Sentencia Interlocutoria N° 2/2026

Montevideo 20 de febrero de 2026. SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 2/2026 VISTOS : Para Sentencia Interlocutoria en estos autos caratulados “AA Y OTRO CONTRA ESTADO - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS” (Ficha: 71/2026) venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4º Turno, en mérito a la presentación de demanda de nulidad el día 18 de febrero de 2026. RESULTANDO : 1) A fs. 16 y ss. se presentó ante esta Sede el Sr. AA por sí y en representación de BB y demandó la nulidad de la Resolución Nº 195/2025 de fecha 20 de enero de 2025, dictada por la Directora General de Rentas que dispuso no acceder a la solicitud de reducción de la multa por defraudación y aprobar la actuación inspectiva realizada y declarar que a BB le correspondió abonar las obligaciones tributarias allí detalladas, por un monto total de $30.051.824 (fs. 4 a 6). 2) Del relato de los hechos y la documentación acompañada surge que: I) Con fecha 7 de marzo de 2025, el compareciente es notificado de la mencionada Resolución (fs. 7). II) Con fecha 20 de marzo de 2025, el compareciente interpuso en tiempo y forma los recursos administrativos de revocación y jerárquico, en forma conjunta y subsidiaria, contra la referida Resolución. III) No se habría dictado resolución expresa de la impugnación deducida por el accionante. 3) A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 151 lit. e) de la Ley N° 20.333 - Código de lo Contencioso Administrativo (CCA) que impone como requisito para la demanda exponer con toda precisión, “el detalle de los extremos configurativos del agotamiento de la vía administrativa ”, el compareciente indicó que la vía administrativa habría quedado agotada el día 13 de octubre de 2025, por lo que sostuvo haber deducido la acción de nulidad en tiempo y forma (fs. 16 vto.). 4) La demanda fue presentada el día 18 de febrero del 2026, y los autos fueron puestos al despacho el día 19 de febrero de 2026, correspondiendo en esta instancia dictar la presente Sentencia Interlocutoria. CONSIDERANDO : 1) La Sede habrá de declarar en forma liminar la caducidad de la demanda de nulidad, por haber transcurrido el plazo de noventa (90) días contados desde el agotamiento de la vía administrativa, conforme lo dispuesto por el art. 55 del CCA, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen. 2) La caducidad de la acción de nulidad. La presentación de la demanda de nulidad dentro del plazo de caducidad es uno de los presupuestos de admisibilidad de la acción ante esta jurisdicción. En efecto, desde el artículo 319 de la Constitución de la República, en su inciso segundo, se dispone que: “ La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los términos que en cada caso determine la ley .” En la especie, el plazo aplicable se encuentra regulado por el CCA. El régimen legal vigente del CCA establece un sistema dual. Por un lado, el art. 55 prevé un plazo de caducidad de 90 días para accionar, cuyo cómputo varía según la forma en que se agotó la vía administrativa. Así, si se agotó la vía administrativa mediante denegatoria expresa, el plazo se computa desde el día siguiente a la notificación personal o al de la publicación en el Diario Oficial, según corresponda. En cambio, si se agotó mediante denegatoria ficta - o su ratificación por urgimiento -, el plazo se computa desde el día siguiente a su configuración. Por otro lado, el art. 56 del CCA establece un plazo máximo general de dos (2) años para promover la acción de nulidad, computable desde la interposición de los recursos administrativos correspondientes y que rige para todos los casos. Es lo que se conoce como el plazo de caducidad bienal de la acción. 3)Determinación de la fecha de configuración de la denegatoria ficta En el caso, se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico contra el acto que se pretende anular, el día 20 de marzo de 2025. Habiéndose interpuesto dos recursos, el agotamiento ficto de la vía administrativa acaece “ a los doscientos días siguientes a la interposición conjunta de los recursos de revocación y jerárquico .” (art. 46 del CCA). Plazo que se computa sin interrupción y vence en el día que corresponda, aun si fuese inhábil (art. 50 inc. primero del CCA). En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, surge de obrados que los recursos de revocación y jerárquico fueron interpuestos en forma conjunta y subsidiaria el día 20 de marzo de 2025 (fs. 12). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del CCA, cuando se deducen conjuntamente los recursos de revocación y jerárquico, el agotamiento ficto de la vía administrativa se configura a los doscientos días siguientes a su interposición. El plazo referido se computa por días corridos, sin interrupción, comenzando a contarse desde el día siguiente a la interposición de los recursos, esto es, desde el 21 de marzo de 2025, conforme a la regla general de cómputo de plazos. Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 50 inciso primero del citado cuerpo normativo, el vencimiento opera en el día que corresponda, aun cuando fuere inhábil. En consecuencia, contabilizados doscientos días corridos desde el 21 de marzo de 2025, el plazo culminó el 6 de octubre de 2025, fecha en la cual quedó configurada la denegatoria ficta y, por ende, agotada la vía administrativa. Así las cosas, la denegatoria ficta acaeció el día 6 de octubre de 2025. En efecto, el cómputo efectuado por el compareciente en relación con el agotamiento de la vía administrativa por configuración de denegatoria ficta no se corresponde con el que surge de la correcta aplicación de las disposiciones pertinentes, conforme al desarrollo efectuado en la presente. A partir de dicha divergencia inicial en el cálculo, se arriba a la fecha del 13 de octubre de 2025 como momento de configuración de la denegatoria ficta, extremo que, por las razones expuestas, corresponde precisar. 4) La caducidad operada en autos por el transcurso de 90 días desde el agotamiento ficto de la vía administrativa. Posteriormente, conforme el art. 55 del CCA antes mencionado, desde el día siguiente a la configuración de la denegatoria ficta comienza a correr el plazo de 90 días para presentar la demanda de nulidad, bajo pena de caducidad. Dicho plazo se computa de manera continua, por días corridos, y solo se suspende durante las Ferias Judiciales y la Semana de Turismo (art. 57 inc. primero del CCA). En el caso de obrados, la denegatoria ficta quedó configurada el día 6 de octubre de 2025, comenzando a correr el plazo de noventa días para la interposición de la acción de nulidad a partir del día siguiente, esto es, el 7 de octubre de 2025, conforme lo dispuesto por el artículo 55 del CCA. Como se dijo, dicho plazo se computa por días corridos y únicamente se suspende durante las Ferias Judiciales y la Semana de Turismo, según lo previsto en el artículo 57 inciso primero del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, corresponde señalar que entre el 7 de octubre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025 no se verifica período alguno de suspensión, por lo que el plazo transcurrió de manera continua durante dicho lapso. Así, desde el 7 de octubre hasta el 31 de octubre transcurrieron veinticinco días; durante el mes de noviembre, treinta días; y desde el 1º al 24 de diciembre, veinticuatro días, lo que arroja un total de setenta y nueve días computados al 24 de diciembre de 2025. A partir del 25 de diciembre de 2025 comenzó la Feria Judicial mayor, la cual se extiende hasta el 31 de enero inclusive, período durante el cual el plazo quedó legalmente suspendido. En consecuencia, restando once días para completar el término legal de noventa días, el cómputo se reanudó el 1º de febrero de 2026, fecha desde la cual debía contarse el remanente indicado. De esta forma, el plazo límite para la presentación de la demanda de nulidad, en este caso, era el día 11 de febrero de 2026 (art. 57 del CCA). Habiéndose presentado la demanda de nulidad el día 18 de febrero de 2026, ha transcurrido el plazo máximo de 90 días previsto por el art. 55 del CCA, por lo que la acción se encontraba caducada al momento de su promoción. 5) La caducidad de la acción como presupuesto de admisibilidad de la demanda anulatoria. La deducción de la acción de nulidad dentro del plazo legal constituye un presupuesto estructural de admisibilidad de la pretensión anulatoria. No se trata de una mera exigencia formal ni de un recaudo secundario del iter procesal, sino de una condición objetiva que habilita o impide la apertura válida de la instancia jurisdiccional. El sistema del Código de lo Contencioso Administrativo sujeta expresamente el ejercicio de la acción al cumplimiento de determinados requisitos, entre los cuales ocupa un lugar central el accionamiento en tiempo hábil. Así lo evidencia el art. 151 lits. d) y e) del CCA, al exigir como contenido necesario de la demanda la determinación precisa del acto impugnado, la explicitación de los extremos configurativos del agotamiento de la vía administrativa y la comparecencia en plazo. En espejo, el art. 153 literal c) impone acompañar el acto administrativo o su notificación o, en su defecto, individualizar con claridad su ubicación o las circunstancias de su dictado, evidenciando que el legislador ha querido colocar el control temporal en el núcleo mismo del examen inicial de admisibilidad. La doctrina ha sido conteste en este entendimiento. El Prof. Enrique Sayagués Laso identificó como condiciones de admisibilidad de la acción anulatoria la existencia de acto impugnable, el agotamiento de la vía administrativa, el accionamiento en plazo y la titularidad del derecho o interés lesionado (Tratado de Derecho Administrativo, 9ª ed., FCU, 2021, p. 578). En igual sentido, Luis María Simón ha señalado que la demanda debe deducirse en tiempo hábil, esto es, antes de que opere la caducidad de la pretensión, materia regulada por el derecho sustantivo, en particular por los arts. 9 y 10 de la Ley Nº 15.869, lo que revela su naturaleza estructural y no meramente ritual (Aplicación del CGP en el Proceso Contencioso Administrativo de Anulación, FCU, 2020, p. 178). Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha reiterado que “ la caducidad de la acción constituye un presupuesto de admisibilidad de la pretensión anulatoria, relevable de oficio” (Sentencias Nº 328/2020, Nº 945/2022, entre otras). Tal calificación no es neutra: implica reconocer que el control del plazo no depende exclusivamente de la iniciativa de la parte demandada, sino que integra el deber funcional del órgano jurisdiccional. En esa línea, la caducidad se encuentra expresamente contemplada dentro del elenco de cuestiones previas o excepciones en los arts. 162 y 163 del CCA, lo que confirma su aptitud para impedir el conocimiento del fondo cuando se verifica su configuración. Como ha señalado Valentín, el incumplimiento de este presupuesto puede relevarse de oficio, sea al proveer sobre la demanda o con posterioridad, conforme a lo que surge de los arts. 155 y 163 lit. g) del CCA (El sistema de justicia administrativa. Introducción al análisis del CCA, FCU, 2025, p. 438). Desde esta perspectiva, la verificación del cumplimiento del plazo legal no constituye un análisis eventual ni diferible, sino que integra el control liminar que corresponde ejercer a la Sede al examinar la regularidad formal y sustancial del ejercicio de la acción. Configurada la caducidad, el ordenamiento priva de fundamento jurídico a la pretensión, determinando de forma insubsanable la imposibilidad de apertura válida de la instancia y excluyendo toda habilitación para el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La apreciación temprana de la extemporaneidad no sólo responde a una exigencia de legalidad, sino también a razones de economía procesal, celeridad y buena administración de justicia. Permite evitar la prosecución de trámites innecesarios cuando, desde el inicio, se advierte la ausencia de un presupuesto esencial de admisibilidad, preservando los recursos jurisdiccionales y la seguridad jurídica de las partes. En definitiva, la caducidad no opera como una mera defensa técnica, sino como un límite objetivo al ejercicio de la jurisdicción anulatoria, cuya verificación integra el núcleo del control de admisibilidad que corresponde ejercer de oficio a esta Sede. En consecuencia, la acción de nulidad presentada el día 18 de febrero de 2026 resulta manifiestamente extemporánea. 6) Sin perjuicio de que el rechazo de la pretensión promovida en autos se sustenta exclusivamente en la configuración de la caducidad de la acción ejercida ante esta Sede, sin que ello comporte pronunciamiento alguno sobre el mérito de la controversia ni sobre eventuales derechos que pudieran hacerse valer por otras vías procesales, corresponde dejar expresa constancia de que, en atención a la naturaleza de la decisión adoptada, la presente causa queda comprendida en el régimen de doble instancia. En efecto, conforme a lo previsto en el art. 21 lit. c) del CCA, “cuando la cuantía del asunto no exceda de 70 Unidades Reajustables, para cuya determinación se estará a la expresada por el actor en su demanda salvo que ella surja del acto cuya anulación se solicita ”, en el caso de autos, surge del acto cuya anulación se solicita que el monto excede con creces las 70 UR (fs. 10 vto.). Por los fundamentos expuestos y la normativa antes citada, LA SRA. JUEZA LETRADA DE LO CONTENCIOSO ANULATORIO DE 4° TURNO FALLA : 1) Tener al compareciente por presentado, por denunciado el domicilio real y constituido el domicilio electrónico de fs. 16. 2) Tener por no presentada la demanda de nulidad, por ser la misma inadmisible, al haber operado la caducidad del derecho a accionar; sin especial condena procesal. 3) A los efectos fiscales, fíjense los honorarios fictos del letrado actuante en 3 B.P.C. 4) De conformidad con lo dispuesto en la Acordada Nº 34/2023 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aplicable a esta Sede, hágase saber a la parte actora que, una vez ejecutoriada la presente, deberá procederse al retiro de la documentación agregada en autos dentro del plazo de 60 días, bajo apercibimiento de lo allí establecido. 5) Oportunamente, archívese. Dra. KARINÉ TOPALIAN KACHARIGIAN Jueza Letrada de lo Contencioso Anulatorio de 4° Turno