Sentencia Definitiva N° 90/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 19 de febrero de 2026 No. 90 Ministra redactora: Dra. Rosina Rossi VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA Y OTRAS con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 319/2023). RESULTANDO : I) En el presente proceso, accionan contra el Decreto del Poder Ejecutivo No. 378/021 de fecha 18 de noviembre de 2021 (fs. 141 A.A.), las siguientes empresas armadoras: a) AA; b) BB; c) CC; d) DD; e) EE; f) FF; g) GG; h) HH; i) II; j) JJ; y k) KK (fs. 67 - 85). II) Conferido traslado, el Poder Ejecutivo defiende la legitimidad del Decreto impugnado (fs. 102 - 114). III) Por Decreto No. 5256/2023 (fs. 116) se abrió a prueba por el plazo de 10 días, agregándose al expediente los antecedentes administrativos en 168 fojas, y la documental presentada por las partes; y se diligenció la testimonial ofrecida. IV) Por Decreto No. 4229/2024 se dispuso la alegación de las partes (fs. 233), haciéndolo la parte actora (fs. 238 – 256); y la parte demandada (fs. 235 – 236). V) La Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en el Dictamen No. 617/2024, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 259 - 261). VI) Puestos los autos para sentencia por Decreto No. 6324/2024 (fs. 263), previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Control formal del accionamiento. En la especie, se han satisfecho debidamente los presupuestos legales habilitantes de la acción de nulidad, por lo que la Corporación analizará el mérito de la contienda (Arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). El acto administrativo impugnado consiste en el Decreto del Poder Ejecutivo No. 378/021 dictado en fecha 18 de noviembre de 2021 y publicado en el Diario Oficial el día 25 de noviembre de 2021 (D.O. No. 30.817). Contra el mismo, las empresas accionantes, interponen en fecha 6 de diciembre de 2021, el recurso administrativo de revocación (fs. 142 vto. y 143 A.A.), en su calidad de armadores que operan en nuestro país en el rubro transporte marítimo de carga. La Administración desestima en forma expresa el recurso por Resolución del Poder Ejecutivo No. 97130 de 22 de marzo de 2023 (fs. 62 y 63 A.A.), siendo notificada a los accionantes en las siguientes fechas: a) en fecha 24 de abril de 2023 fue notificada EE (fs. 69 vto. A.A.); b) en fecha 27 de abril de 2023 fue notificada DD (fs. 71 A.A.); c) en fecha 3 de mayo de 2023 fueron notificadas AA; BB; II; CC; JJ; KK (fs. 71 vto. – 74 A.A.); y d) en fecha 8 de mayo de 2023 fueron notificados FF; GG; y HH (fs. 74 vto. y 75 A.A.). En las fechas reseñadas la vía administrativa resultó agotada de manera expresa. La acción de nulidad fue deducida en tiempo útil, el día 23 de junio de 2023 (fs. 67 infolios). Desde el punto de vista formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). II) El Tribunal, acompañando lo aconsejado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá por mayoría, a desestimar la demanda y confirmar el acto impugnado en estos obrados. III) Sistema contencioso anulatorio aplicable . Al tiempo del dictado de esta sentencia se encuentran vigentes dos sistemas contencioso-anulatorios aplicables, cada uno de ellos, en función de la fecha de su iniciación conforme dispone el art. 206 de la Ley No. 20.333. De allí que corresponde precisar que en este caso resulta aplicable el sistema reglado por el Decreto-Ley No. 15.524, Leyes Nros. 15.869 y 20.010, en tanto, este proceso, se promovió el 23 de junio de 2023 contra un acto administrativo general dictado en fecha 18 de noviembre de 2021 y publicado en el Diario Oficial el día 25 de noviembre de 2021. IV) Causales de nulidad invocadas por las empresas accionantes. Los actores afirman en su pretensión anulatoria (fs. 67 a 85), que son empresas armadoras que realizan operaciones de carga de contenedores y de cruceros; y para cumplir dichas operaciones deben contratar los servicios de practicaje. Reseñan la normativa que regula el servicio portuario de practicaje, contenida en el “Reglamento General de Prácticos” aprobado por el Decreto Nº 308/986 y sus modificativas, y en el artículo único de la Ley Nº 16.595 que declara la obligatoriedad de este servicio. De acuerdo a esta normativa, para la entrada o salida de un puerto comercial es preceptiva la contratación de los servicios de un Prá ctico y retribuir los mismos. Este servicio se requiere a la Oficina de Pilotaje de la Prefectura Nacional Naval con determinada antelación, de acuerdo al Reglamento General de Prácticos. Añade que los profesionales prácticos se encuentran nucleados en sociedades de prácticos, que facturan y cobran por los servicios prestados por sus agremiados. Prosigue indicando que los servicios de practicaje son retribuidos mediante una “Tarifa de Practicaje” , que se compone de una “Tarifa Básica” para cada servicio, más “extraordinarios” que se adicionan. La Tarifa Básica se calcula de acuerdo a dos elementos: a) la Unidad Monetaria de Practicaje (UMP) fijada en dólares americanos; y b) un Coeficiente de Practicaje, determinado por el tonelaje de registro bruto del buque de acuerdo al practicaje a realizarse. La “Tarifa de Practicaje” a su vez se actualiza de acuerdo a una fórmula paramétrica que se previó en el art. 124 del Decreto 320/012. Descrito el régimen tarifario general del practicaje, explican que su legitimación activa deriva de su calidad de armadores que deben contratar necesariamente los servicios de los prácticos. Y en dicha calidad han abonado durante años un importe sensibleme nte superior al que les correspondía pagar, en virtud de un error de cálculo de la tarifa en el período enero 2012 a noviembre 2021, por una equivocada aplicación de la paramétrica. Advierten que esta situación fue puesta en conocimiento de la Administración, quien continuó actualizando el valor de la Unidad Monetaria de Practicaje en forma contraria a derecho. Por lo hasta aquí expresado, postulan que el art. 2º del Decreto Nº 378/021 pretende “validar” el ilegítimo proceder en la aplicación del art. 124 del Reglamento General durante la vigencia del Decreto Nº 320/012, en tanto dispone: “Ratifícase lo actuado por la Administración en cuanto a la forma de cálculo de la Unidad Monetaria de Practicaje a partir de la vigencia del Decreto N° 320/012, de 28 de setiembre de 2012”. De esta forma, el Decreto afecta ilegítimamente el derecho subjetivo de los armadores al reintegro de lo pagado en forma indebida; sino que además modifica la tarifa afectando sus derechos. Así descritos estos antecedentes, el objeto de su acción de nulidad son los dos artículos que integran el Decreto 378/021; que tiene su origen, a su juicio, en una errónea aplicación de la paramétrica anteriormente establecida. Dicho error se originó en la transcripción por el Decreto 320/012 de la fórmula redactada por la Comisión de Reglamento y Tarifa, en tanto se invirtieron las descripciones de los coeficientes IMSi e IMSo, por lo cual todos los cálculos han sido incorrectos. Por ello, añaden, han iniciado una demanda de cobro de pesos que se tramita ante el Juzgado Letrado en lo Civil de 3º Turno (IUE 2 - 27118/2022). Por tanto, existió una discordancia entre la redacción originaria de la fórmula y la finalmente incorporada por el Reglamento que aprueba el Decreto Nº 320/012. Luego de esta reseña histórica, los accionantes postulan la ilegitimidad del Decreto 379/021, pues procura ratificar una conducta ilegal, esgrimiendo las siguientes causales de nulidad: IV.1) Vulneración del principio de legalidad .- En primer lugar, sostienen que el Decreto vulnera el principio de legalidad, en tanto los derechos individuales solo pueden limitarse por ley dictada por razones de interés general. En el caso, se está afectando el patrimonio de los accionantes sin norm a legal. Por tanto, toda actuación administrativa que pretenda restringir libertades individuales como la afectación del patrimonio, requiere de norma legal que se ajuste al interés general. IV.2) Vulneración del principio de seguridad jurídica .- En segundo lugar, sostienen que se lesiona la certeza de la positividad del derecho y su observancia. En concreto, la Administración ratifica una conducta contraria a la norma, lo que afecta la confianza de quienes están obligados a cumplir el decreto. IV.3) Irretroactividad del reglamento .- En tercer lugar, afirman que se ha transgredido el principio de irretroactividad de los reglamentos: un reglamento con efectos retroactivos es claramente ilegítimo, pues vulnera los derechos e intereses legítimos de los particulares. La Administración carece de potestad para dictar reglamentos retroactivos, salvo que una ley lo autorice lo que no acontece en el caso. IV.4) Error en los motivos del Decreto .- En cuarto lugar, entienden que el Decreto se funda en circunstancias inexistentes; en un relato falso que no se corresponde con los hechos. En concreto cuestiona la exposición que el Decreto desarrolla en sus “Resultandos”, en tanto se sustenta en estimaciones económicas inexactas. IV.5) Eventual desviación de poder.- Finalmente, sostienen que podría configurarse una hipótesis de desviación de poder, pues perseguiría validar una conducta ilegal anterior. V) Defensa del Ministerio de Defensa Nacional . La demandada en su contestación (fs. 102 a 114), luego de explicar el funcionamiento del sistema de practicaje, resiste la pretensión anulatoria deducida, controvirtiendo las causales de nulidad invocadas. Aclara que los actores están representados ante una Comisión prevista en el artículo 125 del Reglamento General de Prácticos a través del Centro de Navegación, por lo que están en conocimiento de resoluciones relativas a la Unidad Monetaria de Practicaje. Manifiesta que dicha Unidad es ajustada anualmente de acuerdo a la información que comunican las sociedades y corporaciones de prácticos, de lo que se da traslado a los restantes participantes del sistema, entre ellos al Centro de Navegación; y de no mediar oposición se fija el nuevo valor. Subraya que no existe error en la paramétrica empleada, sosteniendo que, incluso, el precio se ha fijado a la baja. Agrega que tampoco ha existido un planteo para modificar la misma. En relación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, indica que los armadores han estado informados de las tarifas durante años, participando en la Comisión que fija su valor y todas las cuestiones atinentes al practicaje. Invoca, entonces, la t eoría de los actos propios, por cuanto no comprende el cambio de posición de los armadores sobre el asunto. En cuanto a la motivación del Decreto, expresa que de los Resultandos y en especial del espíritu de la norma surgen sus fundamentos, conocidos por los accionantes. Si existió un error material, ello no obedeció al Decreto sino a la fórmula establecida por la Comisión; por lo que de existir tal error éste se originó en la propia Comisión. Sin perjuicio de ello, advierte que la fórmula fue pacíficamente aplicada durante una década sin objeciones de ninguna parte. Agrega que la forma de enmendar el posible error consiste en plantearlo ante la Comisión mencionada. VI) El Decreto impugnado . El Decreto No. 378/021 tiene un doble contenido. Su artículo 1º modifica la redacción de los artículos 113 y 124 del Reglamento General de Prácticos referido a la fijación de la “Tarifa de Practicaje”. Por su parte, el artículo 2º dispone la ratificación de lo actuado por la Administración respecto del cálculo de la unidad monetaria de practicaje a partir de la vigencia del Decreto No. 320/012 de 28 de setiembre de 2012. La Ley No. 16.595 de 13 de octubre de 1994, en un artículo único, dispuso: “Declárase que el practicaje, de conformidad con el artículo 1097 del Código de Comercio, es un servicio obligatorio, no comercial y de interés nacional, que debe ser prestado por profesionales con título habilitante, inscriptos en el registro llevado a es os fines por la Prefectura Nacional Naval, en un todo de acuerdo con la reglamentación del Poder Ejecutivo y mediante un sistema que asegure la distribución equitativa del trabajo sin menoscabo de la seguridad de la navegación”. El Reglamento General de Prácticos regula el servicio de pilotaje que los buques deben contratar para entrar y/o salir de los puertos comerciales del país. Este servicio es prestado a través de un práctico, que debe ser requerido a la Oficina de Pilotaje de la Prefectura Nacional Naval en forma anticipada por el armador, el agente o el propio capitán del buque. Se trata de un servicio público, de carácter obligatorio, brindado a través de profesionales, que se nuclean mediante corporaciones de prácticos. Po r la prestación de este servicio los titulares de los buques deben pagar un precio financiero denominado “Tarifa de Practicaje” cuyo importe y forma de actualización se encuentra regulado por el Reglamento. El artículo 113 del Reglamento estipula los elementos que determinan la “tarifa básica”, a saber: “a.- Unidad Monetaria de Practicaje (en adelante UMP). Es el monto en dólares estadounidenses que sirve como referencia para el cálculo de la Tarifa de Practicaje. Su valor será de U$S 833,00 (dólares estadounidenses ochocientos treinta y tres) a partir de la fecha de promulgación del Decreto. b.- Coeficiente de practicaje. Está determinado por el TRB del buque de acuerdo al practicaje a realizar. Se obtiene de las tablas respectivas para cada zona”. De esta forma, la tarifa a abonarse por el servicio de pilotaje se fija a través de una Unidad de referencia (Unidad Monetaria de Practicaje) establecida en dólares americanos, sobre la cual se aplica un coeficiente de acuerdo al practicaje a realizarse. La Unidad Monetaria de Practicaje se ajusta anualmente en función de una ecuación paramétrica establecida por el artículo 124 del Reglamento, que contempla diversos valores e índices. Finalmente, el artículo 125 del Reglamento Instaura una Comisión encargada de analizar las modificaciones a introducir al reglamento y de asesorar en materia de fijación de la tarifa. Esta Comisión se integra “por el Jefe de la Oficina de Pilotaje, que la presidirá, el Prefecto del Puerto de Montevideo, un Delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un Representante del Centro de Navegación Transatlántica y un Práctico de cada Zona” , estableciéndose además el procedimiento y quórum de votación. VII) Análisis de los agravios formulados por los accionantes. Así descrita la regulación del servicio de pilotaje, y en especial la fijación de la tarifa que debe abonarse por el mismo, y que es objeto de modificación por el Decreto No. 378/021, cabe advertir que las empresas accionantes, de manera oblicua, dirigen sus agravios contra el Decreto No. 320/012 de 28 de Setiembre de 2012, al cual imputan haber incurrido en un error en la transcripción de la fórmula de ajuste de la tarifa, por lo que el monto que han venido abonando resulta incorrecto. No corresponde ingresar a considerar la legitimidad del Decreto 320/012 por cuanto no es objeto de accionamiento en el presente proceso. La existencia de un error en la redacción de la fórmula paramétrica contenida en dicho Decreto, resultante de una eventual inversión de los coeficientes de ajuste a ser considerados, y los cálculos materiales que pueden haberse originado, exceden del objet o del presente accionamiento, que se dirige contra un acto administrativo de carácter general ulterior en el tiempo. VII.1) Vulneración del principio de legalidad. El primer agravio finca en la supuesta vulneración del principio de legalidad, en tanto afirman las accionantes que la tarifa consagrada por el Decreto impugnado y su fórmula de ajuste, afecta sus derechos patrimoniales sin norma legal habilitante. El Poder Ejecutivo dictó el Decreto cuestionado, ejerciendo las potestades reglamentarias que le atribuyó la Ley No. 16.595 en materia de servicios de practicaje y que atañen a la policía de regulación y control marítimo. El practicaje constituye un servic io público de interés nacional (artículos 15 del Reglamento General de Practicaje y único de la Ley No. 16.595), por lo que en su prestación resulta comprometido el interés general, que se concreta en la seguridad del tráfico marítimo. Por esta razón, el artículo 1097 del Código de Comercio obliga al capitán de un buque “a tomar pilotos y prácticos necesarios en todos los lugares, en que los reglamentos o el uso y la prudencia lo exigieran”. Así, el Decreto impugnado puede calificarse como un reglamento de ejecución de la ley, habiendo sido dictado por el Poder Ejecutivo al amparo de la propia ley que reglamenta, y en ejercicio de lo previsto en el artículo 168 Núm. 4º) de la Constitución. El artículo único de la Ley No. 16.595 concibe al practicaje como un servicio obligatorio que ha de ser regulado “en un todo de acuerdo con la reglamentación del Poder Ejecutivo”. Por tanto, la regulación del servicio de pilotaje se comete a la reglamentación del Poder Ejecutivo, lo que comprende la fijación del precio de la prestación brindada por los prácticos. Y el servicio reglamentado no se encuentra amparado por un mandato constitucional de gratuidad, por lo que rige a su respecto un principio de onerosidad, en virtud del cual puede establecerse una prestación pecuniaria en carácter de contraprestación por el uso de los servicios de naturaleza económica proporcionados por el Es tado (art. 10 inc. 2º del Código Tributario). En consecuencia, tratándose de un servicio oneroso, y contando con habilitación legal para reglamentar el mismo, la Administración se encuentra autorizada para establecer un precio por la recepción de tal servi cio. En consecuencia, no se advierte la vulneración del principio de legalidad invocada. VII.2) Vulneración del principio de seguridad jurídica . El segundo agravio formulado finca en la violación del principio de seguridad jurídica, en tanto el Decreto ratifica una conducta de la Administración contraria a una norma anterior, cuyo sentido era claro. En tanto el Decreto fue dictado en ejecución y en forma ajustada a un texto legal habilitante, tampoco se aprecia que la seguridad jurídica se vea comprometida. El principio de seguridad jurídica impone una exigencia de corrección estructural, esto es, una formulación adecuada de las normas jurídicas. Esta corrección estructural importa, por un lado, que la norma haya sido dictada respetando el procedimiento de elaboración de la misma, en el caso en virtud de una norma legal que habilitó al Poder Ejecutivo a reglamentar el servicio de pilotaje. Por otro lado, la corrección importa que las normas sean redactadas en forma clara y precisa, a efectos de asegurar a los sujetos destinatarios su conocimiento y comprensión. En el caso, la fijación del precio y la fórmula paramétrica prevista para su actualización, cumplen con las exigencias de certeza y previsibilidad, resultando comprensibles para los accionantes, quienes no refutan la intelección de la ecuación matemática establecida por el Decreto. VII.3) La irretroactividad de los reglamentos . En tercer lugar, los accionantes consideran que el Decreto resulta ilegítimo por cuanto se le otorga una eficacia retroactiva sin una ley formal que habilite expresamente tal efecto. Juan Pablo Cajarville explica que “existe retroactividad de una norma jurídica cuando la vigencia del supuesto normativo tiene establecido expresamente un momento inicial anterior al perfeccionamiento del acto creador de dicha norma de que se trata, o así se aplica, o cuando esa norma imputa a su supuesto (cualquiera sea su ubicación en el tiempo) una consecuencia que ubica en el tiempo con anterioridad a dicho perfeccionamiento, o así se aplica. Se entiende aquí por vigencia del supuesto la dimensión temporal del supuesto normativo, vale decir, el lapso o período en que debe ocurrir el acontecimiento a que la norma se refiere, para que le sea imputable la consecuencia dispuesta por ella; y por vigencia de la consecuencia la dimensión temporal de la consecuencia imputada, vale decir la ubicación en el tiempo que la norma le atribuye” (Retroactividad de las normas jurídicas. Reflexiones provisorias. In. Revista de Derecho Público Nº 46. Año 2014. Ed. F.C.U. Págs. 8 y 9). Si bien la demanda no identifica en qu é aspecto resulta retroactivo el acto administrativo impugnado, ni qu é situaciones jurídicas perfeccionadas al amparo del régimen anterior se verían afectadas, el Decreto Nº 378/021 carece del efecto que se le atribuye. En efecto, el nuevo valor de los elementos que integran la tarifa, así como la ecuación paramétrica no rigen con efecto retroactivo. La nueva redacción del artículo 113 del Reglamento Nacional de Practicaje establece que el valor de la Unidad Monetaria de Practicaje rige “a partir de la fecha de promulgación del Decreto”, esto es, a partir del 18 de noviembre de 2021. Por su parte, el artículo 114 establece que la paramétrica recién se aplicará al ajuste “correspondiente al 1° de marzo de 2022”. Asimismo, el artículo 2º del Decreto tampoco ostenta una eficacia retroactiva, por cuanto no innova en cuanto a los supuestos de hecho ocurridos con anterioridad a la vigencia del nuevo Decreto. En efecto, esta disposición se limita a ratificar “lo actuado por la Administración en cuanto a la forma de cálculo de la Unidad Monetaria de Practicaje a partir de la vigencia del Decreto N° 320/012 (…)”. Esta disposición no afecta la forma de aplicación de la paramétrica establecida por el Decreto No. 320/012, ni los eventuales derechos que los accionantes pretendan hacer valer al amparo del mismo; que, por otro lado, y según relatan en su demanda, son objeto de una pretensión específica ventilada ante la justicia ordinaria civil. Este artículo contiene un giro meramente declamativo, que no altera el régimen anteriormente vigente, limitándose la Administración a ratificar un cálculo que en los hech os se venía realizando desde hace varios años. Y en todo caso, serían los ajustes dispuestos en cumplimiento del Decreto anterior los actos verdaderamente lesivos de los accionantes, y que debieron ser impugnados oportunamente. Es claro entonces, que el nuevo régimen tarifario no afecta ni incide en situaciones jurídicas anteriores ya consumadas, sino que rige a futuro; por lo que no se constata el efecto retroactivo que los accionantes le atribuyen VII.4) Error en la motivación . Finalmente, también es de rechazo el agravio referido a la motivación del acto. Por un lado, los fundamentos del Decreto emergen de sus Resultandos y Considerandos, donde se plasma la finalidad de “superar las diferencias interpretativas suscitadas por la aplicación del Decreto N° 320/012”. Sin perjuicio de ello, los fundamentos del Decreto surgen de los antecedentes que precedieron a su dictado, en especial el tratamiento que se le dio al asunto en la Comisión prevista en el artículo 125 del Reglamento Nacional de Practicaje. Más aún, la nue va redacción de los artículos 113 y 124 del Reglamento fue elaborada y discutida en el ámbito de dicha Comisión, con participación del Centro de Navegación que aglutina y representa a los armadores hoy accionantes. Por Acta No. 001/21 se resume la reunión de la Comisión de fecha 25 de febrero de 2021, en la que se trata la modificación de los artículos reseñados. En dicha reunión, el Centro de Navegación fundamenta su postura contraria a la modificación de la paramétrica, manifestando que “procede a retirarse de la sesión” (fs. 25 vto. y 26 A.A.). De esta circunstancia emerge que los accionantes estaban en conocimiento de las propuestas y fundamentos de la modificación que se consideraba; a los cuales se oponían. Lo mismo ocurre con la Corporación Uruguaya de Prácticos y la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo, quienes también expresan por escrito su oposición a la modificación de la tarifa (fs. 29 vto. – 31 A.A.), considerando que implica una sensible rebaja de la misma. De esta forma, el contenido del Decreto y los motivos de hecho que llevaron a su aprobación, fueron discutidos previamente en la Comisión indicada, por lo que no se aprecia que el acto administrativo se encuentre desprovisto de motivación. VII.5) Desviación de poder . El último agravio es presentado en términos condicionales, afirmando los actores que el fin procurado por la Administración consiste en validar una conducta ilegítima, que por otro lado estaría siendo analizada por la justicia ordinaria. La carencia argumental con que se expresa el agravio y la ausencia de prueba de la desviación de poder invocada, impide ingresar en su consideración, desestimándose la causal de nulidad esgrimida. Por otro lado, si medió una eventual conducta ilegítima ant erior al Decreto, como se postula en la demanda, los accionantes debieron dirigir su accionamiento contra la misma o contra los actos a través de los que se manifestó la Administración. Por tanto, como ha sido sostenido por el Tribunal, la desviación de poder no se presume, debiendo ser demostrada en forma razonable, lo que no acontece en la emergencia. VIII) Por las razones expuestas, por mayoría, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República y artículos 23, 24 y 25 del Decreto-Ley Nº 15.524, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado, sin especial condena procesal. Intímase a la s partes actora y tercerista a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire n la documentación por ella s agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de las partes actora y tercerista en la cantidad de $52.500 (pesos uruguayos cincuenta y dos mil quinientos), respectivamente. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett (d.), Dra. Rossi (r.), Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada). Dra. Selva Klett . DISCORDE: por cuanto entiendo que corresponde concluir que la acción de nulidad promovida ha precluido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 312 de la Constitución de la República. En efecto, la disposición constitucional mencionada establece: “El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por este causado. En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. ” (la negrilla no pertenece al original). En el presente, como consta a fs. 581 y ss. del testimonio remitido por la justicia ordinaria, las empresas actoras presentaron el 8 de junio de 2022 una demanda por cobro de lo indebido ante el Juzgado Letrado en lo Civil de la Capital de 3er. Turno, dirigida, entre otros, contra el Poder Ejecutivo, en la que alegaron que, desde la vigencia del Decreto No. 320/012, se les habría cobrado montos superiores a los legalmente establecidos por concepto de practicaje. Posteriormente, estas mismas empresas promovieron con fecha 23 de junio de 2023 (según nota de cargo a fs. 86) acción de nulidad contra el Decreto No. 378/021 de 25 de noviembre de 2021, que -bien conviene subrayar - ratifica expresamente la forma de cálculo de la UMP aplicada desde el año 2012. Es cierto, y en eso asiste razón a la actora, que los objetos formales de ambas acciones son distintos: en la vía civil se busca una condena patrimonial (el reintegro de sumas), mientras que en la vía administrativa se pretende la anulación de un acto del Poder Ejecutivo. Ahora bien, eso no impide bajo ningún concepto la aplicación del artículo 312, porque lo determinante para que opere la preclusión es la identidad subjetiva y causal, no la coincidencia exacta del objeto, que por orden constitucional y legal es diverso. Así, como sostuvo la Corporación recientemente, en términos perfectamente reeditables a la emergencia: “el actor en ambos procesos procura que el acto de la Administración sea declarado ilegítimo, en la reparatoria para obtener la devolución de lo pagado, y en la anulatoria para conseguir un fallo que posteriormente le permita iniciar la reparación (…) Existe identidad parcial entre el objeto del proceso anulatorio y el proceso por el cual previamente se había optado ante el Poder Judicial. Ello determina que no debe estarse al “disfraz” de la pretensión ante la Justicia Civil, sino a la esencia del reclamo, que coincide con la consecuencia económica del acto que recién tardíamente se pretende anular, habiéndose previamente elegido la opción constitucional por la reclamación de la reparación (Art. 312 de la Constitución)” (Sentencia No. 732/2022). A su vez, la identidad referida supra es aquí incuestionable, pues estamos ante las mismas partes, enfrentadas por la misma cuestión de fondo: si fue legítima o no la manera en que la Administración definió y aplicó la tarifa de la UMP desde el año 2012. Más aún, el decreto ahora impugnado se limita a ratificar lo que ya estaba siendo aplicado y cuestionado judicialmente por las actoras desde antes de su dictado. A mi modo de ver, permitir ahora que las firmas promotoras vuelvan sobre esa misma cuestión por la vía anulatoria -después de haber optado deliberadamente por el camino civil- dejaría sin efecto el principio de preclusión procesal que protege al sistema de justicia de posibles decisiones contradictorias y, en definitiva, de la inseguridad jurídica. Por lo tanto, la acción contencioso administrativa resulta inadmisible. La opción ya fue hecha, en tanto al haber promovido primero la acción reparatoria en sede civil, las actoras quedaron legalmente impedidas de plantear la anulación del acto administrativo. Por lo expuesto, voto por desestimar la demanda y declarar precluido el derecho de las promotoras de accionar en vía contencioso anulatoria.