Sentencia Definitiva N° 80/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 80 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PEDRAGOSA, ROBERTO Y OTRA con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 872/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Gerencia de Fiscalización del Banco de Previsión Social N° 375694, de 13 de diciembre de 2018, que determinó obligaciones tributarias a PEDRAGOSA INMOBILIARIA LTDA. por el período del 1° de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010, por aporte patronal, mínimo, multa por mora, recargos, multa por el art. 87 de la Ley 16.713 de 3 de setiembre de 1995 y multa del art. 10 de la Ley Nº 16.244 de 30 de marzo de 1992, totalizando $76.414 (fs. 159 de los antecedentes). En primer lugar, señaló que se configuró error en la valoración de la prueba testimonial aportada en sede de procedimiento administrativo. Las testigos, Sras. Maika Larrosa y Mirtha Fernández, declararon ser amigas de la denunciante. Por lo tanto, su testimonio no fue objetivo ni imparcial. Los otros dos testimonios recabados fueron brindados por dos comerciantes de la zona, que no fueron testigos directos de los hechos. El Banco de Previsión Social consideró que estos dos últimos testigos aportaron elementos consistentes para confirmar el extenso período de trabajo, pese a que todos sus dichos fueron dubitativos, sin aportar certeza alguna. En segundo lugar, la Administración cometió una serie de errores y fallas importantes al determinar las multas aplicables, así como los criterios y los períodos, lo que llevó a que el Gerente de fiscalización de ATYR señalara inconsistencias varias en los cálculos y ordenara la realización de nuevos cálculos a efectos de su corrección. Por último, el Banco de Previsión Social nominalizó de forma indebida el salario de la trabajadora. En suma, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 14), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. Respecto a los agravios referidos a la valoración de la prueba, si bien la contraria calificó de tachables a los testigos propuestos por la Sra. Myriam González por razones de amistad, hubo una segunda instancia donde los inspectores tomaron testimonios espontáneos en el vecindario, los cuales fueron valorados en su conjunto. Por lo tanto, se arribó a la conclusión, en base a todos los elementos probatorios recabados, de que existió un período de trabajo de la interesada más extenso que el declarado por la empresa, pero menor al reclamado y con inferior carga horaria y remuneración. Ello pone de relieve que la valoración de la prueba fue realizada en forma acertada, coherente y acorde a la prueba diligenciada. En el mismo sentido, agregó que la contraria no presentó testigo alguno que pudiera ser valorado, mientras que la Administración no se conformó con la declaración de los dos testigos ofrecidos por la denunciante, sino que recabó dos más en el marco de la inspección llevada a cabo. Tales testigos fueron terminantes al reconocer a la Sra. González como limpiadora de la inmobiliaria por un extenso período de tiempo. Por otra parte, existieron otros elementos probatorios considerados por el organismo que no fueron cuestionados por la actora. Se ponderaron diversas circunstancias de hecho que surgen del análisis de la situación planteada. Nada dice el accionante acerca de las consideraciones efectuadas por los inspectores sobre la necesidad de utilizar por un largo período de tiempo personal que realizara tareas de limpieza en el local de la inmobiliaria. Tampoco se aclaró quién cumplió dichas tareas desde la desvinculación de la anterior limpiadora, hasta el supuesto ingreso de la Sra. Myriam González. En un local tan amplio como el que se ocupó oportunamente (130 metros cuadrados según declaraciones de la propia actora), ameritaba la utilización de personal afectado a las tareas de limpieza, situación que se verificó únicamente en el período 2 de julio de 2004 a 30 de setiembre de 2004, donde se declaró la actividad de la Sra. Alicia Acevedo como limpiadora. Otro elemento considerado en el cúmulo probatorio surge de las sumas acordadas en el juicio laboral trabado entre la actora y la Sra. González. El monto de $20.000 en que las partes transan es superior al que resultaría de la liquidación correspondiente a indemnización por despido por el período trabajado según declaró la empresa, lo que implica reconocimiento de que la relación laboral excedió la declarada ante el Banco de Previsión Social. La actora no aportó elementos de prueba que hicieran revertir lo actuado, a pesar de las múltiples instancias con las que contó para ello. Por lo tanto, la valoración probatoria se efectuó conforme a derecho, respetando las reglas de la sana crítica. En cuanto al agravio referido a la nominalización de los salarios, la demandada afirmó que dicho criterio no fue aplicado al presente caso. En efecto, surge de las actuaciones llevadas a cabo que, ante la imposibilidad de tener prueba suficiente respecto a los salarios abonados, se tomó el Salario Mínimo Nacional y, con posterioridad, los laudos de los Consejos de Salarios del sector. En suma, bregó por la solución desestimatoria de la demanda. III) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 1.861 de 13 de mayo de 2017, fs. 28), fue diligenciada la prueba propuesta por la parte demandada, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 61). IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 64 a 68, alegatos de la actora; y fs. 71 a 74, alegatos de la demandada). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 323/2021 de 1º de junio de 2021, se pronunció por desestimar la demanda (fs. 77 a 78 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se consideran cumplidas las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que pasan a desarrollarse. III) En lo que resulta relevante a efectos de la dilucidación de obrados importa reseñar que las actuaciones administrativas se inician a partir de la solicitud de reconocimiento de servicios efectuada por la Sra. Myriam González, en calidad de limpiadora de la empresa PEDRAGOSA LTDA, por el período 20 de junio 2003 a 6 de julio de 2010. El período denunciado es anterior al declarado por la empresa, que la había registrado en el período 7 de julio de 2010 a 11 de junio de 2014. En razón de ello, el Banco de Previsión Social inició una actuación inspectiva, recabando declaración jurada del Sr. Roberto Pedragosa (fs. 5 de los antecedentes), quien ratificó las fechas de ingreso y egreso de la trabajadora que fuera registrada por la empresa. Posteriormente, se tomó declaración a los testigos propuestos por la denunciante, que lucen a fs. 8 y 9 de los antecedentes. Del resultado de la actuación se dio vista a la empresa, se realizó determinación de adeudos y se labró Acta Final de Inspección, de la cual se otorga nueva vista, evacuada a fs. 42 de los antecedentes. Se procedió a tomar nuevos testimonios, como resultado de lo cual se dictó la determinación de adeudos contenida en la resolución N° 301084 (fs. 51 de los antecedentes). Analizados los recursos interpuestos contra dicha resolución, la Administración corrigió lo actuado, rehaciendo los cálculos efectuados y dictando finalmente la resolución que se impugna (fs. 159 de los antecedentes). IV) En relación al agravio concerniente a errónea valoración de la prueba por parte de la Administración, se estima que no le asiste razón a la promotora. Si bien los dos testimonios ofrecidos por la denunciante podrían tacharse de sospechosos, en virtud de la amistad que ambas testigos declaran mantener con la Sra. González, lo mismo no puede decirse de los recabados en el marco de la inspección realizada. A fs. 47 vto. de los antecedentes luce la declaración jurada de la Sra. Rosa Gibert, quien afirmó que trabajaba en un lavadero próximo a la Inmobiliaria Pedragosa y que la Sra. González trabajó alrededor de ocho años o más para empresa. A fs. 48 de los antecedentes obra la declaración del Sr. Dawer Pereyra, quien manifestó que tenía su peluquería cerca de la inmobiliaria desde hacía veinte años, y que la Sra. González “se desempeñó en tareas de limpieza para la Inmobiliaria Pedragosa (…) ella debe haber trabajado como diez años para la inmobiliaria y algunos más capaz que también”. Ambos testimonios coinciden en esencia y fueron brindados por personas que no declararon mantener ningún vínculo de amistad con la Sra. González -extremo que tampoco alegó la actora-. A su vez, coinciden con lo manifestado por las Sras. Larrosa y Fernández, a fs. 8 y 9 de los antecedentes, lo que dota de credibilidad a su relato pese a su relación con la denunciante. De la valoración de los referidos testimonios conforme a las reglas de la sana crítica, no cabe sino concluir que la Sra. González efectivamente trabajó para PEDRAGOSA LTDA. por un lapso mayor al declarado por la empresa (aproximadamente cuatro años), como lo hizo la Administración. Máxime en virtud de que la accionante, como bien señala el dictamen de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, estaba en condiciones de aportar prueba que desvirtuara las declaraciones recabadas sobre el período trabajado, dado su condición de empleadora con un local comercial abierto. Sin perjuicio de ello, no lo hizo, por lo que su agravio no puede prosperar. V) El agravio referido a los errores y fallas al determinar las multas y los períodos determinados tampoco resulta de recibo. Surge de las actuaciones administrativas allegadas a la causa que el accionar de la entidad demandada fue diligente, habiéndose revocado una resolución previa a la impugnada por haberse constatado errores en los cálculos referidos a las multas aplicadas. El acto atacado realizó una nueva determinación en la que se corrigen los errores relevados. La actora no expresó concretamente qué errores le atribuye al último cálculo; se limitó a señalar que existieron múltiples fallas en el procedimiento, pero no explicitó cuáles, ni argumentó por qué. Por lo tanto, no cabe sino desestimar su agravio. VI) En cuanto a la última causal de ilegitimidad invocada, referida a la alegada nominalización del salario de la denunciante, importa señalar que la implementación de tal criterio no surge de ninguna constancia en los antecedentes administrativos agregados. La Administración expresó en la contestación de su demanda y también en informes que lucen en los antecedentes (fs. 122 vto. de los antecedentes) que “con respecto a la remuneración considerada y empleando un criterio más benévolo para la empresa, a la hora de determinar los montos imponibles se creyó razonable efectuar el prorrateo del salario mínimo hasta el 6/05 y, posteriormente –con la aparición de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios del sector – la aplicación de la proporción correspondiente al laudo vigente”. La demandante tampoco explicó por qué entiende que el criterio de la nominalización resultó aplicado, ni abundó en el punto más allá de la sola afirmación genérica de que ese fue el caso, lo que no surge acreditado en autos. En consecuencia, también debe desestimarse este último agravio. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímese la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmese el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).