Sentencia Definitiva N° 98/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022. No. 98 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KUPFER, ANDREA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 592/2019) RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución Nº 03-936-2019-131, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, el 17 de enero de 2019, por la que se denegó su solicitud de jubilación por incapacidad total (fs. 22 de los antecedentes). En necesaria síntesis del planteo de la demanda, importa señalar que la actora se agravió, esencialmente, en que en el caso existe una errónea valoración de la prueba y del baremo aplicable, debiendo la Administración atender a la realidad. Así, de acuerdo a los guarismos que a su juicio le resultan aplicables, le correspondería un baremo de 78,74 % y, por ende, debió haber sido otorgada la jubilación denegada. En su mérito, fue requerida la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 9), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. Así, en resumen, sostuvo que el acto resistido se ajusta en todo a la normativa que regula la situación del accionante, esto es: los arts. 19 y 22 de la Ley No. 16.713 de 3 de setiembre de 1995, modificados por los arts. 4 y 5 de la Ley No. 18.395 de 24 de octubre de 2008, y Decretos Nº 382/1998 de 24 de diciembre de 1998 y Nº 306/2013 de 25 de setiembre de 2013. La incapacidad de la actora fue analizada debidamente por el área de salud y, conforme surge del dictamen de la Comisión Técnica, se determinó un baremo del 60,66%, por lo que no se verificaron los extremos legales para acceder al beneficio solicitado. Citó jurisprudencia en su apoyo y solicitó que se desestime la demanda incoada y, en su mérito, se confirme la resolución impugnada. III) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 8.690 de 12 de noviembre de 2019, fs. 22), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 45) IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 48 a 49, alegatos de la actora y fs. 52 a 53, alegatos de la demandada). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 253/2021 de 10 de mayo de 2021 (fs. 56 a 56 vto.) se pronunció por la solución confirmatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) A efectos del encuadre de la pretensión, cabe señalar que de los antecedentes administrativos allegados a la causa surge que la actora solicitó jubilación por imposibilidad física, habiendo gozado previamente de un subsidio transitorio por incapacidad parcial (fs. 6 de los antecedentes). Al reconocérsele una incapacidad parcial con un baremo de 60,66%, se ve impedida de acceder a un subsidio transitorio por segunda vez (fs. 11 vto. y 2 de los antecedentes). El subsidio transitorio, le había sido concedido conforme al baremo adjudicado por dictamen de la Comisión Técnica en evaluación de marzo 2015, del 57,78% (fs. 20 vto. de los antecedentes). Al finalizar el derecho al subsidio transitorio al cabo de tres años, es realizado nuevo dictamen de la referida Comisión de junio 2018, que procedió a asignarle un baremo de 60,66% (fs. 37 y 37 vto., 17 vto. de los antecedentes). Valorada la incapacidad denunciada por parte del servicio competente -Área Medicina laboral del BPS, de acuerdo al art. 7 Decreto Nº 382/998 de 24 de diciembre de 1998-; no fue dictaminada la configuración de incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sino para la actividad habitual; lo que obsta a la concesión del beneficio de jubilación por incapacidad total, conforme lo establece el art. 19 de la Ley 16.713 de 3 de setiembre de 1995 (en redacción dada por el art. 4 de la Ley 18.395 de 24 de octubre de 2008). De acuerdo a la norma citada, la causal de jubilación por incapacidad total se configura por la ocurrencia de distintos presupuestos, requiriéndose siempre la incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo. Este requisito no fue cumplido por la accionante, a quien se le dictaminó un porcentaje de baremo de invalidez menor al 66%, como requiere el art. 2 del citado Decreto Nº 381/998 para configurar la incapacidad absoluta. IV) En cuanto a los requisitos técnicos de valoración de la incapacidad, la actora no probó que los servicios competentes del Ente no los hubieran cumplido en el dictamen de referencia. Por el contrario, ofreció en la acción anulatoria prueba idónea (pericial), que no le resultó favorable. En efecto, solicitado peritaje a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, a fin de expedirse “…a efectos de establecer la imposibilidad física para toda tarea de la accionante…” (a fs. 24 consta el objeto de la pericia solicitada), realizaron la pericia encomendada las Dras. Redes y Wschebor de la Clínica Psiquiátrica de esa Facultad, concluyendo -en lo que se estima aplicable- “El diagnóstico psiquiátrico planteado en el momento actual, no impida (sic) el reintegro laboral. Es posible que las características de personalidad señaladas, dificulten una correcta inserción laboral, pudiendo incidir en los vínculos y en el cumplimiento adecuado de las tareas asignadas.” (fs. 37). De manera que es infundado el agravio esgrimido, en cuanto acusa una actuación errónea o ilegítima de la Administración al asignarle un baremo que no se condice con una incapacidad total, permanente, para toda tarea. El art.7º del referido Decreto Nº 382/998 es muy claro en establecer que el Área de Medicina Laboral del Banco de Previsión Social, o de la que haga sus veces o de los servicios que aquel indique, “dictaminará en forma primaria respecto de la existencia o no de la incapacidad, en informe fundado. El dictamen primario que reconozca la existencia de incapacidad deberá establecer: a) La afección física o mental que padece; b) Si la incapacidad se reputa absoluta y permanente para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, estableciendo en este último caso el período máximo por el cual debe servirse la prestación correspondiente; c) La norma del BAREMO aplicada; d) La fecha desde la que se considera que se configuró la incapacidad; e) Cuando se trate de un afiliado extranjero con menos de 10 (diez) años de residencia en el país, si la incapacidad se ha adquirido por accidente de trabajo o enfermedad profesional; f) Los tratamientos de rehabilitación psicofísica y de recapacitación laboral a que se entienda deba someterse el afiliado; g) Si el afiliado debe someterse a nuevos exámenes, así como la oportunidad y periodicidad de los mismos.” (los subrayados corresponden al Tribunal). Y bien, no se ha acreditado en el caso apartamiento alguno a tales consignas. Tampoco se demostró que la conclusión de la Administración, respecto a la improcedencia de establecer una incapacidad absoluta y permanente para toda tarea, resulte apartada de la realidad diagnosticada. V) Resulta aplicable lo dicho por el Tribunal en ocasión de la Sentencia No. 581/13, entre otras: “Ahora bien; para que sea posible la obtención de una sentencia anulatoria es imperiosa la producción de prueba por parte del accionante, mediante la cual se logre acreditar que el rechazo de la jubilación por incapacidad no se ajustó a Derecho, en función haberse apartado de la realidad de la situación física y/o psíquica de la persona. En efecto, aún sin ingresar en cuestiones técnicas que no le competen, el Tribunal está facultado para controlar si se verificó el acatamiento de las normas que regulan la actuación de la comisión de medicina laboral; en alguna ocasión el Cuerpo ha procedido a anular una resolución de similar tenor a la encausada, fundándose en que “no se aprecia que la revaluación haya sido efectuada atendiendo a las resultancias de los diversos informes médicos, o por lo menos si lo fue, no consta cuál o cuáles fueron los motivos que permitieron apartarse de los mismos, o bien no considerarlos por las razones que fuere, pero que se debieron consignar, por lo que la presunción de idoneidad del dictamen del área de Medicina Laboral cae, deslegitimando el acto en que se basa, por incumplir lo previsto en los arts. 7 y 21 del decreto Nº 382/998, lo que determina la existencia de un vicio insubsanable en el acto administrativo que lo invoca” (Cfme. Sentencia Nº 657/2010). Pues bien; llegados a este punto, corresponde indagar si el demandante ha logrado acreditar, en el caso, la existencia de un apartamiento de la normativa vigente aplicable a la materia. Al respecto, emerge de autos que el impugnante no produjo prueba alguna en el presente proceso, a lo que debe añadirse que la invocada ilegalidad tampoco se vislumbra a partir de un análisis de los antecedentes administrativos agregados a la causa, desde que no se advierte desviación alguna en el obrar administrativo. Recuérdese que, conforme lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 18.395, para configurar la causal jubilatoria en estudio debe acreditarse la existencia de una incapacidad que reúna los caracteres de absoluta y permanente para todo trabajo, notas que indudablemente no surgen de ninguna de las pruebas aportadas por el titular en sede administrativa…” Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).