,40% (fs. 48 a 49 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso, el Tribunal por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, conforme los fundamentos que se explicitarán. En esencia el accionante se agravia invocando fundamentalmente la falta de motivación del acto resistido por carecer de toda fundamentación, en lo que le asiste razón siendo de recibo tal agravio. En efecto, el 15 de febrero de 2023, se confirió vista al accionante: “De lo decretado por 600 Liquidaciones - GPRE a foja 26 del expediente 2022-28-1-017669. Se entrega copia del citado folio y folios mencionados 21-24-25 del expediente mencionado”. El folio 21 del expediente refiere al Dictamen Final de la Comisión Técnica del 10 de febrero de 2023, el que se limitaba a indicar el porcentaje del baremo (56,33%). No obstante, ni del folio 21, 24, 25, ni del resto del expediente, previo al dictado del acto administrativo, surge la valoración de los impedimentos o menoscabos constatados, ni la valoración de los factores complementarios a los efectos de determinar el baremo. Con relación al grado de invalidez, simplemente se consignó: “Dictamina que el titular configura una incapacidad para el empleo o profesión habitual, a partir de 25/3/2022, con un porcentaje del Baremo de 56,33%. Debiéndose someter a una nueva revisión médica antes del 25/3/2025”. Si bien en otros casos se ha considerado que la propia normativa y la naturaleza de la evaluación médica obliga a adoptar criterios uniformes en planillas que lucen “como formularios” y que los mismos constituyen una motivación técnica, en el caso, dichos formularios no fueron agregados en forma previa al dictado del acto. Por lo tanto, en el caso particular, se estima que no se cumplió con el requisito del pronunciamiento en forma fundada establecido por el artículo 9 del Decreto No. 382/1998, puesto que lo único que hizo la Comisión Técnica fue calificar la situación de incapacidad en un determinado porcentaje de baremo, citar la normativa aplicable y definir la fecha de la próxima evaluación médica. Sobre el punto, resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Sede en Sentencia No. 431/2014, en la que se sostuvo: “(…) Este Colegiado ha reconocido la autonomía técnica que tienen los órganos encargados de hacer los peritajes médicos que residen relevancia para expedirse acerca del grado de incapacidad, como lo son, sin duda, los practicados por los profesionales del Área de Medicina Laboral del BPS o por las Comisiones Técnicas. Ahora bien, tal reconocimiento de un ámbito de autonomía técnica, no significa que el Tribunal se transforme en un mero homologado de sus dictámenes, porque la facultad de determinar el porcentaje de incapacidad no se basa en un árbitro asignado normativamente, sino en la presunción de que ese servicio especializado puede brindar una información real del caso, aun cuando no tenga carácter absoluto, sino relativo (Cf. Sean. 648/2010)”. En el caso, fue con posterioridad a la interposición de los recursos administrativos que se agregó el resumen de actuación, del que surgían todos los ítems y factores evaluados de acuerdo con los parámetros del baremo (fs. 36 de los A.A.). Sin perjuicio de que en el informe se consignó la fecha 9 de enero de 2023, el mismo fue agregado en setiembre de 2023, con posterioridad a la interposición de los recursos administrativos. En consecuencia, se estima que al tratarse de una explicación agregada con posterioridad al dictado del acto, no sanea o subsana el vicio de motivación con el que nació el acto a la vida jurídica, por tratarse de un supuesto de motivación superviviente (Sentencias Nos. 466/2021, 48/2020, 702/2019, 772/2017, 184/2015, 156/2015, 153/2015, 104/2015, 9/2015, 4/2015, 680/2014, entre otras). Además, la ausencia de motivación tuvo directa proyección en la debida defensa del interesado, dado que previo al dictado del acto no tuvo a la vista todos los elementos que finalmente llevaron al BPS a resolver como lo hizo. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado; sin especial condena procesal. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada No. 34/2023; art. 371 de Ley No. 20.075). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada). Dra. Rosina Rossi. VOTO CONCURRENTE: Comparto la decisión del Tribunal y sus fundamentos y agrego los siguientes. I. Los hechos sobre los que las partes no plantean controversia. Con fecha 16 de febrero de 2022, el actor se presentó ante el Banco de Previsión Social a efectos de solicitar jubilación por incapacidad física (Fs. 12 de los A.A.). El 10 de agosto de 2022, la Comisión Técnico Médica le asignó una incapacidad Baremo 56,33% (Fs. 18 de los A.A.). Posteriormente, el 9 de enero de 2023, se realizó nueva evaluación en la cual se le asignó nuevamente una incapacidad Baremo 56,33%. (Fs. 23 de los A.A.). Mediante la Resolución No. 03-936-2023-1245 dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social con fecha 26 de julio de 2023, se resolvió denegar el acceso a una jubilación por incapacidad física por no acreditar los extremos exigidos por el art. 4 de la Ley No. 18.395 (Fs. 29 vto.- 30 de los A.A.). Tras la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, se realizó nueva evaluación el 16 de febrero de 2024 en la cual se le asignó una incapacidad Baremo 52,4% (Fs. 48 de los A.A.). II. La decisión atacada por falta de motivación. En este proceso judicial el Sr. AA demandó la nulidad de la Resolución de referencia. La razón por la que la atacó reside en la ausencia de motivación, punto entonces que el Tribunal debía relevar y analizar. III. El marco teórico normativo aplicable al caso. En el Estado Constitucional de Derecho, todo sujeto que ostenta poder discrecional se encuentra atado a la obligación de motivar su decisión: no solo los decisores del sistema de justicia sino también la Administración. Ello se infiere de un conjunto de razones. La primera . El linaje de los derechos comprometidos. En el caso, derechos humanos procesales o instrumentales reunidos en los que integran el debido proceso y derechos humanos sustantivos sobre seguridad social e información de los datos de la salud de persona peticionante. La segunda. Trata de un principio general de derecho que emana del art. 72 de la Constitución. En este punto, resulta adecuado compartir los desarrollos de la doctrina expuesta por Alberto Ramón Real y Juan Pablo Cajarville (Real Alberto Ramón. Los principios generales de derecho de la Constitución Uruguaya. en Rev. Derecho Público y Privado, 1958 T.40 pág. 195; Cajarville, Juan Pablo. Reflexiones sobre los principios generales de derecho en la Constitución Uruguaya. En Estudios Jurídicos en memoria de Alberto Ramón Real. FCU, pág. 169). La tercera . La motivación de una decisión, también una decisión tomada en función administrativa, que habrá de imponerse a otros agentes, integra derecho humano de acceso a la justicia (art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y de tutela administrativ a efectiva que compromete la actuación de todos los órganos del Estado y no solo los del sistema judicial. La Convención Americana de Derechos Humanos sistematiza y funde el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en el debido proceso . Estos constituyen derechos humanos puente para la realización de otros derechos humanos. En el caso, la motivación del acto administrativo como parte del debido proceso debe operar de puente de acceso al derecho humano a la seguridad social y a la concreta respuesta prestacional del Estado. Ahora bien. También los derechos humanos procesales o instrumentales reconocidos y garantizados, debido a su formulación genérica, deben ser dotados de contenido. Para ello se opta por tomarlo de la Opinión Consultiva Nº 9/87, de 6 de octubre de 1987, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que sostuvo “que no obstante la literalidad del artículo 8.1, éste, junto con el resto de los numerales del artículo 8 de la Convención, deviene aplicable a procedimientos de cualquier naturaleza y no solamente a los instruidos bajo la figura de un recurso ante una au toridad judicial” . Vale decir que en esta Opinión Consultiva la Corte considera aplicable todas las garantías judiciales del art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos al procedimiento administrativo. La Corte IDH plasmó esta interpretación en casos contenciosos posteriores como Tribunal Constitucional vs. Perú en la sentencia de 31 de enero de 2001; BAENA, Ricardo y otros vs. Panamá, en la sentencia de 2 de febrero de 2001; Ivcher Bronstein vs. Perú, en la sentencia de 6 de febrero de 2001; Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay en sentencia de 17 de junio de 2005; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay en sentencia de 29 de marzo de 2006; Claude Reyes y otros vs. Chile, en sentencia de 19 de setiembre de 2006 y en Lagos del Campo vs. Perú mediante sentencia de 31 de agosto de 2017. La cuarta . La motivación específica -referida al derecho y su interpretación, a la hipótesis de hecho y a los hechos de la vida que corresponden al caso- debe articular las concretas razones que justifican lo que el Estado resuelve. Ello, constituye parte de las garantías en tanto opera como la racionalización del ejercicio del poder. No se trata de cualquier fórmula genérica, sino de la articulación de razones referidas al caso en un lenguaje comprensible para la persona que pide al Estado. En este sentido, en el caso, la ausencia de motivación que sustenta el baremo adjudicado además del derecho de acceso a la justicia, violenta el derecho del actor a conocer datos vinculados a su salud. Al respecto debe tenerse en cuenta que el derecho de información -sin limitaciones- integra el derecho a la libertad de expresión conforme surge del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Concretamente, arts. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en tanto refieren al derecho a “recibir informaciones”. Este componente incluye el derecho a recibir información en lenguaje accesible que grava al Estado de conformidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas (Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2021 -2025). Esto es , el derecho a comprender la decisión del Estado que lo expulsó de la protección. Tal fundamentación debió ser no sólo explícita y enlazada con las circunstancias concretas del caso, sino también comprensible para el actor, en virtud de que la valoración de su estado de salud y el consecuente encuadre normativo de su situación, resultaría determinante para su futuro (Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano, aprobada durante la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (Cancún, México, 2002), punto 6; Reglas de Brasilia, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (Brasilia, marzo de 2008 y revisadas en 2018, art. 58). En este marco teórico normativo, “ Una comunicación clara entre el Estado y la ciudadanía como garantía de acceso al derecho a la información y como práctica de transparencia, es un objetivo que debieran cumplir todos los organismos públicos. Una comunicación eficaz entre las instituciones y los ciudadanos genera confianza y entendimiento, fomenta la equiparación de oportunidades y brinda herram ientas para el autovalimiento y la ciudadanía inclusiva” (Staiano, Natalia. El lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado y la ciudadanía. Cuadernos del INAP, 59, pág. 11). La situación de la accionante, persona con discapacidad, demanda la obligación de información reforzada por incluirse en situación de vulnerabilidad. Ello se infiere del art. 28 numeral 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que expresa que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho…” Entre tales medidas la información adecuada que justifique claramente que el Estado no la amparará con la prestación de seguridad social (arts. 4 literal H y 21). La quinta. El marco normativo que regula la motivación se integra por reglas generales y específicas. Entre las generales, los arts. 123 y 124 del Decreto No. 500/991, exigen que exista una relación directa y concreta de los hechos además de una exposición de las r azones que justifican la decisión adoptada. Entre las específicas, el art. 106 del Reglamento de Procedimiento Administrativo del BPS (RD 40 -2/1997) que dispone que “Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico de resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada”. IV. Enlace entre los hechos y marco teórico normativo. Primero. Con fecha 16 de febrero de 2022, el actor se presentó ante el Banco de Previsión Social a efectos de solicitar jubilación por incapacidad física (Fs. 12 de los A.A.). El 10 de agosto de 2022, la Comisión Técnico Médica le asignó una incapacidad Baremo 56,33% (Fs. 18 de los A.A.). Posteriormente, el 9 de enero de 2023, se realizó nueva evaluación en la cual se le asignó nuevamente una incapacidad Baremo 56,33% (Fs. 23 de los A.A.). Mediante la Resolución No. 03-936-2023-1245 dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social con fecha 26 de julio de 2023, se resolvió denegar el acceso a una jubilación por incapacidad física por no acreditar los extremos exigidos por el art. 4 de la Ley No. 18.395 (Fs. 29 vto.- 30 de los A.A.). Tras la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, se realizó nueva evaluación el 16 de febrero de 2024 en la cual se le asignó una incapacidad Baremo 52,4% (Fs. 48 de los A.A.). Segundo. En ninguna de las evaluaciones realizadas por parte de la Comisión Técnica se expresan los motivos por los cuales se le asigna al actor el grado de incapacidad que se expresa en cada uno de los Dictámenes. A un tribunal de justicia que aprecia la motivación de un acto administrativo que ejecuta -o no- una prestación vinculada a un derecho humano, no le puede bastar la afirmación de que ella surge “de las actuaciones administrativas”. En su lugar, y se insiste, atendiendo al linaje del derecho es deber del juzgador identificarlas, para razonarlas de forma transparente para que sean controlables por el peticionante. En este sentido, los datos que surgen de la evaluación técnica deberían complementarse con un informe detallado que facilite al peticionante conocer las razones por las cuáles se le otorga o se le deniega una prestación. El formulario estandarizado utilizado en cada oportunidad para la evaluación técnica, que contempla las Normas para la Valoración del Grado de Invalidez (Baremo) previstas en el Decreto No. 306/2013, no permite al interesado comprender a cabalidad los motivos que llevan a la Comisión a asignar un baremo determinado y fundamentalmente, cuáles son los elementos que se toman en consideración para determinar que una persona posee o no una incapacidad absoluta para toda tarea. Los únicos informes médicos que detallan las dolencias padecidas por el Sr. AA son aquellos agregados por ella mismo. Tercero. La adjudicación de un puntaje, en el caso expresado en baremo, da cuenta de un informe técnico que, si bien no puede parangonarse a la pericia judicial, conlleva un incontrastable contenido referido a una ciencia o arte y experticia diversas a las propias del ámbito jurídico. Empero, también se deben apreciar a través de las reglas de la sana crítica y éstas convocan inexorablemente las de la lógica. A su vez, las reglas de la lógica de un informe técnico de materia no jurídica -y que por ende no es propia del saber judicial- solo pueden controlarse, primero, si se transparentan las razones que sustentan cada paso la construcción técnica; y segundo, si en términos de metapericia, se plantean las razones que justifican la solvencia del informe técnico. A partir de la inspiración que provoca el análisis de Tomás Ramón Fernández (La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que se desvanece. http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/el-control-de-la-actividad- estatal/cae-fernandez-tecnica.pdf) puede sustentarse que el Tribunal no debía -siquiera podía- controlar la verificación técnica de cada informe, sino la racionalidad de sus fundamentos que para el caso incluyen: la individualización de cada uno de los pasos del razonamiento técnico, los aspectos ponderados y cómo se ponderaron en la situación concreta (no solo en la voz genérica de la regla aplicable), los materiales y fuentes de información tenidas en cuenta, la exteriorización de todos ellos en lenguaje claro y comprensible para el peticionante (y no sólo para la academia de la ciencia que fuere). En el caso, estos aspectos debían estar enlazados con la puntuación numérica, por cuanto ésta es no es más que la etapa final del razonamiento técnico. No es el razonamiento técnico en sí mismo. Así, desde la perspectiva de que la motivación de una decisión técnica en el Estado Constitucional de Derecho constituye un derecho humano y que, en el caso, además, era el vehículo para la realización de otro derecho humano como es la prestación de Seguridad Social peticionada al Estado y provocada por un infortunio de la vida laboral, el Ente estaba comprometido con expresar las razones de su decisión, a riesgo de ingresar en el terreno de la ilegitimidad. En el caso, la discrecionalidad técnica del Banco de Previsión Social lo ataba a la motivación racional como una cadena en su acepción constitutiva y funcional. Una cadena en su función constitutiva por cuanto estaba inexorable sujeto a ella; y en su funcionalidad por cuanto debía transparentar cómo había actuado en cada uno de los eslabones de su razonamiento que conducían a la decisión final. La motivación insuficiente interpretada en el caso, permite, teniendo en cuenta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, visualizar una modalidad de discriminación indirecta contra una persona en situación de discapacidad. Cuarto. Por los argumentos que vengo de exponer comparto los antecedentes jurisprudenciales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con diversa integración a la actual, representados por la Sentencia No. 657/2010 que analiza la necesidad de motivación en detalle del informe técnico médico y la discordia de la Sentencia No. 352/2019, que expresamente refiere a la motivación como derecho integrante del “bloque constitucional de los derechos humanos”. Quinto. En definitiva, por los argumentos que vengo de expresar, la jurisprudencia de un tribunal especializado como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe exigir, cada vez con mayor rigor, la motivación del acto administrativo, en defensa del debido proceso y del real conocimiento por parte de los administrados, de la motivación que tuvo la Administración para dictar la volición que los afecta, y de esa manera elevar a su real dimensión y eficacia los derechos procesales y sustantivos que integran el bloque de constitucionalidad. Ello, aplicado al caso en los términos desarrollados, rinde cuentas a las obligaciones de respeto, garantía sin discriminación y adecuación por vía interpretativa del ordenamiento nacional conforme con la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 1.1. y 2) y del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 16.