Sentencia Definitiva N° 95/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022 No. 95 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GLENBY S.A. con PODER EJECUTIVO, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 586/2019) y su acumulado homónimo identificado con la ficha Nº 587/2019. RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución del Sr. Presidente de la República Nº TO 518 de 5 de noviembre de 2018 que designó, a efectos de ser expropiado, el inmueble de su propiedad, padrón Nº 417.214 (fs. 18 a 19 de los antecedentes agregados en ficha Nº 586/2019). Por su parte, en los autos acumulados, identificados con la ficha Nº 587/2019 se dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución del Sr. Presidente de la República Nº TO 519 de 5 de noviembre de 2018 que designó, a efectos de ser expropiado, el inmueble de su propiedad, padrón Nº 417.213 (fs. 19 vto. a 20 vto. de los antecedentes agregados en ficha Nº 587/2019). En necesario resumen del planteo de la demanda, ésta postuló la ilegitimidad de las resoluciones objeto de impugnación ya que se habrían apartado de la normativa reglamentaria, básicamente porque se designaron los inmuebles a expropiar sin confeccionar, de modo previo, el anteproyecto y plano parcelario, por lo que obstó al contralor de la regularidad jurídica del acto de designación. En su mérito, fue requerida la anulación de los actos impugnados. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 13 a 15 en la ficha Nº 586/2019 y también fs. 13 a 15 en la ficha Nº 587/2019), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. Así, en resumen, sostuvo que el acto resistido se ajusta en todo a la normativa que rige los procedimientos expropiatorios, a la vez que la Administración cumplió con los recaudos necesarios, dados por la confección de planos previos y anteproyectos, los cuales lucen agregados a los antecedentes. En consecuencia, solicitó que se desestimen las demandas incoadas y se confirmen las resoluciones impugnadas. III) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 1.068 de 28 de febrero de 2020, fs. 42), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 78). IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 81 a 84 vto., alegatos de la actora y fs. 87 a 92 vto., alegatos de la demandada). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 326/2021 de 24 de junio de 2021 (fs. 95 a 96 vto.) se pronunció por la solución confirmatoria. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por el Procurador del Estado en lo Contencioso, desestimará las demandas por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En lo inicial, es importante hacer algunas puntualizaciones sobre el contenido de los actos enjuiciados. En particular a su ubicación dentro del procedimiento expropiatorio. Como señala SAYAGUÉS LASO, el procedimiento de expropiación comienza con la individualización del bien a expropiar. Se trata de un acto administrativo que designa cuáles bienes serán expropiados. Es menester que exista una ley que previamente califique a bienes objeto de la expropiación como de necesidad o utilidad pública, de lo contrario, el acto de designación será nulo. Este acto administrativo que designa los bienes que serán expropiados, como enseña el autor, no produce otro efecto que el de iniciar el procedimiento expropiatorio. Recién luego de designado el bien a expropiar, es que se inicia el respectivo expediente, que deberá encabezarse con el plano del inmueble a expropiarse y el anteproyecto de la obra, requisitos que se exigen, como explica el autor, para que el expropiado pueda controlar la regularidad de la designación . Señala, además, que es menester iniciar tantos expedientes como bienes se vayan a expropiar (SAYAGUÉS LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, T. II, FCU, Montevideo, 1987, ps. 365 a 367, el destacado no se encuentra en el texto original). Más recientemente DELPIAZZO, explicando estas cuestiones, apunta en idéntico sentido y detalla los pasos del procedimiento expropiatorio que se desarrolla en sede administrativa. Dice el referido autor que el procedimiento expropiatorio comienza con el dictado del acto administrativo de designación de él, o los bienes a ser expropiados, el cual debe estar enmarcado en una declaración genérica o específica de necesidad o utilidad públicas realizada por el legislador previamente. En el ámbito departamental, conforme al art. 275, numeral 7º, de la Constitución de la República, es competencia del Intendente -con anuencia de la Junta Departamental- el designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad pública. Añade que el acto administrativo de individualización del bien no produce otro efecto que el de iniciar el procedimiento expropiatorio, de modo que no afecta el dominio del bien, que continúa siendo de su propietario. Una vez designado el bien a expropiar, de acuerdo con lo previsto en el art. 15 de la Ley No. 3.958, deberá formarse un expediente con cada bien a expropiar, con la inclusión del plano del mismo. Acto seguido, se mandará poner “de manifiesto en la oficina, por el término de ocho días, notificándose al efecto a los propietarios conocidos y presentes y a los apoderados de los ausentes, sin perjuicio del llamado que se hará por igual término y por medio de edictos con las indicaciones del caso sobre personas y propiedades.”. Vencido dicho manifiesto de ocho días, “el propietario o su apoderado o representante y el poseedor u ocupante, tendrá un nuevo plazo de ocho días para que, justificando su calidad y la posesión con la respectiva planilla de Contribución Inmobiliaria, se puedan hacer sobre la designación de los bienes a expropiarse las observaciones que juzguen pertinentes” (DELPIAZZO, Carlos E: “Derecho administrativo uruguayo”, Porrúa, Unam, México, 2006, p. 388 y 389. Véase también FLORES DAPKEVICIUS, Rubén y ROCCA, María Elena: “El procedimiento expropiatorio”, Montevideo, 2000, en especial ps. 37 a 42). En suma, lo que debe quedar claro entonces, es la ubicación de los actos residenciados dentro del iter procedimental del procedimiento expropiatorio. Como ya se señaló, tales actos son los que designan el bien para expropiar, y se trata de actos que, como enseñan SAYAGUÉS LASO y DELPIAZZO, no tiene otro efecto que el de iniciar el procedimiento expropiatorio. Por lo tanto, el agravio de la actora, relativo a la omisión de la agregación de los planos y el proyecto, refiere a instancias procedimentales posteriores que carecen de aptitud a efectos de inficionar de nulidad a los actos objetos de impugnación. IV) En la misma orientación, inclusive desde una perspectiva amplia de contralor de juridicidad, no se advierten ilegitimidades en el trámite de expropiación. Así, en los antecedentes administrativos obrantes en la ficha Nº 586/2019 consta un informe detallado de los Ingenieros Agrimensores Rivero y Torres (fs. 2 vto. a 4 vto.), donde dan cuenta de las características del inmueble a expropiar y el proyecto que se realizará, a saber: “Creación de un espacio cultural y ampliación de terminales de transporte”. En igual sentido, a fs. 5 de los referidos antecedentes luce agregado el plano de mensura. Documentación de similar tenor obra en los antecedentes agregados en la ficha Nº 587/2019 (fs. 2 vto. a 6 vto.). En consecuencia, no se avizora ninguna ilegitimidad en los actos administrativos objeto de impugnación. Por una parte, los aspectos relevados en la demanda refieren a etapas posteriores del procedimiento de expropiación, por lo que carecen de aptitud para viciar el acto de designación de un inmueble para ser expropiado. Asimismo, tampoco resultaron fundados los agravios esgrimidos en cuanto a que se omitieron planos y proyectos, ya que, según viene de relevarse, dicha omisión no fue tal por parte de la Administración. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímanse las pretensiones anulatorias y, en su mérito, confírmanse los actos administrativos impugnados. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).