Sentencia Definitiva N° 97/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022. No. 97 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CASTRO RAFFO, MARA MAYDA con PODER EJECUTIVO. A cción de nulidad” (Ficha No. 612/2019). RESULTANDO : I) A fs. 2 compareció Mara Mayda CASTRO RAFFO a demandar la nulidad de la resolución del Directorio del Banco de Previsión Social No. 5-26/2019, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo el 20 de febrero de 2019, en virtud de la cual se dispuso: “1) Revocar la R.D. No. 9-49/2018 de 04.04.2018; 2) Declarar que la Sra. Mara Mayda CASTRO RAFFO, titular de la cédula de identidad 1.723.719 -7, no tiene derecho a la pensión de sobrevivencia solicitada en su calidad de viuda del Sr. Jorge Ra úl MARTÍNEZ TORENA, titular de la cédula de identidad 1.168.634 -4, fallecido el 25.07.2017, por superar el promedio mensual actualizado de sus ingresos personales percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de fallecimiento de su cónyuge, el tope legal establecido”. Expuso que no comparte la postura de la Administración ya que el artículo 26 de la Ley No. 16.713, establece un tope genérico actualizable, según el art. 12 de la norma citada, pero, en modo alguno determina el tiempo en que debe calcula rse ese tope y en qué momento deben tomarse los ingresos del causante, generador de la pensión en su calidad de viuda. Indicó que el tiempo sobre el que se hace el cálculo no surge del texto legal sino que es establecido en el Decreto Reglamentario No. 359/995 de fecha 21 de setiembre de 1995 y dice en relación con las viudas: “el promedio mensual actualizado de sus ingresos personales de los doce meses anteriores a la fecha de configuración de la causal”. Señaló que esta norma de orden administrativo, ex cede lo que es un reglamento de ejecución y establece requisitos que no surgen del texto de la ley. Refirió a que en su caso se agrega otra circunstancia, pues de las propias actuaciones administrativas surge que en los meses de junio y julio de 2017, el “ingreso por actividades patronales” de la compareciente equivalió a cero. Concluyó que conforme a la norma legal del art. 26 de la Ley No. 16.713, no se superó el monto de este tope, en virtud de que a la fecha del fallecimiento del causante, ocurrida el 25 de julio de 2017, el ingreso de la compareciente no existía. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 13 el representante del Poder Ejecutivo - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a contestar la demanda. Sostuvo que los argumentos esgrimidos por la actora no son correctos; ya que la norma establece una regla precisa para apreciar el o los momentos en que la viuda puede acceder a la pensión de sobrevivencia: “siempre que sus ingresos mensuales no superen el monto aplicable”. Señaló que el criterio establecido por el Decreto No. 359/995 en cuanto aprecia los ingresos de la beneficiaria calculando el promedio mensual actualizado de los ingresos personales de los doce meses anteriores a la fecha de configuración de la causal, no es contradictorio con la disposición contenida en el art. 26 de la Ley No. 16.713, sino que instrumenta la forma de determinar los ingresos mensuales cuando los mismos son variables. Aseveró que el c riterio aplicado por el Organismo en el caso de marras, es el establecido en el mencionado Decreto. El texto es claro y el objeto de la norma es compensar la pérdida económica ocasionada por la muerte del causante, esto es, la contingencia económica que s ufre la viuda o concubina ante el fallecimiento de su cónyuge o concubino. En definitiva, en razón de que el acto impugnado ha sido dictado conforme a la ley y a su legítima reglamentación, solicitó se desestimara la demanda incoada manteniéndose en todos sus términos el acto administrativo impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 17) se produjo la que luce certificada a fs. 42. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs.45-49 y 51-55). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó el rechazo de la demanda y la consiguiente confirmación de la resolución procesada, por Dictamen No. 198/2021. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la resolución del Directorio del Banco de Previsión Social No. 5 -26/2019, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas por el Poder Ejecutivo el 20 de febrero de 2019, en virtud de la cual se dispuso: “1) Revocar la R.D. No. 9-49/2018 de 04.04.2018; 2) Declarar que la Sra. Mara Mayda CASTRO RAFFO, titular de la cédula de identidad 1.723.719 -7, no tiene derecho a la pensión de sobrevivencia solicita da en su calidad de viuda del Sr. Jorge Raúl MARTÍNEZ TORENA, titular de la cédula de identidad 1.168.634 -4, fallecido el 25.07.2017, por superar el promedio mensual actualizado de sus ingresos personales percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de fallecimiento de su cónyuge, el tope legal establecido” (AA fs. 34 vta. y 35). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de mérito del asunto (ar ts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) En cuanto a la cuestión de fondo sometida a decisión, la Corporación por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencio so Administrativo, se pronunciará por la confirmación del acto procesado. IV) El acto impugnado invocó como fundamento legal las disposiciones contenidas en la Ley No. 16.713, artículo 26 -redacción dada por la Ley No. 18.246, artículo 15 - que regula las condiciones para el acceso al derecho a pensión y en su inc. 2º dispone que “Tratándose de las viudas y de las concubinas, tendrán derecho al beneficio [pensionario] siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos)”. Por su parte, el Decreto Reglamentari o No. 359/995, artículo 9, lit. B) -en la redacción dada por el Decreto No. 46/009 artículo 4º -establece que “Las viudas y las concubinas tendrán derecho al ben eficio, siempre que el promedio mensual actuali zado de sus ingres os personales de los doce meses anteriores a la fecha de configuración de la causal, no supere la suma de $15.000 (pesos uruguayos quince mil)”. La actora alega que el Decreto Reglamentario al disponer el tiempo sobre el que se hace el cálculo excede lo que es un reglamento de ejecución y conduce a su ilegitimidad. A juicio de este Tribunal, no le asiste razón. El Decreto No. 359/995 es un reglamento de ejecución de la ley y, como enseña el Prof. CAJARVILLE: “...se dicta con el motivo d e que existe una ley a ejecutar y con la finalidad de ejecutarla; para decirlo con las palabras de nuestra Constitución, con la finalidad de ejecutarla y hacerla ejecutar.” (CAJARVILLE, Juan Pablo: “Relaciones entre reglamento y Ley en el Derecho uruguayo”, Sobre Derecho Administrativo, T. I, FCU, Montevideo, 2008, págs. 429 -430). Para dilucidar si el texto reglamentario colide o no con la ley cuya ejecución procura asegurar debe juzgarse según un criterio de razonabilidad (Cf. CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pabl o: “Reglamento de ejecución de Ley: concepto y contenido legítimo”, Revista CADE, Doctrina & Jurisprudencia, T. 3, Octubre de 2009, págs. 71 y siguientes). A juicio del Tribunal, el hecho de que el decreto reglamentario fije el año previo a la configuración de la causal, como criterio para evaluar si los ingresos de las viudas o concubinas superan el umbral establecido legalmente, no colide con la ley y es una forma más que razonable para los casos en que esos ingresos son variables (Cf. Sentencias Nos. 4 21/2017, 479/2020, 713/2020 entre otras). V) Ahora bien, la actora no ha acreditado que sus ingresos nominales, sea al momento del fallecimiento del causante, sea posteriormente a ese evento, no superaran el tope previsto por la ley. Siquiera invocó qu e su situación económica hubiera sido modificada con posterioridad al fallecimiento de su esposo, tan solo refirió a que sus ingresos por aportes patronales en el mes de junio y julio del 2017 fueron de 0. Conforme emerge de las actuaciones administrativ as agregadas, al solicitar la pensión de sobrevivencia en su calidad de viuda del Sr. MARTÍNEZ TORENA fallecido el 25 de julio de 2017, percibía ingresos Civiles y Profesionales (AA fs. 10 y 11). La Administración tuvo en cuenta el promedio de ingresos de los 12 meses anteriores al fallecimiento del causante (AA fs. 9 vta.) y conforme surge de la referida actuación, al efectuar el promedio, consideró que en el mes de junio de 2017 no percibió ingreso alguno por aporte patronal. Así pues, por aplicación de la normativa reglamentaria aludida el promedio de ingresos personales de la actora en los doces meses anteriores al fallecimiento del causante, ascendía a la suma de $ 149.188,43 y superó el tope legalmente establecido de $ 146.859,50 a julio de 2017, res ultando por tanto la denegatoria impugnada, ajustada a Derecho. Ello sin perjuicio de que, en caso de modificarse en el futuro su situación económica, podrá nuevamente peticionar ante el Organismo Previsional el otorgamiento de la pensión. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República y demás disposiciones complementarias, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda de nulidad promovida y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del Abogado de la parte actora en la suma de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).