Sentencia Interlocutoria N° 277/2025

Montevideo, 27 de octubre del 2025. SENTENCIA Nº 277/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “ AA con Administración Nacional de Puertos . Acción de nulidad ” (Ficha: 743/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en virtud de la demanda de nulidad presentada el 24 de octubre del 2025. RESULTANDO: 1) A fs. 34 se presentó AA debidamente representada, pretendiendo la anulación de la Resolución 247/2023 dictada la Gerencia General de la Administración Nacional de Puertos . Por dicha volición, la Administración aplicó una sanción de 350 UR a la Agencia Marítima AA, por incumplimiento de normas de seguridad (fs. 15 a 16). 2) En su demanda, la actora refiere que el acto lesivo le fue notificado el 28 de julio del 2023, habiendo interpuesto los recursos administrativos el 3 de agosto del 2023. Luego, señala que el acto conclusivo de la vía administrativa fue la Resolución N° 395/2023 del 15 de diciembre del 2023, la que le fue notificada electrónicamente el pasado 26 de agosto del 2025. Así sostiene que la demanda interpuesta “se presenta dentro del plazo previsto en el art. 55 de la Ley N° 20.333 ” (fs. 35 vto.). 3) En esta instancia corresponde a la Sede efectuar el control liminar de la demanda de acuerdo con lo dispuesto por el art. 155 del CCA, debiendo atender especialmente a lo establecido por el art. 56. CONSIDERANDO: 1) Como viene de referirse, l a acción de nulidad fue presentada el día 24 de octubre del 2025. Esto es, pasados 2 años y 2 meses desde la interposición de los recursos administrativos. En consecuencia, la Sede habrá de declarar la caducidad de la acción de nulidad por haber operado a su respecto la caducidad bienal. 2) La caducidad bienal de los recursos interpuestos . De acuerdo con el art. 56 del CCA , el plazo para accionar caduca a los dos años desde la interposición de los recursos. Tal caducidad opera incluso cuando hubiese resolución expresa y notificada con posterioridad a esos dos años. Es esta una solución similar a la ya contenida en el art. 9 de la Ley N° 15.869, con la diferencia de que bajo el nuevo régimen, si la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa se hiciere dentro de los dos años desde interpuestos los recursos, se reabrirá el plazo de 90 días (completo), incluso cuando ello implique exceder los dos años. Sobre el punto, bajo el régimen anterior, pero en interpretación trasladable, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió que: “ Si bien la denegatoria expresa recaída con posterioridad a la denegatoria ficta opera como un medio útil de reapertura del ámbito jurisdiccional cuando no se ocurrió previamente en función de aquélla, dicha hipótesis se reproduce sólo si no ha operado en l a especie la caducidad bienal del accionamiento. Como lo ha destacado la Corporación en reiterados pronunciamientos: ‘… del contexto y de una interpretación armónica de las disposiciones de la Ley No. 15869 se extrae que lo previsto en el inc. 5º del art. 9º mencionado, que establece que la resolución expresa tardía, dictada por la Administración reabriría el plazo de 60 días para accionar, solo resulta aplicable a los casos en los cuales no existió la caducidad de la acción, atento a que no puede hacer nacer un derecho ya extinguido’ (Cf. Sents Nos. 145/ 2010, 147/2009, 683/06, 432/05, 509/04). Se estima que la restitución del plazo previsto en el inciso 5º del art. 9 citado, tiene la limitación emergente del inc. 4º del mismo artículo. En la medida que esa disposición (inc. 5º) alude al ‘plazo del inciso primero’ o sea sólo referido para accionar de nulidad, se estima que también incide la previsión del inc. 4º caducidad a los dos años de la interposición de los recursos, en forma tal que la restitución señalada tendría ese plazo tope, pues ‘la acción de nulidad caducará siempre a los dos años’. ” (Sentencia Nº 836/2016 del 22 de diciembre del 2016). También ROTONDO enseñaba que la restitución del plazo para accionar “tendría ese plazo tope ” de los dos años desde la interposición de los recursos administrativos (ROTONDO, F.; Manual de Derecho Administrativo , Ed. Del Foro: Mdeo., 2000; p. 257). 3) Los plazos operados en el caso de autos. De acuerdo a lo que viene de referenciarse, la caducidad bienal operó el 4 de agosto del 2025; con lo cual, habiendo transcurrido ya los mencionados dos años al momento de notificación del acto que agotó la vía administrativa, no hay posible reapertura del plazo. Es decir, más allá de la denegatoria expresa notificada e l 26 de agosto del 2025, el derecho a accionar requiriendo la nulidad de lo resuelto, caducó días antes de esa notificación. 4) La manifiesta improponibilidad de la demanda. En el proceso contencioso anulatorio, la no caducidad de la acción anulatoria es un presupuesto procesal (Cf.: Sayagués Laso, E.; Tratado de Derecho Administrativo. 9ª Edición. FCU. Montevideo. 2021. Pág. 578)”. Ese plazo de caducidad viene impuesto – necesariamente- por la ley (tanto la vigente como la derogada) ; en el caso, por el inciso 4º del artículo 9 de la Ley Nº 15.869. Aunque, como se mencionó, si hubiera sido aplicable el CCA, dados los plazos transcurridos, la solución hubiese sido idéntica (arts. 55 y 56) En relación con los presupuestos de la acción, señala la doctrina que “Se consideran requisitos de la acción los que se refieren a la capacidad de las partes y del Juez (jurisdicción y competencia), también el ejercicio de ésta dentro de determinados plazos fuera de los cuales se produce la caducidad ” (VESCOVI, E., “Los presupuestos procesales”; AA.VV ., Curso de Derecho Procesal , Tomo I; FDer , Montevideo, 1974; p. 71). Y la falta de un presupuesto procesal que compromete, por sí, la posibilidad de tomar una decisión sobre la sustancia del caso presentado, determina la improponibilidad manifiesta de la demanda. En tal sentido, señalan TORELLO y VIERA que los presupuestos procesales conforman la categoría de requisitos de la demanda y como tales son “requisitos de admisibilidad pura de la demanda” que deben ser controlados por el Juez antes de ingresar al fondo del asunto . Ante ello, éste queda facultado “para negar dar andamiento a la demanda, en caso de advertir vicios o carencias o, al menos, diferirlo hasta tanto no sean subsanados”, lo que tratándose de una caducidad, no es viable. Para los autores en cita, la “potestad de rechazar liminarmente la demanda afectada por uno de esos vicios o carencias” es el correlativo lógico del interés en que el proceso sea útil y regular desde su inicio. Es más, enfatizan especialmente que la potestad de rechazar la demanda in limine tiene su fundamento en la “absoluta imposibilidad jurídica de que, al final del proceso, pueda recaer una decisión de mérito en el sentido pretendido por el actor” (TORELLO, L., y VIERA, L.A.; “Improponibilidad manifiesta de la pretensión: rechazo ‘in limine’ de la demanda”, RUDP Nº 3/1981; FCU: Montevideo, 1982; pp. 227 y 228). También V ALENTIN identifica el accionamiento en plazo como presupuesto de admisibilidad y señala que “el incumplimiento de este presupuesto puede relevarse de oficio, sea al proveer sobre la demanda o posteriormente ” refiriendo expresamente al art. 155 del CCA, el cual refiere al contralor inicial que debe efectuar la Sede sobre la demanda (V ALENTIN, G.; El sistema de justicia administrativa. Introducción al análisis del CCA”; FCU: Mdeo., 2025; p. 438). Tal como señala TARIGO, pese a que el poder -deber del Juez es, fundamentalmente, el de componer el litigio que se le plantea “…antes de llegar a esa etapa final de decisión o resolución del litigio o de satisfacción de la pretensión, el tribunal ejercita con mayor o menor intensidad según los casos, su poder -deber de dirección y de ordenación del proceso…” (TARIGO, E.; Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código , Tomo I; FCU: Mdeo., 2010; p. 91). Entre esos deberes se encuentran los enumerados en el artículo 24 del CGP (aplicable por la remisión del art. 207 del CCA). Es allí, en el numeral 1, donde el Código expresamente habilita a que el juez rechace in limine aquella pretensión que se ejerza una vez vencido el plazo de caducidad al que ésta se encontraba sujeta. En tal sentido, explica el autor en cita que el numeral 1 del artículo 24 del CGP “ refiere al poder -deber de rechazar la demanda manifiestamente improponible, señalemos aquí que consiste en el poder-deber del tribunal de rechazar de plano, in limine como dice la norma, sin previa audiencia de la contraparte, aquella demanda que, según se desprenda de su propio texto carece de la posibilidad jurídica de ser formulada en nuestro Derecho positivo ” (TARIGO, E.; Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código, Tomo I; FCU: Mdeo., 2010; p. 91). Luego, el autor ejemplifica el precepto con el supuesto en que el plazo para hacer valer la pretensión hubiere caducado, en el cual corresponde que el Juez ejercite el poder -deber establecido por la norma (TARIGO, E; Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código, Tomo I; FCU: Mdeo., 2010; p. 92). En cierta medida, es la aplicación concreta del principio de economía procesal, puesto que advertido un vicio que sella la suerte del accionamiento, se evita movilizar todo el sistema jurisdiccional y desarrollar una serie de actos y etapas que no tendrían ninguna utilidad dado el compromiso inicial e insalvable de la pretensión esgrimida. Por tanto, habiendo transcurrido más de dos años desde la interposición de los recursos, el plazo legal para la interposición de la acción caducó, y corresponde desestimar la demanda por ser inadmisible la pretensión esgrimida. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. Tener por denunciado el domicilio real y constituido el electrónico de AA (fs. 34). 2. Tener por inadmisible la demanda incoada, por haber operado caducidad bienal del derecho a accionar con anterioridad a la presentación ante esta jurisdicción. 3. A efectos fiscales, se fijan honorarios fictos en 3 BPC. 4. Notificada que sea la presente; consentida o ejecutoriada, archívese.