Sentencia Definitiva N° 80/2026

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 19 de febrero de 2026 No. 80 Ministra redactora: Dra. Selva Klett VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “AA con ESTADO. MINISTERIO DEL INTERIOR. Acción de Nulidad” (Ficha No. 586/2023). RESULTANDO : I) A fs. 16 compareció AA, promoviendo acción de nulidad contra la Resolución S/N dictada por el Sub Secretario del Ministerio del Interior, en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 26/8/2020, por la cual se resolvió no hacer lugar a su solicitud de residencia legal definitiva por no cumplir con el requisito de ánimo de permanencia establecido en los arts. 3 y 32 de la Ley N°18.250. Expresó que es una mujer dominicana que llegó a Uruguay con fecha 8/10/2013 buscando una nueva oportunidad de vida, trabajo, salud y educación de calidad y que ante todo quería asegurarles a sus hijos un futuro mejor sin las necesidades que estaban viviendo en República Dominicana. Señaló que en el mismo año solicitó residencia y aunque consiguió un trabajo como doméstica en un hogar familiar , su primera solicitud de residencia definitiva fue denegada por no cumplir con el requisito de acreditar medios de vida suficientes al tener ingresos por debajo a un salario mínimo nacional. Con fecha 10/1/2019 se le autorizó a realizar una nueva solicitud de residencia, sin embargo, ésta también fue denegada el 26/8/2020. No obstante, nunca se le había notificado la denegatoria hasta el 1/2/2023, por lo que en tiempo y forma interpuso los recursos admi nistrativos correspondientes. Como agravios señaló que no existe disposición que regule el plazo de permanencia y que el ánimo se encuentra acreditado. Señaló que el informe de jurídica que antecedió a la resolución estableció que no se cumplía con el ánimo de permanencia dado que estuvo fuera del país desde el 18/5/2009 al 20/10/2013. Sostuvo que desde el año 2013 cada vez que debió salir del país para visitar a sus hijos en República Dominicana, realizó el trámite de permiso de reingreso ya que siempre mantuvo el interés de retorna r y, por ende, proseguir con el trámite de residencia. Afirmó que no está regulado por ningún instrumento jurídico el plazo máximo que se puede estar fuera del país mientras se tramita la residencia definitiva. Además, nunca excedió el plazo de seis meses fuera de Uruguay y las ausencias fueron para visitar a sus hijos, retorna ndo al país, siempre manteniendo el ánimo de permanencia (art. 24 CC). Expresó que el fundamento para denegar su residencia al haber estado fuera del país durante 5 meses en un mismo año no tiene en cuenta que 1) nunca excedió los 6 meses fuera del país; 2) todas las salidas tuvieron la misma finalidad de visitar a sus hijos; 3) ingresó al Uruguay hace 10 años en el año 2013. La resolución contiene un error al tomar como antecedente que ingresó al país con fecha 11/9/2017, lo que no es cierto ya que su ingreso al país fue con fecha 8/10/2013. Afirmó que siempre mantuvo el mismo ánimo de residir y establecerse en forma permanente en el Urugay para formar una nueva vida junto a sus hijos. Añadió que al llevar diez años en Uruguay no solo no se le debería denegar la solicitud de residencia definitiva, sino que se debería iniciar el proceso de regularización del art. 6 del Decreto N°394/009, el que establece que también podrán obtener reside ncia permanente en el país aquellos extranjeros que prueben fehacientemente que residen de hecho en el país por más de siete años. Decreto que consagra un régimen especial de regularización distinto al común de obtención de residencia definitiva. En definitiva, señaló que se encuentra atrapada en un círculo vicioso debido a la falta de obtención de la residencia definitiva, ya que le dificulta acceder a empleos formales y al no tener un empleo formal también le resulta difícil encontrar una vivienda estable al no poder cumplir con los requisitos de garantía de alquiler. II) Por Decreto N°5788/2023, se tuvo por iniciada la acción de nulidad y de la demanda se confirió traslado, emplazándose a la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior a contestarla en el plazo de 30 días con carga de remitir los antecedentes administrativos (fs. 23). III) A fs. 29 compareció la Dra. BB, en representación del Ministerio del Interior, a oponer la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y a contestar la demanda. No compartió lo afirmado por la actora cuando indica que desde que llegó al país, hace diez años, siempre mantuvo el mismo ánimo de residir y establecerse en forma permanente en Uruguay para formar una nueva vida. En este sentido, indicó que si bien es cierto que ingresó al país hace aproximadamente diez años, el 8/10/2013, esto no quiere decir que la solicitante tenga ánimo de residir desde ese período de tiempo, lo cual surge no solo de sus movimientos migratorio s, sino también de su expediente de residencia en el país. Señaló que no se debe confundir ingresar al país y estar por unos meses con tener ánimo de permanencia. En el transcurso de su permanencia en Uruguay se pueden visualizar los siguientes movimientos migratorios: a) entrada el 8/10/2013, salida el 15/10/20 14, entrada el 27/11/2014, b) salida el 13/12/2015 y entrada el 11/3/2016, c) salida el 14/6/2017 y entrada el 11/9/2017, d) salida el 18/5/2019 y entrada el 20/10/2019, e) salida el 21/9/2021 y entrada el 13/1/2022, f) salida el 4/11/2023 y entrada el 17/11/2023. El ánimo de residencia implica la verificación de actos reales y concretos que demuestren la voluntad de radicación, creando vínculos de diversas categorías que son parte de dicho status. El ánimo de establecerse en el país debe ser actual y demostrarse mediante actos o hechos ejecutados por la solicitante la continuidad en la que habita en el país. El hecho de que las salidas hayan sido con el permiso de la Dirección Nacional de Migración nada tiene que ver con el hecho que la interesada tenga ánimo de permanencia. La Ley N°18.250 no establece un plazo mínimo de permanencia en el país y tampoco lo establece el Decreto N°394/009, por tanto, será el que órgano que de acuerdo a su especialidad determine ese ánimo, de forma discrecional. No puede acreditar su ánimo de residir en el supuesto de que su actividad laboral principal radica en Uruguay. Sostuvo que la actora interpretó erróneamente el artículo 6 del Decreto N°394/2009 que establece que podrán obtener la residencia permanente aquellos extranjeros que, a la fecha de aprobación del decreto mencionado, prueben fehacientemente que residen de hecho en el país por un término superior a los siete años. La fecha de aprobación del Decreto fue 24/8/2009 y la fecha de primer ingreso de la actora es 7/10/2013, por lo que la situación queda totalmente excluida dentro de ese supuesto. IV) Por Decreto N°73/2024, se tuvo por contestada la demanda y se dispuso la apertura a prueba del proceso por 10 días (arts.10 y 13 Ley 20.010), agregándose los antecedentes administrativos con citación (fs. 36). V) Se diligenció la prueba ofrecida por las partes (fs. 38- 74). VI) Por Decreto N°3631/2024, se dispuso que aleguen las partes en el plazo común de 15 días (fs.76). Las partes formularon sus alegatos (demandada a fs.78-79 y actora a fs.81-84), los que el Tribunal tuvo por presentados (Decreto N°4427/2024 y Decreto N°4892/2024, fs. 86 y 89). VII) Por el mencionado Decreto N°4892/2024, se dispuso el pase de los autos en vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo para dictaminar sobre el fondo del asunto (fs. 89), quien, p or Dictamen No. 669/2024, se aconsejó el rechazo de la demanda y la confirmación del acto resistido (fs. 90 - 92). VIII) Por Decreto N°6729/2024, se dispusieron los autos para sentencia, citadas las partes (fs. 94). CONSIDERANDO : I) En primer lugar, se advierte que la parte actora cumplió con los presupuestos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869). La actora impugnó la Resolución S/N dictada por el Sub Secretario del Ministerio del Interior, en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 26/8/2020, por la que no se hizo lugar a la solicitud de residencia definitiva en el país a la Sra. AA, de nacionalidad dominicana (fs. 2 infolios y A.A. fs. 121). Notificada con fecha 1/2/2023 (fs. 173 A.A.). Interpuso los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio con fecha 13/02/2023 (fs. 179 A.A.). Ante la falta de pronunciamiento expreso por parte de la Administración respecto del último de los recursos administrativos interpuestos, la denegatoria ficta se configuró con fecha 8/09/2023. Por lo que la acción de nulidad se presentó en tiempo hábil con fecha el 3/11/2023 (cfme. nota de cargo de fs. 22). II) Ingresando en el aspecto sustancial de la litis, el Tribunal, por unanimidad y apartándose de lo dictaminado por la Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la demanda en base a los fundamentos que se pasan a desarrollar. En primer lugar, le asiste razón a la actora cuando indica que ni la Ley N°18.250 ni su decreto reglamentario N°394/2009, establecen un plazo mínimo de permanencia en el país para obtener la residencia. En efecto, el Decreto N° 394/009, en su art. 4°, establece que un extranjero puede gestionar su residencia permanente cuando tiene el propósito de establecerse en forma definitiva en el país y cumple además con ciertos requisitos como carecer de antecedentes penales, tener medios de vida y contar con carné de salud. En la especie, emerge del expediente administrativo que dichos requisitos han sido cumplidos por los actores (vide: fs. 12, 20 vta., 23, 24/27, 41, 52 vta., 53 vta./54, 65/66, 88, 89 vta. 99, 101, 102, 105, 106, 111, 145, 162/164) . La Administración, sin embargo, desestimó la solicitud de residencia definitiva formulada por el actor, por entender que “(…) la gestionante no cumple con el requisito referente al ánimo de permanencia en Uruguay”. Se invoca, como fundamento de la denegatoria, lo dispuesto en los arts. 3 y 32 de la Ley 18.250. La primera de dichas disposiciones indica que “Se entiende por "migrante" toda persona extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente o temporaria”. Por su parte, la segunda norma invocada establece que “ Se considera residente permanente la persona extranjera que ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y que reúna las condiciones legales para ello”. III) Sin embargo, el Tribunal considera que la accionante demostró, durante el trámite del expediente administrativo, la existencia del ánimo de residir y establecerse en el país. En efecto, la actora reside en el país desde el 8/10/2013, así lo señala la propia demandada en su contestación (fs. 30 punto 4). Los testigos declaran que la actora tiene ánimo de permanecer en el país. Uno de los testigos (fs. 65) declaró que acaban de poner un negocio. Además, son contestes en señalar que tiene pareja desde hace años en Uruguay, ambos trabajan, con dos hijos que viven en el país y una niña de catorce años que vive en República Dominicana que no se adaptó al país y volvió (fs. 55 vta. y 59 vta.). En consecuencia, que la actora realizara viajes periódicos al exterior no permite arribar a la conclusión de que no cumpliera con el requisito subjetivo referente al ánimo de permanencia. Sino que, por el contrario, valorada la prueba producida, en su conjunto y conforme a los criterios de la sana crítica, corresponde concluir que la actora ha acreditado el ánimo de permanencia, lo que lleva a que se anule el acto impugnado. IV) Por otro lado, el Tribunal considera oportuno mencionar que la aplicación del art. 6 del Decreto 394/009, invocado por la actora, no resulta aplicable a su situación. Dicha disposición establece que: “(…) También podrán obtener residencia permanente en el país aquellos extranjeros que, a la fecha de aprobación del presente decreto, prueben fehacientemente que residen de hecho en el país por un término superior a los siete años, sin perjuicio de acreditar no encontrarse comprendido en lo dispuesto en los artículos 45 literales B y D, y 46 de la ley que se reglamenta. En caso de acreditar residir en el país por más de veinte años se le exigirá lo establecido anteriormente a excepción de los antecedentes requeridos por el artículo 46 de la Ley Nº18.250 que sólo serán de carácter nacional”. Como lo indica la demandada, el Decreto se promulgó con fecha 24/8/2009 y la fecha de primer ingreso de la Sra. AA a Uruguay fue con fecha 8/10/2013, por lo que su situación queda excluida del supuesto previsto por la disposición reglamentaria. V) Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Ampárase la demanda entablada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado, sin sanción procesal específica. Intímase a la parte actora a que, en el plazo de 60 días a partir de ejecutoriada esta sentencia, retire la documentación por ella agregada al expediente, bajo apercibimiento de procederse a su destrucción (Art. 1º de la Acordada Nro. 34/2023: art. 371 de Ley Nro. 20.075). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, expídanse testimonios si se solicitaren; y archívese. Dr. Cal, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Rossi, Dr. Reyes. Dra. Mariella Saettone (Sec. Letrada).