Sentencia Definitiva N° 107/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022. No. 107 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GOZURRETA RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA con PODER EJECUTIVO Y BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 465/2019) RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la denegatoria ficta de la petición que formuló el 28 de diciembre de 2018, para que se le sirviera una pensión de sobrevivencia (fs. 61 a 63, en carpeta verde de 74 fojas, A.A.). En su demanda, relató que es viuda del Sr. Leo Walter Breccia Chapper, quien falleció el 10 de junio de 2003. El 2 de julio de 2003, solicitó una pensión de sobrevivencia y se le informó que no tenía derecho a la misma porque el monto percibido por acumulación de pasividades superaba el monto de quince salarios mínimos nacionales. Con fecha 10 de mayo de 2018, solicitó la reanudación del trámite y el 23 de mayo de 2018, se le informó la misma circunstancia anterior. Ni en aquella oportunidad, ni en esta se le notificó de acto administrativo alguno. En su mérito, el 23 de julio de 2018, solicitó la pensión dando los fundamentos normativos de las razones por las cuales correspondía el otorgamiento de esta, expresando en sustancia que: a) a la fecha de la petición sus ingresos se componían con las jubilaciones servidas por el BPS de industria y comercio, con un básico de $ 39.940,56 y escolar, con un básico de $ 64.261,74, todo lo cual surgía de la documentación en poder del BPS; y b) el propio Directorio del BPS sostiene actualmente que el artículo 76 inciso 3º de la Ley Nº 16.713, no alude a las pensiones, por lo que no será aplicable a las mismas (Resolución RD Nº 40-18/2011, de 7 de diciembre de 2011 relativo a Rosa Nakle). Como fundamentos de su pretensión, sostuvo básicamente que la argumentación esgrimida por el BPS para denegarle la pensión es errónea porque: i) el amparo de su derecho corresponde por una correcta interpretación del artículo 76 de la Ley Nº 16.713 (que no aplica a las pensiones) y no porque el BPS recién interprete adecuadamente la norma a partir del 2011; ii) el tope previsto por el artículo 76 de la Ley Nº 16.173, no es aplicable a las pensiones; y iii) el TCA ha estudiado el punto, fallando en forma concordante con los desarrollos expuestos ( sentencias Nº 43/2005, 54/2005, 69/2005, 385/2006 y 279/2017, entre otras). Es por esta razón que en el año 2011, el BPS cambió de criterio con relación a la interpretación de las normas en juego. A partir de esa fecha, el Organismo las interpreta correctamente, no aplicando el tope previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 16.713. Sin embargo, sigue aplicando el criterio erróneo a la compareciente. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 5). II) Conferido el traslado de la demanda al Banco de Previsión Social compareció en su representación el Dr. Juan Andrés Noya, quien lo contestó oponiéndose al accionamiento. En primer lugar, esgrimió la falta de legitimación causal activa del BPS, porque en el reclamo impetrado (pensión civil), el Ente Previsional actúa por imperio constitucional, en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, según Resolución Nº 264/1996 y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 3º) de la Constitución de la República. Así lo entendió también el TCA en la sentencia Nº 210/2013. En segundo término, señaló que el acto atacado es reiterativo de aquel que se toleró pacíficamente desde hace más de quince años. No puede ahora la actora desconocer la expresión de voluntad denegatoria del Organismo recaída a sus solicitudes del año 2003 y 2006. Luego de doce años de la última denegatoria (2006), la actora presentó una petición para que se procediera a la revisión de su situación y ello llevó a un nuevo pronunciamiento -aunque no formalmente aún- por parte de la Administración ahora sí, pero tardíamente. El acto administrativo cuestionado por la actora es reiterativo y por ende no es el acto lesivo. En tercer lugar, analizó la posibilidad de solicitar la revisión de la pasividad que se le denegó a la actora fundada en el cambio de interpretación del Directorio del BPS respecto del artículo 76 de la Ley Nº 16.713, a través de la R.D. 40-18/2011. En este sentido, indicó que dicho cambio se dio como corolario de la continua jurisprudencia del TCA que sostiene que el tope enunciado en dicha norma no es aplicable a la acumulación de jubilaciones con pensiones por sobrevivencia. Sin embargo, dicho cambio interpretativo de ninguna manera puede reabrir la posibilidad de ajustar las pasividades en las que exista un acto firme. Y dicho acto es la denegatoria de la Administración dada a su solicitud efectuada en 2003 y reiterada en 2006. Por otro lado, la RD 40-18/2011, puesta en conocimiento de los funcionarios por Comunicado Nº 28/2011, estableció que la aplicación del nuevo criterio interpretativo se aplicaría únicamente a los asuntos en trámite, así como a los nuevos que se presentaran en vía administrativa. En suma, abogó por el rechazo de la demanda y la confirmación del encausado (fs. 23 a 30). III) Conferido el correspondiente traslado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Poder Ejecutivo, compareció en su representación el Dr. Ruben Fonseca, quien lo contestó oponiéndose al accionamiento. Con relación a la Resolución impugnada, manifestó que en virtud de la naturaleza jurídica de Ente Autónomo que ostenta el BPS, de creación constitucional, con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social y, dado que no se encuentra en situación de tutela administrativa, tiene plena potestad para dictar las resoluciones y reglamentaciones que estime pertinentes dentro del límite que le permite la regla de derecho. En cuanto al fondo del asunto, expresó que el MTSS no dictó el acto administrativo que se impugna de nulidad, ni se ejercitó vía recursiva alguna por parte de la hoy accionante, razón por la cual se adhiere en todos sus términos a los fundamentos de hecho y de derecho que se expongan por parte del BPS en el caso concreto. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que el acto impugnado se encuentra ajustado a derecho, pues a las pensiones de supervivencia le es de aplicación el tope de los quince salarios mínimos nacionales establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 16.713 y 58 del Decreto Nº 125/1996. Tanto la Ley como el Decreto emplean el término pasividades, el que indudablemente abarca a las pensiones. El texto es amplio, de manera que alcanza a todos los casos de acumulación de pasividades y subsidios servidos por el BPS. Si bien el artículo 76, está incluido en el Régimen de Transición, su texto es amplio y de alcance general, de manera que comprende todos los casos de acumulación o asignación de pasividades o subsidios y no solamente los de dicho régimen. La interpretación estricta de que el tope solo rige en los casos de los Títulos V y VI de la Ley implicaría tratar de forma desigual a las personas, lo que llevaría a que algunas prestaciones sean superiores a otras, lo que resulta contrario al principio de igualdad. En suma, solicitó la confirmación del acto (fs. 16 a 19). IV) Por decreto No. 7231/2019 (fs. 32) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 59. V) Las partes alegaron por su orden (fs. 62 - 63 vto.; 66 a 67; y 70 - 71, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 124/2021 (fs. 77 a 78), en el que aconsejó la anulación del acto resistido. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 42). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. Se procesa la denegatoria ficta de la petición movilizada por la actora el 31 de julio de 2018, para que se le sirviera una pensión de sobrevivencia (fs. 61 a 63, en carpeta verde de 74 fojas, A.A.), la que se configuró a los ciento cincuenta días sin que la Administración dictara resolución expresa, el 28 de diciembre de 2018. El 1º de febrero de 2019, se interpuso en tiempo y forma el recurso de revocación (fs. 70 a 70 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta, la que se configuró a los ciento cincuenta días sin que la Administración resolviera el recurso, el 8 de julio de 2019. La demanda se interpuso el 6 de agosto de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 6). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Conforme surge de las actuaciones administrativas, el 10 de junio de 2003, se produjo el fallecimiento del Sr. Leo Walter Breccia Chapper (fs. 9, A.A.), jubilado por servicios comunes civil (fs. 4, A.A.). Como consecuencia de ello, se presentó la actora, en su carácter de viuda del causante a presentar una solicitud de pensión por fallecimiento, a quien se le otorgó vista el 2 de julio de 2003 y se le hizo saber que “el monto percibido por el solicitante por acumulación de pasividades supera los 15 SMN” (fs. 3 y 32, A.A.) (la negrilla no está en el original). Según se da cuenta por la Oficina de Pensiones, con posterioridad a la vista se liquidaron los haberes sucesorios y el expediente pasó al archivo, sin notificación de ninguna Resolución (véase informe de 1º de junio de 2018, a fs. 40 vto. y documentación obrante de fs. 4 a 32, A.A.). Más adelante en el tiempo, la actora se presentó nuevamente a solicitar dicha pensión y con fecha 6 de mayo de 2006, se le dio vista de la “denegatoria (de) pensión por superar el tope jubilatorio” (fs. 34, A.A.), la que al no ser evacuada determinó que el expediente pasara a ser archivado (fs. 34 vto., A.A.). Finalmente, en el mes de mayo del año 2018, la accionante volvió a presentarse y solicitó la “rehabilitación del trámite” (fs. 38, A.A.), la que fundamentó mediante la petición de 31 de julio de 2018 (fs. 61 a 63 vto., A.A.), que dio mérito a la denegatoria ficta que se procesa en autos, configurada a los ciento cincuenta días sin que la Administración dictara resolución expresa, el 28 de diciembre de 2018. III) El Tribunal, habrá de compartir en términos generales el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 77 a 78) y dispondrá la anulación del acto, por los fundamentos que se habrán de explicitar. En primer lugar, procede analizar el planteo defensivo que articuló el Banco de Previsión Social al esgrimir su falta de legitimación causal pasiva porque ante el reclamo impetrado de pensión civil, el Ente Previsional actúa por imperio constitucional, en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, según Resolución Nº 264/1996 y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 3º) de la Constitución de la República. Así lo entendió también el TCA en la sentencia Nº 210/2013. El artículo 168 numeral 3º) de la Constitución de la República dice así: “Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: 3º) Dar retiros y arreglar las pensiones de los empleados civiles y militares conforme a las leyes.” (la negrilla no está en el texto original). La disposición ha sido objeto de análisis por parte de la Corporación, la que ha entendido que, cuando se trata del otorgamiento de jubilaciones y pensiones civiles debe entenderse que ello es de competencia del Poder Ejecutivo. Así se ha consignado, por ejemplo, en la sentencia Nº 210/2013, a la que hizo referencia el Banco de Previsión Social, que en lo medular de su fundamentación consignó lo siguiente: “(…) atendiendo a lo dispuesto en el N° 3 del art. 168 de la Carta, a razones de buena administración orientadas a crear mecanismos más ágiles en el procedimiento previsional, tendente al otorgamiento de las prestaciones de jubilación y pensión de los empleados civiles jerarquizados al Poder Ejecutivo , que había sido delegada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a lo sostenido por la moderna doctrina del Derecho Administrativo, fue que el Poder Ejecutivo entendió aconsejable delegar en el Directorio del Banco de Previsión Social dicha competencia , ordenando en el art. 2° que se enviara al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las cuarenta y ocho horas copia de las resoluciones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones delegadas por el numeral 1 de esta resolución.- O sea , la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está especialmente prevista, y fue correcto el emplazamiento de la acción de nulidad promovida, al Poder Ejecutivo, en tanto órgano delegante, a diferencia de lo que acontece en vía administrativa , etapa en la cual los recursos pueden interponerse indiferentemente ante el órgano delegante o ante el delegado (art. 161 del Decreto 500/991)” (Sentencia 673/2012)- Por ello, la emisión de la resistida le es atribuible al Poder Ejecutivo, a quien compete , por imperativo constitucional , dar retiros y otorgar pensiones de los empleados civiles y militares conforme a las leyes. En lógica consecuencia, si el acto dictado por el Directorio del Banco de Previsión Social -órgano delegado- se reputa emitido por el órgano delegante (Poder Ejecutivo), la consecuencia inevitable, es la ausencia de legitimación causal pasiva del Ente Previsional, que corresponde examinar, incluso de oficio, como presupuesto material previo a la sentencia de mérito.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). En función de lo expresado, la Sala considera que procede declarar la ausencia de legitimación causal pasiva del Banco de Previsión Social. IV) Continuando con el relevamiento de los presupuestos procesales, corresponde examinar, si se está ante un acto meramente reiterativo y, por ende, no generador del perjuicio alegado por la demandada. La cuestión ya ha sido estudiada por el Tribunal ante casos similares al de autos (véase por ejemplo sentencias Nº 596/2016 y 168/2020), por lo que, al no existir mérito para modificar su parecer, cabe remitirse a la fundamentación oportunamente vertida sobre el particular. En este sentido, en el más reciente de los pronunciamientos referidos, el Colegiado destacó: “(…) la petición, que fue presentada en el año 2016, ingresa luego de un notorio cambio del criterio interpretativo seguido por el ente estatal hasta el dictado de la RD N° 40- 18/2011 que lo modifica y ordena su aplicación inmediata (Comunicado No. 28/11). La actora expresamente invoca ese cambio , de manera que su petición no es meramente una reiteración de la solicitud de jubilación , porque sobreviene habiendo cambiado circunstancias antes consideradas relevantes para decidir el caso. Como enseña CAJARVILLE , no deben incluirse en la categoría de las resoluciones meramente reiterativas aquéllas que , aunque en su expresión literal reiteren una anterior, lo hagan luego de ocurridos cambios en las circunstancias de hecho o de derecho que motivaron el dictado del primer acto. Este nuevo acto es en realidad originario en cuanto a los motivos existentes al tiempo de su emisión , y por tanto es objeto de recursos administrativos y de acción de nulidad. (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Recursos Administrativos”, FCU, 4ª Edición, Montevideo, 2008, pág. 150). Así ha entendido este Tribunal, en situación similar a la presente, que un acto no puede considerarse reiterativo de otra volición anterior no impugnada útilmente , cuando se aprecia una modificación en las circunstancias (hechos) o bien en el soporte de derecho para no acceder a la solicitud incoada (Sentencia No. 484/2014 ).” (sentencia Nº 168/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y en la misma línea de razonamiento, con anterioridad ya se había estudiado un planteo defensivo análogo al de autos, el cual fue descartado de la siguiente manera: “(…) corresponde desestimar la defensa opuesta por el accionado sosteniendo la ilesividad de la decisión impugnada por entender que se trata de un acto administrativo reiterativo de otro anterior que quedó firme. A juicio del Tribunal, la nueva petición incoada por la interesada se fundamentó en el cambio del criterio interpretativo antes seguido por el ente estatal en situaciones análogas a la presente , según instrucciones generales impartidas por el Directorio a sus distintas reparticiones para ajustar su actuación a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Comunicado N° 28/2011, dispuso textualmente: “…deberá instruirse a los servicios para que procedan a la aplicación inmediata del mencionado nuevo criterio interpretativo en los asuntos en trámite, así como en los nuevos que se presenten en vía administrativa.” (fs. 37/38). El Tribunal interpreta que la referencia a "asuntos en trámite" y "nuevos" no excluye los pedidos de ajuste al nuevo criterio de situaciones resueltas con anterioridad en forma adversa . Tal supuesto no vulnera el principio de irretroactividad de los reglamentos -que el TCA ha reiteradamente reconocido en sentencias Nos. 964/2011, 734/2004, 93/2003, 659/1999, 616/1994, entre otras- porque no se trata de un cambio retroactivo (…)” ( sentencia Nº 596/2016 ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así las cosas, procede ingresar al análisis del fondo del asunto. V) La cuestión sustancial que se debate en autos ha sido objeto de numerosos pronunciamientos en sentido unívoco (sentencias Nº 43/2005, 54/2005, 385/2006, 69/2009, 480/2010, 850/2010, 427/2011, 852/2011, 703/2012, 106/2013, 381/2013, 477/2013, 637/2013, 115/2014, 36/2014, 731/2014, 660/2015, 114/2016, 325/2016, 482/2016, 575/2016, 596/2016, 797/2016, 80/2017, 322/2017 y 168/2020, entre otros). Se trata de un tema bien concreto y concierne a la aplicación al caso de los topes establecidos en la Ley No. 16.713. En este sentido, se ha sostenido por prestigiosa doctrina que la acumulación de jubilaciones con pensiones de sobrevivencia generadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley No. 16.713, carece de un tope normativamente establecido (Cf. Hugo de los Campos, “Las pensiones generadas en el Banco de Previsión Social no tienen tope” , Tribuna del Abogado, No. 149, Setiembre/Octubre de 2006, p. 21 a 23). Del mismo modo, la jurisprudencia del Tribunal ha ido consolidando firmemente la posición que sostiene que sólo cuando se acumulan jubilaciones y/o subsidios comprendidos en los Títulos V y VI rige el tope de acumulación establecido en el artículo 76, inciso 3º), de la Ley Nº 16.713 y el inciso 1º) del artículo 58 del Decreto Nº 125/996. En otras palabras, el ámbito de aplicación del art. 76 -en el Título VI de la Ley, “Régimen de Transición” - comprende solamente las situaciones reguladas por los Títulos V y VI. Las pensiones no están comprendidas en el régimen transitorio y por ende en el tope de acumulación. En consecuencia, sólo cuando se acumulan jubilaciones y/o subsidios transitorios rige el tope de acumulación, no siendo aplicable esa limitación cuando se acumula una pensión por sobrevivencia generada con posterioridad al 21 de setiembre de 1995. En este sentido, sostuvo el Tribunal, entre muchas otras, en la sentencia Nº 114/2016 : “Y bien; asiste plena razón a la accionante , por cuanto en el régimen de la Ley 16.713 , que resulta aplicable al caso pues la pensión se generó estando en vigencia dicha ley , no existe un tope de acumulación entre jubilaciones y pensiones , por lo que resulta ilegítima la limitación al monto pensionario que aplica el BPS. Así se ha sostenido en forma reiterada por la jurisprudencia del Tribunal en los últimos años, por ejemplo, en la Sentencia No. 366/2009: “Tal como se lo estimase en anteriores sentencias, corresponde precisarse que el art. 76 de la ley 16.713 está ubicado en el Título VI, que regula el Régimen de Transición; a su vez, el art. 58 del Dec. 125/96 se ubica en el Capítulo XIV, que se denomina “Disposiciones Comunes aplicables a los Afiliados con Causal Jubilatoria al 31 de diciembre de 1996 o comprendidos en el Régimen de Transición”. En ambos casos es clara la voluntad de excluir de la aplicación de topes a las pasividades generadas bajo el nuevo sistema (Títulos I a IV). Y, por otra parte, el inciso 3º del art. 58 citado, expresa: “Este artículo será aplicable a las pasividades y subsidios que se rijan por lo dispuesto en los Títulos V y VI de la ley No. 16.713 de 3 de setiembre de 1995”. Esta norma no hace más que confirmar el límite de aplicación que se infiere del texto y ubicación de la norma legal reglamentada, sin necesidad de recurrir a una interpretación “a contrario”. Por lo que el Tribunal entiende que el art. 76 de la ley 16.713 y art. 58 del Dec. 125/96 son normas aplicables cuando se acumulan, ya sea entre sí, pasividades otorgadas al amparo de los Títulos V y VI, o con pasividades otorgadas bajo regímenes anteriores. En cambio, no es aplicable el máximo de acumulación a las pasividades generadas bajo el nuevo régimen previsional. Correspondiendo (estudiar) además si el término “pasividades” que utiliza el legislador al regular el régimen transitorio, alcanza también a las pensiones de sobrevivencia, como regularmente sucede. Al respecto, se entiende que las pensiones no están comprendidas en el régimen transitorio y por ende en el tope de acumulación . Y a esta conclusión se arriba analizando algunos aspectos del contenido literal de las normas aplicables, así como su contexto, de modo que haya la debida coherencia y armonía entre todas sus partes (Cód. Civil, art. 20). Así, se advierte que el art. 76 tiene como denominación: “Máximo de jubilación y subsidio transitorio por incapacidad parcial”, sin referencia a las pensiones. Una correcta interpretación de esta norma no debe prescindir del título o denominación que la preside, a cuyo tenor es claro que regula sólo lo atinente a las jubilaciones y subsidios transitorios de quienes no hubieren realizado la opción por el nuevo sistema previsional. La señalada interpretación se refuerza si se tiene presente que el art. 72 del Acto 9, similar al art. 76, hace referencia en su denominación a “Montos máximos de jubilación y pensión”. Verificándose entonces un cambio de redacción que sin duda no pudo pasar desapercibido para el legislador y que se explica por el alcance limitado del régimen transitorio, al no regular la materia pensionaria. El régimen pensionario está regulado en el Título III y constituye el único sistema vigente a partir del 21/9/95, complementado por el Decreto 359/95.- Y de tal regulación no surge un monto máximo individual de pensión (previsto en el art. 72 del Acto 9), ni de acumulación de las pensiones con otras actividades cualquiera sea su régimen jurídico. El inc. 2º del art. 58 del Dec. 125/96 debe ser interpretado en el sentido de que las asignaciones de pensión no pueden exceder el monto máximo de 15 veces el importe del salario mínimo nacional vigente al 1/5/95, actualizado por Índice Medio de Salarios (en consonancia con el art. 72 del Acto 9). Pero ello, sin determinar un monto máximo de acumulación que opere respecto a las pensiones, pues dicho tope no está previsto en la Ley No. 16.713, ni en su Decreto Reglamentario Nro. 359/95. En consecuencia, concluye el Tribunal, sólo rige el tope de acumulación cuando se acumulan jubilaciones y/o subsidios transitorios; pero en ningún caso esa limitación es aplicable cuando se acumula una pensión por sobrevivencia generada con posterioridad al 21/9/95 ” (Cfme. Sentencia No. 366/2009; en igual sentido: Sentencias No. 820/2015, 731/2015, 660/2015, 115/2014, 36/2014, 637/2013, 477/2013, 381/2013, 106/2013, entre muchas otras)” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Los postulados transcriptos resultan plenamente aplicables a la presente contienda, y determinan que deba anularse, también en este caso, la Resolución procesada, en tanto se funda en la aplicación ilegítima de los topes de acumulación previstos en la normativa referenciada. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución FALLA : Desestímase la demanda respecto del Banco de Previsión Social, por falta de legitimación pasiva. Ampárase la demanda contra el Poder Ejecutivo - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).