Sentencia Definitiva N° 111/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022 No. 111 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BORENSZTEJN BEJA, MARCEL Y OTRA con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 844/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº 1639/2019, de 1º de abril de 2019, mediante la cual el Intendente de Montevideo dispuso: “1. Promúlgase el Decreto Nº 36.967 sancionado el 14 de marzo de 2019.- 2. Aplicar una multa de UR 81 (UNIDADES REAJUSTABLES OCHENTA Y UNA) a los Sres. Marcel Borensztejn Beja (…) e Irma Luisa Panizza Cardinale (…), responsables de la obra ubicada en Dr. Luis A. Surraco 2971, por violación de paralización de obras (primera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del Decreto Nº 21.626, promulgado el 23 de abril de 1984 ” (fs. 31 vto. a 32, A.A.) (la negrilla no está en el original). En su demanda, los actores sostienen que la impugnada dispuso una multa por reincidencia de otra multa ilegítima, base de cálculo de la ahora impugnada. Dicha Resolución se enmarca en la obra realizada en el inmueble de su propiedad, que fuera objeto de denuncia por vecinos. Durante la inspección y tramitación del expediente que diera lugar a la Resolución Nº 717/18/1000, que le impusiera multa de cincuenta y cuatro unidades reajustables por “violación a la paralización de la obra” , la misma estuvo a cargo del constructor Gastón García, quien además de estafar a los comparecientes, omitió entregarles la correspondiente notificación de la resolución y avisar de la actividad inspectiva llevada a cabo por la Intendencia de Montevideo. Como consecuencia de dicho accionar negligente, se vieron impedidos de recurrir la Resolución contraria a derecho, y que supone ser la base de cálculo de la impugnada en el presente. Luego de haber quedado firme la Resolución mencionada, la Intendencia de Montevideo compareció incesante y abusivamente a la obra para constatar nuevamente irregularidades a los efectos de lucrar con el infortunio ajeno, abusando de su potestad sancionatoria. En necesaria síntesis, los accionantes esgrimieron como causales de ilegitimidad las siguientes: 1º) La Resolución atacada adolece de motivación irregular y errónea: No es posible constatar ninguna infracción en la conducta de los demandantes. La falta que pretende sancionar la IDM no está tipificada en el Régimen Punitivo Departamental. 2º) Se impuso una multa mayor a la prevista por la norma, conculcándose principio de legalidad : la Resolución utilizada como base de cálculo para determinar la cuantía de la multa impuesta en la Resolución atacada, es totalmente ilegítima. Aun considerándose que existió infracción, no se respetaron las previsiones del Digesto Departamental, que regula la forma de cálculo de la multa aplicada. 3º) Ilegitimidad de los accesorios: como consecuencia de lo anterior, todos los accesorios a la determinación son igualmente ilegítimos. 4º) Presunción de ilegitimidad: La Intendencia de Montevideo no resolvió expresamente los recursos dentro de los 30 días siguientes a la denegatoria ficta, por lo que surge una presunción de ilegitimidad del acto administrativo recurrido. Sobre el primer agravio , sostuvo -básicamente- que: a) no hay una conducta típica, antijurídica y culpable, agregando que la Resolución no fue precedida de una Resolución de paralización de la obra; b) el régimen punitivo departamental no tipificó la infracción de violación de paralización de obra. Acerca del segundo agravio, indicó que: a) la cuantía de la multa se determinó arbitrariamente, conculcando los principios de legalidad, seguridad jurídica y razonabilidad. La Resolución es ilegítima porque la cuantía de la multa supera el monto establecido en el Decreto 21.626; b) los vicios sustanciales de la Resolución impiden la reconstrucción del expediente; y c) el pago bajo protesta de la multa impugnada jamás puede entenderse como reconocimiento del adeudo, ni de los motivos que llevaron a imponer la sanción. Finalmente, solicitó se tuviera presente que operó la presunción de ilegitimidad del acto prevista por el artículo 6 de la Ley Nº 15.869. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 17 a 31 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado, la Intendencia Departamental de Montevideo lo evacuó oponiéndose al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La Resolución atacada se basa en actos administrativos firmes (los que dispusieron la paralización de la obra y constataron el incumplimiento de la medida), que la actora no recurrió y por lo tanto su legitimidad no puede cuestionarse en el presente proceso. Este debe ceñirse al objeto de la Resolución efectivamente impugnada; esta es, la que dispuso la multa de ochenta y una unidades reajustables (81 UR) por violación reincidente a la paralización de obra dispuesta. La responsabilidad que a los actores les cabe, por haber ejecutado una obra clandestina y por haber violado sistemáticamente la Resolución de paralización, no se justifica por el supuesto incumplimiento que le atribuyen al constructor. Este hecho es ajeno a la IDM y no permite exoneración de las sanciones que les corresponden en su calidad de propietarios. La Intendencia de Montevideo tiene el cometido legal de Policía de la Edificación y, por lo tanto, toda obra de construcción que vaya a realizarse debe contar con permiso de construcción previo. Ello implica que la Administración tiene el cometido de fiscalizar de oficio o por denuncias si las obras que se desarrollan en la ciudad cuentan con permiso de construcción. De esa potestad de fiscalización se deriva otra inherente: la facultad de ordenar la paralización si se constata que se está desarrollando una obra sin el debido permiso. En lo que respecta a la medida de paralización, que los accionantes no impugnaron y quedó firme, la misma tuvo carácter cautelar y no de una sanción. Toda obra de construcción que vaya a realizarse debe contar con el permiso de construcción previo. En consecuencia, cuando se detectan situaciones de obras sin permiso, la suspensión de la ejecución de obras evita que se consoliden situaciones edilicias cuya retroversión puede ser muy costosa y difícil de lograr. En dicho procedimiento, la vista previa no es un requisito para la adopción de la medida. Por otro lado, no puede negarse que la Resolución de paralización existió, aun cuando no cumpliera con alguna de las formalidades previstas para su redacción. Todo ello, sin perjuicio que en este proceso no puede cuestionarse la legitimidad de dicho acto. Por otra parte, tampoco es cierto que no exista ninguna norma que habilite a la Intendencia de Montevideo a paralizar obras en caso que se constatara que se están ejecutando las mismas sin permiso. Se trata de una potestad del poder de policía de la edificación que le confiere la Ley Orgánica Municipal. La normativa departamental establece para quienes pretendan ejecutar una obra o una demolición que, en forma previa, deben obtener el permiso correspondiente. Esta conducta debida se encuentra establecida en la normativa departamento que regula la edificación, en especial, la relativa a los permisos de construcción (artículos R. 1903 a R. 1913 del volumen XV, “Planeamiento de la Edificación” del Digesto Departamental). Esa potestad, que es inherente o implícita al cometido de policía de la edificación no es más que la admisión que las Administraciones tienen poderes implícitos para la realización de sus cometidos. En cuanto a la Resolución Nº 717/18/1000, de 21 de noviembre de 2018, dictada por el Secretario General de la Intendencia, es un acto que también se encuentra firme, por lo que el Tribunal no podrá ingresar al análisis de su legitimidad. Más allá de ello, la violación de la medida de paralización fue debidamente constatada y esa conducta era pasible de ser sancionada tal como lo hizo la Intendencia de Montevideo. En cuanto a la Resolución impugnada, y que sí integra el objeto del proceso, de los antecedentes administrativos surge que tiene motivación suficiente y adecuada. El presupuesto de hecho de la Resolución es reincidir en la violación de la paralización de obras dispuesta por el Servicio de Contralor de la Edificación, hecho que fue debidamente constatado por los inspectores el 13 de agosto de 2018 y que además no fue negado por los accionantes. Está debidamente acreditado que en el inmueble se estaban ejecutando las obras en franca violación o desacato a la orden de paralización. Por lo tanto, no es cierto que la motivación se errónea o falsa. Con respecto al presupuesto de derecho, el artículo 22 del Decreto Departamental Nº 21.626, prevé expresamente que, en caso de reincidencia en la conducta prohibida, corresponde aplicar una multa incrementando en un cincuenta por ciento el valor de la primera. Claramente, el guarismo establecido en la Resolución impugnada cumplió con incrementa en la mitad el monto de la primera multa. Por último, se controvierte enfáticamente el supuesto vicio del primer acto administrativo sancionatorio pueda trasladarse a la Resolución impugnada. Si el acto administrativo se encuentra firme, su legitimidad no puede desconocerse. Sobre la cuantía de la multa, no sólo es correcta, sino que, a contrario de lo que afirma la parte actora, el monto establecido fue determinado acorde al sistema regulado por el artículo 22 del Decreto Nº 21.626. En cuanto al principio de tipicidad en materia de Derecho Administrativo es de aplicación flexible, a diferencia de lo que sucede en Derecho Penal. Se requiere la existencia de una conducta debida y una prohibida. En este caso, la conducta debida es la obtención del permiso de construcción en forma previa, cosa que los actores no hicieron y que motivó la imposición de la medida cautelar de paralización, que fue violada y en forma reincidente. En suma, abogó por el rechazo de la demanda y la confirmación del acto impugnado (fs. 38 a 44 vto.). III) Por decreto No. 1629/2020 (fs. 46) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 52. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 55 - 63 y fs. 66 - 68, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 91/2021 y aconsejó confirmar el acto resistido (fs. 71 a 74 vto.) VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 76). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 1639/2019, se emitió el 1º de abril de 2019 (fs. 31 vto. a 32, A.A.). El 7 de mayo de 2019, se notificó formalmente al Sr. Borensztejn y en esa misma fecha la Sra. Panizza tomó conocimiento informal, según lo aclarado por la parte actora (fs. 88 vto., infolios) en respuesta a la medida para mejor estudio decretada por el Tribunal (fs. 77 a 82, infolios). El 13 de mayo de 2019, interpuso en tiempo y forma el recurso de reposición (fs. 6 a 7, infolios). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta, la que se configuró a los ciento cincuenta días sin que la Administración haya resuelto el recurso, el 10 de octubre de 2019. La demanda se interpuso el 9 de diciembre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 32). Con posterioridad, recayó denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución Nº 1622/2021, de 3 de mayo de 2021 (fs. 84 a 85, infolios). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 31 de mayo de 2018, se presentó una queja vecinal dirigida al Centro Comunal Zonal 3, en la cual se consignó: “Por el presente deseo denunciar una obra irregular y sin permiso que se está realizando en la calle Dr. L.A. Surraco 2971, padrón 86943. La misma consiste en varias viviendas” (fs. 98 a 98 vto., A.A.). El 4 de junio de 2018, se ordenó el pase de las actuaciones a Inspección, con el fin de corroborar los hechos denunciados (fs. 99 vto., A.A.). El 13 de junio de 2018, la inspectora actuante informó que constituida en el lugar de referencia constató lo denunciado, por lo que se le dejó a la Sra. Romina Moreno orden de servicio con intimación a la presentación del permiso de construcción y al retiro de los materiales que ocupaban la vereda (fs. 100 a 101 vto., A.A.). Seguidamente, el expediente se remitió a Contralor Edificaciones para que se detallaran las construcciones que se llevaron a cabo (fs. 103, A.A.). En el ínterin, el 4 de julio de 2018, se amplió la denuncia y se aportaron fotografías (fs. 104 a 106, A.A.). Cometidas las actuaciones al arquitecto Carlos Rodríguez (fs. 107 vto., A.A.), el 16 de julio de 2018, realizó una inspección profesional con relevamiento fotográfico del lugar (fs. 108 a 112, A.A. y 9 a 13, infolios). A raíz de lo actuado, el arquitecto elaboró un informe técnico en el cual consignó: “Se verifica una construcción de 2 plantas que aparente de 2 o más unidades interiores o de una gran unidad. El encargado dijo ser Gastón García 099470503. En la vía pública se observó una gran carga de arena ocupando la vereda y 2 operarios entrando las mismas. La acera no presenta protección y vallado razón por la cual se dificulta este tipo de llegada y acopio de materiales. No se nos permitió el acceso, se observó desde la calle y las fotos que se adjuntan son desde la vía pública. La obra se encuentra en estado avanzado. Tampoco se nos indicó el nombre del propietario. Se considera a la hora de valorar sanción punto 4) Obra clandestina porque no se ha exhibido ni se presentó ningún permiso ante la Inspección.” (fs. 9, infolios). Y específicamente sobre la obra señaló que correspondía su paralización (fs. 9 vto., infolios), según lo establecido por el artículo 15, Sección XIII del Decreto 21626, Inciso A, numeral 4 (fs. 13, infolios). El 17 de julio de 2018, se realizaron además las consultas pertinentes para el padrón y dirección de referencia, comprobándose que no se registraba la existencia de permiso de construcción aprobado (fs. 113, A.A.). El 20 de julio de 2018, se expidió la Oficina de Contralor de la Edificación, la que dispuso la paralización de las obras y ordenó que se impidiera la prosecución de las obras y se notificara al propietario que sería de su responsabilidad comunicar el levantamiento de las observaciones, no pudiendo reanudar las obras hasta tanto la paralización fuera levantada (fs. 116 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 25 de julio de 2018, se practicó la notificación, adjuntando copia de la Actuación Nº 22, en la cual se dispuso la referida paralización de las obras (fs. 119 a 120, A.A.). El 1º de agosto de 2018, los inspectores se constituyeron en el lugar a fin de constatar el cumplimiento de la orden de paralización de las obras y constataron “violación de paralización de obras, personal trabajando no permitiendo el ingreso a la obra” (fs. 72 a 72 vto., A.A.), motivo por el cual se procedió a notificar a la persona que los atendió de la infracción y que se contaba con diez días hábiles para presentar descargos, labrándose el Acta Nº 08141 (fs. 72, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 28 de setiembre de 2018, se notificó a ambas partes de la constatación de la paralización de la obra por Acta Nº 8141 y se les confirió vista a fin de que presentaran descargos (fs. 83 y 84, respectivamente, A.A.). El 2 de octubre de 2018, se pronunció el Servicio de Convivencia Departamental, la que tras reseñar lo actuado y la falta de presentación de descargos, elevó las actuaciones solicitando se propiciara el dictado de Resolución sancionatoria por concepto de “violación de paralización de obra”, la que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto 21626, debería fijarse en cincuenta y cuatro unidades reajustables (54 UR) (fs. 81 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 21 de noviembre de 2018, se dictó la Resolución Nº 717/18/1000, por la cual el Secretario General de la Intendencia de Montevideo dispuso la aplicación de una multa de cincuenta y cuatro unidades reajustables (54 UR) a los actores (fs. 88 a 88 vto., A.A.), la que fue notificada a las partes el 27 de noviembre de 2018 (fs. 90 a 91, A.A. y fs. 4, infolios). En lo que concierne estrictamente al acto que se procesa en autos, tuvo como fundamento la constatación realizada por los inspectores municipales el 13 de agosto de 2018 , cuando al apersonarse en el lugar denunciado volvieron a comprobar “violación de paralización de obras, personal trabajando” , notificando a la persona con quien trataron de que se contaba con diez días hábiles para presentar descargos, labrándose el Acta Nº 08143 (fs. 22, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 5 de octubre de 2018, se notificó a ambas partes de la constatación de la paralización de la obra por Acta Nº 8143 y se les confirió vista a fin de que presentaran descargos (fs. 21 y 22 vto., respectivamente, A.A.). A posteriori, el Servicio de Convivencia Departamental elevó las actuaciones dando cuenta que no se presentaron descargos y sugiriendo que se propiciara el dictado de una Resolución sancionatoria por concepto de “violación de paralización de obra-primera reincidencia” , que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 21626, debería fijarse en ochenta y una unidades reajustables (81 UR) (fs. 20, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 3 de diciembre de 2018, el Intendente de Montevideo remitió a la consideración de la Junta Departamental un proyecto de Decreto facultando a la Intendencia a aplicar una multa de ochenta y una unidades reajustables (81 UR) a los actores (fs. 27 a 27 vto., A.A.). El 14 de marzo de 2019, la Junta Departamental de Montevideo emitió el Decreto Nº 36967, facultando a la Intendencia de Montevideo a la aplicación de la multa referida (fs. 30 vto., A.A.). Finalmente, el 1º de abril de 2019, el Intendente de Montevideo dictó el acto que se enjuicia en las presentes actuaciones (fs. 31 a 32, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 71 a 74 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. En lo inicial, procede relevar que la presunción de ilegitimidad del acto que se invoca al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley Nº 17.292, no resulta de aplicación, porque, como es sabido, la misma sólo opera para el recurso de revocación o reposición cuando hay recursos subsidiarios ( sentencias Nº 97/2013, 297/2013, 610/2016, 101/2017, 311/2018 y 696/2018 , entre otras) (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Recursos Administrativos” , FCU, 4ª edición, Montevideo, 2008, p 224 y Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo, FCU, 2ª edición, Montevideo, 2015, p. 221). Despejado lo anterior, es menester precisar que el objeto del proceso se haya circunscripto a la Resolución Nº 1639/2019, por la cual se impuso a los actores una multa de ochenta y una unidades reajustables como responsables ante el incumplimiento de la paralización de la obra, encartando su conducta en una primera reincidencia , de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 del Decreto Nº 21.626, de 23 de abril de 1984 (fs. 31 vto. a 32, A.A.). En este sentido, tanto la medida de tipo cautelar de paralización de las obras (Actuación Nº 22, del 24 de julio de 2018, a fs. 116 vto., A.A.), como la Resolución Nº 717/18/1000, por la cual el Secretario General de la Intendencia de Montevideo dispuso la aplicación de una multa de cincuenta y cuatro unidades reajustables (54 UR) a los actores (fs. 88 a 88 vto., A.A.), por no cumplir con la paralización, según constatación del día 1º de agosto de 2018 (Acta Nº 08141, fs. 82 vto., AA), se encuentran fuera del objeto del proceso al haber adquirido firmeza en virtud que no fueron oportunamente recurridos. Siguiendo a Cassinelli Muñoz, “se dice que un acto administrativo es firme respecto de una persona, cuando ésta no tiene derecho a que se decida sobre ninguna impugnación suya del acto, actual o futura, ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional. La firmeza no es otra cosa que la ausencia de un derecho a la decisión ” (Cf. Horacio Cassinelli Muñoz, “Recurso erróneo contra un acto administrativo firme” , Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Montevideo, año 1957, tomo 55, p. 36 a 37) (la negrilla no está en el original). De un modo similar, Cajarville, lo definió en forma más detallada como “aquel que no admite impugnación alguna, ni en vía administrativa ni jurisdiccional. Un acto adquiere firmeza, en nuestro Derecho, cuando ha transcurrido el plazo para la interposición de los recursos administrativos sin que se presentaran , o habiéndose agotado la vía administrativa no se ha promovido la acción de nulidad dentro del plazo debido, o interpuesta se ha fallado confirmando el acto ” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Procedimiento administrativo en el Decreto 500/991”, editorial Idea, Montevideo, 1997, p. 55) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Formuladas estas precisiones, se advierte que la impugnada no adolece de motivación irregular, ni errónea como se afirma. Desde el punto de vista fáctico , la constatación de reincidencia que motivó la sanción procesada en autos fue debidamente notificada, tal como reconoce el actor en sede administrativa (véase el escrito obrante a fs. 144 vto., A.A.). Pero aun atendiendo a los dichos de la parte actora, cuando aduce que la notificación de la disposición de paralizar la obra no fue recibida por ésta, sino por el constructor que no se las entregó (constancia de notificación a fs. 119, A.A.), ello no enerva la legitimidad de las actuaciones posteriores. La infracción de ejecutar obra sin permiso de construcción fue constatada, intimándose a los responsables, en el inmueble de su propiedad sito en Luis Surraco Nº 2971, la regularización y la posterior disposición de paralización hasta tanto no regularizaran la situación ante la comuna. En el mismo lugar que se encontraba el inmueble propiedad de los actores se notificó el Acta Nº 08141, que constató el incumplimiento a la paralización dispuesta el 1º de agosto de 2018 y también el Acta Nº 08143, que constató el incumplimiento a la paralización con fecha 13 de agosto de 2018, en carácter de reiteración. Por otro lado, los comparecientes también fueron notificados en los domicilios emergentes de la información registral compulsada por la Oficina de Escribanía (fs. 79 vto., A.A.), sin que formularan descargos. Y tampoco negaron la existencia de la infracción constatada, sino que pretenden eludir su responsabilidad alegando genéricamente que el constructor que realizó las obras los estafó, sin siquiera explicar mínimamente cómo habrían ocurrido tales hechos. Al respecto, corresponde precisar que las eventuales desavenencias entre los actores propietarios del inmueble y el constructor contratado por ellos resultan ajenas a la responsabilidad que les cabe a estos frente a la Intendencia por sus incumplimientos. De modo que la infracción reincidente, presupuesto de hecho del acto impugnado se encuentra suficientemente acreditada y motivada. En cuanto al presupuesto de derecho, del que parte la Resolución de marras, que los actores cuestionan por entender que la falta imputada no se encuentra tipificada, se estima que tampoco les asiste razón. Al respecto, corresponde destacar que la Ley Nº 9515, le otorga a los Gobiernos Departamentales la competencia para la regulación de la edificación en su jurisdicción. Específicamente, su art. 35, numeral 43), prevé que compete al Intendente Departamental “B) Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta Departamental” (la negrilla no pertenece al texto original). Mientras que el Volumen XV del Digesto Departamental de Montevideo, por su parte (artículos R. 1903 a R. 1913), exige que, en forma previa a la realización de una obra, quienes pretendan ejecutarla deban obtener permiso de construcción. De este mismo articulado surge expresamente la posibilidad de aplicar sanciones: “Se aplicarán sanciones, tanto al propietario como a los profesionales y técnicos actuantes o a los constructores, cuando se compruebe que se han realizado obras sin permiso de construcción o diferentes respecto de las autorizadas, cuando no sea veraz la declaración agregada en alguna de las fases del permiso de construcción y cuando se oculte o desfigure la información requerida” (artículo R. 1905) (la negrilla no pertenece al texto original). Así, la paralización de obra queda comprendida en los poderes implícitos de la Administración, pudiendo y debiendo la Intendencia de Montevideo exigir permisos de construcción previos a la iniciación de una obra, ejercer las potestades de policía del ordenamiento territorial y sancionar a quienes ejecuten obras “clandestinas” (obras que no cuenten con los permisos necesarios), es evidente que puede fiscalizar el debido otorgamiento de permisos y disponer medidas cautelares cuando constate una irregularidad como la que se acreditó en autos. En palabras de este Tribunal, “Resulta aplicable en el caso la denominada “Teoría de los Poderes Implícitos”, conforme con la cual, cuando se otorga legalmente competencia a un órgano público en una determinada materia, implícitamente se le otorgan los medios para hacerla cumplir (Cfme. CAGNONI, José Aníbal. “¿Qué son los poderes implícitos?” en Revista de Derecho Público. Nº 33. 2008. Págs. 195-197)” (sentencia Nº 438/2013) (la negrilla no está en el original). Ello, sin perjuicio de que el Volumen XV, del Digesto Departamental ya aludido hace referencia en múltiples ocasiones a la posibilidad de disponer la paralización de las obras en diversos supuestos que entrañan incumplimiento de la normativa vigente. Pues bien, la Intendencia de Montevideo constató la existencia de una obra ejecutada sin permiso (uno de los actores, incluso, admitió la irregularidad de la construcción, en nota que luce a fs. 144 , A.A.), dispuso su paralización y constató, en dos ocasiones, la violación a dicha disposición. Como consecuencia de ello, en la Resolución, se aplicó por segunda vez una sanción -según lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto Departamental Nº 21.626-, atendiendo al régimen previsto para las reincidencias previstas en el artículo 22 del mismo Decreto. De manera que su actuación se encuentra ajustada a derecho, sin que exista una motivación irregular, ni errónea. En cuanto al principio de tipicidad , debe tenerse presente que “supone la verificación conjunta de tres elementos: a) la existencia de una ley que expresamente prevea la sanción y la infracción (lex scripta); b) la exigencia que dicha ley sea anterior en el tiempo a la infracción (lex praevia) y c) la necesidad de que dicha ley tenga un grado de precisión suficiente y razonable en torno a cuál es la conducta punible y su correspondiente sanción (lex certa)” (Cf. María Lourdes Ramírez Torrado, “La tipicidad en el derecho administrativo sancionador”, en Revista Estudios de Derecho de la Universidad de Antioquía, Año 2011, Nº 151, p. 39, citada por Natalia Veloso Garibaldi, “El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, Nº 36, Año 2019, p. 70)” (sentencia Nº 229/2021) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A la luz de estos conceptos, cabe concluir que no existió ninguna infracción al principio de tipicidad por cuanto las normas que se vienen de relacionar, regularon con suficiente precisión tanto las conductas punibles como las consecuentes sanciones. IV) En otro orden, los comparecientes cuestionaron que se impuso una multa mayor a la prevista por la norma , conculcándose principio de legalidad. Así, señalaron que aun considerándose que existió infracción, no se respetaron las previsiones del Digesto Departamental, que regula la forma de cálculo de la multa aplicada. Dicho planteo tampoco resulta de recibo. Véase. En concreto, el artículo 22 del Decreto 21.626, dispone lo siguiente: “La primera reincidencia a cada infracción se penará con el importe inicial incrementado en un 50 por ciento , la segunda reincidencia con la aplicación de la multa y la tercera y ulteriores con el importe inicial incrementado en un 150 por ciento. Cuando la multa resultante supere el máximo legal deberá reducirse a ese importe ” (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el presente, la primera multa aplicada consistió en cincuenta y cuatro unidades reajustables (54 UR) (Resolución Nº 717/18/1000, de 21 de noviembre de 2018, de fs. 88 a 88 vto., A.A.). Y el cincuenta por ciento (50%) de dicha cifra es veintisiete unidades reajustables (27 UR), que sumado a cincuenta y cuatro unidades reajustables (54 UR), asciende al monto de la multa impuesta por el acto procesado: ochenta y una unidades reajustables (81 UR). Así las cosas, ninguna violación se produjo a la previsión del artículo 22 del Decreto 21.626, ni al principio de legalidad, imponiéndose la multa prevista por la norma. En último análisis, el agravio que apuntó a la ilegitimidad de los accesorios -como consecuencia derivada de los anteriores agravios descartados- tampoco resulta procedente. En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución FALLA : Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)