Sentencia Definitiva N° 79/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 79 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BOSCHI, NATALIA con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 321/2020) RESULTANDO : I) La actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 1229/2019, Acta Nº 196, de 14 de mayo de 2019, dictada por el Consejo de Educación Técnico-Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública, mediante la cual se le dio de baja de todos los registros de docentes no efectivos correspondientes a las Áreas 915 - Técnicas Informáticas Nivel II, 925 - Técnicas Informáticas y 9151 - Introducción al Proyecto I, en aplicación de lo establecido en el artículo 40.2 del Estatuto del Funcionario Docente, ya que presenta una “Aptitud Docente” menor a cincuenta y uno puntos (fs. 3 vto. a 4 y 91 a 91 vto., pieza I, en carpeta verde de 387 fojas, A.A.) En resumidos términos, cuestionó que la Administración no consideró los motivos de fuerza mayor (razones de salud, originadas en su depresión y adicción al alcohol) que justifican los puntajes insuficientes que obtuvo la docente, en los que se basó la demandada para aplicar el artículo 40.2 del Estatuto del Funcionario Docente (EFD). Asimismo, señaló que las opiniones y sugerencias de los equipos técnicos médicos de la propia Administración sobre el pasaje a docencia indirecta de la compareciente debieron haber sido considerados y haber prevalecido, máxime considerando que para el año 2019 -año en que fue dictada la Resolución- la dicente se encontraba en franca recuperación y apta para ejercer -por lo menos- docencia indirecta. En otro orden, expresó que la Administración tampoco consideró sus antecedentes funcionales, que arrojan puntajes dentro del guarismo de “muy bueno”, a excepción de los años 2015 y 2016, en los que su adicción la llevó involuntariamente a tener una actuación docente insuficiente. En casos similares fue desaplicada la norma contenida en el artículo 40.2 del EFD. En su caso nunca se pusieron en funcionamiento los protocolos existentes, establecidos en los Decretos Nº 128/2016 y 291/2007, así como en la Resolución 29, de fecha 22 de mayo de 2013, del CODICEN, para abordar situaciones de consumo problemático de alcohol. En definitiva, solicitó la anulación del acto impugnado (fs. 2 a 8). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación de la Administración Nacional de Educación Pública- la Dra. Inés Pittamiglio, quien lo contestó oponiéndose al accionamiento. Surge del expediente administrativo, que la Junta Técnico Docente de Evaluación ratifica el informe de la Junta Especializada de Informática que establece: “Es el segundo año que la docente presenta puntaje insuficiente” y sugiere la aplicación del artículo 40 del EFD. De dicho informe se desprende la inaptitud docente de la actora, la que surge además de su situación funcional. Ante calificaciones deficientes y al tratarse de una docente no efectiva, ANEP aplicó el artículo 40.2 del EFD que prevé: “Todo docente no efectivo que en el factor aptitud docente fuere calificado en el año con menos de 51 puntos será eliminado de los registros, haciéndose constar la calificación negativa”. La aplicación de la norma es preceptiva para la Administración en situaciones como la de autos. Por otra parte, en el año 2016, se instruyó sumario administrativo a la actora, a raíz de una denuncia realizada por alumnos, en el que se constataron serias irregularidades en el desempeño de sus funciones. Entre ellas, se encuentran: asistir al aula con olor a alcohol, llegar descalza a la escuela manifestando que se olvidaba del calzado, realizar proselitismo político, tener sus libretas incompletas y contar con un gran número de inasistencias. Asimismo, utilizó herramientas y expresiones poco apropiadas para una docente y el ámbito educativo. Estos antecedentes administrativos confirman el puntaje insuficiente en la aptitud docente de la actora, que no se encuentra apta para ejercer la docencia. El derecho de los estudiantes a no sobrellevar este tipo de actitudes en una docente prima sobre cualquier otra consideración que ahora pueda invocar la accionante. La aplicación del artículo 40.2 del Estatuto del Funcionario Docente es preceptivo y no están previstas eximente de responsabilidad como las que invoca la actora. Además, como se apreciará, los hechos que dieron lugar a las denuncias ocurrieron en el año 2016 y es recién en mayo de 2019, que se le dio de baja en los registros, habiéndose cumplido con todas las garantías del debido procedimiento administrativo. Por otra parte, la accionante no funda en virtud de qué norma debió haber prevalecido el pasaje a docencia indirecta sobre lo establecido en el artículo 40.2 del Estatuto del Funcionario Docente. La sugerencia que haya realizado la Junta Médica sobre el pasaje a docencia indirecta no inhibe la aplicación del Estatuto del Funcionario Docente como se pretende. Igualmente, el pasaje a docencia indirecta no implica que la actora fuera capaz de desempeñarse en un centro educativo ajustando su conducta al perfil docente. En cuanto al Decreto Nº 128/2016, que invoca la Sra. Boschi, en su artículo 7º, establece la obligación de separar de la tarea a docentes que presenten indicadores conductuales que pudieran corresponderse con efectos del consumo. Esta parte, no duda del esfuerzo de la compareciente para superar su consumo problemático de alcohol, pero su fin último es garantizar el efectivo goce de la educación. El estudiantado no tiene por qué recibir educación de quien no alcanza un nivel mínimo de calificación para el ejercicio de la función y esto no puede ser considerado por esta como un castigo hacia su persona. La accionante tuvo un puntaje de aptitud docente menor a cincuenta y un puntos y, por lo tanto, al no ser una docente efectiva, fue eliminada de los registros, en aplicación del ordenamiento jurídico vigente. En otro orden, se controvierte la supuesta violación al principio de igualdad, por cuanto no se indica cuáles fueron las situaciones iguales en las que se aplicaron disparidad de criterios. Con referencia a las sugerencias de la Junta Médica sobre su pasaje a docencia indirecta, estas se realizaron cuando la actora ya tenía dos años de aptitud docente menor a 51 puntos. En suma, abogó por la confirmación del acto enjuiciado (fs. 18 a 21 vto.). III) Por decreto No. 6538/2020 (fs. 26) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 32. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 35 - 36 y fs. 39 - 40 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen N° 241/2021 y aconsejó la confirmación del acto impugnado (fs. 43 a 43 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 45). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987 artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 1229/2019, Acta Nº 196, se emitió el 14 de mayo de 2019 (fs. 3 vto. a 4 y 91 a 91 vto., pieza I, A.A.) y se notificó a la actora el 29 de mayo de 2019 (fs. 3, pieza I, A.A.). El 7 de junio de 2019, interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 1 vto., pieza I, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución Nº 17, Acta Nº 1, de 4 de febrero de 2020, emitida por el Consejo Directivo Central de la ANEP (fs. 22 a 22 vto., A.A.). Según manifestaciones de la actora (fs. 2, infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 18 a 21 vto.), se notificó el 1º de abril de 2020. La demanda se interpuso el 16 de julio de 2020, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 9). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una breve reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Con fecha 12 de setiembre de 2018, se envió a la Junta Especializada de Informática los puntajes de calificaciones de aptitud docente de la actora - Docente en las Áreas 915 - Técnicas Informáticas Nivel II, 925 - Técnicas Informáticas y 9151 – Introducción al Proyecto I en las Escuelas Técnicas de Solymar y Paso Carrasco-, en lo que surge que la compareciente obtuvo calificaciones por debajo de los 51 puntos en los años lectivos 2016 y 2017 (fs. 62 a 71, pieza I, A.A.). Dicha Junta Calificadora Especializada, habiendo tomado conocimiento de los puntajes asignados, sugirió dar de baja a la docente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40.2 del Estatuto del Funcionario Docente, ya que “es el segundo año que la docente presenta puntaje insuficiente” (fs. 73, pieza I, A.A.). Del referido informe se confirió vista a la actora, la que fue evacuada alegando básicamente que padece de episodios depresivos recurrentes en virtud de un consumo problemático de alcohol, se encuentra en tratamiento de recuperación y mientras dure el mismo, solicita se le autorice a realizar tareas de docencia indirecta (fs. 81 a 85, pieza I, A.A.). Seguidamente, se expidió la División Jurídica, la que consideró que en virtud de la calificación por debajo de los cincuenta y un puntos obtenida por la actora correspondía aplicar lo dispuesto por el artículo 40.2 del Estatuto del Funcionario Docente, lo que acarrea su eliminación del registro de docentes interinos (fs. 89, pieza I, A.A.). Finalmente, el 14 de mayo de 2019, la Administración dictó el acto encausado (fs. 3 vto. a 4 y 91 a 91 vto., pieza I, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 43 a 43 vto.) y se pronunciará por la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. En esencia, la accionante alega que el acto atacado no se detuvo en reparar en la situación de enfermedad producida por su adicción al alcohol, el proceso de recuperación en que se encuentra y las excelentes calificaciones obtenidas en el pasado. En ese contexto, afirma que a su respecto nunca se pusieron en funcionamiento los protocolos existentes para abordar el tema del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral, por lo que considera no haber recibido un tratamiento igualitario y no discriminatorio, agregando que no se ponderó en debida forma su estado de salud. La situación de la actora, se rigió por el artículo 40.2 del Estatuto Docente de la ANEP, que específicamente establece que: “Todo docente no efectivo que en el factor aptitud docente fuere calificado en el año con menos de 51 puntos será eliminado de los registros, haciéndose constar la calificación negativa.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). En su caso, durante los períodos lectivos 2016 y 2017, obtuvo en las asignaturas que dicta como docente no efectiva, calificaciones muy inferiores a los cincuenta y un puntos requeridos de “Aptitud Docente” como para continuar ejerciendo su profesión docente (véase el historial de calificaciones de la actora de fs. 70 a 71, pieza I, A.A.). De esta manera, cuando intervino la Junta Especializada de Informática del CETP, aconsejó darle de baja de los sub- escalafones correspondientes a las áreas en las que dicta clase pues ya era “el segundo año que la docente presenta puntaje insuficiente” (fs. 73, pieza I, A.A.) (la negrilla no está en el original). Es claro, pues, que esa era la solución establecida por la normativa, que excluye de la consecuencia de la eliminación de los registros, únicamente los docentes no efectivos cuyas calificaciones no hayan sido menores de cincuenta y un puntos. Por otro lado, la Resolución resistida se dictó con apego a la normativa procedimental aplicable, habiendo tenido la accionante oportunidad para defenderse y articular sus descargos, con lo cual ningún reproche cabe formular a la Administración en su proceder. Por tanto, y s in dejar de reconocer lo sensible de la situación, el Tribunal advierte que las cuestiones que plantea la accionante responden básicamente a razones de oportunidad, conveniencia o mérito para la Administración, que son ajenas al parquet competencial de este Tribunal. Sobre el punto, se coincide con el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en cuanto advierte que, como se ha sostenido invariablemente, “este Tribunal tiene jurisdicción para juzgar la legitimidad de las decisiones administrativas, pero no sobre su idoneidad técnica o su mayor o menor adecuación para alcanzar el propósito que la Administración persigue ” (sentencia No. 409/2018 ) (la negrilla no está en el original). En lo concreto, la actora fue objeto de informes de evaluación de su desempeño docente que la colocaron en la situación prevista por la norma que se le aplicó, que la hacía pasible de ser dada de baja de los registros. Y dichos informes son a su vez de naturaleza eminentemente técnica, por lo que no son susceptibles de ser revisados desde el punto de vista de su legitimidad, en la medida que no se avizora ilegalidad o desviación de poder alguna en los mismos. Al respecto, es menester recordar que el Cuerpo ha expresado reiteradamente que: “(…) en lo que hace a la tarea calificatoria de los Supervisores, debe consignarse una vez más la posición de la Corporación en el sentido de que esa ocupación adjudicada reglamentariamente (art. 23, lit. a, del Decreto No. 301/996), así como la cometida a los Tribunales Calificadores en general, es materia que excede de su órbita de competencia, dado que no puede entrar a juzgar el mérito o, las razones por las cuales se entendió que correspondía otorgar al funcionario una determinada calificación . En consideraciones perfectamente aplicables en la especie , se ha expresado que : “…respecto al contenido técnico de esa tarea, el Tribunal del Concurso es soberano; al ser su cometido esencial calificar aptitudes, su juicio no puede ser revisado, ya que se asienta sobre la presunción de una competencia adecuada al fin ordenado , de la cual el Tribunal dispone para sentar sus juicios y, salvo el extremo probado de ilegalidad o desviación de poder , ese juicio no es revisable” (José Aníbal CAGNONI, Cuaderno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”, No. 22, Pág. 169; Sents. 269/970, 72/990, 250/995, 819/000, 661/2001, 497/2002, 17/2006, etc.).” (sentencias No. 392/2008, 556/2016, 322/2019, 661/2019, 30/2020 y 489/2020, 709/2020 y 466/2021, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otro lado, no puede dejar de anotarse que la accionante contaba con antecedentes funcionales negativos en el desempeño de su cargo docente, habiendo sido sumariada y posteriormente sancionada con sesenta días de suspensión por conductas inapropiadas hacia sus alumnos (véase la Resolución del CETP Nº 332/2017, Acta Nº 90, de 2 de marzo de 2017, a fs. 349, pieza II, A.A.). En último análisis, el Tribunal tampoco advierte ninguna violación al principio de igualdad, ni la existencia de ningún trato discriminatorio hacia la actora , siendo de su carga fundamentar y probar cuáles serían las situaciones en las que la Administración habría obrado en un sentido distinto al de su caso, extremos con los que ciertamente no cumplió ni la formulación de su acto de proposición, ni tampoco durante la etapa probatoria (véase que ni siquiera produjo prueba, como surge de la certificación obrante a fs. 32, infolios). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes FALLA : Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).