Sentencia Definitiva N° 154/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022 No. 154 VISTOS : Para sentencia definitiva los autos caratulados “ORTIZ AGUIAR, ANA MARÍA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 714/2019). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 4 y siguientes, se dirige contra la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, Nº AP74/2018, de 21 de marzo de 2018, en cuanto denegó el reconocimiento de servicios prestados por parte de la promotora a la Sra. María Cristina Pérez, por el período 01/01/1976 a 31/01/1983 (fs. 43 vto. A/A). Dicha resolución fue oportunamente recurrida por la accionante mediante recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 52 vto./53 A/ A). El recurso de revocación fue desestimado por Resolución Nº 947/2019 (fs. 71 vto. y siguientes A/A); el recurso jerárquico fue desestimado por Resolución del Directorio del Banco de Previsión Social Nº 31-16/2019 (fs. 76 vto./77 de los citados). II) Sostiene la demandante, en primer lugar, que el acto cuestionado carece de la debida motivación, menciona un elenco de resoluciones emanadas del Banco de Previsión Social, sin especificar en detalle la fundamentación de la denegatoria; no resulta suficiente, habida cuenta que aportó prueba testimonial, de la que surge que ha sido empleada doméstica para diversas familias de la zona y aún sigue siéndolo, tarea a la que se ha dedicado toda la vida. Así, afirma que el acto es producto de una errónea valoración de la prueba testimonial, ya que de dicho período no cuenta con prueba documental. El acto resulta ilegítimo, inmotivado y lesiona su derecho humano fundamental a una vida digna a través de la jubilación a la que tiene pleno derecho, dado que reúne requisitos de edad y servicios suficientes para ser acreedora de dicha prestación contributiva. Precisa que la estructura a que refiere el Decreto Nº 500/1991, implica la motivación y consagra el deber de motivar los actos administrativos. En el caso, la Administración empleó una fórmula marco, cuando la expresión de motivos debe incluir el análisis pormenorizado de las circunstancias de hecho y de Derecho que fundamenten la actuación, que en el caso no se hizo. Añade que si bien el Banco de Previsión Social tiene poderes relevantes en materia de seguridad social, también debe consignar elementos concretos para motivar el acto, a mayor poder de motivación, mayor obligación de motivar y el demandado ya no puede excusarse en la carga unilateral de la parte a efectos de aportar prueba. La Administración no valoró los extremos probatorios con criterio de razonabilidad, ni hizo esfuerzo en buscar la verdad material, ya que se ofrecieron varios testigos, entre ellos la Sra. Cristina Pérez y varias vecinas que conocían su calidad de empleada doméstica. La declaración de la usuaria Cristina Pérez, con peso específico y de capital importancia, acredita muy claramente las tareas que desempeñaba en su casa, el período, la forma de pago, el horario, asociando dichos extremos con su vida familiar. También fueron relevantes las declaraciones de las vecinas Nilbia Leal Álvez, Mary Suarez Mederos y María Dolores Montoya Obenauer, sin embargo fueron desechadas emitiéndose juicios de valor por el funcionario, quien únicamente se basó en el interrogatorio preestablecido. Entiende que en el procedimiento seguido, la motivación no emerge ni de los antecedentes ni del propio acto administrativo impugnado. En efecto, no surge ningún informe o dictamen previo al dictado del acto en el cual puedan examinarse las razones o fundamentos que motivaron la denegatoria; es más, la funcionaria receptora de las declaraciones, emite un juicio de valor que no fundamenta aludido como “testimonio armado”, con lo cual descalifica e invalida la declaración de una testigo. Por consiguiente, el acto adolece de un defecto que lo revoca parcialmente en el período denegado, adolece de arbitrariedad porque carece de fundamento y atenta contra el derecho humano fundamental de defensa consagrado en la Constitución de la República. Esos principios están consagrados en el Decreto Reglamentario del Banco de Previsión Social RD Nº 40-2/97, de 10 de diciembre de 1997, en sus artículos 2 a 8 y 149 a 151 de la Ley Nº 16.713, sin embargo el demandado omite aplicarlos cabalmente. Por último, puntualiza que en las décadas del 70 y 80 no se contaba con una cabal información sobre los derechos de seguridad social que asistían a los trabajadores domésticos y la relación laboral se edificaba sobre la base de la confianza y la familiaridad. A partir de la aprobación del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo Nº 189, el instituto previsional se vio comprometido frente a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, a difundir y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas; por tal razón, el demandado debe asumir su cuota de responsabilidad y no aplicar, a su juicio, tanta rigidez a la hora de emitir los dictámenes en relación a dicho sector. III) El Banco de Previsión Social contesta la demanda a fs. 16 y siguientes, abogando por la confirmación del acto, puesto que ha sido dictado en un todo conforme a los hechos y al Derecho aplicable. Contrariamente a lo sostenido por la actora, afirma que surge con meridiana claridad que la Administración, para valorar la prueba, tuvo en consideración las reglas de la sana crítica y fundamentó abundantemente esta valoración. Así, entiende que debe considerarse, por una parte, la inexistencia de prueba documental referente a la actividad denunciada y, en segundo término, que la prueba testimonial recogida carece del carácter de indubitable, irrefragable, que toda la normativa exige para poder basar en ella un derecho jubilatorio. La insuficiencia probatoria queda de manifiesto al examinar las declaraciones de los testigos propuestos, análisis que se realizó en forma por demás exhaustiva y fundada y es recogido en el informe de la Asesoría Letrada de Pasivos, que considera parte integrante del escrito de contestación de la demanda. Del análisis de todos los testimonios sobre los servicios en cuestión, valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica y razonabilidad, se concluye que no se ha obtenido prueba fehaciente, con respecto a la prestación de la actividad, por lo cual no resultan probados los servicios de la titular en la empresa María Cristina Pérez en el período 1º de enero de 1976 a 31 de enero de 1983. Basta con analizar el pormenorizado informe agregado en los antecedentes, para determinar no sólo lo ajustado de la decisión de considerar insuficiente la prueba, sino la razonable y más que suficiente fundamentación de dicha decisión. Esto se contrapone absolutamente con lo afirmado por la Sra. Ortiz, puesto que, lejos de ser discrecional la denegatoria de estos períodos responde estrictamente a los fundamentos que se detallan en el citado informe. Del análisis de la prueba recabada emana que existen, indudablemente, serias y graves contradicciones entre los diversos testimonios brindados entre sí, como así también respecto a lo declarado por la titular. Además, las declaraciones adolecen de imprecisiones, incongruencias, vaguedades e incluso irregularidades, que anulan su valor probatorio. Ello conduce inexorablemente a concluir que la prueba ofrecida y recogida en autos, no es contundentemente clara, fehaciente, digna de crédito, como para que el Banco de Previsión Social proceda a reconocer los servicios laborales declarados, que no cuenten con prueba documental alguna y tampoco con aportes realizados. En tal medida, sostiene que no es de recibo la falta de motivación del acto administrativo alegada, en tanto dicho acto se fundamenta en el análisis detallado de la prueba testimonial ofrecida, la que fuera diligenciada en su totalidad, y cuyas resultancias se encuentran incorporadas al trámite de solicitud de jubilación, formando parte de los antecedentes administrativos y, por ende, constituyendo el fundamento de la resolución finalmente dictada. Las actuaciones que conforman los antecedentes administrativos revelan, sin hesitación, que el acto administrativo ha sido dictado conforme a Derecho, que el procedimiento administrativo llevado a cabo fue en un todo exhaustivo, procurando desentrañar, sin economizar esfuerzos, la “verdad material”, dotando a la administrada de las máximas garantías de defensa, siendo aceptada y diligenciada la totalidad de la prueba propuesta por la titular para contar con un máximo de elementos de juicio, previo a extraer conclusiones, lo que lleva a considerar que el acto dictado no merece reproche. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que luce certificada a fojas 61. V) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fojas 64/65 vto.; 68/69 vto.). VI) Conferida vista, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó desestimar la demanda, por Dictamen Nro. 224/2021 (fs. 72). VII) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, el accionamiento deducido ha cumplido adecuadamente con los requerimientos normativos a efectos del correcto accionamiento por nulidad (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República, arts. 4 y 5 del Decreto Ley Nº 15.869). II) El Tribunal, apartándose en el caso de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, hará lugar a la demanda de nulidad entablada. En efecto, se advierte que la Administración incurrió en error al valorar los elementos de juicio que determinaron la decisión administrativa adoptada al surgir, en forma razonable y suficiente, que la demandante, cuya modalidad de sustento económico le constaba cabalmente al ente, prestó servicios en el período en cuestión para la Sra. Cristina Pérez. Tales elementos de juicio emergen de una lectura contextualizada de las declaraciones prestadas en la esfera administrativa y se corroboran con las resultancias del esfuerzo probatorio que la parte actora cumplió ante esta sede jurisdiccional (Carpeta de Prueba en 33 fojas, que contiene la recepción de los testimonios por parte del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 3er. Turno). Por su parte, pretender contar con prueba documental en situaciones como la de autos implica no tener presentes, conforme la experiencia y la razón, las características de informalidad, vulnerabilidad y desprotección en que pueden generase y desarrollarse los vínculos laborales de tal naturaleza; máxime cuando refieren a un período en que su falta de regulación específica resulta incontestable como marco referencial. III) Como ha sostenido el Tribunal “... no es necesario exigir una precisión extrema en las declaraciones de quienes atestiguan acerca de los servicios prestados por el interesado, especialmente si esos hechos datan de mucho tiempo atrás (unos 40 años) como en el presente, por lo que no se puede pretender que los relatos sean detallados y dotados de una gran exactitud de detalles. La Corporación, ante casos similares, expresó que: “En tal sentido vale recordar consideraciones vertidas en Sentencia N° 457/2011 en cuanto a que “(…) La Administración tampoco tuvo en cuenta que la apreciación de la prueba testimonial debe hacerse tomando en cuenta las circunstancias de conocimiento de los testigos y el contexto en el que se desarrollaron los hechos objeto del testimonio; siendo lógico que surjan imprecisiones y desprolijidades cuando se declara sobre acontecimientos acaecidos hace mucho tiempo (…)” (cf. Sentencia N°810/2016). Y también que: “En este sentido, la Corporación ha señalado ante casos similares que “(…) corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008 (…)”, lo que (…) no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado (sentencia 809/2012)” (sentencias N° 143/2017 y 1053/2017) (la negrilla y el subrayado no están en el original).” (cf. Sentencia N°355/2018).” (Sentencia Nº 266/2021) IV) Conforme las pautas antes indicadas, el cúmulo testimonial reunido permite entender suficientemente acreditado el vínculo laboral en el período en análisis, máxime si se advierte que su condición de trabajadora doméstica acompaña toda la actividad laboral de la promotora, tal como surge del reconocimiento que el propio ente realiza en el acto cuestionado. Así, en sede administrativa obran las declaraciones de la Sra. Nilbia Leal Álvez (fs. 19 vto. a 20 A/A); Mary Suárez Mederos (fs. 21 vto. a 22 A/A)) y Sra. María Cristina Pérez (fs. 24 vto. a 25 A/A). Los testimonios de las Sras. Suárez Mederos y Leal Álvez fueron declarados inválidos por parte de la Administración, ya que, sin brindar mayores detalles, se señaló que no aportaron datos que permitan probar el período denunciado (fs. 26 vto. A/A). En cambio, el testimonio de la empleadora, Sra. María Cristina Pérez quien “...declara en forma espontánea...” , fue considerado como válido; no obstante, en función de discrepancias con la declaración de la titular respecto del período denunciado (la empleadora declaró un período mayor de tiempo (que ubica en torno a 1973) se sugirió que no se reconocieron los servicios (fojas citadas). En tales términos se confiere vista (fs. 27. vto. A/A). Posteriormente se diligenciaron, también en sede administrativa y ofertados por la interesada, los testimonios de las Sras. María Dolores Montoya (fs. 33 vto. a 34 vto.) Martha Susana Albarracín (fs. 36 vto. a 37 vto.) y Mercedes Beatriz Burgos Lima (fs. 38 vto. a 39 vto.). Los referidos testimonios fueron valorados negativamente a efectos de acreditar los servicios denunciados (fs. 35 vto., 38 y 40 respectivamente). En suma, se los consideró poco creíbles, ya que de las tres testigos, dos de ellas contaban con notas con indicaciones sobre el contenido de su declaración y los tres testimonios coinciden exactamente con lo escrito en las referidas anotaciones (informe a fs. 41 vto.). Resta señalar que el informe al que refiere la parte demandada al contestar, se elabora una vez deducidos los respectivos recursos administrativos (fs. 63 y ss. A/A); previo al dictado del acto, son las evaluaciones que vienen de citarse los únicos elementos que obran como fundamentación previa de la denegatoria resuelta. En el marco de la sustanciación de los recursos, en la medida que se advierte que el testimonio de Pérez “...fue considerado válido…”, se remiten las actuaciones a efectos de recabar declaración del Sr. Walter Osvaldo Boffa, esposo de la misma (fs. 67 vta. y 69/70 A/A); declaración que también se reputa como no válida en tanto “...no aporta datos relevantes que sirvan para dar por válido período declarado por la titular” (fs. 70 vta. de los citados). En sede jurisdiccional fue repetido el informativo testimonial, conforme surge del acta obrante a fs. 25 y siguientes del acordonado respectivo. Como se adelantara, las pautas de valoración de las declaraciones deben atender tanto a la contextualidad como a la temporalidad de las mismas, aunado a las características propias de la actividad que prestaba la demandante al momento de las fechas que pretenden acreditarse, que claramente, por su parte, conformaban su actividad laboral habitual. Resulta relevante la declaración de la Sra. Pérez en cuanto a la existencia del vínculo laboral en la medida que proviene, precisamente, de la propia la empleadora y cuenta con un grado de detalle de peso, asociado a eventos específicos de su vida personal. En ello es conteste el testimonio brindado por su esposo. Si bien es cierto, como advirtió la Administración, que el período denunciado por la actora es distinto al declarado por sus empleadores (estos últimos refieren que trabajó para ellos desde 1973 a 1983) debe notarse que el denunciado es menor, lo que definitivamente no puede conspirar en contra de la interesada, considerando el cúmulo probatorio en su totalidad y en su contexto. Por su parte, los testimonios de las Sras. Leal Álvez y Suárez Mederos aportan verosimilitud a la actividad denunciada, en tanto dieron detalles de la modalidad en que se desarrollaba la actividad, el período laborado y el lugar de trabajo. La Administración pretendió restar eficacia convictiva reputando inválidas las declaraciones, no obstante, sus resultados aparecen robustecidos desde el examen contextual de los hechos a probar, lo cual se nutre de aspectos tales como la declaración de los empleadores y la circunstancia de que la actora se dedicó toda su vida laboral a la realización de tareas domésticas. Asiste razón a la Administración en cuanto a que las anotaciones requisadas a los testigos restan verosimilitud al testimonio, aun considerando que se trataba de “ayuda memorias”, tal como pretendió justificarse en sede administrativa y jurisdiccional (fs. 37 vto. y 39 vto. A/ A y fs. 28 y 29 del acordonado de prueba). No obstante, no menos cierto es que tal circunstancia refiere al caso de dos testigos, no a la totalidad de las deposiciones tomadas; por su parte, no se halla desacreditado un conjunto de hechos que permiten dotar de eficacia a dichos testimonios, así sea sólo indicativa de los hechos a probar, tales como su edad a efectos de declarar sobre hechos acontecidos hace casi cuarenta años, o el conocimiento manifestado respecto de la denunciante que trasunta hacia las actividades laborales que realizó. En consecuencia, los elementos señalados dotan de credibilidad a la actividad denunciada, lo cual determina la ilegitimidad del proceder de la Administración al desconocer los servicios denunciados. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República y demás disposiciones complementarias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, F A L LA : Ampárase la demanda entablada y, por ende, anúlase el acto administrativo accionado; sin especial condena en costas ni costos. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)