Sentencia Interlocutoria N° 213/2025

Montevideo, 18 de setiembre del 2025. SENTENCIA Nº 213/2025 SENTENCIA INTERLOCUTORIA VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria estos autos caratulados “AA con Banco de Previsión Social. Acción de nulidad” (Ficha: 225/2025), venidos a conocimiento de este Juzgado Letrado en lo Contencioso Anulatorio de 2º Turno, en mérito a lo dispuesto por el art. 166 del CCA. RESULTANDO: 1) En estas actuaciones se tramita la acción anulatoria esgrimida por AA contra la Resolución RDNº 25-33/2024 dictada por el Directorio del Banco de Previsión Social el 14 de agosto del 2024 por la cual se le otorgó el beneficio jubilatorio, estableciendo su monto. La accionante manifiesta haber tomado conocimiento de la Resolución mediante el Sistema de Pagos del BPS el día 31 de octubre de 2024 (fs. 4). 2) La accionante se agravia en relación con la liquidación del monto al que ascienden sus haberes jubilatorios. En tal sentido, manifiesta que realizó la opción de acogerse al “régimen provisional de transición”, de acuerdo con los arts. 1º y 14 de la Ley Nº 19.590 (fs. 5). En tal sentido, se agravia en cuanto a que el Ente realiza una errónea interpretación del concepto, oportunidad y función del máximo jubilatorio establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 16.713. Al respecto, explica que el cálculo del sueldo básico jubilatorio debe hacerse conforme con los arts. 29, 71 y 72 de la Ley Nº 16.713, para luego proceder a la detracción del 10% acorde con el art. 16 de la Ley Nº 19.590 para, finalmente, si ese monto superare el tope máximo jubilatorio, reducirlo hasta dicho límite (fs. 6). No obstante, la Administración aplicó un criterio diferente que implica que ninguna jubilación otorgada bajo este régimen alcance el máximo, imponiendo administrativamente un límite en perjuicio del administrado y desnaturalizando el propio concepto de “tope” (fs. 7). 3) Conferido traslado por Decreto Nº 378/2025, compareció BPS a fs. 22, defendiendo la legitimidad del criterio liquidatorio aplicado e interponiendo la excepción previa de falta de legitimación pasiva. En cuanto a lo primero , refiere que desde el punto de vista formal el Ente ha cumplido con el debido proceso y que, desde el punto de vista sustancial, el acto se encuentra fundado (fs. 24). A su vez, respecto a la forma de liquidación sostiene que la “asignación de jubilación” supone contemplar lo previsto en los arts. 29 y 76 de la Ley Nº 16.713; es decir, deben aplicarse todas las disposiciones, lo que incluye los topes generales que el organismo aplica al calcular la asignación jubilatoria. También menciona que la Ley Nº 19.590 implantó u n régimen especial, que supuso un tope del 90% respecto de quienes se mantuvieron en el mismo régimen. Es decir, corresponde abonarle el 90% de lo correspondiente a quien siempre hubiere estado en el régimen de transición (fs. 25 vto. y 26). Asimismo, invo ca la discusión parlamentaria y señala que la Ley Nº 19.590 “instituyó un gravamen a quienes optaran por volver al régimen anterior, sin ningún tipo de distinción” (fs. 26 vto.) que se aplica sobre el sueldo básico jubilatorio. De forma que el régimen incl uye la aplicación de topes individuales o de acumulación aplicables a cada caso (fs. 27). Además, sostiene que el acogimiento del criterio de la actora supondría quebrantar el principio de igualdad en relación con quienes no llegasen a los topes legalmente previstos (fs. 27). Finalmente describe el procedimiento de liquidación efectuado (fs. 27 vto. y 28). 4) Por Decreto Nº 607/2025, se admitió la contestación de demanda y se confirió traslado de la excepción, la que, evacuada a fs. 33, fue resuelta por Sentencia Nº 147/2025. En ella se desestimó la excepción, entendiendo que BPS es legitimado pasivo en autos, dadas las especiales circunstancias del caso (Considerando Nº 4), lo que no fue recurrido por las partes. 5) Por Decreto Nº 1181/2025, se abrió el expediente a la etapa probatoria. En tal oportunidad, se presentó el demandado (fs. 46) ofreciendo los antecedentes administrativos aportados al contestar la demanda y las resultancias de autos; mientras que el actor no ofreció prueba. En consecuencia, se dispuso la apertura del plazo para el ofrecimiento de contraprueba o prueba sobre prueba (Decreto Nº 1340/2025) sin que ninguna de las partes se presentara (fs. 50). 6) En su mérito, vencido el término, estos autos fueron puestos al despacho con fecha 17 de setiembre , a los efectos del dictado de la presente interlocutoria de acuerdo con lo previsto por el art. 166 del CCA. CONSIDERANDO: 1) Previo a disponer acerca de la prueba , corresponde delimitar el objeto del proceso, atendiendo a que es a su respecto que habrán de probarse los hechos. El proceso anulatorio que se sigue en estos autos se rige por los principios de contradicción e iniciativa de parte (art. 3 lit. d y f) , por lo que su objeto está delimitado por lo que las partes dispongan en sus escritos. En concreto, a aquellos extremos que , siendo controvertibles, se encuentren efectivamente controvertidos. En consecuencia, atendiendo a las alegaciones de las partes, se releva que no se ha controvertido que la actora hizo la opción de jubilarse por el régimen de transición habilitad a por el art. 1º de la Ley 19.590. Tampoco existe controversia respecto a la aplicación de la detracción (multiplicar por 0,9) ni la aplicabilidad del tope máximo jubilatorio. No se controvierte que el primer cálculo a realizar en el procedimiento liquidato rio refiere al monto al que habría ascendido la jubilación del sujeto según el régimen de transición. Por lo que la controversia se sitúa en determinar si el paso siguiente en este procedimiento consiste en aplicar el tope máximo jubilatorio (como hace BPS) o en efectuar la detracción de l0% (como sostiene el actor). Por tanto, el objeto del proceso se ha de establecer en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe ser anularse por ilegitimidad. 2) En su mérito, la actividad probatoria habrá de referirse a si el criterio liquidatorio impuesto por las normas vigentes condice con el criterio aplicado en el caso. 3) En mérito a lo antes expuesto, corresponde en esta instancia pronunciarse acerca de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos a los efectos de su diligenciamiento en sede jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del CCA. En tal sentido, se admiten y, en consecuencia, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital (en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 161 lit.b), conteniendo los expedientes identificados como 2023-28- 1-073120, 2019-28-1-087222, 2022-28-1-088550 y 2023 -28-1-009485 (según surge de nota a fs.30). En cuanto a las resultancias de autos , la Sede entiende que no se trata de medios de prueba, sino que son el resultado del diligenciamiento de otros medios y habrán de valorarse al momento de la consideración del asunto de fondo. Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: 1. Establecer el objeto del proceso en determinar si el criterio aplicado por BPS para calcular el monto jubilatorio lo ha sido acorde a derecho, o en cambio, debe ser anularse por ilegitimidad. 2. Establecer el objeto de la prueba en: si el criterio liquidatorio impuesto por las normas vigentes condice con el c riterio aplicado por BPS en el caso. 3. En su mérito, se agregan los antecedentes administrativos aportados en formato digital. 4. Consentida o ejecutoriada, vuelvan para proveer sobre la continuación del trámite.