Sentencia Definitiva N° 166/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo,17 de marzo de 2022. No. 166 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LERENA, ILIANA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No. 275/2020). RESULTANDO : I) La acción de nulidad fue deducida a fojas 2 y siguientes, contra la Resolución No. 22-36/2019, dictada por el Directorio del Banco de Previsión Social, el 8 de julio de 2019, que dispuso denegar el acceso a la pretensora a una jubilación por incapacidad física total (fs. 29 A.A.). La accionante sostuvo que el acto procesado carece de motivos, ya que se basó en un informe de la comisión técnica, que le determinó un baremo de incapacidad del 33,38%, sin explicar cómo se arribó a dicho porcentaje. Así, no se expresó qué enfermedades fueron consideradas y qué porcentaje se le atribuyó a cada una. Al no conocerse las enfermedades sopesadas por la Administración, manifestó que no pudo verificar una defensa correcta al respecto. Sin embargo, la actora destacó que debe estarse a lo establecido por el Decreto 306/2013 y que las enfermedades surgen acreditadas del expediente administrativo que se sustanció a tales efectos. En función de ello, valoró los trastornos que tiene la accionante, considerando que no fueron tomados en cuenta los distintos informes médicos que fueron adjuntos. En suma, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el traslado correspondiente, la Dra. Silvia Tubino Mezzano -en representación del Banco de Previsión Social - compareció a fojas 14 y siguientes, rechazando los agravios esgrimidos por la parte actora. La Administración demandada invocó la caducidad de la acción anulatoria promovida por la Sra. Lerena. En ese sentido, destacó que la Resolución atacada la dictó el Directorio del Banco de Previsión Social, por lo tanto, debió interponerse solamente el recurso de revocación. La denegatoria ficta se configuró el 14 de diciembre de 2019 y la caducidad de la acción recayó el 8 de junio de 2020. Respecto a la licitud del acto administrativo resistido, el organismo previsional postuló que actuó conforme la normativa que regula la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley No. 16.713. La promotora no verificó los requisitos necesarios para acceder al beneficio jubilatorio. En otro orden, remarcó que según dispone el artículo 7 del Decreto No. 382/998, se establece la intervención obligatoria del área de medicina laboral, a fin de efectuar el dictamen correspondiente, siendo solo ella quien debe expedirse a tales efectos. Por último, señaló que la incapacidad alegada por la actora requiere de un 66% de baremo de incapacidad para la concesión del beneficio. Se le otorgó un 33,38%. En definitiva, abogó por la desestimación de la acción promovida. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 21) se produjo la que luce certificada a fs. 27, correspondiendo a la parte demandada la de fs. 23 a 26, no produciendo prueba alguna la parte actora. IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden, a fs. 30 y 31, y de fs. 34 a 37, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 266/2021, fs.40) manifestó que la demanda anulatoria fue presentada en forma extemporánea. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, declarará que, en la especie, caducó el derecho de accionar de la parte actora. La Sra. Lerena presentó solicitud por incapacidad total ante el Organismo demandado, el día 24 de mayo de 2019 (fs. 1 vto. y ss. A.A.). Se expidió la Comisión Técnica informando que la promotora no configura una incapacidad, puesto que las enfermedades invocadas no acarrean pérdida de capacidad de trabajo amparable legalmente (fs. 4 A.A.). Se le confirió vista de las actuaciones (fs. 4 vto. A.A.). La vista fue evacuada por la Sra. Lerena, aportando prueba documental (fs. 6 a 13 A.A.). El 8 de julio de 2019, el accionado envió a la promotora un correo electrónico de notificación y Proyecto de Resolución (fs. 17 vto. A.A.). Interpuso los recursos de revocación y jerárquico, el 17 de julio de 2019 (fs. 18 A.A.). Ahora bien, asiste razón a la Administración demandada, en sostener que operó la caducidad de la acción. En ese sentido, cabe destacar que, corridos los 150 días (artículo 5 de la Ley No. 15.869) desde la interposición del recurso de revocación, único recurso pasible de ser interpuesto ante la Resolución del Directorio del BPS, operó la denegatoria ficta el día 14 de diciembre de 2019. La actora padeció error al contar 200 días, ya que interpuso dos recursos, procediendo en la especie la interposición únicamente del recurso de revocación, en cuanto el acto fue emitido por el órgano máximo del ente demandado. Así, atendiendo la suspensión de plazos por la feria judicial mayor (Ley No. 15.869, artículo 10) y por la feria jurisdiccional extraordinaria (artículo 4 Literal b) de la Ley No. 19.879) desde el 14 de marzo de 2020 hasta el cese de la feria sanitaria, según Acordada de este Tribunal No. 11, de 27 de mayo de 2020, los plazos se vieron interrumpidos, no computándose a los efectos de la caducidad. Sin perjuicio de ello, desestimado fictamente el recurso de revocación (no correspondiendo el recurso jerárquico) el 14 de diciembre de 2019, la demanda de nulidad presentada el 18 de junio de 2020, se presentó fuera del plazo legal (nota de cargo fs. 8). II) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Declarar que la acción anulatoria no pudo ser ejercitada válidamente por haber operado la caducidad del derecho de la parte actora a promoverla; sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del Abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).