Sentencia Sentencia N° 83/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022 No. 83 VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A. con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALTO. Acción de nulidad” (Ficha No. 67/2021). RESULTANDO : I) El 12 de marzo de 2021 (fs. 2-19) compareció la parte actora a entablar demanda anulatoria contra la resolución de fecha 5 de agosto de 2020 emitida por la Intendencia de Salto, por la que se dispuso: “1º) Rescindir el contrato de fecha 5 de diciembre de 2019 celebrado con la Empresa “OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A.” en el marco de la Licitación Pública EJECUCIÓN DE OBRAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO ACCESO TERMAS ARAPEY, Exp. 24693/2019, por incumplimiento grave de dicha empresa. (…)”. (fs. 518-531 AA, pieza 3). II) Con fecha 3 de agosto de 2021 (fs. 33-54), en oportunidad de contestar la demanda incoada, la representante de la Intendencia de Salto planteó como cuestión previa la preclusión del derecho de la actora para entablar la presente acción anulatoria. Expuso que previamente, la firma actora entabló acción reparatoria ante el Juzgado de Primera Instancia de 6º Turno de Salto, en autos caratulados “OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A. c/Intendencia de Salto – Daños y Perjuicios, IUE: 357-305/2020”. Precisó que la acción civil promovida está fundada en la rescisión del contrato que emerge de la resolución de fecha 5 de agosto de 2020. Por tanto, el acto cuya nulidad se procura ante este Tribunal –tres meses después- es exactamente el mismo que diere lugar a la acción civil; siendo la correspondencia entre una acción y otra, plena y total. III) De la cuestión formal planteada se dio traslado a la parte actora (fs. 56), quien no la evacuó en el plazo de 6 días (artículo 69, D. Ley Nº 15.524), en cuyo mérito la parte demandada solicitó el acuse de rebeldía, lo que así fue decretado por el Tribunal (decreto Nº 5450/2021, fs. 60). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, por dictamen Nº 583/2021 (fs. 61 y vto.), se pronunció por declarar que en el sublite ha precluido el derecho a accionar. V) Se llamó para resolución (auto Nº 6630/2021, fs. 63), la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que el Tribunal acogerá la cuestión previa planteada por la demandada y declarará precluido el derecho de la parte actora a entablar la demanda de nulidad válidamente. II) De acuerdo a lo dispuesto en el art. 312, inc. 2º, de la Constitución: “El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado”. Por su parte, el inc. 3º agrega, que no podrá “ pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva”. En consecuencia, para determinar si existe la invocada preclusión del derecho a accionar de nulidad, corresponde examinar si los daños reclamados mediante la acción iniciada ante la Justicia Ordinaria, se corresponden con aquellos generados por el acto objeto de la acción anulatoria. III) Consta agregado en la carpeta de documentación en 46 fs., testimonio de la demanda por daños y perjuicios iniciada por la actora el 21 de diciembre de 2020 ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 6º Turno, correspondiente a los autos caratulados “OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A. C/INTENDENCIA DEPARTAMETNAL DE SALTO - DAÑOS Y PERJUICIOS”, IUE: 357- 305/2020”. De ella emerge que los daños y perjuicios reclamados se sustentan en la rescisión dispuesta por la Intendencia de Salto en virtud de la Licitación Pública cuyo objeto consistió en la ejecución de obras de reconstrucción del camino de acceso a las termas del Arapey, según Pliego de Condiciones que rigió el llamado (fs. 2-20, carpeta documentación en 46 fs.). IV) En consecuencia, los daños que la actora reclamó en la acción promovida en la justicia ordinaria tienen identidad absoluta con los reclamados a partir de la rescisión que se impugna en autos; por lo que la opción ejercida en tal sentido por parte de la interesada, obstó al hábil ejercicio de la demanda anulatoria. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por el artículo 312 de la Constitución de la República, el Tribunal FALLA : Declarar precluido el derecho de la actora al ejercicio de la presente acción, conforme con lo previsto por el artículo 312 de la Constitución. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Dese cuenta de lo aquí resuelto en la pieza de suspensión, Ficha Nº 97/2021. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).