Sentencia Interlocutoria N° 50/2026

Montevideo, 9 de febrero del 2026. SENTENCIA Nº 50/2026 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA contra Banco de Previsión Social. Acción de nulidad ” (Ficha: 662/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la pretensión anulatoria ejercitada por AA en relación con la Resolución dictada por el Banco de Previsión Social, por la cual la Administración aprobó la jubilación del accionante, determinando su monto. El actor afirma haber tomado conocimiento a partir del “Detalle de Recibo”; sin perjuicio de que el demandado identificó el acto como la Resolución AP 89/2025 dictada el 8 de abril del 2025 por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social. 2) El accionante se agravia en relación con la liquidación del monto al que ascienden sus haberes jubilatorios. Al respecto, señala que formuló su desafiliación al sistema previsional mixto a los efectos de percibir una jubilación acorde con el régimen de transición, de acuerdo con lo previsto por el art. 17 de la Ley Nº 19.590 (fs. 12 vto.). En tal sentido, explica que las leyes N° 16.713 y 19.590 (art. 16) establecieron la secuencia en la que debe efectuarse el cálculo del monto jubilatorio correspondiente, lo que implica: determinar el sueldo básico conforme con los arts. 29, 71 y 72 de la Ley Nº 16.713, para luego proceder a la detracción del 10% acorde con el art. 16 de la Ley Nº 19.590, y finalmente, aplicar el tope máximo jubilatorio del art. 76 de la Ley Nº 16.713, si correspondiere (fs. 13 y 13 vto.). El actor explica que ese orden se deduce del análisis gramatical y literal, el contexto semántico y el estudio lógico - sistemático de la norma, y cita jurisprudencia del TCA en su favor. No obstante, la Administración aplicó un criterio diferente, procediendo a la aplicación del tope máximo antes de realizar la detracción. 3) Conferido traslado por Decreto Nº 1633/2025, compareció el Banco de Previsión Social (“BPS”) a fs. 20, defendiendo la legitimidad del criterio liquidatorio aplicado. A tales efectos, sostiene que “ la norma instituyó un gravamen, a quienes habiendo quedado incluidos en el régimen mixto, quisieran volver al régimen de transición” el que se aplica al sueldo básico jubilatorio incluyendo los topes individuales (fs. 23 vto.), ya que la norma no distinguió . Agrega que se trata de una ley especial que no regula una nueva forma de asignar la jubilación, sino que remite al régimen previsto en la Ley Nº 16.713 y que el acogimiento del criterio de la actora supondría violentar el principio de igualdad . Sostiene el demandado que para realizar el cálculo se definió primero el sueldo básico jubilatorio acorde con el régimen general y al valor resultante se le aplicó el tope máximo establecido por el art. 76 de la Ley Nº 16.713, para en última instancia aplicar el coeficiente del 0,9 (fs. 25), procedimiento que detalla y que , a su juicio, sería el requerido por la normativa vigente. 4) Por Decreto N° 2048/2025, se admitió la contestación de BPS y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el actor ofreciendo prueba documental que adjuntó (fs. 32 a 34), y también lo hizo el demandado ofreciendo los antecedentes administrativos ya aportados (fs. 36). Luego, por Decreto N° 2283/2025, se confirió el plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba, sin que las partes se presentaran (fs. 40). 5) En consecuencia, se dispuso el pase de los autos para Resolución (Decreto N° 2575/2025) y así , el expediente fue puesto nuevamente al despacho el día 4 de febrero a los efectos del dictado de la presente Sentencia Interlocutoria, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba, corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por la iniciativa de parte y el principio de contradicción (art. 3 lit. d y f), por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. En consecuencia, atendiendo a las alegaciones de las partes, se releva que no se ha controvertido que el actor hizo la opción de jubilarse por el régimen de transición habilitado por el art. 1º de la Ley 19.590. Tampoco existe controversia respecto a la aplicación de la detracción (multiplicar por 0,9) ni la aplicabilidad del tope máximo jubilatorio. No se controvierte que el primer cálculo a realizar en el procedimiento liquidatorio refiere al monto al que habría ascendido la jubilación del sujeto según el régimen de transición. Por lo que la controversia se sitúa en determinar si el paso siguiente en este procedimiento consiste en aplicar el tope máximo jubilatorio (como hace BPS) o en efectuar la detracción de l0% (como sostiene el actor). Por tanto, atendiendo a las alegaciones de las partes, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio que se materializa en la decisión impugnada (Resolución AP 89/2025 dictada el 8 de abril del 2025 por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Socia l), lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe anularse ésta por ilegitimidad según los agravios esgrimidos. 2) A su vez, tomando en consideración lo anterior, la actividad probatoria habrá de referirse a cuál es el criterio liquidatorio que impone la normativa vigente y aplicable al caso, y su concordancia o discordancia con el criterio aplicado. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteni dos en el expediente 2024-28-1-065634 AA y los documentos identificados como “27730385 DESA (1)”, “27730385” y “ RGPRE 89_2025 AA” (según nota de fs. 29). Asimismo, se agrega la documental de fs. 32 y 33. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. Establecer el objeto del proceso en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio que se materializa en la decisión impugnada (Resolución AP 89/2025 dictada el 8 de abril del 2025 por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social) lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe ésta anularse por su ilegitimidad acorde con los agravios esgrimidos. 2. Establecer el objeto de la prueba en cuál es el criterio liquidatorio que impone la normativa vigente y aplicable al caso, y su concordancia o discordancia con el criterio aplicado en la Resolución impugnada. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos y los documentos de fs. 32 y 33. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.