Sentencia Definitiva N° 150/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022 No. 150 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MAÑANA CORBO, LAURA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 481/2019). RESULTANDO: I) La actora dedujo demanda anulatoria “respecto de la Resolución Nº 2017-28/2019”, relatando en el capítulo de “Hechos” que el 18 de octubre de 2017, se presentó ante el BPS a iniciar los trámites para el reconocimiento de la unión concubinaria y el subsidio por fallecimiento del Sr. Rodrigo Díaz de los Santos, quien fuera su concubino hasta el día de su fallecimiento. Indicó que el trámite fue tomando su curso hasta que el 9 de marzo de 2018, se le notificó la Resolución Nº 03-936-2018-569 , en la cual se le denegó el reconocimiento de unión concubinaria, resolución que recurrió para que el Organismo reviera la decisión adoptada. Seguidamente, en su expresión de agravios, manifestó que: “Dada la convivencia ininterrumpida que mantuve durante 9 años con el Sr. Rodrigo Díaz de Los Santos, luego de que este falleciere a raíz del padecimiento de una grave enfermedad, me vi en la obligación moral y psíquica de repensar mi vida, es por ello que recurrí por incuestionable necesidad a la tramitación del subsidio por fallecimiento en fecha 18/10/2017, el cual es gestionado por el Banco de Previsión Social” (fs. 2). Luego de lo cual, señala la siguiente “Fundamentación”: “Doctrinariamente, el principio de legalidad y demás principios que rigen al procedimiento administrativo está regulado en (el) art 23 del Decreto Ley Nº 15.524 en solución reiterada por su art 32 y en el art 309 de la Constitución de la República Oriental, la cual dispone que se considerarán objeto de nulidad ‘los actos administrativos unilaterales, convencionales o de toda otra naturaleza dictados con desviación, abuso o exceso de poder, o con violación a una regla de derecho, considerándose tal, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual’. Una característica esencial de la actuación de la administración pública, es la sumisión al derecho. En este sentido dentro del ámbito del derecho la consecuencia de los actos defectuosos es su nulidad, es decir, la privación de los efectos jurídicos del acto. El acto será nulo o anulable en función de la mayor o menor gravedad del vicio” (fs. 3) (la negrilla coincide con el texto original). En suma, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 3 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció el Dr. Julio Cesar Alves -en representación del Banco de Previsión Social-, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La titular pretende la declaración de nulidad de la Resolución RD Nº 17-28/2019, mediante la cual no se hizo lugar al recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de la Gerencia de Prestaciones Económica Nº 03-936-2018-569, por la que se desestimó el reconocimiento de la unión concubinaria con el extinto Sr. Rodrigo Washington Díaz de los Santos, en virtud de no haber probado la totalidad de los extremos requeridos por los artículos 1, 2 y 14 de la Ley Nº 18.246, de 23 de diciembre de 2007. Claramente la acción incoada equivoca el acto lesivo a anular, ya que sin lugar a dudas es la Resolución Nº 03-396-2018-569. En cuanto a la expresión de agravios esgrimida, es claro y manifiesto el defecto en el modo de proponer la demanda puesto que no se dio cumplimiento a lo establecido por el artículo 59 numerales 5) y 6) del Decreto - Ley Nº 15.524. El BPS se encuentra en indefensión a los efectos de realizar una sólida defensa de la demanda al no contar con la expresión de agravios en forma precisa y clara como la norma lo exige. Por otra parte, los agravios no cuestionaron directamente ninguno de los contenidos del acto, sin siquiera realizar una enunciación genérica apta para desvirtuar lo resuelto por la Administración. Para el caso que el Tribunal igualmente ingrese al fondo del asunto, la Administración actuó conforme a derecho. En este sentido, la unión concubinaria debe existir al momento de la configuración de la causal pensionaria. Por ende, el hecho que al tiempo de configuración de la causal (fallecimiento del concubino) no existiera tal unión enerva la procedencia del reconocimiento de la unión concubinaria. No resultaron probados en vía administrativa los requisitos previstos por la Ley para la declaración de la unión concubinaria. Lo declarado por los tres testigos que propuso la Sra. Mañana se contradicen con las declaraciones de la propia titular. A su vez, la relación tampoco revisitó la calidad de estable, permanente e ininterrumpida, ya que la propia actora declaró que existieron interrupciones. Pero el punto fundamental es que no se acreditó el cumplimiento de la exigencia establecida por el artículo 14 de la Ley Nº 18.246, que refiere a las personas que “(…) hasta el momento de configuración de la causal, hubieran mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria (…)”. En cuanto a la investigación sumaria de los períodos declarados, al constituirse los funcionarios en Arenal Grande Nº 2590, esquina Rivadavia, se constató que es una zona comercial encontrándose pocas viviendas en la zona. Consultados vecinos y comerciantes, no se ubicó quien reconociera a los titulares. En el domicilio de Carreras Nacionales Nº 3816, no existía vivienda con tal numeración y los vecinos de la cuadra no reconocieron a sus titulares. En la dirección de Roberto Koch Nº 3810, varios de los vecinos no estaban seguros al reconocer la imagen del causante e indicaron que llevaban muy poco tiempo ocupando el domicilio denunciado, que fue alquilado varias veces. En la calle Cane Nº 3640, se ubicaron pocos vecinos y dos reconocieron la imagen de la solicitante, asociándola con sus padres. En el domicilio de Martín García Nº 4068, la numeración estaba incorrecta, impidiendo las indagaciones pertinentes. Con respecto a las declaraciones de los testigos presentados, tampoco surgen elementos que lleven a poder probar la unión concubinaria. La testigo Valeria Álvarez, declaró que ellos convivieron en Arenal Grande y que no conoció la última dirección, agregando que “los últimos seis años no los visité” . El testigo Boris Ledesma, conoció dos de los domicilios, en Venancio Benavidez y en Arenal Grande y tampoco fue a los últimos domicilios. Ninguno de estos testimonios es concluyente. Si bien, conocían a los titulares, no pueden asegurar que estuvieran juntos como lo exige la Ley Nº 18.246. Después la titular presentó nuevos testigos y el Sr. Gustavo Ebole, manifestó que “yo los dejé de ver cuando se mudaron a Roberto Koch, porque él estaba mal de salud, unos cinco meses antes de fallecer más o menos”. Por su parte, la Sra. María Castro, al ser preguntada si los titulares estaban separados previo al fallecimiento del titular respondió: “Si. Ella estaba viviendo en la casa de la madre de ella”. En tanto, la testigo María Albarenque, indicó que los titulares se mudaron y perdió el contacto, no teniendo conocimiento de donde vivieron después. La última vez que presenció la convivencia de los titulares fue “cuando vivían en Arenal Grande, hace años ya”. Inobjetablemente, el Organismo llevó a la conclusión que tomando en cuenta todos los elementos obtenidos conforme a los criterios de la sana crítica, no surge probada la unión concubinaria de los titulares, en tanto no se acreditaron todos los presupuestos exigidos por la Ley Nº 18.246. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda y la confirmación de la Resolución impugnada (fs. 19 a 29 vto.). III) Por decreto No. 9840/2019 (fs. 31) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 65. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 68 - 68 vto. y fs. 71 - 74, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 210/2021 (fs. 77 a 77 vto.) en el que aconsejó la confirmación del acto. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 79). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La actora dirigió su demanda contra la Resolución R.D. Nº 17- 28/2019 (fs. 56, en carpeta verde de 103 fojas, A.A.), mediante la cual el Directorio del Banco de Previsión Social desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 03-936-2018-569 (fs. 26 vto. a 27, A.A.). El artículo 60 del Decreto-Ley Nº 15.524 establece que: “Aun cuando el promotor aluda al acto confirmatorio con el que hubiera concluido la vía administrativa, la demanda se entenderá siempre dirigida contra el acto originario creador de la situación de perjuicio que se invoca en el reclamo anulatorio.” , razón por la cual se entenderá que la demanda se entabló contra la Resolución Nº 03-936-2018-569, que fue la que le denegó el reconocimiento de la unión concubinaria que solicitó. La Resolución encausada se emitió el 9 de marzo de 2018 (fs. 26 vto. a 27, A.A.) y se notificó a la actora el 19 de abril de 2018 (fs. 31 y 32 vto., A.A.). El 30 de abril de 2018, interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 31 vto. a 32, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, la que se configuró a través del dictado de la Resolución R.D. Nº 1728/2019, de 29 de mayo de 2019 (fs. 56, A.A.), notificada a la actora el 13 de junio de 2019 (fs. 59 vto., A.A.). La demanda se interpuso el 12 de agosto de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 4). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Conforme surge de los antecedentes, el 18 de octubre de 2017, se presentó la actora a gestionar el trámite de reconocimiento de la unión concubinaria respecto del Sr. Rodrigo Washington Díaz de los Santos, declarando que esta se inició el 1º de febrero de 1999 (fs. 1 a 6 vto., A.A.). En función de la testimonial ofrecida, se interrogó a la testigo Valeria Álvarez, quien sucintamente declaró que “ Ellos convivieron en Arenal Grande, la última dirección no la conocía personalmente , el consumía drogas y yo no iba a ir con mis hijos, pero mantenía contacto con Laura y sabía de él. Eran en San Martín y Propios (…)”, agregando que el período de convivencia fue “de 2002 o 2003 hasta 2011” (fs. 9 vto. a 10, A.A.) (la negrilla no está en el original). Luego se tomó declaración al Sr. Boris Ledesma, el que básicamente afirmó que “Ellos vivieron en Venancio Benavídez, en Arenal Grande, por Centenario, por Villa Española, en la Comercial. Vivieron en muchos lados”, precisando que él conoció personalmente el de Venancio Benavídez y el de Arenal Grande, que siempre estuvieron juntos y que convivieron “Por lo menos veinte años. Hasta que falleció” el titular (fs. 10 a 11 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 16 de enero de 2018, la Sección Inspecciones y Certificaciones elaboró un informe en el que se dejó asentado lo siguiente: “De la consulta al sistema informático, histórico de domicilios incongruente, surge para la solicitante dentro del período investigado calle Martín García 4068 , Cane 3640. Declaración jurada de núcleos, declaración de vínculos, consulta de solicitudes (solicitante y causante) sin elementos en contrario con lo declarado. Se procedió a efectuar investigación sumarial en todos los domicilios de convivencia declarados a fs. 5 dentro del período investigado. Constituida en Arenal Grande 2590 esquina Rivadavia se constató que es una zona comercial altamente transitada encontrándose pocas viviendas en la zona. Consultados vecinos y comerciantes, no se ubicó quien reconociera a los titulares . Tampoco se logró consultar a actual morador del domicilio denunciado. En el domicilio de Carreras Nacionales 3816, no existe vivienda con tal numeración (…) se consultaron a todos los vecinos de la cuadra y sus alrededores, sin ubicar quien reconociera a los titulares. Constituida en Roberto Koch 3810 y luego de consultar a todos los vecinos de la cuadra y alrededores, varios de los consultados no estaban seguros al reconocer imagen del causante (…). Teniendo en cuenta histórico de domicilios de la consultante, me constituí en calle Cane 3640, ubicándose pocos vecinos (…) De los consultados, dos reconocieron imagen de la solicitante , asociándola con sus padres, que viven en el domicilio histórico (…). El domicilio que surge en histórico Martín García 4068 es incorrecto en su numeración (…), impidiendo realizarse las indagaciones pertinentes. Se diligenció la prueba ofrecida por la solicitante a fs. 6 y 7 . Los testigos reconocieron conocer solo el domicilio ocupado en Arenal Grande 2590 y la Sra. Valeria Álvarez declaró no visitar a los mismos hace seis años. Los hechos que declaran no han sido presenciados en el período investigado. Conclusión De la valoración de los elementos obtenidos en la investigación, no surge probada la unión concubinaria de los titulares, en tanto no se acreditaron en la especie, los presupuestos de hecho exigidos por el art. 2º de la Ley Nro. 18.246 (…)” (fs. 12 vto. a 13, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Notificada la actora de la vista (fs. 14 a 14 vto., A.A.), ofreció nuevos testigos (fs. 15 vto. a 16, A.A.). Asimismo, se le interrogó en función de las contradicciones emergentes de las actuaciones, instancia en la que precisó que “En Martín García entre Defensa y Martín C Martínez alquilé una piecita, en una pensión menos de dos meses en mayo-junio de 2017. Lo hice en el período que estuve separada de Rodrigo . Yo había empezado a trabajar en Piriápolis , por lo que viajaba todos los días, vivíamos (en) Roberto Koch con mi cuñado y mi sobrino. Rodrigo no estaba de acuerdo en que trabajara lejos, discutimos y decidí alquilar una piecita en Martín García. Reiniciamos la convivencia a fines de junio (o) principios de julio. Allí Rodrigo estaba mal de salud.” (fs. 14 a 14 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Asimismo, se le preguntó si había ocupado el domicilio de la calle Cane 3640 dentro de los cinco años previos al fallecimiento del causante, a lo que respondió que: “Si. Es la casa de mis padres. Allí iba cuando discutía con él . Ahora vivo allí. Estuve viviendo de mayo a fines de julio 2014 o 2013. Estuvimos separados con Rodrigo tres meses y poco después de su cumpleaños el 30 de julio volvimos a vivir juntos . Él estaba internado en el CASMU. En ese tiempo los dos consumíamos drogas, Rodrigo más, por eso a veces teníamos que separarnos , era un ambiente que nos hacía mal.” (fs. 14 vto., A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En cuanto a los testigos que ofreció, el Sr. Gustavo Ebole, declaró que “Empezaron hace veinticinco años. Empezaron a convivir en 1998” , consignando que “Laura se internaba con él. De repente se pelaban y se iba unos días a la casa de la madre, pero después volvía con él”, recalcando que convivieron “Más de veinte años, hasta que él falleció. No conocía de separación, sí de peleas (…)” . En cuanto a la última vez que los vio, indicó que “Yo los dejé de ver cuando se mudaron a Roberto Koch, porque él estaba muy mal de salud, unos cinco meses antes de fallecer más o menos.” (fs. 17 vto. a 18, A.A.) (la negrilla no está en el original). Luego declaró María Rosa Castro Anchen, dijo básicamente que “Yo era vecina de ellos cuando vivían en la Calle (Carreras) Nacionales” , acotando que tuvo conocimiento que los titulares estuvieron “Ahí medio peleados, se fue Laura a la casa de la madre, no sé cuánto tiempo estuvo, pero volvió (…)”. Preguntada específicamente, si los titulares estaban separados previo al fallecimiento del causante, respondió: “Si, ella estaba viviendo en la casa de la madre de ella. Ahora también. No sé dónde estaba viviendo Rodrigo cuando la internaron (…)” (fs. 18 vto. a 19, A.A.). Por último, se interrogó a María Albarenque, quien visitó alguna vez (no muy seguido) a los titulares en la casa de Arenal Grande, acotando que “Sé que estuvieron muchos años allí, hacía como diez años y por años estuvieron (…)”, aclarando que la última vez que los vio fue “Cuando vivían en Arenal Grande, hace años ya .” Asimismo, dijo: “Sé que una vuelta se pelearon y se separaron viviendo en Arenal Grande, pero no sé por cuanto tiempo ni donde se fue el otro (…)” (fs. 21 vto. a 22, A.A.). El 2 de febrero de 2018, la Sección Inspección y Certificaciones emitió un nuevo informe en el que relacionó los contenidos de la testimonial producida y destacó que: “En el caso que nos ocupa, se obtuvieron elementos que verifican la existencia de al menos dos separaciones de hecho durante el período investigado. Conclusión Teniendo en cuenta todos los elementos obtenidos, valorados conforme los criterios de la sana crítica, no surge probada la unión concubinaria de los titulares (…)” (fs. 22 vto. a 23, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, elevadas las actuaciones a la Gerencia de Prestaciones Económicas, emitió el acto que se enjuicia en los presentes obrados (fs. 26 vto. a 27, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, dispondrá la confirmación del acto, por los distintos fundamentos que se habrán de explicitar. En lo inicial, corresponde señalar que para la Sra. Ministra, Dra. Selva Klett y este redactor , la actora no satisfizo la carga de fundamentar suficiente y adecuadamente su pretensión, lo que de por sí conduce al rechazo de la demanda (artículo 59 numerales 5) y 6) del Decreto - Ley Nº 15.524). En este sentido, cabe recordar que, en su demanda, la actora se limitó a señalar lacónicamente que “Dada la convivencia ininterrumpida que mantuve durante 9 años con el Sr. Rodrigo Díaz de los Santos, luego de que éste falleciere a raíz del padecimiento de una grave enfermedad, me vi en la obligación moral y psíquica de repensar mi vida, es por ello que recurrí por incuestionable necesidad, a la tramitación del subsidio por fallecimiento en fecha 18/10/2017, el cual es gestionado por el Banco de Previsión Social” (véase la demanda a fs. 2, infolios). Y luego, bajo el título “ Fundamentación”, lo único que expresó fue lo siguiente: “Doctrinariamente, el principio de legalidad y demás principios que rigen al procedimiento administrativo está regulado en (el) art 23 del Decreto Ley Nº 15.524 en solución reiterada por su art 32 y en el art 309 de la Constitución de la República Oriental, la cual dispone que se considerarán objeto de nulidad ‘los actos administrativos unilaterales, convencionales o de toda otra naturaleza dictados con desviación, abuso o exceso de poder, o con violación a una regla de derecho, considerándose tal, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual’ . Una característica esencial de la actuación de la administración pública, es la sumisión al derecho. En este sentido dentro del ámbito del derecho la consecuencia de los actos defectuosos es su nulidad, es decir, la privación de los efectos jurídicos del acto. El acto será nulo o anulable en función de la mayor o menor gravedad del vicio” (véase la demanda, a fs. 3, infolios) (la negrilla coincide con el texto original). El artículo 59 del Decreto Ley Nº 15.524, prevé que la demanda anulatoria deberá contener: “(…) 5) “Los hechos y actos en que se funda el pedido de anulación expuestos con claridad y precisión. 6) Los fundamentos de derecho establecidos de la misma manera, individualizando la norma o normas que se consideren vulneradas o los extremos que se estimen configurativos de desviación, abuso o exceso de poder.” (la negrilla no pertenece al texto original). Los mismos requisitos son impuestos por los numerales 4º y 5º del artículo 284 del CPC. Sin embargo, la promotora, en su libelo, simplemente indica que inició trámite de reconocimiento de unión concubinaria, que es una característica esencial de la actuación de la Administración Pública y la sumisión a Derecho, a cuyos efectos invoca los artículos 23 del Decreto- Ley Nº 15.524 y 309 de la Constitución. Pero, en ningún pasaje de la demanda, expone la plataforma fáctica concreta que determine una afectación real, determinando así un proceder contrario a la regla de derecho por parte de la Administración que lesione un derecho o un interés directo, personal y legítimo del cual es titular. Así las cosas, y con tan magra exposición del planteo fáctico y jurídico de la cuestión sometida a resolución de este Tribunal, puede entenderse que se configuró un supuesto de infundabilidad de la pretensión. Como se sostuvo por el Tribunal en sentencia Nº 828/1996 , y en términos trasladables al sub - examine, “Una demanda anulatoria que no indica la lesión que le provoca el acto impugnado en forma clara y concreta; y que omite , asimismo, expresar en qué consiste la ilegitimidad de dicho acto, exterioriza manifiesta INFUNDABILIDAD DE LA PRETENSIÓN. Razón suficiente, por sí misma, para rechazar una pretensión así concebida .” (…) En suma, las razones adjetivas anotadas, son razón suficiente para desestimar la demanda incoada. (…)” (la negrilla y el subrayado no coinciden con el original). Del mismo modo, cabe tener presente lo expresado por la Suprema Corte de Justicia en sentencia Nº 555/2016 , en la cual se expresó: “Como señaló la Corporación en Sentencia S.C.J. No. 799/012, Sentencia S.C.J. No. 739/014, Sentencia S.C.J. No. 142/015 y Sentencia S.C.J. No. 116/016, conforme a la teoría de la sustanciación de la demanda, que rige en nuestro ordenamiento jurídico procesal, los hechos que constituyen el fundamento de la pretensión deben ser aducidos en forma clara y precisa, por cuanto a ellos hay que estar para dirimir la controversia (cf. Vescovi, Enrique y colaboradores, Código General del Proceso Comentado, anotado y concordado, Tomo 3, pág. 43).” (la negrilla no está en el original). En el plano doctrinal, ya bajo la vigencia del CPC la doctrina procesalista advertía: “El actor no puede limitarse a someter al Juez un conjunto de hechos y dejar a su discreción las consecuencias jurídicas que quiera sacar de ellos y reconocerle . Por el contrario , debe indicar el objeto y fundamento de la presentación y presentar una petición determinada, o sea pretender aun consecuencia jurídica determinada : ‘los fundamentos de derecho…’ art. 284 inc. 5º . Y el Juez está obligado por esto, ya que sólo debe decidir si la consecuencia jurídica pretendida por el actor se ha producido, y no puede concederle ninguna otra consecuencia. Porque si no, modificaría la demanda, lo que no puede hacer, como tampoco el actor.” (Cf. Jaime Greif, “Iniciación del proceso civil ordinario”, en “Curso de Derecho Procesal” , p. 33) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Esta lógica se mantuvo en el sistema del CGP, en donde se previene que “No resulta, entonces, admisible la presentación de “demandas genéricas”, de demandas que intenten que sea el juez quien establezca el contenido y los confines de la pretensión . Tal proceder no puede ser adoptado por el tribunal , a quien se le deben aportar los hechos y su interpretación (art.1). En idéntico sentido, se había pronunciado el TAC 5: En virtud de la vigencia de los principios de lealtad, probidad, veracidad y buena fe que presiden el debate judicial, se impone a la parte actora la conducta leal y de buena fe y de colaboración con el Tribunal . Si la ambigüedad, evasión o reticencia en la contestación de la demanda se castiga con la consecuencia gravosa de la admisión (130.2 CGP), debe merecer el disfavor legal la conducta procesal del actor que, en desconocimiento del onus explanandi y el deber de veracidad, oculta circunstancias de hecho, deforma la verdad, retiene una información útil a los efectos de la dilucidación de la litis”. (Cf. Selva Klett, “Proceso Ordinario” , tomo I, FCU, Montevideo, 2014, p. 239 a 240) (la negrilla no está en el original). Por estos fundamentos, la Sra. Ministra, Dra. Selva Klett y este redactor se pronuncian por desestimar la demanda, sin que resulte necesario ingresar al fondo del asunto. IV) Ahora bien, aun adoptando una postura más amplia, los Sres. Ministros, Dres. William Corujo, Nilza Salvo y Luis Simón, entienden que igualmente procede desestimar la demanda por razones de fondo. Según esta posición, es posible interpretar que de la demanda surge que la actora alegó la configuración de una relación de unión concubinaria al amparo de lo previsto por la Ley Nº 18.246 y se agravió de la denegatoria de la misma, ofreciendo prueba al respecto, todo lo cual habilita a ingresar al análisis del mérito de la causa (Sobre las pautas de interpretación de la demanda, cabe remitirse al clásico estudio sobre el tema del Dr. Héctor Luis Odriozola, “Interpretación de la demanda” , en Revista Judicatura Año 1, No. 10, volumen II, Montevideo, Diciembre 1976, p 249 a 250. En jurisprudencia, pueden verse las sentencias SCJ Nos. 347/2012 y 130/2016 como también las sentencias TCA Nº 216/2019, 202/2020 y 279/2021, entre otras). En este sentido, la prueba diligenciada tanto en sede administrativa como en este proceso no logra conmover la legitimidad del acto. En efecto, de las declaraciones vertidas por la actora (fs. 14 y vto., AA) surge que estuvo separada un tiempo con el causante e incluso alquiló un lugar para vivir entre los meses mayo a junio de 2017, por lo que habiendo fallecido el Sr. Díaz el 26 de agosto de 2017 (fs. 2 vto., AA), se constata que hubo interrupción de la convivencia y de la relación, dentro de los 5 años previos al fallecimiento. Del mismo modo, algunos de los testigos ofrecidos por la actora señalaron conocer que ésta se encontraba separada, a la fecha de fallecimiento del causante (véanse las declaraciones de la Sra. María Rosa Castro, fs. 19, A.A. y de María Albarenque, a 21 vto., A.A.) y no demostraron tener cabal conocimiento de la convivencia durante todo el período requerido para configurar la unión (véase por ejemplo la declaración de la Sra. María Rosa Castro, fs. 19, A.A.), o bien declararon un período que excedió ampliamente el denunciado por la actor (véase por ejemplo la declaración del Sr. Gustavo Ébole, a fs. 18 vto., A.A.). Desde otro ángulo, los testigos interrogados tampoco pudieron corroborar la convivencia en los últimos cinco años en virtud de que no se veían frecuentemente. La testigo Valeria Álvarez, al ser interrogada respecto de la frecuencia con que veía a la pareja los 6 años previos al fallecimiento del causante, contesta: “No mucha, por el tema personal. Sí, nos veíamos esporádicamente con Laura y le preguntábamos por Rodrigo” (fs. 9 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). En igual sentido declararon los testigos Ledesma (fs. 10 vto., A.A.), Castro (fs. 19), Albarenque (fs. 21, A.A) y Martínez (fs. 39 vto., A.A). Por otro lado, de la investigación sumarial realizada en los distintos domicilios de convivencia declarados (véase fs. 4 A.A), no se obtuvo ningún testimonio que echara luz a los efectos del reconocimiento de la unión concubinaria (fs. 12 a 13, A.A.). Mientras que, en este juicio, la testigo Sabrina Viacava, indicó que desde el año 2008, vivían juntos, pero aludió a que tenían peleas recurrentes, momento en que la actora se iba a casa de su madre “y después volvían” y, al ser interrogada concretamente si podría afirmar que la relación fue ininterrumpida, contestó: “No, se peleaban pero volvían, pero de estar separados años, eso no…” (fs. 47 a 48, infolios) (la negrilla no está en el original). Por último, el testigo Maximiliano Martínez (fs. 60 y vto., infolios) fue muy escueto en su declaración, no aportando mayores detalles. El artículo 25 de la ley 16.713, establece como beneficiarios con derecho a pensión : “E) Las concubinas y los concubinos, entendiéndose por tales las personas que, hasta el momento de configuración de la causal, hubieran mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual y que no resultare alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1°, 2°, 4° y 5° del artículo 91 del Código Civil” (el subrayado no pertenece al texto original). Como lo explica la doctrina especializada, los beneficiarios de pensión de sobrevivencia “están enumerados en el artículo 25 de la ley 16.713 y el Decreto 359/995, con el agregado de la Ley 18.246 sobre unión concubinaria: (…) e) las concubinas y concubinos, entendiéndose por tales las personas que, hasta el momento de configuración de la causal , hubieran mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, cualquiera sea su sexo, orientación u opción sexual y que no resultare alcanzada por los impedimentos dirimentes de los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del art. 91 del C. Civil” (Cf. Ariel Nicoliello, “Derecho de la Seguridad Social”, Fundación Electra y Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1ª edición, junio de 2018, p. 190) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el caso, cabe concluir que no se ha logrado acreditar la unión concubinaria hasta el momento del fallecimiento y durante los cinco años previos. V) En definitiva, las distintas posiciones y fundamentos desarrollados en los numerales precedentes determinan que deba desestimarse la presente demanda de nulidad. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución FALLA : Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)