Sentencia Definitiva N° 117/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022 No. 117 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “VISCOFAN URUGUAY S.A. con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 59/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 165/018 de 4 de junio de 2018, por el cual se autorizó a CONECTA S.A a ajustar sus tarifas de suministro de gas natural a sus clientes en el sur del país y Paysandú, a partir del 1º de mayo de 2018 (fs. 19 del expediente principal). Como fundamento de la pretensión anulatoria se esgrimió, en síntesis, que el Decreto atacado viola el principio de irretroactividad, por cuanto autorizó a CONECTA a ajustar sus tarifas a partir del 1º de mayo de 2018, mientras que el Decreto fue publicado en el Diario Oficial el 4 de junio de 2018. Ello le significó un perjuicio a VISCOFAN S.A., que debió abonar $ 547.798 por concepto de obligaciones que se habían extinguido a la fecha de publicación del Decreto. Asimismo, vigencia retroactiva de la norma reglamentaria supone una violación del principio de seguridad jurídica Por último, indicó que no se respetó el debido procedimiento para el dictado del acto impugnado, por cuanto nunca se le notificó a VISCOFAN siquiera de la intención de la Administración de realizar el ajuste de tarifas. En suma, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 14 vto.), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En necesario resumen, señaló que ni en la impugnación administrativa, ni en esta acción de nulidad, la actora no esgrimió ningún reproche acerca de los montos máximos que, por la prestación del servicio, el Decreto autorizó a cobrar a CONECTA. Quiere decir entonces que, para la promotora, los montos de las tarifas no significaron un agravio. CONECTA en su calidad de concesionaria no está, de modo alguno, obligada a aplicar las tarifas máximas que establecen los Decretos tarifarios del Poder Ejecutivo, pudo aplicar tarifas inferiores para evitar el perjuicio que alega VISCOFAN, cosa que no hizo, como parte del acuerdo entre privados, en el que no tiene injerencia del Poder Ejecutivo. Dado que VISCOFAN es un cliente de CONECTA, usuaria de gas natural, distribuido por ésta última desde 2013, conocía perfectamente la fecha de ajuste tarifario, 1° de enero, 1° de marzo, 1° de julio y 1° de octubre, puesto que hacía más de 5 años que los mismos se le aplicaban cada año en las mismas fechas. Por lo tanto, ninguna afectación de la seguridad jurídica fue susceptible de causar el Decreto. Asimismo, VISCOFAN asumió al contratar el servicio a CONECTA que en dichas fechas debería abonar el ajuste correspondiente, por lo que resulta indiferente que el acto administrativo hubiera autorizado los ajustes luego de su vigencia. Finalmente, en cuanto a la violación del debido procedimiento, arguyó que sería materialmente imposible, y conspira contra cualquier pauta de eficiencia que debe regir el actuar de la Administración, otorgar vista a un sin número de usuarios que ni siquiera es posible identificar con certeza. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y la citación como tercero coadyuvante con la Administración a CONECTA S.A. III) Debidamente citado CONECTA S.A., compareció y dedujo tercería coadyuvante con la Administración, la cual fue admitida por la Corporación (decreto Nº 5.478/2019 de 7 de agosto de 2019, fs. 50). El tercerista abogó por el rechazo de la demanda, a cuyos efectos indicó el Decreto es legítimo y, aunque el Tribunal atendiera el argumento de VISCOFAN respecto de la alegada retroactividad, dicho agravio no es suficiente para la anulación del Decreto solicitada por VISCOFAN, en atención a la desproporción entre el supuesto vicio y el daño que la anulación causaría. Asimismo, señaló que CONECTA no puede controlar los tiempos en los que el Estado procesa y define sus instancias internas de aprobación de Decretos de ajuste tarifarios. En su mérito, adhirió a la postura de la Administración y bregó por la solución confirmatoria. IV) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 6.296/2019 de 3 de setiembre de 2019, fs. 53), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 71). V) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 74 a 79, alegatos de la actora; fs. 82 a 83, alegatos de la demandada). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 276/2021 de 22 de marzo de 2021 (fs. 92 a 93 vto.) se pronunció por la solución anulatoria. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, hará lugar a la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) Le asiste razón a la accionante en cuanto a que el Decreto impugnado violenta claramente el principio de irretroactividad de las normas reglamentarias. En efecto, el nuevo cuadro tarifario de CONECTA fue aprobado el 4 de junio de 2018 con vigencia retroactiva al 1º de mayo de 2018 . Ello deviene ilegítimo al pretender una aplicación de eficacia retroactiva sin norma legal expresa que lo autorice, vulnerando así la legalidad y seguridad jurídica del cliente afectado y, a su vez, sin reportarle beneficio alguno, ya que debió volver a pagar $ 547.798 por una tarifa que ya había abonado correcta y oportunamente al precio vigente. En nuestro ordenamiento jurídico, la regla de principio es que los actos o decretos reglamentarios no son retroactivos y en particular, los actos regla que aprueban ajustes al alza de tarifas públicas, los cuales sólo puede ser aplicados hacia el futuro ya que, de lo contrario, se estarían vulnerando los más elementales principios de la seguridad jurídica. Ya señalaba el Maestro SAYAGUES LASO que: “Dada su naturaleza de norma general, reguladora de los casos que puedan presentarse en el futuro, el reglamento puede ser modificado en todo momento para adecuarlo a las conveniencias públicas, siempre que las modificaciones respeten las normas legales vigentes. Por análogas razones, las normas reglamentarias no tienen efecto retroactivo , salvo que la ley expresamente faculte a la administración para darle ese alcance, lo cual el legislador puede disponer ya que el principio de la irretroactividad tiene únicamente origen legal” (Cf. SAYAGUES LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, 6ª Edición, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, FCU, 1988, ps. 132-133. La negrita no está en el original). Más recientemente, CAJARVILLE señaló: “El principio sobre la eficacia de las normas en el tiempo es el de la irretroactividad. Para las leyes, está establecido en una norma legal; el Código Civil dispone en su art. 7º: “Las leyes no tienen efecto retroactivo”. En cuanto a los reglamentos, a falta de norma expresa al respecto, el fundamento más invocado y sin duda el más fuerte de su irretroactividad radica en el principio de seguridad jurídica y en la invocación en su respaldo del art. 7º de la Constitución; ese principio se incorpora a nuestro ordenamiento con jerarquía legal, de manera que, mediando habilitación legal, y sólo en tal caso, la Administración podrá dictar reglamentos con eficacia retroactiva. Entonces, tanto respecto de la ley como de los reglamentos, su aplicación retroactiva sólo será legítima si existe para ello habilitación legislativa compatible con la Constitución.” (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Retroactividad de las Normas Jurídicas. Reflexiones provisorias” , Revista de Derecho Público, Año 23, Número 46, diciembre 2014, ps. 10- 11). Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la demanda y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)