Sentencia Definitiva N° 158/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022 No. 158 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “HERMIN DOS SANTOS, LEONARDO GABRIEL con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 599/2018). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria, a fojas 11 y siguientes, contra la Resolución No. 282/17/2000, de fecha 2 de mayo de 2017, dictada por la Comisión Especial creada por Resolución No. 3216/2005, en ejercicio de facultades delegadas, la cual resolvió confirmar las sumas adeudadas por tributos municipales, a Leonardo Gabriel Hermin Dos Santos, por el Padrón No. 104.672, durante el período enero de 2008 a enero de 2016, por un total de $ 734.969 (fs. 56 A.A.). De manera introductoria, el actor señaló que el 11 de diciembre de 2000, adquirió la posesión de la fracción “B” del inmueble empadronado con el número 104.672 del Departamento de Montevideo, mediante escritura de Cesión de Derechos Posesorios, sin tener posesión o mera tenencia de las demás fracciones del referido inmueble. En el año 2007, inició juicio de prescripción adquisitiva ante el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 12° Turno, el que la otorgó mediante sentencia No. 36, de 20 de setiembre de 2013. Como consecuencia, la fracción que poseyó constituye actualmente el padrón No. 427.494, bien del que devino propietario por imperio del citado pronunciamiento judicial, y que según alegó, se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. El 17 de diciembre de 2014, transfirió la propiedad del bien, en favor de su hermano Diego Hermin y Patricia Paz, por lo que no es más propietario de bien alguno en la zona en cuestión. El 22 de enero de 2018, fue notificado de un acto de determinación tributaria, que consideró absolutamente injustificado. El actor indicó que el acto tiene insuficiente motivación. El mismo no explica por qué se lo elige, que carece de vínculo alguno con el bien por el que se adeudan tributos y no se optó por los propietarios del mismo o algunas de las numerosas familias que actualmente viven en el, que son poseedores de larga data. Así, la opción elegida por la Administración es ajena al principio de razonabilidad. Entendió que existió error en la valoración de los presupuestos de hecho del acto administrativo. El error de la Comisión Especial radicó en que se lo consideró poseedor de la totalidad del bien inmueble, cuando según sostuvo, nunca lo fue. Adquirió una porción del bien; pagó todos los tributos correspondientes hasta que decidió venderla en el año 2014. Remarcó que nunca fue poseedor de la porción del bien por la que se ha determinado los tributos. En efecto, destacó que, tal como lo ha establecido la sentencia de prescripción adquisitiva dictada por el Juzgado de Paz Departamental de 12º Turno, sólo fue poseedor de una fracción del terreno que no forma parte del padrón 104.672. Asimismo, consignó que se ha vulnerado la confianza legítima. La divisibilidad de la posesión del padrón en cuestión ha sido tácitamente admitida por la propia Intendencia de Montevideo, al otorgar el número de puerta 2424 (diferente a los demás que pueden identificarse en el padrón remanente) al inmueble del que fuera poseedor y, posteriormente propietario. Por último, el accionante indicó que existió error en el propio objeto del acto accionado. En este sentido, en la revocación parcial, se consideró que una vez producida la escisión del nuevo padrón (el número 427.494) del original, ya no puede ser considerado sujeto pasivo de la obligación, resultando totalmente contradictorio que se haya incluido en su deuda todos los tributos generados desde la sentencia que, con carácter constitutivo, produjo la escisión hasta el fin del ejercicio 2013. Nunca se podría haber incluido en la determinación tributaria resultante del acogimiento parcial del recurso administrativo, al período que va desde el 20 de setiembre de 2013 (fecha de la sentencia dictada por el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 12º Turno) hasta el 31 de diciembre de 2013. De esta forma, el Sr. Hermin planteó que este vicio ya no gravita en la consideración de los presupuestos de hecho del acto sino en su esencia misma, deviniendo su objeto claramente ilícito. En síntesis, solicitó la anulación del acto impugnado. II) Conferido el traslado correspondiente, la Dra. Soledad Dossetti -en nombre y representación de la Intendencia Departamental de Montevideo- compareció a fojas 29 y siguientes, contestando la demanda. La Administración indicó que el actor es sujeto pasivo de los tributos liquidados por el padrón No. 104.672, conforme con lo previsto en los artículos 350, 438, 441 del Texto Ordenado de Tributos e Ingresos Departamentales (TOTID). A su vez, remarcó que conforme lo prevé el artículo 13 incluido dentro del Título destinado a las normas generales de Derecho Tributario Departamental, “estarán solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador”. Dividió la relación del actor con el padrón 104.672 en tres períodos: a.- El período comprendido entre que comienza la posesión del inmueble por los cónyuges Ricardo Javier Ardaitz y Mónica González Berrueta (1970), hasta el 11 de diciembre de 2000 en que el Sr. Hermin adquiere del Sr. Ardaitz los derechos posesorios de los que este era titular; b.- El período comprendido entre el 11 de diciembre de 2000 en que adquiere los derechos posesorios, hasta octubre de 2013 en que se produce la escisión del solar 1 que fuera adquirido por prescripción adquisitiva, el que pasa a identificarse con otro número de padrón; c.- El período posterior a la escisión del nuevo padrón. Respecto a los impuestos generados en el segundo período (11 de diciembre de 2000 a 30 de octubre de 2013) en tanto el recurrente revestía entonces la calidad de poseedor del inmueble, se encontraba comprendido como sujeto pasivo de ambos impuestos (arts. 438 y 530 TOTID) y, por lo tanto, le corresponde el pago. La existencia de coposeedores del mismo padrón no modifica la conclusión anterior, ya que los sujetos alcanzados por un mismo hecho generador responden solidariamente por la totalidad del tributo, conforme lo establecido por el artículo 13. Aclaró que, en relación con el período anterior a la adquisición de los derechos posesorios por el actor, cedidos por el Sr. Ardaitz, por aplicación del artículo 16 del TOTID, el Sr. Hermin es deudor solidario por las obligaciones tributarias departamentales impagas, que correspondían al Sr. Ardaitz. Sostuvo que el acto se encuentra suficientemente motivado. Así, señaló que en los antecedentes administrativos se evidencia la forma en que se llegó a identificar al Sr. Hermin como poseedor. La accionada entendió que el actor era coposeedor del padrón No. 104.672. El padrón 427.494 no existía durante el período en el que se le reclaman tributos al actor. Cuando manifiesta que pagó todos los tributos correspondientes a la porción que vendió en el año 2014, omitió señalar que por el padrón No. 427.494 comenzó a emitirse contribución inmobiliaria recién en el ejercicio 2015. Finalmente, respecto a la supuesta admisión tácita de la divisibilidad de la posesión alegada por el actor, cuando se le otorgó un número de puerta diferente a los demás, la Administración demandada se defendió arguyendo que pretender aplicar a este caso la teoría de los actos propios, carece absolutamente de asidero. Agregó que otorgar un número de puerta, no equivale a pronunciarse respecto a determinaciones tributarias que resultan por completo ajenas a esta circunstancia. En definitiva, abogó por la confirmación del acto resistido. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 37) se produjo la que luce certificada a fs. 121, correspondiendo a la parte actora la de fs. 43 a 112 y a la parte demandada la de fs. 113 a 120. IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden, a fs. 124 a 136 y de fs. 139 a 146, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 135/2021, fs. 149 y siguientes) aconsejó anular el acto administrativo impugnado. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). El acto fue notificado el 22 de enero de 2018 (fs. 3). Interpuso el actor el recurso de reposición el día 31 de enero de 2018 (fs.4 a 6). El 2 de julio de 2018, por Resolución No. 2991/18, el Sr. Intendente Municipal de Montevideo dispuso hacer lugar parcialmente al recurso de reposición interpuesto, estableciendo que el actor reviste la calidad de sujeto pasivo de la Contribución Inmobiliaria y la Tasa Municipal hasta el ejercicio 2013 inclusive (fs. 38 y 39 A.A.), siendo notificado con fecha 31 de julio de 2018 (fs. 42 vto. A.A.). La acción de nulidad, interpuesta el 1 de octubre de 2018, se presentó en tiempo útil (fs. 11 y ss.). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. El Sr. HERMIN, con fecha 11 de diciembre de 2000, adquirió los derechos posesorios de una fracción (“Fracción B”) del Padrón en mayor área No. 104.672 (fs. 72-73 en carpeta documentación de 361 fojas) de acuerdo con el plano de mensura que luce a fs. 65 de los A.A ibídem, y surge debidamente acreditado que siempre ejerció la posesión pacífica, continua e ininterrumpida de tal fracción de terreno, con frente a la calle Etiopía No. 2424 y no más allá; no surgiendo probado que haya realizado actos posesorios sobre la restante superficie del Padrón No. 104.672, sobre el cual otros vecinos también ejercían la posesión de otras fracciones del mismo. La fracción de terreno del accionante fue definitivamente adquirida por el actor y su esposa Sra. Mónica GONZÁLEZ, por modo prescripción declarada por Sentencia No. 36 de fecha 20 de setiembre de 2013, dictada por el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 12º Turno (fs. 315- 317 en carpeta documentación de 361 fojas). Posteriormente, dicha fracción se deslindó en el Padrón No. 427.494 de 502 metros cuadrados con 45 decímetros. La normativa establece como sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, entre otros, al poseedor del inmueble. Así, el artículo 530 del TOTID, establece como sujeto pasivo de la Tasa General Departamental: “(…) al ocupante de la respectiva unidad ocupacional. En el caso de inmuebles baldíos, de inmuebles que se arriendan por piezas separadas tales como casas de inquilinato, conventillos, hoteles y similares, y de inmuebles que se encuentren desocupados, la tasa será abonada por el propietario, el promitente comprador con promesa inscripta, el poseedor o el mejor postor de remate aprobado judicialmente". Mientras que el artículo 441 del TOTID dispone, como sujeto pasivo de la Contribución Inmobiliaria: “(…) a los propietarios, poseedores a cualquier título, promitentes compradores con promesa inscripta y mejores postores de remate judicialmente aprobado, de bienes inmuebles ubicados dentro de la zona urbana del Departamento de Montevideo”. En el casus, de acuerdo con lo que surge de los antecedentes administrativos agregados a la causa, existe un evidente error en el presupuesto de hecho de la determinación tributaria realizada por la Intendencia demandada, pues se toma como base de cálculo de los tributos, la totalidad de la superficie del Padrón No. 104.672 en mayor área (6.739 metros cuadrados), incluyendo el deslinde realizado de la fracción de terreno que en realidad el actor efectivamente poseyó (actual Padrón No. 427.494, de 502 m2 y 45 decímetros). De esta manera, la Intendencia de Montevideo considera erróneamente al accionante como poseedor de un inmueble que nunca en los hechos llegó a poseer en su totalidad, y, por tanto, no puede ser considerado sujeto pasivo, al no verificársele a su respecto el hecho generador, ni siquiera en forma solidaria. La determinación tributaria, por lo tanto, no se adecua a la realidad. En consecuencia, resulta plenamente aplicable lo indicado por Cajarville respecto a la aplicación de los principios de primacía de la realidad y verdad material: “La Administración debe actuar conforme a la verdad material de los hechos relevantes; sobre ella recae el deber de practicar todas las diligencias probatorias que conduzcan al conocimiento de la verdad, ya sea que los hechos a probar motiven una decisión favorable o adversa a la Administración o a los terceros”. (CAJARVILLE, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo, T. II, Segunda Edición ampliada, FCU, p. 240). De esta forma, en la determinación de oficio, las actuaciones administrativas deben dirigirse a un conocimiento cierto de lo previsto como hecho generador en la ley. Apreciada la prueba según el criterio de la sana crítica, corresponde concluir que el actor ostentaba la posesión sobre la fracción de terreno que adquirió por prescripción, pero no surge demostrado que el mismo ejerciera la efectiva posesión en el período reclamado sobre la restante superficie del padrón No. 104.672. Por el contrario, la prueba referida indica que otros vecinos del mismo, ejercían la posesión sobre otros terrenos de la superficie del padrón citado. Por sentencia del Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 12 Turno No. 36/2013, surge que el actor, junto a Mónica Lourdes González Berrueta, adquirió por prescripción treintenal la fracción del inmueble padrón No. 104.672, con una superficie de 502 metros cuadrados y 45 decímetros con frente a la calle Etiopía No. 2424 (fs. 316 vto. carpeta documentación en 361 fs.). De la inspección ocular realizada por la Alguacil y agregada a fs. 94 del expediente principal, surge que en la calle Etiopía No. 2424, se ve una construcción de dos plantas, fondo importante, una barbacoa cerrada, una pequeña casa de madera para niños, piscina y cercamiento total. Respecto a los padrones Nos. 104.672 y 427.494, se constata “ que en ambos padrones existen construcciones, espacios vacíos no hay ya que hay viviendas o se está construyendo. El Sr. Elbio Martínez, vive allí desde el año 1992, y que conoce al Sr. Leonardo Hermin, quien fue el que delimitó con alambrado” (fs. 95). Las declaraciones testimoniales de Sheremy Martínez, María Angélica Silvera y Diego Hermin son contestes en el sentido que el actor no poseyó otra vivienda en el vecindario además de la citada en Etiopía 2424 (fs. 82, 85 y 89). En efecto, el hecho generador es la posesión del inmueble y tal como resulta acreditado en el proceso, el actor no poseyó la totalidad del inmueble respecto del cual se realiza el avalúo. Ni siquiera poseyó el padrón con el deslinde correspondiente que la Administración toma en cuenta para realizar la determinación. Posteriormente, la Intendencia revoca parcialmente el acto, estableciendo el período a tributar hasta el año 2013. Sin perjuicio de ello, de 2013 hacia atrás continúa tomando en cuenta para la determinación la totalidad de un inmueble que nunca poseyó el pretensor. Otras actuaciones que obran en el expediente ratifican la inadecuación del actuar de la Administración al principio de realidad. Cuando se determina la obligación tributaria por la Tasa Departamental, se identifica el número de puerta No. 2466, siendo que este número, tal como se acreditó con la prueba diligenciada, no corresponde a la fracción que poseyó inicialmente el actor. Como enseña Cajarville: “Presupuesto del dictado de un acto administrativo, es el concreto acaecimiento del supuesto de hecho al cual aquella norma atributiva de competencia imputa abstractamente, como consecuencia jurídica, el dictado del acto de que se trate. (…) Si el hecho en cuestión está abstracta y típicamente previsto como supuesto en la norma atributiva de competencia, de tal manera que lo sucedido se adapte a la descripción típica normativa, es el hecho mismo el que impone a la Administración la norma aplicable y por tanto la consecuencia jurídica y el fin debido en cuanto estén establecidos en la norma. Si el hecho no está típicamente previsto en una norma, será la Administración la que aprecie si puede ser incluido en algún supuesto normativo más o menos indeterminado, y al optar por el supuesto de una norma quedarán determinados la consecuencia jurídica y el fin debido, en cuanto estén definidos en esa norma. En todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstancia exterior, cuya existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como la consecuencia jurídica. Por tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en sí misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad. Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivos del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos. Si los hechos son como la Administración pretende, pero no caben en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del poder de dictar el acto, éste estará viciado por ilegitimidad de los motivos.” (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Sobre Derecho Administrativo”, Tomo II, FCU, 3ª Edición, 2012, pág. 32-33). Por último, se concuerda con lo señalado por el PECA respecto de la contradicción en que incurre la Administración al revocar parcialmente el acto: “Del numeral 5) de la Resolución 2921/18 surge que no corresponde gravar la propiedad o posesión por el padrón 104.672 a partir de que se produjo la escisión del mismo en octubre de 2013. No obstante ello, en la parte Resolutiva de la misma, se reclaman tributos generados hasta el ejercicio 2013 inclusive, lo que no contempla lo expuesto en el No. 5, ya que se reclaman tributos por noviembre y diciembre de dicho año”. III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado; sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)