Sentencia Definitiva N° 157/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022 No. 157 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CUELLO CAMARGO, ISABEL con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 525/2019). RESULTANDO : I) A fs. 2 compareció Isabel CUELLO CAMARGO a demandar la nulidad de la Resolución dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, Nº AP 288/2018, de 21 de noviembre de 2018, mediante la cual se denegó su solicitud de reconocimiento de servicios domésticos por los períodos 01/01/1980 al 31/07/1990; 01/08/1990 al 31/05/1994 y 01/12/1995 a 31/03/1996 (AA fs. 24). Se agravió, esencialmente, sobre la valoración de la prueba diligenciada en sede de procedimiento administrativo, en tanto, a su criterio, las resultancias probatorias habrían sido deficientemente consideradas por parte de la Administración. Al respecto, estimó que, mediante el informativo testimonial diligenciado en el trámite jubilatorio, se acreditaron los servicios denunciados, los cuales fueron ilegítimamente denegados, extremo que meritaría la anulación de lo resuelto. Expuso que existió violación al principio del debido proceso legal y principio de defensa ya que el obrar administrativo en el transcurso del procedimiento retaceó sus garantías procesales al no haber tenido oportunidad de controlar el diligenciamiento de la prueba que sirviera de fundamento al BPS para denegar los servicios. Aseveró que la Administración actuó con desviación de poder. Faltó a todas las normas internacionales y nacionales y al principio de la seguridad social de la solidaridad. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 17 el representante del Banco de Previsión Social a contestar la demanda. Luego de reseñar los agravios de la actora, refirió al carácter insuficiente de la prueba testimonial diligenciada a efectos de probar los servicios denunciados y remitió a la valoración realizada en sede administrativa. Recalcó que la prueba respecto de los servicios debe ser fehaciente para otorgarse el derecho jubilatorio, situación que no acontece en el caso ya que las declaraciones presentan gruesas y numerosas incongruencias, no solo respecto a las fechas sino a las características de los servicios prestados. En definitiva, solicitó la confirmación del acto objeto de impugnación. III) Abierto el juicio a prueba (fs.30) se produjo la que luce certificada a fs. 70. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 73-78 y 79 a 81). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la confirmación del acto impugnado, por Dictamen No. 211/2021. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, Nº AP 288/2018, de 21 de noviembre de 2018, mediante la cual se denegó su solicitud de reconocimiento de servicios domésticos por los períodos 01/01/1980 al 31/07/1990; 01/08/1990 al 31/05/1994 y 01/12/1995 a 31/03/1996 para las Sras. María y Asunción Labairú Arbeola (AA fs. 24). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) El Tribunal, por unanimidad, discrepando con la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la anulación del acto impugnado. IV) Las actuaciones administrativas, en lo que resulta relevante para la dilucidación del objeto de la presente controversia, refieren al trámite de reconocimiento de servicios promovido por la Sra. Isabel Cuello ante el Banco de Previsión Social el 11 de junio de 2018 (AA fs. 2 a 7 vta.). En dicha oportunidad fueron denunciados diversos períodos de trabajo (AA fs. 2 vta.) a la vez que se propuso prueba testimonial para acreditarlos. En concreto, en cuanto refiere a los servicios denegados por la resolución impugnada, debe estarse a los servicios prestados para las Sras. María Labairú y Asunción Labairú, entre enero de 1980 a julio de 1990 y agosto de 1990 a marzo de 1996. La prueba testimonial fue diligencia por la Administración (AA fs. 9 vta. a 16). Los testimonios, en relación con la actividad denunciada, fueron considerados inválidos para acreditar el período denunciado (AA fs. 16). De las actuaciones precedentes se confirió vista a la parte actora (AA fs. 17) la cual fue evacuada mediante comparecencia obrante a fs. 19 a 20 vta. de los antecedentes. Los descargos fueron analizados por la Administración y se consideró no se aportaban nuevos elementos pasibles de variar las consideraciones (AA fs. 22). Finalmente, se dictó el acto objeto de impugnación. V) El agravio que denuncia cercenamiento del derecho de defensa, no se considera de recibo. Adviértase, tal como fuera relevado supra, que se le confirió vista de las actuaciones a las que la actora tuvo acceso durante la tramitación, presentando descargos respecto de los testimonios propuestos, los que fueron analizados por la Administración aunque no lograron conmover sus conclusiones. VI) En cuanto al mérito de la causa, el thema decidendum consiste en determinar si la valoración de la prueba que ha realizado el Banco de Previsión Social, ha sido legítima o si, por el contrario y tal como afirma la parte actora, ha sido valorado en forma incorrecta. Los medios probatorios para acreditar los servicios denunciados, en el procedimiento administrativo, consistieron, en la declaración de dos testigos. Sobre el primer testimonio, declaración de María de los Ángeles Hernández, la Administración indicó: “Declaración espontánea, no dubitativa, pero se detectan contradicciones con lo declarado por la titular en Acta Complementaria Servicio Doméstico (…). Declaración desfavorable por las siguientes actividades: -María Labairú, 01/1980 – 07/1990 – Asunción Labairiú, 08/1990 – 03/1996” (AA fs. 13). También se recabó la declaración de Blanca Lucy De los Santos (AA fs. 13 vta. y 14). Respecto de este testimonio, refirió la Administración: “Declaración que no conforma (…)” (AA fs. 14 vta.). Posteriormente, en la instancia recursiva fue propuesto el testimonio de Yeni Raquel Hernández (fs. 38 a 40 vta.). Por su parte, en sede jurisdiccional fue repetido el informativo testimonial diligenciado en el procedimiento administrativo (fs. 46 a 50 vta. y 67 a 69 infolios). Ahora bien, con carácter genérico, respecto a la valoración del material probatorio en casos análogos al presente, el Tribunal ha señalado, en base a anteriores pronunciamientos, que: “…no es necesario exigir una precisión extrema en las declaraciones de quienes atestiguan acerca de los servicios prestados por el interesado, especialmente si esos hechos datan de mucho tiempo atrás (unos 40 años) como en el presente, por lo que no se puede pretender que los relatos sean detallados y dotados de una gran exactitud de detalles. La Corporación, ante casos similares, expresó que: “En tal sentido vale recordar consideraciones vertidas en Sentencia N° 457/2011 en cuanto a que “(…) La Administración tampoco tuvo en cuenta que la apreciación de la prueba testimonial debe hacerse tomando en cuenta las circunstancias de conocimiento de los testigos y el contexto en el que se desarrollaron los hechos objeto del testimonio; siendo lógico que surjan imprecisiones y desprolijidades cuando se declara sobre acontecimientos acaecidos hace mucho tiempo (…)” (cf. Sentencia N°810/2016). Y también que “(…) corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008 (…)”, lo que (…) no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado (sentencia 809/2012)” (sentencias N° 143/2017 y 1053/2017, cf. Sentencia N°355/2018)” (Cf. sentencia Nº 266/2021). En tal sentido, en sede administrativa resulta relevante el testimonio de la testigo Hernández, hija de la empleadora María Labairú, quien declara que la accionante trabajó en su hogar cuando ella tenía 20 años. Destacó que el período trabajado fue entre 1980 a 1996 y lo vinculó al nacimiento de sus hijos mellizos que se encontraban al cuidado de su madre mientras la actora se encargaba de los servicios domésticos. Por otra parte, la testigo Sra. De los Santos manifestó que conoció a la compareciente en los años 1980 y vinculó esa fecha con su embarazo. Manifestó que Isabel era empleada doméstica al igual que ella que trabajaba en otra casa desempeñando las mismas tareas. En similares términos depuso la Sra. Yeni Hernández, quien conoció a la actora en el año 1980 por trabajar, también como doméstica, en la casa de al lado en la calle Ciudad de Guayaquil en Punta Gorda hasta 1996, vinculando el período con episodios de su vida personal (nacimiento de su segundo hijo). Ya en sede jurisdiccional, los testigos ratificaron la actividad denunciada para las Sras. María Labairú y Asunción Labairú (fs. 47 y 50 infolios). A juicio de la Sede, los testimonios recabados resultan, en líneas generales, inequívocos y espontáneos, más allá de alguna imprecisión respecto de algunos períodos o datos concretos que no enervan lo declarado. Resultan particularmente trascendentes en cuanto, algunos, emanan de testigos directos de la actividad (hija y sobrina de las empleadoras) y todos relacionan sus dichos con hechos precisos de su vida personal, lo cual, sumado a los restantes testimonios, informa a la credibilidad de la actividad denunciada y permiten concluir con certeza razonable en el efectivo cumplimiento de los servicios prestados, durante el tiempo declarado por la accionante. En definitiva, a diferencia de lo sostenido por el Ente Previsional, entiende la Corporación que el conjunto de la prueba testimonial diligenciada posee la suficiente fuerza convictiva como para acreditar que prestó servicios dependientes para las empleadoras María Labairú Arbeloa y Asunción Labairú Arbeloa desde el año 1980 a 1996. VI) Por último, debe tenerse presente que no se halla objetivamente acreditada la desviación de poder denunciada como agravio. No se aprecian, del informativo probatorio reunido en estos obrados, móviles aviesos o fines espurios, esto es, la disociación entre el fin normado y el efectivamente perseguido por los agentes públicos. Por tales fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República y demás disposiciones complementarias, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda y en su mérito anúlase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)