Sentencia Definitiva N° 172/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022. No. 172 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “DE ARMAS LARROCA, HUMBERTO ELIAS con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 833/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 3 de diciembre de 2019 el actor dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº DP 28/2019 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que declaró que no configuraba causal por Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial prevista por el artículo 5 de la Ley No. 18.395 (fs. 32 de los A.A.). Sostuvo que el 6 de diciembre de 2018 la Comisión Técnica de Evaluación de Incapacidad determinó que contaba con una incapacidad para su tarea con un baremo de 50,43%. Citó los artículos 22 y 70 de la Ley No. 16.173 y el Decreto Nº 306/013 y afirmó que, conforme a esas normas, cuando el grado de discapacidad fuera igual o superara el 50%, correspondía el pago de un Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial, el cual no le había sido abonado y le había sido rechazado por el acto impugnado. Manifestó que nunca conoció las razones que llevaron al BPS a adoptar la decisión enjuiciada, por lo que no tuvo la posibilidad de controvertir los argumentos por los cuales no se le otorgó ni la jubilación por incapacidad total ni el subsidio transitorio parcial. Además, alegó que no se consideraron los documentos médicos que presentó y mediante los cuales intentó rebatir el dictamen de la Comisión Técnica. Concluyó que el acto adolecía de debida motivación, y solicitó su anulación. II) A fs. 13, el 21 de febrero de 2020 la representante de la demandada contestó la demanda incoada. Manifestó que el actor había omitido reseñar el marco jurídico que regulaba su situación, esto es, el artículo 19 de la Ley No. 16.713 y los Decretos Nos. 381/998 y 382/998. Indicó que las referidas leyes preveían los presupuestos para determinar incapacidad absoluta y permanente para toda tarea, y que el Decreto Nº 382/998 en su artículo 7 establecía la intervención obligatoria del área de medicina laboral a los efectos de la elaboración del dictamen correspondiente para que el BPS adoptara la decisión definitiva de acuerdo a los cometidos que le asignó la Ley No. 15.800, por lo que era esta área la que debía expedirse acerca de la eventual incapacidad que pudiera tener el afiliado. Por otra parte, señaló que el Decreto Nº 306/013 en su artículo 2 disponía que la incapacidad absoluta para todo trabajo se configuraba con un 66% o más de invalidez. Afirmó que no era de recibo la falta de motivación alegada en tanto el acto se había fundado en el análisis detallado de la situación médica del accionante que formaba parte de los antecedentes de la resolución dictada. Concluyó que el estado de salud del actor había sido analizado debidamente y revisado teniendo en cuenta la prueba médica aportada, resultando de ese estudio que no se llegaba a configurar una imposibilidad absoluta y permanente para toda tarea. En definitiva, solicitó se desestimara la demanda entablada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 50. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 53 y ss., y la demandada a fs. 58 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 235/2021 que obra a fs. 62, aconsejando confirmar el acto enjuiciado. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución Nº DP 28/2019 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, que declaró que el actor no configuraba causal por Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial prevista por el artículo 5 de la Ley No. 18.395 (fs. 32 de los A.A.). Contra dicho acto, notificado personalmente el 1º de marzo de 2019 (fs. 31 vta. A.A.), se interpusieron en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 11 de los mismos mes y año (fs. 33 vto. a 34 vto. de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 4 de octubre de 2019. Finalmente, la demanda de nulidad se introdujo en tiempo útil (el 3 de diciembre de 2019 - nota de cargo a fs. 7). II) E l Tribunal, por unanimidad y coincidiendo con lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Emerge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que el 21 de noviembre de 2017 el Sr. Humberto DE ARMAS solicitó jubilación por incapacidad física (fs. 25 vto. y ss. AA). Con fecha 8 de enero de 2019, se expidió la Comisión Técnica en el sentido que “el titular configura una incapacidad para el empleo o profesión habitual, a partir de fecha 08/08/2018 con un porcentaje de Baremo de 50,43 %. Debiéndose someter a nueva revisión médica antes del 08/08/2021”. (fs. 28 A.A.). Se otorgó vista al actor (fs. 29 vta. A.A.), sin que conste la evacuación de la misma. Se dictó la Resolución que se procesa en autos (fs. 32 vta. A.A.). Junto a la presentación de la recurrencia administrativa, el impugnante presentó prueba a efectos de acreditar su patología (fs. 36 a 40 A.A.). Con la información aportada por el titular en su historia clínica, el Área Salud del Organismo demandado emitió su dictamen final con fecha 16 de octubre de 2019, por el cual “ el titular configura una incapacidad para el empleo o profesión habitual, a partir de 08/08/2018 con un porcentaje de Baremo de 52,71 %. Debiéndose someter a nueva revisión médica antes del 08/08/2021” (fs. 43 A.A.). IV) El actor se agravió en la errónea motivación del acto encausado y la no consideración de la documentación médica que adjuntó. No se comparte su temperamento. IV.1) El Tribunal estima que no asiste razón a lo expuesto por la parte actora en cuanto a la falta de motivación. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal (Sentencia No. 431/2018), la motivación del acto puede surgir de su texto o de sus antecedentes. Siguiendo a MARIENHOFF, la motivación del acto administrativo -aunque ella fuere obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la “forma” del acto; en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. Es decir, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión, apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa; en dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinantes del acto (cf. MARIENHOFF, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1966, ps. 330 a 332; sentencias Nos. 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013, 539/2016 y 311/2017). En tal sentido, emerge que el Dictamen de la Comisión Técnica del BPS de fecha 8 de enero de 2019 fue precedido de evaluaciones médicas realizadas al accionante entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 (fs. 7 vta. a 11 A.A. Carpeta en 47 fs.) las que se erigen en razón idónea y suficiente de la debida motivación del acto denegatorio atacado. IV.2) Pues bien, la cuestión controvertida se circunscribe a dilucidar si resulta legítima la decisión de la Administración de denegar el subsidio transitorio por incapacidad parcial, previsto en el art. 22 de la Ley No. 16.713 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley No. 18.385. El artículo 22 de la Ley No. 16.713, en redacción dada por el artículo 5º de la Ley No. 18.395, cuyo nomen iuris es “Subsidio transitorio por incapacidad parcial” dispone: “El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite: A) No menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al Artículo 77 de la presente ley. Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses. B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento. C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo. Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido. (…)” De los antecedentes administrativos agregados a la causa surge que el actor trabajó hasta el día 29 de noviembre de 2010 (fs. 17 de los A.A.) y que se presentó a las oficinas del BPS a iniciar su trámite jubilatorio el 21 de noviembre de 2017 (fs. 25 vta. y 26 de los A.A.). Luce a fs. 28 de los A.A. el dictamen médico de fecha 8 de enero de 2019 que indicó un Baremo de 50,43 % y que, luego de un nuevo dictamen, arrojó un Baremo de 52,17 % a partir del 8 de agosto de 2019 (fs. 43). De las actuaciones administrativas examinadas, no surge que la situación del compareciente encuadre en la hipótesis contemplada en la disposición legal relacionada: no se ha probado que se haya incapacitado en actividad o en períodos de inactividad compensada. De acuerdo con el Decreto No. 306/013 para que se configure la incapacidad absoluta para todo trabajo debe contarse con un Baremo del 66%, en tanto que, para el caso del subsidio transitorio por incapacidad parcial, se requiere contar con un Baremo del 50%. La ley reclama para acceder al subsidio transitorio por incapacidad parcial que ésta haya sobrevenido “ …en actividad o en períodos de inactividad compensada ”, cualquiera sea la causa que la haya originado. Es de verse que, si bien el accionante alcanzó un Baremo superior al 50% de incapacidad que posibilitaría el acceso al subsidio transitorio por incapacidad parcial, no se incapacitó con los requisitos reclamados por la normativa para acceder al subsidio por incapacidad parcial mientras se encontraba trabajando, ya que había cesado de trabajar el 29 de noviembre de 2010. IV.3) Por otra parte, el actor no aportó los medios probatorios necesarios a fin de establecer la incapacidad que adujo. Si el accionante entendió que los dictámenes de las Comisiones Técnicas Médicas intervinientes eran erróneos y que su grado de incapacidad física era mayor o databa de tiempo atrás, tenía la carga probatoria de acreditarlo con la prueba pericial idónea a tal fin. Así, el impugnante no se desembarazó de la carga que le gravaba consistente en aportar la prueba técnica necesaria para acreditar que efectivamente padecía el grado de incapacidad que le hacía merecedor de la jubilación, lo cual sella de modo negativo la suerte del reclamo. El Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en casos similares, entre otras en la Sentencia No. 352/2019, en la que remitiéndose a un fallo anterior señaló: “La ausencia de una prueba pericial que permita controvertir las conclusiones técnicas vinculadas al rechazo de la solicitud es, sin dudas, lo que sella la suerte del planteo de la actora (…) Se trata de aspectos técnicos, cuya controversia efectiva en juicio reclama de la prueba pericial. Únicamente la prueba pericial podría haber hecho al Tribunal arribar a una conclusión distinta. Y ello porque el asunto en discusión se trata de un asunto eminentemente técnico (propio de la química) y no jurídico. Como lo señala el Dr. Ignacio SOBA BRACESCO, desde un excelente aporte doctrinario, de acuerdo al CPC, el examen pericial se impone -como lo establece su art. 412-: “…por la naturaleza de los hechos controvertidos...”. Señala este autor: “La singularidad con la que está dotada la prueba pericial refiere, pues, a un campo muy sensible para el derecho: el de la incorporación de otros “saberes” y conocimientos al proceso. En el plano del conocimiento, la ciencia del perito es su ciencia y no la del juez o magistrado. (…) Hay hechos que interesan al proceso, hechos controvertidos, que para ser probados requieren –necesariamente conocimientos especiales. De esa forma se supera el plano de la conveniencia para pasar al de la necesidad de los conocimientos que el juez o magistrado no posee. Es imprescindible contar con los conocimientos especializados para comprender a los hechos en su verdadera significación.” (SOBA BRACESCO, Ignacio M: “La prueba pericial y el informe del asesor de parte en el proceso contencioso administrativo de anulación”, XVI Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Paysandú, 2013, págs. 105-106). Como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal, si es necesario rebatir apreciaciones técnicas fundadas de los funcionarios de la Administración, en materias técnicas o científicas, es indispensable producir prueba pericial que ilustre en esos aspectos, como única forma de informar o demostrar a la Corporación los errores de la decisión administrativa (Cf. Sentencias 764/2013; 476/2013; 408/2013; 379/2012; 940/2011; 742/2002 y 958/1998)” (Sentencia No. 636/2018 de 11 de diciembre de 2018)” IV.4) Tampoco le asiste razón respecto a la no consideración de la documentación médica que adjuntó. Y ello porque, conforme fue relevado supra, tras la presentación de la fundamentación de los recursos administrativos y de agregar documentos médicos (fs. 37 vta a 40 A.A.) con fecha 16 de octubre de 2019 se emitió un nuevo dictamen de la Comisión Técnica (fs. 43 A.A.), donde se modificó el porcentaje de Baremo originariamente dictaminado. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).