Sentencia Definitiva N° 110/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022 No. 110 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AUGUSTYNSKI IGNACIO Y OTROS con PODER EJECUTIVO. Acción de Nulidad” (Ficha No. 527/2017) RESULTANDO : I) Los comparecientes dedujeron pretensión anulatoria contra el Decreto Nº 377/2016, de 5 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2016, reglamentario de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014, sobre “Tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados”. Los accionantes obtuvieron un título de habilitación para la adquisición y tenencia de armas (THATA) y algunos cuentan con habilitación para el porte de armas. Adicionalmente, la mayoría son propietarios y poseedores de -al menos- un arma registrada ante el Ministerio de Defensa Nacional. En necesaria síntesis, esgrimen las siguientes causales de ilegitimidad: i) El Decreto viola los más elementales derechos consagrados en la Constitución: el derecho a la propiedad, seguridad jurídica, a la defensa de la vida y a la libertad de comercio; ii) Nulidad por motivación irregular y motivos irreales: Por si esto fuera poco, adolece de irregularidades insanables respecto de su motivación. El Decreto en su motivación expresa que la reglamentación se establece “a los efectos de contar con un adecuado control respecto a la tenencia y porte de las mismas” (Considerando III) y para que “quienes adquieran armas o las posean no representen riesgo ni peligro social, debiendo ser idóneos en el manejo y porte de las mismas” (Considerando IV) Sin embargo, bajo la alegada necesidad de regular la tenencia responsable, el Decreto establece una serie de limitaciones y restricciones que nada tienen que ver con el fin que declara perseguir. Se busca una suerte de desarme de la población civil y un entorpecimiento de la tenencia a los tenedores responsables. Nada de esto puede establecerse vía Decreto y en nada ayudan a disminuir la criminalidad, ni la paz pública; iii) El Decreto viola el Principio de Libertad: los comparecientes tienen el derecho natural de evitar -o al menos intentar evitar- que un tercero los asesine o los dañe y el Estado debe asegurarles ese derecho (artículo 7). Dicho derecho no puede ser limitado por el hecho que tengan problemas de audición, afecciones cardíacas u otras dolencias comunes; iv) El Decreto prohíbe armas que antes estaban permitidas: esta es la más grosera limitación al derecho de propiedad. El Decreto contienen un ninguneo de los derechos adquiridos y una expropiación, sin previa indemnización; v) El Decreto le otorga al Poder Ejecutivo una discrecionalidad insostenible que atenta contra la separación de poderes: el Poder Ejecutivo podrá decidir libremente: a) quien puede tener armas o a quien puede quitarle las armas; b) quien puede portar armas; y c) quien puede tener más de tres armas; vi) Rechazo de la prueba solicitada en vía administrativa: el Poder Ejecutivo rechazó (al menos en su parte sustancial) el pedido de diligenciamiento de los medios ofrecidos en el momento de la interposición de los recursos. Esta actitud demuestra su poco o nulo interés por llegar a la verdad material de los hechos que regula el Decreto, así como de los motivos en que dice basarse. En definitiva, demandaron la nulidad del acto enjuiciado (fs. 2 a 16 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado la Administración lo contestó oponiéndose al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Lo que hace la Ley Nº 19.247 y el Decreto Nº 377/2016, que la reglamenta es proteger el goce de la vida, seguridad y propiedad. Por el Decreto el Estado reglamentó la Ley, cumpliendo no sólo con lo dispuesto por la norma que se reglamenta, sino también con la protección de los derechos humanos fundamentales, como lo son, la protección del derecho a la vida y a la seguridad pública. Tratándose de la seguridad pública, resulta lógico que se limite la tenencia y porte de armas, salvo que se acredite documentalmente la necesidad de su adquisición. La Ley Nº 19.247 estableció un régimen opuesto al vigente hasta su promulgación. Cambió el principio de libre comercio de armas y prohibió la tenencia y porte de aquellas armas y municiones que no hayan sido debidamente autorizadas. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley Nº 19.247, le corresponde al Poder Ejecutivo establecer los tipos, características y requisitos que deberán cumplir, así como las sanciones previstas en la Ley para la tenencia no autorizada. Se trata de una asignación de competencia clara. Los actores dicen que coinciden en los motivos declarados en el Decreto 377/2016 (Considerando) pero que el articulado no guarda relación con los motivos declarados, y establece una serie de limitaciones y restricciones que nada tienen que ver con el fin que declara perseguir, limitando el acceso a las armas. El artículo 19 del Decreto Nº 377/2016 no hizo más que reglamentar la Ley Nº 19.247 y cumplir con su finalidad concreta, estableciendo las consideraciones para autorizar o no la tenencia. Se trata de un reglamento de ejecución para asegurar la correcta aplicación de la Ley. El derecho a la defensa de la familia, del hogar y la propiedad no son argumentos válidos a la hora de tener o no un marco normativo liberal para la posesión de armas de fuego. Los estudios confirman que las armas de fuego en manos de civiles sirven muy poco para la autodefensa y terminan alimentando arsenales ilegales, cuando no son la causa de graves accidentes domésticos. Así que defender la vida y la propiedad es justamente lo que hizo la Ley y el Decreto reglamentario. Por otra parte, los habitantes de la República pueden tener armas siempre y cuando se ajusten a las limitaciones establecidas por la Ley, que fuera reglamentada por el Decreto Nº 377/2016. La Ley Nº 19.247 en su artículo 1º estableció como principio la prohibición de tener y portar armas. Por tanto, resulta claro que la Administración será quien habilite la tenencia y porte, lo que obviamente conlleva la posibilidad de limitar la cuantía, aunque este límite se derrumba en caso de que el particular acredite la necesidad de adquirir un mayor número de armas. En cuanto a la limitación al derecho de propiedad al que se alude, en caso de existir, los actores deberían plantearla como una acción contra la Ley. El artículo 19 del Decreto les otorga a los poseedores de armas que estén prohibidas la posibilidad de su regularización, lo que no implica de ninguna manera una expropiación. El objetivo final de la Ley y del Decreto reglamentario no es más que proteger a los ciudadanos en su vida, integridad física y seguridad pública, todos con carácter general. La Ley Nº 19.247 estableció una serie de principios rectores a los que se ajustó la Administración en ocasión de dictar el Decreto Reglamentario. Dichos principios acuerdan poderes jurídicos y fijan reglas generales de acción futura. No se trata de decisiones caprichosas y mucho menos se atenta contra el principio de separación de poderes porque la discrecionalidad es sólo la posibilidad de apreciar la oportunidad o conveniencia de la acción administrativa, dentro de ciertos límites, y que tiene como fin último la protección de derechos fundamentales. Son absolutamente lógicas y ajustadas a derecho cada una de las causales que establece el Decreto para denegar el otorgamiento del THATA. Ya en sentencia de la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, dictada ante un recurso de amparo interpuesto respecto del Decreto Nº 377/2016, se manifestó que “El Estado debe velar porque quienes adquieran armas o las posean no representen riesgo ni peligro social, debiendo ser idóneos en el manejo y porte de las mismas.” Es la Ley la que limita los derechos en función del interés general y en el caso del Decreto Nº 377/2016, la reglamentó según lo ordenado por esta. En suma, abogó por la confirmación del acto impugnado (fs. 24 a 31 vto.). III) Por decreto No. 7406/2017 (fs. 72) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 182. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 185-190 vto. y fs. 193-200, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 382/2021 y aconsejó hacer lugar a la demanda (fs. 207 a 208). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 210). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la demanda anulatoria. El Decreto Nº 377/2016, se dictó el 5 de diciembre de 2016 y se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2016. El 22 de diciembre de 2016, interpusieron el recurso de revocación contra dicho acto (fs. 30 a 43, en carpeta verde de 85 fojas, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , a los ciento cincuenta días sin que la Administración resolviera el recurso, el 29 de mayo de 2017. La demanda se interpuso el 14 de agosto de 2017, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 18). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de apartarse de la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 207 a 208) y dispondrá la confirmación del enjuiciado, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. En lo inicial, corresponde relevar que los promotores poseen legitimación activa para movilizar el presente accionamiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 309 de la Constitución de la República y 24 del Decreto-Ley Nº 15.524, como presupuesto de la sentencia de mérito. Al respecto, los comparecientes acreditaron encontrarse comprendidos dentro de la dimensión subjetiva del acto impugnado , al haber acreditado ser poseedores legítimos de diversos tipos de armas de fuego debidamente registradas ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, tal como se desprende de la documentación agregada en las carpetas rosadas de antecedentes administrativos. El Tribunal ya ha tenido oportunidad de examinar casos análogos al presente (sentencias Nº 476/2020, 494/2020, 496/2020, 531/2020 , 539/2020, 730/2020, 234/2021 y 327/2021 ), sin que existan motivos para modificar su parecer. Siguiendo el encuadre de análisis, seguido en sentencia Nº 476/2020, se dirá que, en el caso, se impone efectuar la debida correspondencia entre la situación jurídica subjetiva de interés legítimo, con el interés general en juego. En tal sentido, y siguiendo a Durán Martínez, es menester advertir que “(…) en los casos en que se es titular de un interés legítimo, la Administración actúa legítimamente aun cuando no satisfaga lo peticionado por el administrado, siempre que se ajuste a la legalidad. Y ello es así, porque la tutela del interés legítimo es una tutela derivada de la tutela del interés general, un “derecho reflejo” de la tutela del interés general (Cf. Augusto Durán Martínez, “El Contencioso Administrativo” , FCU, Montevideo, 2ª Edición - 2015, p. 104 y ss.). De manera que, la garantía ofrecida al particular es de naturaleza instrumental, porque se limita a la legalidad del obrar administrativo y su ajuste al interés público o general (sentencia Nº 10/2020). Al analizar el Estado Administrador y el interés general , señala Rotondo que éste último legitima el ejercicio de la autoridad estatal y el despliegue de su poder público para el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico le asigna, con relación a las materias o actividades que establece (principio de especialidad). Parafraseando al Prof. Mariano Brito, delimita las premisas del interés general, indicando, entre otras, las siguientes: “A) Encierra el reconocimiento de la necesidad propia de la persona humana y sus comunidades, de la acción de la sociedad políticamente organizada (el Estado), para afirmar las potencialidades de su naturaleza, acción en la que se inserta, claramente, la actividad esencial de brindar seguridad y protección. B) El apoyo y asistencia estatales no exonera a la persona y aquellas comunidades, de su papel de protagonistas originarios. C) El Estado no es el único, si bien el más calificado y eminente protagonista del interés general. D) El interés general se define negativamente por la conducta de abstención de la acción estatal directa en cuanto hace a la libertad interior, y positivamente por el respeto de esta y la creación del entorno protector de su intangibilidad. E) De lo anterior deriva el deber del Estado de procurar o buscar asegurar la participación de todos los individuos y comunidades en los bienes de desarrollo. F) Exige, también, la limitación de la proyección exterior de la libertad, porque compete al Estado armonizar y coordinar conductas de los habitantes, con las delimitaciones precisas para la realización personal en seguridad y libertad.” (Cf. Felipe Rotondo Tornaría, “Derechos Fundamentales y Derecho Administrativo” , en “Revista de Derecho Público”, Año 24, Número 47, Julio 2015, p. 87-102). Y continúa afirmando el autor, que la Administración, en el marco de las reglas de derecho, tiene un relevante rol para la efectividad de los derechos de las personas y puede, por cierto, incidir negativamente si no cumple lo que debe hacer o no lo hace adecuadamente. Así, le corresponden las tareas “ necesarias” concernientes, en lo interno, a la conservación de la cohesión social. “(…) Los servicios de orden público (policial) refieren a “ los valores de tranquilidad y seguridad públicas; la normalidad de la vida corriente en los lugares públicos, el libre ejercicio de los derechos individuales, así como las competencias de las autoridades públicas ” (Cf. Felipe Rotondo Tornaría, “Derechos Fundamentales y Derecho Administrativo” , op. cit., p. 93) (la negrilla no está en el original). En este contexto, la seguridad consiste en un Derecho Humano que debe ser protegido, a la vez que es un cometido esencial del Estado. La Constitución Nacional , en su artículo 7º, dispone que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad; y que nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieran por razones de interés general. Por su parte, la Ley Orgánica Policial, Nº 19.315, de 18 de febrero de 2015, en su artículo 1º estatuye que el orden y la seguridad pública interna son competencia exclusiva del Estado y que su mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Asimismo, en el artículo 3º se establece: “La Policía Nacional tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar el orden y la seguridad interna, mediante el desempeño de los cometidos que se desarrollan en los artículos siguientes”. A su vez, la Ley Nº 13.963, de 22 de mayo de 1971, antecedente de la norma precitada, ya disponía en su artículo 2º que: “Como policía administrativa le compete el mantenimiento del orden público y la prevención de los delitos. Entiéndese por orden público, a los efectos de esta Ley, el estado de hecho en el que se realizan los valores de tranquilidad y seguridad públicas; la normalidad de la vida corriente en los lugares públicos, el libre ejercicio de los derechos individuales, así como las competencias de las autoridades públicas. En su carácter de Auxiliar de la Justicia, le corresponde investigar los delitos, reunir sus pruebas y entregar los delincuentes a los Jueces. Asimismo, el servicio policial debe protección a los individuos, otorgándoles las garantías necesarias para el libre ejercicio de sus derechos y la guarda de sus intereses, en la forma que sea compatible con los derechos o intereses de los demás”. Conforme al presente contexto normativo, el Decreto impugnado, corresponde sea analizado a la luz de los valores que lo sustentan: seguridad pública, protección de los derechos individuales y armonía social. IV) En cuanto al fondo del asunto , se observa que la esencia de la pretensión anulatoria se centra en un fuerte cuestionamiento a las limitaciones y restricciones que se establecieron a través del nuevo régimen de tenencia y porte de armas que instauró la Ley Nº 19.247 que el Decreto Nº 377/2016, no hizo otra cosa que reglamentar. Así, se llega a afirmar que las limitaciones y restricciones son tales que se procura una suerte de desarme de la población civil y un entorpecimiento de la tenencia a los tenedores responsables. En cierto modo, resultan replicables las consideraciones vertidas en la sentencia Nº 476/2020 , en cuanto señala que: “(…) dicho extremo se dirige más hacia un cuestionamiento de la Ley, que del propio decreto reglamentario que se procesa en estos obrados. Con tal entendimiento, la parte actora debió deducir acción de inconstitucionalidad del marco legal reglamentado -Ley Nº 19.247-, ventilando el caso ante el órgano jurisdiccional competente en la materia: la Suprema Corte de Justicia .” (la negrilla no está en el original). En el mismo sentido, cabe destacar que la Corporación ha destacado reiteradamente que “(…) El control de constitucionalidad es, en nuestro ordenamiento jurídico, de aquellos que la dogmática procesalista denomina de tipo concentrado, donde compete a un único órgano jurisdiccional entender en las contiendas sobre el ajuste de las leyes y demás disposiciones con fuerza de ley a la Constitución (Cf. VESCOVI, Enrique: “El proceso de inconstitucionalidad de la ley”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1967, págs. 28 y siguientes. Para los distintos sistemas de control de constitucionalidad véase BURSTIN, Darío; DELGADO MANTEIGA, Serrana; FRANCOLINO, Leandro; GÓMEZ LEIZA, José; RODRÍGUEZ, Guzmán y SARLO, Oscar: “La Constitución uruguaya: ¿rígida o flexible?, F.C.U. – Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, 2010, pág. 124 a 138). (…) tales cuestiones debieron ser planteadas ante la Suprema Corte de Justicia , que es el único órgano con competencia para examinar el ajuste de las leyes o de los Decretos de la Juntas Departamentales con fuerza de ley a la Constitución de la República (arts. 257 a 261 de la Constitución de la República) (…)” (sentencia Nº 244/2012) (en el mismo sentido, sentencias Nº 641/2014, 196/2016, 649/2018, 99/2020 y 730/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). V) Ahora bien, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, el Tribunal tampoco observa que el Decreto impugnado haya exorbitado el marco legal que reglamentó, ni que por su intermedio se haya procurado el mentado desarme de la población civil, ni el entorpecimiento de la tenencia de los tenedores responsables, como se alega. Otro tanto cabe señalar en torno a los derechos a la propiedad, seguridad jurídica, a la defensa de la vida y a la libertad de comercio que se señala se vieron ilegítimamente afectados por el acto resistido, como también respecto del agravio que apunta a la existencia de una discrecionalidad insostenible que atenta contra el principio de separación de poderes. Sobre el punto, cabe remitirse, una vez más, a lo expresado por el Cuerpo en sentencia Nº 476/2020 , en cuanto consignó: “En cuanto a la limitación de los derechos de propiedad y libertad de empresa y de comercio, dicha restricción se encuentra clara y expresamente establecida en los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 19.247 , de 15 de agosto de 2014, verdadero basamento legal de tales limitaciones al ejercicio de derechos que no son irrestrictos (art. 7º y 32 de la Carta Magna) y que da razón suficiente a la observancia del principio de reserva legal en la materia. Como bien afirma la accionada, la citada Ley Nº 19.247, cambia el principio de libre comercio que regía con anterioridad a la presente norma, por el principio de prohibición. En efecto, el artículo 1º de la Ley 19.247 dispone: “(Tenencia y porte no autorizados)- Prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego , municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda. El Poder Ejecutivo establecerá los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir para autorizar la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en poder de civiles, así como las sanciones previstas en esta ley por la tenencia no autorizada de las mismas.” En ese marco , el Estado establece una determinada política pública en materia de tenencia y porte de armas de fuego , municiones, explosivos, etc., en la Sociedad, estableciendo como principio general la prohibición de su tenencia y porte , salvo debida autorización por autoridad competente. Válidamente, la Ley faculta expresamente al Poder Ejecutivo a que mediante un típico “reglamento de ejecución” como el que se procesa en autos, efectivice la concretización de las condiciones necesarias para la instrumentación de tal política y en tal sentido, establezca cuáles son los requisitos necesarios para el otorgamiento de la autorización de tenencia y porte de armas de fuego y demás, en poder de civiles; y determine las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Se trata claramente de un complemento normativo organizativo e instrumental de la norma legal que se ajusta razonablemente a su potestad y alcance reglamentario , conforme lo estatuido en el numeral 4º del artículo 168 de la Constitución de la República. Como todo “reglamento de ejecución”, este debe incluir todo lo indispensable para asegurar la correcta aplicación y la plena efectividad de la ley misma que desarrolla; al mismo tiempo que no puede incluir más que lo que sea estrictamente indispensable para garantizar esos fines (Cf. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA - Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, págs. 229 y ss.); o como expresa GUARIGLIA “...el reglamento de ejecución debe ser siempre el complemento indispensable de la ley que desarrolla, de donde debe incluir solamente lo indispensable para asegurar la correcta aplicación de la ley” (Cf. GUARIGLIA, Carlos; “Relaciones entre la Ley y el Reglamento”, ADA, Tomo III, págs. 219-220). No obstante, si bien el reglamento de ejecución de la Ley se encuentra estrictamente subordinado a ella , al decir del Maestro SAYAGUÉS “tiene un campo de acción relativamente amplio y en cierta medida puede desarrollar el texto legal , especialmente cuando la ley sólo consagra las normas fundamentales . Así, admítese que por vía reglamentaria pueden establecerse formalidades o requisitos, no previstos en la ley, pero necesarios para asegurar su cumplimiento, o definirse palabras usadas por el legislador y cuyo alcance conviene precisar a fin de evitar dudas.” (Cf. SAYAGUÉS LASO, Enrique, "Tratado de Derecho Administrativo", T.I, págs. 130-131). Por tanto, a la luz de la normativa referenciada y de los valores en juego, no observa el Tribunal, que el Decreto cuestionado , en su fase impugnada, contraríe la Constitución , exorbite el marco legal que pretende reglamentar, ni invada materia de reserva legal .” (la negrilla y el subrayado no están en el original). VI) Descartada la procedencia de los principales agravios, tampoco se repara que se haya producido un supuesto de motivación irregular o la existencia de motivos irreales, desde que las restricciones y limitaciones efectivamente tienen como común denominador el poder contar con “un adecuado control respecto a la tenencia y porte de las mismas” (Considerando III) y que “quienes adquieran armas o las posean no representen riesgo ni peligro social, debiendo ser idóneos en el manejo de las mismas” (Considerando IV), tal como se alude en la fundamentación del Decreto impugnado. En todo caso, la reglamentación aprobada por el Decreto resistido lo que hizo fue alinearse con la filosofía del nuevo sistema de control, que tiene como principio cardinal la prohibición de la tenencia y posesión de armas, por oposición al sistema anterior, todo lo cual fue producto de una decisión de política legislativa. En lo que respecta a la afirmación que apunta a la existencia de una suerte de “expropiación sin previa indemnización ”, conviene replicar el análisis plasmado en la sentencia Nº 476/2020 , que dice así: “En referencia a la eventual expropiación encubierta sin Ley y sin indemnización justa y previa alegada por la accionante, tampoco le asiste razón. El artículo 19 del Decreto atacado, le da la opción a los propietarios de armas ahora declaradas prohibidas, de entregarlas al Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional o de conservarlas desactivadas; por lo que no resulta jurídicamente correcto hablar de expropiación en la medida que no existe un desapoderamiento forzoso.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por último, y en lo que respecta al rechazo de ciertas probanzas en vía Administrativa, se desprende de los antecedentes glosados a la causa que existió para ello una fundamentación válida que estableció con toda precisión la prueba que se admitiría y la que no, justificando las razones para no hacerlo (véase en este sentido el dictamen Nº 173/2017, de 24 de febrero de 2017, del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, particularmente de fs. 60 a 61, A.A.). En este sentido, cabe consignar que, entre las razones para el rechazo de ciertas probanzas, se indicó que: a) “la información solicitada refiere a casos ajenos a los recurrentes” ; b) “versan sobre hechos que no son conducentes a la cuestión litigiosa” ; c) “Asimismo debe tenerse presente que alguna de las informaciones peticionadas son de carácter reservado, por motivos de seguridad pública.”; d) “En tanto otras no están al alcance de esta Administración, pues no se posee tales registros y la producción de la probanza ofrecida, atento a la extensión de lo solicitado, es inviable” , etc. (fs. 60 a 61, A.A.). Así, pues, no se comparte lo afirmado por los accionantes en cuanto a que la Administración haya mostrado poco o nulo interés por alcanzar la verdad material de los hechos que regula el Decreto y de sus motivos, sino que simplemente, por distintos motivos, no se diligenció parte de las probanzas que se habían solicitado. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado).