Sentencia Definitiva N° 138/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022. No. 138 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “ GOL LINH AS AÉREAS S.A. SUC. URUGUAY con ESTADO. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Acción de nulidad ” (Ficha No. 491/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, GOL LINH AS AÉREAS S.A. SUC. URUGUAY, representada por el Dr. Juan Manuel ALBACETE, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 503/2018, de 30 de octubre de 2018, dictada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (en adelante: DINACIA), por la cual se dispuso: “1º.- Aplicar una sanción consistente en un “Apercibimiento” con anotación en su legajo a la empresa GOL LINHAS AEREAS, por no haber permitido el embarque al denunciante que poseía el pasaje pago, efectuando una práctica abusiva contra el pasajero, al determinar que debería abonar nuevamente por otro medio de pago diferente dicho pasaje, el cual fuera adquirido en tiempo y forma, sin ofrecer argumento valedero para tal actitud, lo que constituye un incumplimiento del contrato de transporte aéreo (…)”. (Fs. 49-50 de los A.A. y fs. 10-11 infolios). II) Como fundamento de su pretensi ón anulatoria relató que, la presente acción guarda relación con los hechos verificados el 22 de diciembre de 2017, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En di cha oportunidad, el Sr. Márcio ROMERO, se presentó en los mostradores de GOL del Aeropuerto, a efectos de realizar el check-in y abordar un avión a la República Federativa de Brasil. Relató que, en aquélla oportunidad, el pasajero solicitó una modificación del nombre del titular del pasaje adquirido a tales efectos, ante lo cual, los empleados d e GOL verificaron que las titulares de la tarjeta de crédito MasterCard con la que se había comprado el ticket (Lourdes C. C. SILVA y Bárbara C. DA SILVA) y el usuario de Internet bajo el cual se solicitó el pasaje (Bárbara SILVA) eran personas distintas al titular del pasaje. Como consecuencia de ello y, en cumplimiento del art. 1.3, numeral XIII del Contrato de Transporte Aéreo (en adelante: el Contrato) de GOL, indicó que el Sector de Compliance de la empresa aérea solicitó al Sr. ROMERO los datos de los titulares de la tarjeta de crédito. Dichos datos de identificación no fueron provistos por el Sr. ROMERO, por lo que, en virtud del Contrato y las políticas de seguridad de GOL, se debió realizar la cancelación de la compra realizada con la tarjeta Mast erCard y el reintegro a sus titulares del cobro realizado. Agregó que, en especial consideración con la situación del pasajero, tras la anulación antes referida, y con el solo fin de permitirle realizar el vuelo, GOL mantuvo el precio original del pasaje para que fuera abonado por el Sr. ROMERO con un medio de pago propio. Informó que, como consecuencia de esta situación, el Sr. ROMERO se consideró agraviado, elevando su queja a la DINACIA. Añadió que, posteriormente, y con relación a los mismos hec hos, el Sr. ROMERO, promovió una demanda judicial por relaciones de consumo, en base al procedimiento previsto por la Ley No. 18.507, expresando idénticos argumentos a los sostenidos en su denuncia ante la DINACIA. Demanda que fue desestimada por el Juzgad o de Paz Departamental de la Capital de 31° Turno, por sentencia No. 27/2019 de 16 de julio de 2019. Dicho todo lo anterior, la actora se agravia en primer término, por entender que su actuar fue de buena fe y de acuerdo con el Contrato. De tal modo, citó y trascribió el art. 1.3 numeral XIII del Contrato, a fin de sustentar que, por dicho artículo, se establece la documentación que el artículo describe, como condición para el embarque con GOL. Indicó que, en la especie, GOL verificó el cumplimient o de sus disposiciones en el embarque del Sr. ROMERO y, cuando el pasajero no pudo cumplir con las mismas, los funcionarios de GOL no tuvieron otra alternativa que denegar su embarque, en cumplimiento del Contrato que vinculaba a la actora con el pasajero y en cumplimiento asimismo de la normativa de prevención del fraude crediticio, del lavado de activos y del terrorismo. Destacó que, la inobservancia en este caso fue del pasajero, quien no puede excusarse de su ignorancia para no respetar el Contrato e l cual está accesible a todos en la página web de GOL donde compró sus pasajes. Controvirtió los fundamentos de la resolución recurrida, en lo que refiere a que, la aerolínea habría obligado al pasajero a pagar por un ticket que ya había sido abonado en tiempo y forma. Sobre el punto, señaló que, el pasajero nunca pagó el ticket original: el precio del pasaje original fue abonado por las Sras. Lourdes C. C. SILVA y Bárbara C. DA SILVA y, una vez verificado que el Sr. ROMERO no cumplía con las condiciones del Contrato para usar esa tarjeta, el monto pago fue debidamente devuelto a las titulares de la tarjeta de crédito utilizada. Por tanto, afirmó que, nunca hubo un doble cobro del pasaje. Manifestó que, no hubo tampoco una ganancia ilícita o un enriquecimiento sin causa por parte de GOL con la operación realizada, dado que se le mantuvo el valor original. En segundo término, invocó que, el artículo 1.3, numeral XIII del Contrato prevé dicho procedimiento por razones de seguridad que GOL debe cumplir, a efectos de evitar el lavado de activos y el terrorismo. Asimismo, indicó que, si bien GOL no es una de las empresas cuyos tipos deben obligatoriamente adoptar medidas de contralor (arts. 12 y 13 de la Ley No. 19.574), tampoco tiene prohibido hacerlo, máxime, cuando una aerolínea, aún sin ser sujeto expresamente obligado, tiene un interés legítimo en no ser usada por terroristas y puede ser sancionada por colaborar inadvertidamente con estos delitos (arts. 30, 33 o 40). En tercer lugar, señaló que GO L no puede ser ajena a la relación entre sus pasajeros y las entidades emisoras de tarjetas de crédito. Afirmó que el método seguido por GOL es el admitido por la práctica de la industria aeronáutica. Tal es así que, la IATA también ha incentivado a que sus miembros tomen medidas como las que GOL adoptó. A lo anterior, adicionó que, la referida solución es expresamente prevista por la Ley No. 19.731 sobre tarjetas de crédito en Uruguay. Por tanto, concluyó que mal puede decir la resolución que GOL se excedió en su control, cuando una ley para regular el uso de tarjetas de crédito prevé que GOL, como comercio, debe hacer exactamente lo que hizo y, además, que por haberlo hecho motivó la aplicación de una sanción. Por otra parte, sostuvo que, el num eral XIII de la cláusula 1.3 del Contrato no es abusivo y, de cualquier modo, no corresponde a la DINACIA declarar la nulidad de las cláusulas de los contratos entre partes. Postuló que, el solicitarle al pasajero la información de los medios de pago, p revio al embarque, es una potestad que está más que justificada ya que GOL no genera un desequilibrio unilateral, sino que, en realidad, equipara las diferencias que se producen en su contra, como consecuencia del potencial fraude de tarjetas de crédito, a l que puede quedar sometida por un usuario infiel, máxime cuando la compra no es presencial como se da en los casos de compras por Internet. Agregó que, es la propia Ley de Relaciones de Consumo la que le confiere al Juez la potestad de declarar nula una cláusula del contrato, siendo éste competente para interpretar e integrar los contratos a efectos de determinar nulidades. La DINACIA podría sancionar una vez que un juez determinara la nulidad de esta disposición. Por lo dicho, consideró que, lo relatado no se condice con el accionar manifestado en la resolución impugnada, dado que, en ella, en lugar de esperar una sentencia judicial que anulara esta cláusula, se decidió unilateralmente y sin norma habilitante, declarar que disposiciones del Contrato (en forma genérica, sin mencionar al numeral XIII de la cláusula 1.3 del Contrato), eran abusivas y por lo tanto teniéndola por no incluida. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administració n demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Luego de reseñar los hechos que derivaron en el dictado de la resolución impugnada, señaló que, contrariamente a lo sostenido por la actora, ésta exigió a su pasajero el cumplimiento de mayores requisitos que los establecidos contractualmente: el contrato la habilita a exigir que su pasajero suministre un teléfono de contacto del titular de la tarjeta de crédito, pero de ninguna manera, el teléfono fijo registrado ante el administrador de los medios de pago. Manifestó que, esto último fue lo que sucedió en el caso que nos ocupa, por lo que la actora se excedió, claramente, en el ejercicio de sus facultades establecidas contractualmente. Entendió q ue, e l Sr. Má rcio ROMERO, por su parte, cumplió con los requisitos de la cláusula 1.3 núm. XIII, aportando los datos previstos en su lit. (iii). En consecuencia, negó que la actora haya cumplido de buena fe el contrato de transporte aéreo que la vinculab a con el Sr. ROMERO, ya que al exigirle el cumplimiento de requisitos que no se encontraban previstos en el Contrato y, no permitirle embarcar sin comprar un nuevo pasaje, claramente incumplió, incurriendo en una práctica abusiva. Sobre el agravio relat ivo a que el procedimiento previsto en el art. 1.3, núm. XIII del contrato debe ser cumplido a efectos de evitar el lavado de activos y terrorismo, indicó que, nos encontramos ante un incumplimiento de los términos del contrato de transporte aéreo, y no an te un cuestionamiento de los procedimientos de seguridad de GOL. En cuanto a que GOL no puede ser ajena a las relaciones entre sus pasajeros y las entidades emisoras de tarjetas de crédito, argumentó que, sustancialmente nos encontramos, una vez más, an te una premisa falsa, ya que se trata de una situación de incumplimiento contractual. Sin perjuicio de ello, agregó que, la tarjeta de crédito no forma parte de los documentos de transporte, sino que, es tan solo el medio de pago utilizado. En otro orde n, y con relación lo afirmado por la actora, en cuanto a que el numeral XIII de la cláusula 1.3 del Contrato no es abusivo, y que no corresponde a DINACIA declarar la nulidad de las cláusulas de los contratos entre partes, indicó que, la DINACIA se limitó a constatar un incumplimiento contractual por parte de la act ora, que exigió a su pasajero Márcio ROMERO el cumplimiento de requisitos que exorbitaban las disposiciones contractuales, lo cual, constituyó una práctica abusiva, lo que difiere a declarar que una cláusula contractual es abusiva. Destacó que, el Código Aeronáutico entre otras normas, establece la potestad sancionatoria de la autoridad aeronáutica ante la comisión de infracciones administrativas, v. gr., arts. 121, 192 y siguientes. Arribó a la conclusión de que, la DINACIA, en su calidad de autoridad aeronáutica nacional, dispone, por mandato legal y en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, de poder sancionatorio o disciplinario respecto de los sujetos que debe fiscalizar, y resulta competente para imponerles sanciones, tal cual establece el Código Aeronáutico (arts. 192 y sgtes.). En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 7701/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 108, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 152 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 114 - 118 y fs. 121 - 124, respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el D ictamen No. 338/021, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 127 - 132). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 134). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 30 de octubre de 2018, quien lo resistió el 6 de noviembre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 33 de infolios). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 1° de junio de 2019 operó denegatoria ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 15 de agosto de 2019 (nota de cargo fs. 55 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 503/2018, de 30 de octubre de 2018, dictada por la DINACIA, por la cual se dispuso: “1º.- Aplicar una sanción co nsistente en un “Apercibimiento” con anotación en su legajo a la empresa GOL LINHAS AEREAS, por no haber permitido el embarque al denunciante que poseía el pasaje de pago, efectuando una práctica abusiva contra el pasajero, al determinar que debería abonar nuevamente por otro medio de pago diferente dicho pasaje, el cual fuera adquirido en tiempo y forma, sin ofrecer argumento valedero para tal actitud, lo que constituye un incumplimiento del contrato de transporte aéreo (…)”. (Fs. 49-50 de los A.A. y fs. 10-11 infolios). III) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, anulará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) Sobre los vicios en la motivación y en los motivos del acto sancionatorio. Inicialmente, cabe señalar que, a juicio del Tribunal, la plataforma fáctica que sirve de sustento a la resolución impugnada, no se condice con los hechos acontecidos, de acuerdo con lo acreditado en autos. En efecto, la parte dispositiva del acto que se resiste aplica a la promotora una sanción de apercibimiento con ano tación en el legajo “por no haber permitido el embarque al denunciante, que poseía su pasaje pago, efectuando una práctica abusiva contra el pasajero, al determinar que debería abonar nuevamente por otro medio de pago diferente dicho pasaje, el cual fue ad quirido en tiempo y forma, sin ofrecer argumento valedero para tal actitud, lo que constituye un incumplimiento del contrato de transporte aéreo”. En el caso, y contrariamente a lo consignado en la resolución, todo conduce a considerar que, los hechos no sucedieron de la forma que allí se indica, sino de la que surge relatada de la Sentencia No. 27/2019, de 16 de julio de 2019, dictada por el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 31 Tumo, (IUE 2 59358/2018), en virtud de la cual se desestimó la demanda por daños y perjuicios promovida por el denunciante -Sr. ROMERO- contra GOL, al amparo de las relaciones de consumo (Ley No. 18.507), cuyo testimonio obra agregado en autos. Así, emerge de los recaudos allegados que en oportunidad de llevarse a ca bo el check in, el pasajero -Sr. ROMERO - solicitó un cambio de nombre del titular del pasaje emitido. Allí se pudo advertir que e l billete había sido adquirido las Sras. Lourdes SILVA y Bárbara DA SILVA con su tarjeta de crédito y que el usuario de interne t por el cual se había solicitado el pasaje era Bárbara SILVA. Ante dicha situación, los operarios de GOL solicitaron al pasajero los datos de la tarjeta de crédito y los contactos de los titulares del pasaje y de la tarjeta utilizada, los cuales el pasaje ro no supo o no pudo brindar. Consecuentemente, la empresa actora procedió a cancelar la compra realizada con dicha tarjeta de crédito y reintegró a su titular lo cobrado. No obstante ello, le dio la posibilidad al pasajero de abonar el pasaje mediante una tarjeta de su propiedad, al mismo costo al que había sido adquirido originalmente, para así permitir el embarque de éste en el mismo vuelo. Nos enseña CAJARVILLE “Todo acto administrativo debe dictarse por motivos de hecho reales, existentes, verdade ros; si así no fuera, si los hechos en los que la Administración fundó su decisión no hubieran existido o no hubieran sido tales como la Administración creyó o afirmó al resolver, el acto es ilegítimo, y si ello se probara en los procedimientos jurisdiccionales pertinentes, será anulado y la entidad estatal deberá reparar los daños causados.” (CAJARVILLE, Juan Pablo “Sobre Derecho Administrativo”, T. II, pág. 238, 2da. Edición ampliada, 2008). La Corporación entiende que la Administración no logró probar que los hechos se hayan suscitado de la forma en que fue plasmada en la resolución impugnada. Y ello, conlleva a sostener no solo que existe un error en la motivación de la resolución recurrida, en tanto no ha resultado probado en el caso el presupuest o de hecho imputado a la actora -razón por la cual ya se vislumbra ilegítima la sanción que le fuera aplicada -, sino que, además, sirve de punto de partida para descartar en la especie, la existencia de una práctica abusiva por parte de la actora con relación al usuario. V) En efecto, establece el artículo 1.3, del Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros de GOL LINHAS AEREAS S.A, bajo el acápite de “Otros Deberes. Además de los mencionados anteriormente, son también deberes del Pasajero: (…) XIII) p ara fines de eventual confirmación de la regularidad de compras efectuadas por intermedio de tarjetas de crédito y/o de la seguridad de los datos de los Pasajeros y adquirentes de los Pasajes aéreos: (i) portar consigo, en el acto del check - in, la tarjeta de crédito utilizada para la compra; (ii) en el caso de compras efectuadas por tarjetas de créditos de progenitores o responsables, presentar documentación que compruebe filiación, tutela o vínculo familiar y ; (iii) en caso de compras efectuada por tercer os, portar consigo, en el momento del check -in, una copia de la tarjeta de crédito utilizada para la compra acompañada también de la copia de un documento de identificación con validez en todo el territorio nacional del titular de la tarjeta de crédito ut ilizada para la realización de la compra, suministrando, además, conforme solicitado, un teléfono de contacto del titular de la tarjeta de crédito”. (Fs. 13 vto. infolio). De la lectura de la cláusula contractual en examen, no surge hesitación alguna qu e, las cautelas adoptadas por la empresa guardan relación con el referido contrato de trasporte aéreo. Así, cobra particular relevancia para comprender a cabalidad el proceder de la empresa que, tal como se menciona en la sentencia del Juzgado de Paz ya referida, había mediado una incoherencia, en tanto, el billete había sido adquirido con las tarjetas de crédito de Lourdes SILVA y de Bárbara DA SILVA, pero el usuario de internet por el cual se solicitó el pasaje fue Bárbara SILVA. Así las cosas, y ten iendo presente que, tal como lo alega la actora, dicho procedimiento se enmarca en el protocolo de prevención de fraude, clonación de tarjetas, lavado de activos y terrorismo, nada cabe objetar a la actuación seguida por la actora en la emergencia. Más aún cuando, la omisión del referido contralor podría llegar a implicar que la compañía aérea deba asumir la pérdida económica correspondiente. VI) Se comparte así, lo señalado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, sobre la aus encia de la lesión a los derechos del consumidor y la existencia del pronunciamiento judicial, pasado en autoridad de cosa juzgada agregado a fs. 23 a 30, pronunciado por el Sr. Juez de Paz Departamental de la Capital de 31 Turno, Dr. Vartan Sarkisian, cuy a perspectiva es compartida por la Sala. Acertadamente, el magistrado citado señala: “el contrato se encuentra publicado en forma permanente en las páginas web de las empresas para su lectura, como ocurre con esta aerolínea. Y claro que es un contrato de a dhesión, pero ello no implica que de por sí sus cláusulas sean abusivas o provoquen desequilibrios”. A juicio del Tribunal, se arriba a la conclusión de que, en el caso no se verificó vulneración alguna al principio de buena fe emergente de la cláusula observada. VII) Idéntica es la postura con relación al incumplimiento del Contrato de Transporte Aéreo que invoca la Administración. No cabe dudas que la Ley de Defensa del Consumidor es aplicable al vínculo entre el adquirente de un pasaje aéreo y la empresa de transporte; sin embargo, parece un exceso pretender tal imputación, cuando en el caso, el pasajero pudo embarcar en el mismo vuelo que originariamente tenía previsto abordar, y ello, abonando un único pasaje, en tanto, fue acreditado en autos q ue a las titulares de la tarjeta de crédito utilizado originalmente, se les reembolsó el monto abonado en primera instancia. VIII) Como colofón, huelga señalar que, en atención a los hechos ocurridos, no resulta razonable atribuir a la actora una cond ucta intencional o culposa que permita respaldar la existencia de una falta. Como señala el Sr. Procurador del Estado en su dictamen: “La culpa es la base de toda infracción administrativa y cuando se extreman los controles respecto del uso del dinero el ectrónico, no puede afirmarse que no se esté actuando de conformidad con las imposiciones y los criterios de la autoridad, o que hubiera existido la intención de violar las normas o que se haya seguido una conducta negligente. En tanto que no cabe concluir en que la actora hubiera seguido una conducta indebida, no puede afirmarse que hubiera cometido una falta y, consecuentemente, la sanción resulta ilícita por vicio o falta de motivación”. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el art ículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).