Sentencia Sentencia N° 96/2022

DECRETERO DE SENTENICAS //tevideo, 8 de marzo de 2022 No. 96 VISTOS : Para resolución, estos autos caratulados: “BADILUZ S.A. con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS. Acción de nulidad” (Ficha Nº 294/2021). RESULTANDO : I) La parte actora promovió demanda anulatoria contra la resolución Nº 604/4.056, de 7 de octubre de 2020, dictada por el Directorio de la Administración Nacional de Puertos en cuanto dispuso: “No acceder a lo solicitado por Badiluz Sociedad Anónima comunicándole que en caso de persistir su interés, utilizará el área en cuestión bajo régimen de Autorización (debiendo solicitarla conforme a lo establecido en el Reglamento mencionado en el Considerando III y abonando las tarifas de Almacenaje contempladas en la normativa tarifaria vigente), otorgándose el Permiso a la empresa que resulte adjudicada luego de que finalice el proceso Licitatorio” (fs. 75 y vto. AA, pieza 1). Señaló, en breve síntesis, que la resolución impugnada: i) se aparta del régimen normativo aplicable e invocado por la propia resolución del Directorio Nº 745/4.006 como fundamento para conceder el permiso de ocupación por un año; ii) viola flagrantemente la teoría de los actos propios ya que el acto cuestionado contradice diversos actos firmes y estables dictados por la propia ANP, vulnerando así los derechos confiadamente adquiridos; iii) contradice los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. II) Conferido el correspondiente traslado (fs. 16), compareció la representante de la ANP a fs. 21-30. Contestó la demanda, bregando por su rechazo, a la vez que opuso, como cuestión formal previa, la falta de jurisdicción. Sostuvo que el acto impugnado no resulta procesable ante esta Sede por aplicación del artículo 27 del Decreto Ley Nº 15.524, numerales 2º y 4º. En primer término, porque lo peticionado por la actora fue se revean las facturas y se emita nota de crédito a efectos de que reflejen la reducción del monto a abonar pactado (USD 30.000 por mes), por lo que, en puridad, lo que busca la accionante está exiliado de la jurisdicción anulatoria, conforme lo previsto en el numeral 2º del artículo 27 referenciado. En segundo lugar, sostuvo que la ANP cobró el servicio de depósito de mercadería en rambla prestado y de acuerdo a la tarifa preestablecida, sin que se ejerzan, en el caso, potestades exorbitantes de la Administración. Por tanto, remitiéndose a jurisprudencia de la Corporación (Sentencias Nos. 304/2014 y 415/2020), entendió que el asunto se encuentra regulado por el Derecho Privado (numeral 4º, artículo 27). III) De la cuestión formal planteada se dio traslado a la parte actora (fs. 32-33), quien compareció a evacuarlo a fs. 34-36 postulando su rechazo por ser absolutamente improcedente. IV) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen Nº 637/2021 (fs. 39 y vto.), aconsejando amparar la cuestión formal opuesta y declarar que el acto en causa no es procesable ante esta jurisdicción. V) Se llamó para resolución (auto Nº 7316/2021, fs. 41), la que fue dictada en legal y oportuna forma CONSIDERANDO : I) El Tribunal, apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la cuestión formal de falta de jurisdicción opuesta por la Administración demandada, en los términos que se desarrollarán. II) La volición resistida resolvió no acceder a lo solicitado por la firma actora, comunicándole que de persistir su interés, utilizará el área en cuestión, bajo régimen de Autorización, otorgándose el permiso a la empresa que resulte adjudicada luego de que finalice el proceso Licitatorio (fs. 75 y vto. AA, pieza 1). III) Conforme emerge de los AA agregados, lo peticionado el 17 de abril de 2020 por BADILUZ S.A. ante la ANP fue, en primer término: “…se aplique sin más lo dispuesto tanto en la resolución de Directorio Nº 631/3999 como en la 754/4006, otorgándose un permiso de ocupación por 1 (un) año a BADILUZ sobre el depósito 24, un canon mensual de USD 30.000, mientras se realizan los trámites de estilo para la eventual licitación pública de dicho depósito”. (fs. 106-107 ibídem). El Tribunal disiente con la accionada que el acto enjuiciado que no hace lugar a lo peticionado, en tal sentido, no sea procesable ante esta jurisdicción. Emerge de las actuaciones incorporadas al proceso que la volición resistida tiene su origen en discrepancias de las partes respecto al plazo y monto mensual de canon, derivadas del permiso de ocupación concedido por la ANP a la empresa actora en virtud de procedimiento público competitivo; y posterior régimen de Almacenaje. Por tanto, no se comparte con la demandada que se trate de un asunto regulado por el Derecho Privado, no resultando aplicable la jurisprudencia que invoca. IV) No obstante, en referencia a lo también peticionado por la actora de que: “…tenga a bien emitir nota de crédito por las facturas emitidas a la fecha, con posterioridad al 19 de octubre 2019, ajustándolas al canon mensual acordado” (fs. 107 AA cit.), el Tribunal coincide con la demandada que la negativa de la Administración en ese aspecto no resulta procesable en tanto, de modo oblicuo, se está solicitando la devolución de determinada suma de dinero, lo que se halla exiliado de esta jurisdicción anulatoria, conforme con lo previsto por el artículo 27, numeral 2) del Decreto Ley Nº 15.524. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en los art ículos 309 de la Constitución de la República; 27, Num. 2º y 4º, y 66 del Decreto Ley Nº 15.524, con modificaciones recientemente introducidas por la Ley Nº 20.010 de 10 de diciembre de 2021; el Tribunal RESUELVE : Desestimar la cuestión formal opuesta de falta de jurisdicción, salvo en lo que refiere a la negativa de lo peticionado respecto a que se emita nota de crédito por facturas emitidas, según Considerando IV de la presente. Sin sanción procesal específica. A prueba por el plazo legal Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).