Sentencia Sentencia N° 141/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022. No. 141 VISTOS : Para resolución el incidente de suspensión de ejecución, en autos caratulados: “D ’ALESSANDRO IGUINI, CARLOS DAMIÁ N con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Suspensión de ejecución” ( Ficha No. 485/2021), pieza separada de la Acción de Nulidad de igual carátula, Ficha 77/2021. RESULTANDO : I) El actor presentó acción de nulidad, contra la Resolución Nº 431448, dictada por la Gerencia de Fiscalización de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social, el 18 de marzo de 2021, por la cual se determinó adeudos por aportes, obligaciones, multa por mora, recargos y multas por el art. 10 de la Ley No.16.244 al contribuyente D’ ALESSANDRO IGUINI CARLOS DAMIA N (fojas 14 de autos y 151 de los antecedentes administrativos). Conjuntamente con la demanda, solicita la suspensión de ejecución del acto impugnado al amparo del artículo 2 de la Ley No. 15.869. Afirma que, no se está ante una empresa, sino que se trat a de una determinación tributaria a una persona física derivada del trabajo doméstico, por lo tanto, pagar semejante monto bajo protesta y esperar la resolución del Tribunal le resulta imposible y extremadamente gravoso. Alega que el acto impugnado es mani fiestamente ilegal, viciado desde el punto de vista formal y de fondo, donde se pretendió impugnar una relación laboral en negro, siendo su esposa la empleadora del denunciante Michael Curbelo Charquero y en el caso de la denunciante Mónica Marín no se relevó. Decretar la suspensión de la ejecución del acto otorga la seguridad de mantener el statu quo, no susceptible de ser modificado por la voluntad de una de las partes sino hasta un nuevo pronunciamiento con todas las garantías del debido proceso. II) Por auto Nº 6617/2021, de 3 de noviembre de 2021, se dio traslado del pedido de suspensión de ejecución del acto impugnado (foja 31 de autos). El 16 de noviembre de 2021, compareció el representante del Banco de Previsión Social, evacuando el traslado rechazando la solicitud de suspensión de ejecución del acto impugnado (fojas 33 infolios). III) Por Decreto Nº 7101/2021, de 19 de noviembre de 2021, se tuvo por evacuado el traslado conferido (foja 35 de autos) y se dispuso de no mediar oposición el pasaje de autos en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo. Éste presentó su dictamen sugiriendo rechazar la medida cautelar solicitada (foja 37-37 vta.). IV) Por decreto Nº 17/2022, de 1° de febrero de 2022, la Corporación citó para resolución (foja 39), la que se acordó en tiempo y forma. CONSIDERANDO : I) La Corporación, de conformidad con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, rechazará la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo procesado. II) El artículo 2º de la Ley No. 15.869 dispone “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a pedido de la parte actora, que deberá formularse con la demanda y previa sustanciación con un traslado por seis días a la parte demandada, podrá decretar la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, siempre que la misma fuere susceptible de irrogar a la parte actora daños graves, cuyo alcance y entidad superen los que la suspen sión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del órgano involucrado. La posibilidad de percibir la correspondiente indemnización no impedirá que, atendidas las circunstancias del caso, el Tribunal disponga la suspensión. Dicha suspensión tambi én podrá ser decretada por el Tribunal cuando, a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal”. III) Conforme a firme y consolidada jurisprudencia, el Tribunal ha expresado respecto a la suspensión de la ejecución d el acto administrativo que “es un instituto de amparo de carácter preventivo, contra la actuación arbitraria o antijurídica de la Administración y una excepción al principio según el cual los recursos y acciones no suspenden la eficacia de tales actos” (Cf. sentencias Nos. 674/16, 475/17, 603/17, 467/18, 477/19, 633/20, entre otras). Dada la naturaleza de instituto de excepción, el legislador lo disciplinó como potestad del TCA siempre que el acto impugnado sea susceptible de causar un grave perjuicio al interesado en las condiciones prevenidas en la norma citada. La parte actora no prueba el daño grave, irreparable, que justifique la suspensión del acto atacado y que sea superior al que padecería la Administración en caso de acogerse el instituto de excepci ón cuya aplicación se reclama; simplemente alega que la determinación tributaria es a una persona física por lo tanto pagar semejante monto le resulta imposible y extremadamente gravoso. Por lo tanto “ La prueba del daño es vital para que prospere el pedido de suspensión, habida cuenta que todo el conocimiento sumario que el Tribunal verifica en este proceso incidental (apreciación del “fumus boni iuris”) se centra en el análisis de la llamada teoría del balance. Es decir, la especial ponderación de la tr ascendencia del daño para el administrado actor, y su comparación con el daño para la Administración, de una eventual suspensión.” (Labat Santiago. Revista Uruguaya de Derecho Procesal. Procesos Constitucionales, Fundación de Cultura Universitaria, 1ª edición, junio de 2018, página 901). IV) En la especie se considera que no se configuran los presupuestos exigidos por la normativa para hacer lugar a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto procesado. Ello en tanto la actora no ha logrado acre ditar los extremos invocados en la demanda incidental y, en consecuencia, no acredita los presupuestos normativos legalmente requeridos para acceder al beneficio requerido, esto es, que fuere susceptible de irrogar daños graves, ni ser manifiestamente ilegal. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley No. 15.869, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, RESUELVE : Desestímase la solicitud de suspensión de ejecución del acto impugnado presentada por la parte actora. Con costas de precepto sin especial condena en costos. Oportunamente, agréguese a los principales. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).