Sentencia Definitiva N° 81/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 81 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “MADERA BERMÚDEZ, OBDULIA RUBINA con BAN CO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de nulidad” (Ficha No.87/2020). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora Obdulia MADERA BERMÚDEZ, dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución No. 738/2019 de la Dirección Técnica de Prestaciones del Ba nco de Previsión Social (en adelante: B.P.S.) dictada el 20 de junio de 2019, mediante la cual se resolvió: “Revocar parcialmente la Resolución de Dirección Técnica de Prestaciones Nº 555/2007, de fecha 07 de setiembre de 2007, únicamente en lo relativo a la adjudicación de una vivienda a favor de la Sra. Obdulia Rubina Madera Bermúdez, titular de la cédula de identidad 3.345.986 -8, ubicada en el complejo habitacional Durazno, Unidad 404, sito en la Calle Eusebio Píriz 729, en la Ciudad y Departamento de Du razno” (fs. 52 a 53 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el B.P.S. no demostró a qué título ingresa el Sr. DANCONA a su finca, sino que, por el contrario, dio por sentado que éste era el cohabitante y que se excedía de los topes para estar comprendido. Alegó que el tope de 12 UR establecido en el artículo 6 del Decreto No. 397/2009 puede elevarse por la Administración. Destacó que no se constató formalmente la cohabitación, por lo que concluyó que el acto impugnado n o se encuentra motivado y, en consecuencia, es ilegítimo. En definitiva, bregó por la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Indicó que, con fecha 18 de abril de 2012 se presentó la accionante a efectos de solicitar autorización para cohabitar con su concubino, el Sr. Ignacio DANCONA. En el mismo acto se recabó la declaración jurada al Sr. DACONA, quien declaró co mo su domicilio el Complejo de Viviendas del B.P.S., donde vive allí junto con su concubino (sic). No obstante, la declaración jurada mencionada, la propia actora señaló que vive con su concubino, por lo que dicha información se obtuvo de sus propias dec laraciones y no por denuncias infundadas de otros vecinos como alega en su libelo. En consecuencia, no corresponde demostrar el título por el cual ocupa ya que ambas partes reconocen y firman manifestándolo en peticiones a la Administración y en Declaraciones Juradas. Expresó que no se le revoca el beneficio por no solicitar la regulación de la situación de su concubino, sino por el hecho de violar lo establecido en el artículo 7 del Decreto No. 397/009 de fecha 24 de agosto de 2009. Respecto del tope de ingresos del cohabitante, indicó que no se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 1 de la Ley No. 17.217 para su ampliación, esto es, cuando no existan aspirantes en lista de espera, es decir, cuando existan viviendas libres para entregar y no haya para ello aspirantes cuyos ingresos no superen las 12 UR. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 6539/2020 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, empero las partes no produjeron prueba alguna , conforme emerge de fs. 33. Por su parte, fueron agregados por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 148 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 36 - 36 vto. y fs. 35 - 41, respectivamente) VI) El S r. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el D ictamen No. 183/2021, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 44 - 45). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 47). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el exa men de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 15 de julio de 2019 (fs. 56 vto. de los A.A.) quien lo resistió el 23 de julio de 2019 mediante la interposición de los recursos de revocación y j erárquico, en subsidio (fs. 57 de los A.A.). Por Resolución del Directorio No. 42 -42/2019 del 20 de noviembre de 2019, se desestimó el recurso jerárquico, siendo notificada la actora el 4 de diciembre de 2019 (fs. 76 vto.). La demanda anulatoria fue deducida el 11 de marzo de 2020 (nota de cargo fs. 9 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución No. 738/2019 de la Dirección Técnica de Prestaciones del B.P.S. dic tada el 20 de junio de 2019, mediante la cual se resolvió: “ Revocar parcialmente la Resolución de Dirección Técnica de Prestaciones Nº 555/2007, de fecha 07 de setiembre de 2007, únicamente en lo relativo a la adjudicación de una vivienda a favor de la Sra. Obdulia Rubina Madera Bermúdez, titular de la cédula de identidad 3.345.986 -8, ubicada en el complejo habitacional Durazno, Unidad 404, sito en la Calle Eusebio Píriz 729, en la Ciudad y Departamento de Durazno” (fs. 52 a 53 de los A.A.) III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Por Resolución de la Dirección Técnica de Prestac iones No. 555/2007 de fecha 7 de setiembre de 2007, se adjudicó a la accionante, la vivienda No. 404, situada en el Complejo Habitacional Durazno, sito en la calle Eusebio Píriz No. 729, en la ciudad y departamento de Durazno. Con fecha 19 de setiembre de 2007 se suscribió el correspondiente contrato de uso (fs. 104 de los A.A). Por Resolución de la Dirección Técnica de Prestaciones No. 1682/2014 de fecha 6 de noviembre de 2014, se negó la autorización de cohabitación del Sr. Luis Ignacio DANCONA LÓPEZ, po r exceder los topes reglamentarios establecidos conforme lo previsto en el artículo 1 de la Ley No. 17.217 del 24 de noviembre de 1999 (fs. 23 de los A.A). Contra dicha resolución, la actual accionante interpuso recursos de revocación y jerárquico, desest imando la Dirección Técnica de Prestaciones el Recurso de Revocación, mediante Resolución No. 448/2015 de 13 de mayo de 2015 (fs. 134 de los A.A). Sin perjuicio de lo anterior, la situación permaneció incambiada hasta la realización de nuevas actuaciones que derivaron en la Resolución de la Dirección Técnica de Prestaciones de BPS No. 738/2019 de 20 de junio de 2019, que se procesa en estos obrados. IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo acon sejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Liminarmente, cabe consignar que el acto impugnado es la Resolución de la Dirección Técnica de Prestaciones del B.P.S. No. 738/2019 dictada el 20 de junio de 2019, sin perjuicio de que la accionante también identificó como objeto de anulación a la resolución del Direc torio de B.P.S. que desestimó el recurso de revocación. Conforme lo prevé el artículo 60 del Decreto Ley No. 15.524, “ Aun cuando el promotor aluda al acto confirmatorio con el que hubiera concluido la vía administrativa, la demanda se entenderá siempre dirigida contra el acto originario creador de la situación de perjuicio que se invoca en el reclamo anulatorio.”. VI) En lo que refiere al fondo del asunto, a juicio del Tribunal, cabe consignar que la accionante incumplió con la normativa prevista en el Decreto No. 397/009 y en la Ley No.17.217. En efecto, el artículo 7 del Decreto No. 397/009 establece que “ La cohabitación deberá ser solicitada al Banco de Previsión Social antes de la ocupación de la vivienda, y cuando sea requerida por el beneficia rio durante el goce del uso, en forma previa a su efectivización. En ambos casos la solicitud quedará sujeta a la aprobación por parte del Banco de Previsión Social. La omisión de la referida solicitud hará caducar el derecho de uso de la vivienda consagrado a favor del titular y los cohabitantes de hecho”. Tal como surge de los antecedentes agregados a la causa, al momento de la solicitud de cohabitación, el Sr. DANCONA ya convivía con la accionante (ver declaración jurada de fs. 2 vta. de los A.A), en incumplimiento de lo estatuido por el citado artículo. El hecho de la convivencia y del concubinato fue expresamente declarado por el cohabitante, cuya declaración adjuntó la accionante en la correspondiente solicitud. No resulta de recibo, por lo tanto, la alegación de que la Administración no constató el hecho formal de la cohabitación. VII) Por otra parte, la Administración comprobó que el concubino superaba el tope de 12 UR fijado en el artículo 1 de la Ley No. 17.217 (fs. 124 a 128 de los A.A). En consecuencia, el acto administrativo impugnado se ajustó a la normativa vigente en cuanto a la adjudicación y eventual revocación del uso de este tipo de viviendas, debiéndose concluir que el mismo se encuentra correctamente motivado. VIII) En S entencia No. 644/ 2020 de fecha 22 de diciembre de 2020 se arribó a igual solución en un caso de similares características: “Conforme a lo dispuesto por el Decreto No. 397/009 del 24 de agosto de 2009, si durante el goce del uso de la vivienda el o la beneficiaria pretendiera cohabitar con alguien más, debe -en forma previa- solicitar autorización al Ente Previsional, estando previsto que su omisión apareja la pérdida del derecho del titular al uso de la vivienda. Textualmente, la referida norma dispone: “(Autorización de cohabitación). La cohabitación deberá ser solicitada al Banco de Previsión Social antes de la ocupación de la vivienda, y cuando sea requerida por el beneficiario durante el goce del uso, en forma previa a su efectivización. En ambos casos la solicitud quedará sujeta a la aprobación por parte del Banco de Previsión Social. La omisión de la referida solicitud hará caducar el derecho de uso de la vivienda consagrado a favor del titular y los cohabitantes de hecho.”. De los antecedentes agrega dos a la causa fluye que la cohabitación de la promotora con los Sres. Ramón y Jonathan MORA en la vivienda que fuera objeto de adjudicación era irregular, contraria a la normativa y a lo declarado al momento de acceder al beneficio. Asimismo, emerge de lo s antecedentes que habiéndosele otorgado a la accionante un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, así como también para que los cohabitantes abandonaran la finca y así se pudiera poner fin a la irregularidad observada (fs. 21 de los A.A.)., nad a dijo ni presentó la accionante que hiciera saber a la Administración que ajustaría su conducta a lo dispuesto en la normativa aplicable. VI) Por otra parte, siendo que el beneficio brindado por la Ley No. 15.900 tiene por objeto otorgar una solución habitacional a los jubilados y pensionistas más carenciados, fue que se fijó un límite de los ingresos de las personas que habiten o cohabiten la vivienda. Así, el artículo 1° de la Ley No. 17.217 dispuso: “El monto de asignación mensual de pasividad, establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, para dar en uso viviendas a jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, queda fijado en 12 UR (doce unidades reajustables) el que podrá ser elevado por dicho Banco, en una o más franjas, hasta un máximo de 24 UR (veinticuatro unidades reajustables) para los casos en que las disponibilidades de viviendas lo permitan.”. De acuerdo con lo relevado por la Administración, al 21 de junio de 2016 la Sra. Mabel LÓPEZ superaba el tope mínimo establecido por el art. 1° de la Ley No.17.217 (fs. 43 de los A.A.), señalando expresamente que: “(…) la beneficiaria se encuentra percibiendo ingresos superiores al correspondiente a 12 UR, que equivalen a $10.871 al día de la fecha, siendo causal de revocación superar el tope de ingresos”. Y, ese dato fue reconocido expresamente por la promotora en su demanda al señalar que: “Conforme mi recibo de Jubilación y pensión tengo un ingreso nominal que apenas superas las 12 UR…” (fs. 9 de infolios) . Conforme al Decreto No. 397/009 (art. 6, inc. 5 in fine) “En concordancia con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley No. 17.217 de 24 de setiembre de 1999 los ingresos del titular del derecho no podrán en ningún caso superar el tope que en él se establece”. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, de vuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).