Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Interlocutoria N° 121/2022
8 de marzo de 2022
- Ficha (IUE)
- 816/2018
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Fallo: otro
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 8 de marzo de 2022 No. 121
VISTOS :
Estos autos caratulados: “ BARSZCZ WARZAGER, ABRAHAM SERGIO con UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 816/2018) y su acumulado: “BARSZCZ WARZAGER, ABRAHAM SERGIO con UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 196/2019).
RESULTANDO :
Ficha Nº 816/2018
I) El 18 de diciembre de 2018, el actor dedujo demanda anulatoria contra la Resolución del Consejo de Dirección del Departamento de Métodos Matemáticos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que dispuso con fecha 22 de febrero de 2017, la no renovación de su extensión horaria (fs. 4 a 8).
Conferido el traslado a la parte demandada, lo contestó el 15 de marzo de 2019 (fs. 16 a 23 vto.).
Por decreto No. 1679/2019, de 20 de marzo de 2019, se abrió la causa a prueba por sesenta días (fs. 25).
Por sentencia interlocutoria No. 490 , de 1º de agosto de 2019, se hizo lugar a la acumulación de los autos “BARSZCZ WARZAGER, ABRAHAM SERGIO C/ UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Acción de Nulidad”, Ficha Nº 196/2019 , ordenándose que el trámite continuara en el expediente Ficha Nº 816/2018, por ser el expediente más antiguo (fs. 28 a 30 vto.).
El 9 de octubre de 2019, la demandada comunicó el fallecimiento de la parte actora (fs. 34), el que tuvo lugar el 5 de agosto de 2019 , según testimonio notarial de partida de defunción que se adjuntó (fs. 33).
Por decreto No. 7944/2019, de 18 de octubre de 2019, se tuvo presente lo manifestado y se siguió adelante con el proceso, diligenciándose la prueba ofrecida por la demandada, tal como consta en la certificación obrante a fs. 58.
Por decreto No. 3733/2020, de 31 de julio de 2020, se dispuso que alegara en el cúmulo la parte actora (fs. 59), la que no lo hizo y fue acusada (fs. 61) y declarada en rebeldía por decreto No. 7881/2020, de 18 de noviembre de 2020 (fs. 63).
Decretada la formulación de alegatos de la parte demandada (fs. 63), lo hizo tempestivamente y en el cúmulo (fs. 64 a 69 vto.).
Por decreto No. 9121/2020, de 23 de diciembre de 2020, se ordenó el pasaje de las actuaciones en vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 71), el que se expidió mediante dictamen No. 154/2021, aconsejando el rechazo de las demandas y la confirmación de los actos encausados (fs. 72 a 74 vto.).
Por decreto No. 1941/2020, de 24 de mayo de 2021, se pusieron los para sentencia, citándose a las partes (fs. 76).
Previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma.
Ficha Nº 196/2019
II) El 8 de abril de 2019, el actor dedujo demanda anulatoria contra la Resolución del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de 9 de abril de 2018, que en sus contenidos medulares dispuso: i) respaldar a los coordinadores acerca de la asignación de tareas y la decisión de relevar al accionante de sus responsabilidades en la unidad curricular Matemática Financiera; ii) recordarle al actor el Reglamento de Departamentalización vigente acerca de responder académicamente a la coordinadora; y iii) instrumentar una investigación sumaria tendente a la comprobación de la aptitud funcional del docente (fs.
6 a 12 vto.).
Conferido el traslado a la parte demandada, lo contestó el 3 de junio de 2019 (fs. 21 a 31).
Por decreto No. 4095/2019, de 10 de junio de 2019, se tuvo por contestada la demanda y atento a la solicitud de acumulación de autos se decretó la suspensión de los procedimientos, dejándose las constancias de estilo (fs. 33).
Por sentencia interlocutoria No. 490 , de 1º de agosto de 2019, ya reseñada ut supra, se hizo lugar a la acumulación de los autos impetrada (fs. 37 a 39 vto.).
El 9 de octubre de 2019, la demandada comunicó el fallecimiento de la parte actora (fs. 45, A.A.), el que tuvo lugar el 5 de agosto de 2019 , según testimonio notarial de partida de defunción que se adjuntó (fs. 44,
A.A.).
Por decreto No. 7725/2019, de 11 de octubre de 2019, se tuvo presente lo manifestado y ordenó seguir adelante con el proceso, diligenciándose la prueba ofrecida por la demandada (véase la certificación obrante a fs. 58 del expediente Ficha Nº 816/2018).
Seguidamente, las actuaciones continuaron por el cúmulo y se sustanciaron en el expediente Ficha Nº 816/2018.
CONSIDERANDO :
I) En la presente etapa, la Sala advierte la necesidad de reconsiderar lo proveído a partir de la acreditación del fallecimiento del actor por la parte demandada, hecho que tuvo lugar el 5 de agosto de 2019 y que debió determinar la suspensión de las actuaciones.
El Código del Procedimiento Civil legisló específicamente sobre determinados supuestos de fallecimiento de la parte (artículos 173, 323 y
480), más no reguló el supuesto de autos.
En una primera lectura, se podría pensar que podría aplicarse lo establecido en el artículo 480 del CPC, que dice así: “Citadas las partes para sentencia, no será diferida ésta por el cambio de estado de las personas, por la cesación de las funciones en que ellas procedían, por su muerte, ni por el fallecimiento, dimisión, suspensión o destitución de sus procuradores.” (la negrilla y el subrayado no están en el original).
Así, teniendo presente que en el caso se citó a las partes para sentencia, se podría colegir que su dictado ya no sería diferible.
Sin embargo, no puede perderse de vista que el fallecimiento del actor se produjo antes de esta etapa y así fue comunicado , con lo cual no parece ser esta la solución que debiera aplicarse.
Ante una previsión similar del artículo 35 del CGP, que disponía que en estos casos “el proceso quedará suspendido, salvo si los autos se encuentran en estado de dictar sentencia , en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada ”, la doctrina especializada comentaba:
“Fallecimiento y sucesión de la parte. Otra modificación de la situación procesal de los sujetos la constituye el fallecimiento. En este caso también cesa el procedimiento, esto es, lo actuado con posterioridad será nulo, salvo, como vimos, que el proceso ya haya pasado para sentencia y hasta que ésta se dicte (…)” (Cf. Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Raquel Landeira, Luis Simón y Santiago Pereira Campos, en “Código del Proceso. Comentado, anotado y concordado”, tomo 2, editorial Ábaco, Montevideo, 1993, p. 46) (la negrilla y el subrayado no están en el original).
Y más adelante en el tiempo, cuando este pasaje de la disposición se suprimió por la reforma de la Ley Nº 19.090, los procesalistas advirtieron:
“Se elimina del art. 35.1 la referencia a que en el caso de fallecimiento de la parte que actúa por sí misma, el proceso queda suspendido hasta tanto se cumpla con el emplazamiento de las personas que corresponda, salvo si los autos se encuentran en estado de dictar sentencia , en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada. No resulta clara la solución que correspondería ante tal eliminación, dado que la no suspensión del proceso se prevé en la nueva redacción para el caso de la parte que fallece, pero actuaba por representante. Una posible interpretación razonable es sostener que, en este caso, por la propia naturaleza de los hechos -el fallecido no tiene representante- el proceso debe suspenderse hasta cumplir con el emplazamiento y sus derivaciones” (Cf. Santiago Pereira Campos y otros, “Código General del Proceso. Reforma de la Ley 19.090. Comparadas y comentadas” . Segunda edición actualizada y ampliada. Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 2012, p. 196) (la negrilla y el subrayado no están en el original).
De modo, pues, que el sentido que siempre le ha dado el legislador a esta previsión parece apuntar al caso en que se comunica un fallecimiento luego que los autos se encuentran en estado de dictar sentencia.
Pero si el fallecimiento de la parte se produjo y se comunicó mucho antes que los autos estuvieran en estado de dictar sentencia, como ocurrió en este caso, el dispositivo previsto en el artículo 480 del CPC no puede resultar de aplicación.
Por lo expuesto, la Sala entiende que la situación no se encuentra contemplada por ninguno de los supuestos normativos previstos por el Código de Procedimiento Civil, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 del Decreto - Ley Nº 15.524, procede estar a la solución prevista por el artículo 35.1. del Código General del Proceso.
Esta disposición establece lo siguiente: “Sucesión de la parte.
35.1 Ocurrida la muerte o ausencia declarada de la parte que actúa por sí misma y salvo el caso de proceso relativo a derechos personalísimos, éste debe continuar con los sucesores, el cónyuge, si correspondiere, o el curador de la herencia yacente, en su caso.
La contraparte podrá solicitar el emplazamiento de estas personas sin necesidad de trámite sucesorio , procediéndose en la forma prevista para la demanda y con las mismas consecuencias. La comparecencia del emplazado como sucesor no podrá tomarse por sí sola como aceptación de la herencia.
El fallecimiento de la persona o personas que constituyen una parte no suspende el curso del procedimiento si esa parte actuaba por representante; el proceso continuará con éste hasta que se apersone parte o representante legítimo.” (la negrilla no está en el original).
En el sub - judice, la parte actora no actuaba por representante, por lo que resulta de aplicación la solución general, que de alguna manera se impone, como se ha dicho, “por la naturaleza de los hechos”.
Quien falleció y actuaba en el proceso por sí, debe ser sucedido en la forma que establece la Ley. Y mientras no hayan comparecido sus sucesores a ocupar su lugar de parte, este no puede continuar porque no hay ninguna solución especial que así lo establezca.
De acuerdo con la regulación legal, “La contraparte podrá solicitar el emplazamiento de estas personas sin necesidad de trámite sucesorio”, lo que no ha ocurrido en autos.
Al examinar esta disposición, los especialistas señalan que: “(…) la contraparte debe denunciar la muerte (como puede hacerlo cualquiera de los que intervienen en el proceso, acompañando la partida de defunción y solicitar el emplazamiento de los herederos . A efectos de lo cual hay que proceder como cuando se trata de la demanda , aplicando los arts. 123 a 129 del Código.
Como ya lo dijimos , también hay que emplazar a los herederos denunciados, para lo cual habrá que indicar, como para la demanda, el nombre y domicilio de cada uno (art. 117) o, en caso de que fueran desconocidos, solicitar el emplazamiento por edictos.
Vencidos los plazos previstos para dicho llamamiento , el proceso continuará en el estado en que se encontraba al producirse el fallecimiento. Si hubiera continuado, habrá que declarar nulas las actuaciones y reproducir los actos ” (Cf. Enrique Vescovi, Margarita de Hegedus, Selva Klett, Raquel Landeira, Luis Simón y Santiago Pereira Campos, en “Código del Proceso. Comentado, anotado y concordado” , tomo 2, op. cit., p. 48).
En el casus, el fallecimiento de la parte actora se produjo con posterioridad a las contestaciones de las demandas, que se abriera la causa a prueba en el expediente más antiguo (Ficha Nº 816/2018), y que se proveyera favorablemente a la acumulación de autos, por sentencia interlocutoria No. 490 , de 1º de agosto de 2019, la que no llegó a quedar firme.
Ello determina la nulidad de la notificación y de todo lo actuado hasta el dictado de la presente , porque lisa y llanamente se actuó sin una parte.
Por otro lado, se estima pertinente instar a la parte demandada a que en un plazo de sesenta días se sirva indicar el modo de emplazar a quien deba suceder a la parte actora , bajo apercibimiento de disponerse el archivo sin perjuicio del asunto.
Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución
RESUELVE :
I) Declárase la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al fallecimiento del actor.
II) Intímase a la demandada con plazo de sesenta días a fin de que se sirva indicar el modo de emplazar a quien deba suceder a la parte actora, bajo apercibimiento de procederse al archivo sin perjuicio de las actuaciones.
Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).