Sentencia Interlocutoria N° 331/2025

Montevideo, 26 de noviembre del 2025. SENTENCIA Nº 331/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA contra Banco de Previsión Social. Acción de nulidad” (Ficha: 573/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la acción anulatoria esgrimida por AA contra la Resolución tácita por la cual se le otorgó el beneficio jubilatorio, estableciendo su monto (fs. 5). La accionante manifiesta haber tomado conocimiento de la volición mediante el Sistema de Pagos del BPS el día 1° de febrero del 2025 (fs. 4). 2) La accionante se agravia en relación con la liquidación del monto al que ascienden sus haberes jubilatorios. En tal sentido, manifiesta que realizó la opción de acogerse al “régimen provisional de transición”, de acuerdo con los arts. 1º y 14 de la Ley Nº 19.590 (fs. 5). En tal sentido, se agravia en cuanto a que el Ente realiza una errónea interpretación del concepto, oportunidad y función del máximo jubilatorio establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 16.713 (fs. 5). Al respecto, explica que el cálculo del sueldo básico jubilatorio debe hacerse conforme con los arts. 29, 71 y 72 de la Ley Nº 16.713, para luego proceder a la detracción del 10% acorde con el art. 16 de la Ley Nº 19.590 y, finalmente, si ese monto superare el tope máximo jubilatorio, reducirlo hasta dicho límite (fs. 5 vto.). No obstante, la Administración aplicó un c riterio diferente que implica que ninguna jubilación otorgada bajo este régimen alcance el máximo, imponiendo administrativamente un límite en perjuicio del administrado y desnaturalizando el propio concepto de “tope” (fs. 5 vto.). 3) Conferido traslado por Decreto Nº 1306/2025, compareció BPS a fs. 10, defendiendo la legitimidad del criterio liquidatorio aplicado . Al respecto, sostiene que la “asignación de jubilación” supone aplicar todas las disposiciones que la determinan y que supone contemplar los montos mínimos y máximos correspondientes al caso. También sostiene que la norma instituyó un gravamen a quienes decidieran volver al régimen de transición (fs. 14) que se aplica sobre el sueldo básico jubilatorio, lo que incluye la aplicación de topes individuales (fs. 14 vto.), porque la ley no distinguió. Luego describe el procedimiento de liquidación efectuado (fs. 15). 4) Por Decreto Nº 1706/2025, se admitió la contestación de demanda y se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el demandado (fs. 24) ofreciendo los antecedentes administrativos aportados al contestar la demanda y las resultancias de autos; mientras que la actora no ofreció prueba (fs. 25). En consecuencia, se dispuso la apertura del plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto Nº 1924/2025) sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 28). 5) En su mérito, vencido el término, estos autos fueron puestos al despacho con fecha 6 de noviembre , a los efectos del dictado de la presente interlocutoria de acuerdo con lo previsto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba , corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por los principios de contradicción e iniciativa de parte (art. 3 lit. d y f) , por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. En consecuencia, atendiendo a las alegaciones de las partes, se releva que no se ha controvertido que la actora hizo la opción de jubilarse por el régimen de transición habilitad a por el art. 1º de la Ley 19.590. Tampoco existe controversia respecto a la aplicación de la detracción (multiplicar por 0,9) ni la aplicabilidad del tope máximo jubilatorio. No se controvierte que el primer cálculo a realizar en el procedimiento liquidato rio refiere al monto al que habría ascendido la jubilación del sujeto según el régimen de transición. Por lo que la controversia se sitúa en determinar si el paso siguiente en este procedimiento consiste en aplicar el tope máximo jubilatorio (como hace BPS) o en efectuar la detracción de l0% (como sostiene la actora). Por tanto, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe ser anularse por ilegitimidad. 2) En su mérito, la actividad probatoria habrá de referirse a si el criterio liquidatorio impuesto por las normas vigentes condice con el criterio aplicado en el caso. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), contenidos en los expedientes 2003-28-1-126352 y 2024- 28-1-087783 y los documentos identificados como DESAF AFAP – CONSEN y DESAF AFAP (según surge de nota a fs. 21). En cuanto a las resultancias de autos, la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios. Por tanto, son cuestiones que habrán de analizarse, eventualmente, en el momento de valoración de la prueba producida en autos. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. Establecer el objeto del proceso en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe ser anularse por ilegitimidad. 2. Establecer el objeto de la prueba en: si el criterio liquidatorio impuesto por las normas vigentes condice con el c riterio aplicado por BPS en el caso. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.