Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 130/2022
17 de marzo de 2022
- Ficha (IUE)
- 301/2021
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Desestima o rechaza
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 17 de marzo de 2022.
No. 130
VISTOS :
Para resolución estos autos caratulados: “SUÁREZ LOZANO, GUSTAVO ALEJANDRO con UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 301/2021).
RESULTANDO :
I) El 6 de agosto de 2021 compareció la parte actora a promover demanda anulatoria en contra de la resolución Nº 396/20, de 20 de octubre de 2020, dictada por el Consejo Directivo Central provisorio (CDCp) del ente autónomo Universidad Tecnológica (UTEC). Mediante la referida volición se dispuso: “1º Declarar que el vínculo funcional que se mantiene con el Tec. Gustavo Suárez quedará extinguido el día 27 de octubre de 2020, por el cumplimiento del plazo respectivo, al no proceder su renovación. (…)”. (fs. 154-155 AA).
II) Conferido traslado a la contraparte (fs. 13), compareció el representante de la UTEC a contestar la demanda, a la vez que introdujo, como cuestión formal previa, la falta de agotamiento de la vía administrativa (fs. 18 y ss.).
Sostuvo que el acto impugnado fue notificado en la casilla institucional del Sr. SUÁREZ, el 26 de octubre de 2020, sin embargo los recursos administrativos fueron presentados vía correo electrónico el 6 de noviembre de 2020, cuando ya había expirado el plazo constitucional para interponerlos válidamente.
Adujo, además, que en la demanda se establece una fecha falsa de notificación (27 de octubre de 2020), sin embargo, el correo electrónico enviado desde Capital Humano, que adjunta la resolución extendida del CDCp, prueba que la notificación se realizó el 26 de octubre de 2020.
Refirió a la validez de las notificaciones enviadas al correo institucional y resaltó que resulta sorpresivo que se pretenda desacreditar los medios electrónicos de notificación, cuando el propio accionante interpuso los recursos administrativos, por medios electrónicos.
En definitiva solicitó se declare que la acción anulatoria no se ejercitó válidamente, por no haberse agotado correctamente la vía administrativa.
III) Se confirió traslado de la cuestión formal (fs. 28), el que fue evacuado por la parte actora, en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 30-31, postulando su rechazo.
IV) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por dictamen Nº 691/2021 (fs. 38 y vto.); y por decreto Nº 7916/2021 (fs. 40) pasaron los autos para resolución, la que fue dictada en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO :
I) Aunque la excepción opuesta lo fue fuera del plazo procesal establecido a tales efectos, la Sede ingresará su estudio, en atención al control oficioso que le impone el artículo 67 del Decreto Ley No. 15.524, con la modificación introducida por el artículo 8º de la Ley No.
20.010, de 10 de diciembre de 2021.
El Tribunal, compartiendo la solución propuesta por el Sr.
Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la cuestión formal de falta de agotamiento de la vía administrativa.
II) Si bien el correo institucional resulta un medio idóneo para las comunicaciones internas en la Administración Pública; un acto con el contenido como el enjuiciado en autos -que nada menos dispone la desvinculación del actor- debió notificarse adoptándose las exigencias mínimas en cuanto a certeza de fecha de recepción y contenido.
Así, no se comparte la tesis de la accionada en cuanto a que el correo electrónico emitido el 26 de octubre de 2020 (fs. 156 AA) reúna las características anotadas, desde que ni siquiera fue exigido al funcionario receptor, un acuse de recibo del mismo. Tampoco surge de las presentes actuaciones, que el referido sistema de notificación se haya establecido como válido en relación al procedimiento administrativo que diera mérito al acto que se procesa.
Por lo demás, se comparte con el Procurador del Estado, que la norma invocada por la Administración al formular la presente incidencia (Ley No. 19.879, art. 5º) prevé un régimen de excepción con motivo de la feria sanitaria extraordinaria que pretende beneficiar a los interesados para que sus trámites no se paralicen y puedan continuar con la defensa y ejercicio de sus derechos, por lo que en modo alguno puede interpretarse en un sentido que finalmente perjudique a aquél a quien precisamente pretendió proteger.
III) Como principio general, el Decreto Nº 500/991, en su artículo 91, en redacción dada por el Decreto Nº 420/007, consagra la notificación personal en la oficina; y la notificación a domicilio, como todas, debe estar precedida de la intimación a concurrir a notificarse en la oficina (Cfme. CAJARVILLE, Juan Pablo “Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/991”, Ed. IDEA, 1997, pág. 113/114 y 116). Si la notificación en la oficina no fuese posible, podrá realizarse por otro medio idóneo que proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia.
Por su parte, el art. 101 del mismo cuerpo normativo dispone que “Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el interesado o se interponga el recurso pertinente”.
IV) Bajo las precedentes coordenadas, cabe concluir que, en la emergencia, el sistema utilizado por la Administración para hacer conocer al actor la resolución resistida, claramente no cumplió con las debidas garantías como para dar certeza suficiente de la notificación formal y completa, del acto emitido por el Organismo demandado (Cf. Sentencias Nos. 143/2019 y 294/2019) El actor se dio por notificado del acto en causa mediante notificación electrónica el 27 de octubre de 2020 e interpuso recurso de revocación, en tiempo y forma, el 6 de noviembre de 2020 (fs. 157 y ss.). El 12 de abril de 2021 acaeció el acto confirmatorio ficto, por lo que la demanda anulatoria introducida el 6 de agosto de 2021 , según nota de cargo de fs. 12 lo fue útilmente, teniendo en cuenta la suspensión de plazos por la feria jurisdiccional extraordinaria entre el 14 de marzo de 2020 y el 1º de junio de 2020 (cf. Ley Nº 19.879, artículos 1.3 y 4; y Acordada de este Tribunal, Nº 11, de 27 de mayo de 2020).
Por los expresados fundamentos y lo dispuesto en las normas citadas, en concordancia con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal
RESUELVE :
Desestímase la cuestión formal opuesta por la parte demandada, con costas de precepto a su cargo.
Declárase que la vía administrativa fue correctamente agotada y la acción anulatoria interpuesta en plazo.
Dr. Simón, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.).
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).