Sentencia Definitiva N° 78/2022

DECRETERO DE SENTENCIA //tevideo, 24 de febrero de 2022 No. 78 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MADERA ALTEZ, KATIUSKA BETTINA Y OTROS con ESTADO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 63/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 13 que, con fecha 25 de febrero de 2019, comparecieron la Sra. Katiuska MADERA por sí y en representación de BETECH SRL, el Sr. Mauricio ITZCOVICH, la Sra. Soraya ITZCOVICH, y el Sr. Luis COSTA por sí y en representación de EKIMEL S.A., entablando demanda de nulidad contra la Resolución N° 467/2018 de fecha 19 de enero de 2018 dictada por el Director General de Rentas por la cual se declaró que: BETECH SRL y EKIMEL S.A. conformaban una unidad económico administrativa a los efectos tributarios (numeral 1°); a la citada unidad por el período 08/2008-03/2014 le correspondió abonar obligaciones tributarias por IRAE Saldo, Anticipo e IVA por $ 11.103.905 (numeral 2°); la unidad había incurrido en mora por no haber extinguido en plazo las obligaciones, imponiéndole una multa de $ 2.220.781 más los recargos que se generaran hasta la efectiva cancelación de la deuda y una multa de $ 3.840 por la omisión de presentar 8 declaraciones juradas (numeral 3°); la unidad había incurrido en la infracción de defraudación, imponiéndole una multa equivalente a 3 veces el monto de los tributos defraudados que ascendía a la suma de $ 354.333 (numeral 4°); a EKIMEL S.A. le correspondía abonar por el período auditado el ICOSA detallado por $ 26.975 más $ 5.395 por concepto de multa por mora y los recargos que se generaran hasta la efectiva cancelación (numeral 5°); la Sra. Soraya ITZCOVICH era responsable en forma solidaria e ilimitada por el IRAE y sus sanciones moratorias en su periodo de actuación, esto es, IRAE Anticipo 10/2012-03/2014 por $ 1.126.994 (numeral 6°); el Sr. Luis COSTA era responsable en forma solidaria e ilimitada por el IRAE y sus sanciones moratorias de todo el periodo auditado, esto es, IRAE Saldo 05/2009, 05/2011 $ 1.377.831 e IRAE Anticipo 08/08-03/10, 06/10-03/14 por $ 3.800.117 (numeral 7°); los Sres. Katiuska MADERA y Mauricio ITZCOVICH eran responsables de la totalidad del adeudo determinado según lo detallado en el numeral 8° (fs. 1155 a 1157 Pieza 5 A.A.). Como fundamento de su pretensión, alegaron la ausencia de actuación simultánea entre las empresas que el acto había declarado como integrantes de una unidad económico administrativa, en tanto el Resultando I) literal b) de la enjuiciada se había señalado que EKIMEL S.A. había dejado de tener actividad en el mes de octubre de 2012 mientras que BETECH SRL la había iniciado el 12 de noviembre de 2012, por lo que no habían sido simultáneas sino sucesivas, lo que descartaba la tipificación de unidad económico administrativa, debiendo aplicarse el principio de la realidad establecido en el artículo 6 del Código Tributario. Manifestaron que, a los efectos de la protección del crédito fiscal, el artículo 22 del Código Tributario preveía la sucesión de empresas en el caso que existiera continuidad en el tiempo de una actividad cambiando únicamente los titulares de la misma, y por el plazo de un año desde que la Administración había tenido conocimiento de la transferencia, por lo que el impugnado violaba la regla de derecho al ser su finalidad la de obtener la solidaridad de ambas empresas y de terceros. Sostuvieron la ilegítima imputación de defraudación, por violación de los principios de legalidad, tipicidad y subsunción. Indicaron que no se había probado el engaño, que los indicios esgrimidos por la Administración habían resultado desmentidos por las respuestas obtenidas en los interrogatorios, y que contrariaba el principio general de inocencia relevar como indicio que la empresa unipersonal TECHERA no tuviera planillas ni registros por tarea, lo que implicaba una inversión de la carga de la prueba de la acusación al administrado. Adujeron la ilegítima responsabilidad solidaria atribuida a terceros, en base a que: i) la anulación de la unidad económico administrativa creada por la enjuiciada acarrearía la anulación de las responsabilidades tributarias solidarias establecidas en el acto encausado; ii) la Sra. Katiuska MADERA era representante de BETECH SRL pero no de EKIMEL S.A. por los ejercicios incluidos en el acto, y el Sr. Mauricio ITZCOVICH no era representante de ninguna de las dos empresas, por lo que había sido ilegítima la atribución de responsabilidad solidaria en base al artículo 21 del CT ya que los mencionados no tenían una verdadera injerencia y representación en las empresas; iii) los Sres. Luis COSTA y Soraya ITZCOVICH sólo representaron a una de las empresas respectivamente y el artículo 95 del CT solo refería al IRAE sin alcanzar a los anticipos, por lo que había sido ilegítima la extensión de su responsabilidad que era contraria al principio de tipicidad. En otro orden de ideas, consideraron que el plazo de prescripción aplicable era de 5 años porque la defraudación debía ser declarada en forma previa al acto encausado, sólo se había interrumpido válidamente el 4 y 6 de julio de 2017 y, en subsidio, que las obligaciones tributarias y sus respectivas sanciones por mora posteriores al 31 de diciembre de 2011 se habían extinguido por prescripción. En definitiva, solicitaron la nulidad del acto administrativo impugnado. II) Con fecha 24 de junio de 2019, a fs. 41 compareció el representante de la demandada, contestando la demanda incoada. Analizó la diferencia entre los institutos de la sucesión de empresa y de la unidad económico administrativa, y manifestó que en el caso existía una unidad económico administrativa entre EKIMEL S.A. y BETECH SRL., conforme al principio de primacía de la realidad consagrado en el inciso 2° del artículo 6 del CT. Indicó que no tenía asidero la posición de la actora al sostener que, como las empresas no habían tenido actividad simultánea, se configuraba hipótesis de sucesión de empresa y no de unidad económico administrativa, y que, en el caso, no había habido dos empresas independientes que se sucedieron una a otra en el activo y en el pasivo, sino que se trataba del mismo sujeto pasivo que utilizó dos sociedad diferentes para un mismo negocio, tal como surgía de la prueba producida en vía administrativa. Afirmó que se configurado y probado la infracción de defraudación, por la existencia de fraude al descontar gastos y servicios completamente inexistentes y porque BETECH SRL jamás los había recibido de la empresa unipersonal del Sr. TECHERA, todo ello con la intención de obtener un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de los tributos. En cuanto a la declaración de responsabilidad del artículo 21 del CT, señaló que en virtud de la unidad económico administrativa se estaba ante una única contribuyente, un único centro de imputación de renta que se había desdoblado artificialmente en varios instrumentos jurídicos, pero que no dejaban de ser uno solo con un único propósito de negocio. Por tanto, siendo un único contribuyente, lo razonable era que se efectuara una única liquidación, y se responsabilizara a quienes habían ejercido la dirección de ese único contribuyente. Precisó que se había probado fehacientemente que la Sra. Katiuska MADERA y el Sr. Mauricio ITZCOVICH eran los representantes efectivos tanto de EKIMEL S.A. como de BETECH SRL., remitiéndose al informe del Departamento Jurídico y de los inspectores actuantes. Agregó que el IRAE había sido liquidado en cabeza de la unidad que conformaba un centro de imputación de rentas por dos sociedades, por lo que quienes hubieren sido directores de las empresas integrantes de la unidad eran responsables de los adeudos resultantes de la determinación, y en tanto la Sra. Soraya ITZCOVICH integró BETECH SRL desde el 12/11/2012 y el Sr. Luis COSTA fue Presidente y único integrante desde el 17/12/2007, había sido ajustada a derecho su declaración de responsabilidad solidaria. Concluyó que, configurada la infracción de defraudación, el plazo de prescripción aplicable era el previsto en el inciso 2° del artículo 38 del CT, es decir, de diez años, y dado que los adeudos determinados eran del 08/2008 al 03/2014, el plazo de prescripción habría vencido en agosto de 2018 y, antes de entonces, había sido interrumpido. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 86. IV) Alegaron las partes por su orden: l a actora a fs. 89 y ss. y la demandada a fs. 103 y ss. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 444/2020 por el que aconsejó confirmar el acto administrativo en cuestión (fs. 116 a 122). CONSIDERANDO : I) Corresponde analizar si todos los accionantes acreditaron los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad (artículos 4 y 9 de la Ley Nº 15.869). En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución N° 467/2018 de fecha 19 de enero de 2018 dictada por el Director General de Rentas por la que se declaró que: BETECH SRL y EKIMEL S.A. conformaban una unidad económico administrativa a los efectos tributarios (numeral 1°); a la citada unidad por el período 08/2008-03/2014 le correspondió abonar obligaciones tributarias por IRAE Saldo, Anticipo e IVA por $ 11.103.905 (numeral 2°); la unidad había incurrido en mora por no haber extinguido en plazo las obligaciones, imponiéndole una multa de $ 2.220.781 más los recargos que se generaran hasta la efectiva cancelación de la deuda y una multa de $ 3.840 por la omisión de presentar 8 declaraciones juradas (numeral 3°); la unidad había incurrido en la infracción de defraudación, imponiéndole una multa equivalente a 3 veces el monto de los tributos defraudados que ascendía a la suma de $ 354.333 (numeral 4°); a EKIMEL S.A. le correspondía abonar por el período auditado el ICOSA detallado por $ 26.975 más $ 5.395 por concepto de multa por mora y los recargos que se generaran hasta la efectiva cancelación (numeral 5°); la Sra. Soraya ITZCOVICH era responsable en forma solidaria e ilimitada por el IRAE y sus sanciones moratorias en su periodo de actuación, esto es, IRAE Anticipo 10/2012-03/2014 por $ 1.126.994 (numeral 6°); el Sr. Luis COSTA era responsable en forma solidaria e ilimitada por el IRAE y sus sanciones moratorias de todo el periodo auditado, esto es, IRAE Saldo 05/2009, 05/2011 $ 1.377.831 e IRAE Anticipo 08/08-03/10, 06/10-03/14 por $ 3.800.117 (numeral 7°); los Sres. Katiuska MADERA y Mauricio ITZCOVICH eran responsables de la totalidad del adeudo determinado según lo detallado en el numeral 8° (fs. 1155 a 1157 Pieza 5 A.A.). I.1) Contra dicho acto, notificado personalmente a BETECH SRL, EKIMEL SA, Luis COSTA, Katiuska MADERA y Mauricio ITZCOVICH con fecha 25 de abril de 2018 (fs. 1173 de los A.A.), se interpusieron en tiempo y forma los correspondientes recursos de revocación y jerárquico (el 3 de mayo del mismo año - fs. 1178 A.A.). Por Resolución N° 12844 de fecha 25 de febrero de 2019, dictada por el Ministro de Economía y Finanzas en ejercicio de atribuciones delegadas, se confirmó la impugnada (fs. 1193 de los A.A.), la que fue notificada el 14 de mayo de 2019 (fs. 1194 a 1198 A.A.). Finalmente, la demanda de nulidad fue interpuesta en tiempo y forma el día 25 de febrero de 2019 (nota de cargo a fs. 23). I.2) En relación a la actora Sra. Soraya ITZCOVICH consta que fue notificada con fecha 14 de febrero de 2018 (fs. 1160 A.A.) e interpuso los recursos de revocación y jerárquico conjuntamente con el resto de los accionantes (el 3 de mayo del mismo año fs. 1178 A.A.). Conforme a lo dispuesto por el art ículo 317 de la Constitución de la República, que reza: “Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el Diario Oficial” y, de acuerdo a lo reseñado supra, queda de manifiesto que la recurrencia fue extemporánea. En consecuencia, no se agotó correctamente l a vía administrativa , presupuesto indispensable para habilitar la acción de nulidad, como lo exige el artículo 319 de la Carta y así será declarado. II) En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal, por unanimidad y coincidiendo con el pronunciamiento de la Procuraduría el Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) E merge de los antecedentes administrativos allegados al proceso que las actuaciones se originaron en la inspección realizada a la empresa BETECH S.R.L. (fs. 1 y ss. A.A.). Las actuaciones se iniciaron en mayo de 2013, y se tomó declaración a Katiuska MADERA, en su calidad de socia administradora y representante de Mauricio ITZCOVICH, el 29 de mayo y el 3 de junio de 2013 (fs. 12 y 104 respectivamente A.A.). Con fecha 22 de mayo de 2013 se inquirió a la empresa TELEMAS S.A. sobre su vínculo con BETECH SRL (fs. 63 a 66 A.A.), con fecha 10 de junio de 2013 se le hizo igual pregunta al contribuyente Carlos TECHERA MANDIROLA (fs. 114 a 116 A.A.), y el 21 de junio y el 2 de julio de 2013 a Cristian MADERA y Andrés DA CUNHA, respectivamente (fs. 117 a 119, y 120 A.A.). El 21 de julio de 2014 se labró acta final de inspección, que determinó adeudos por IRAE por la suma de $ 1.116.260, más multas y recargos (fs. 21 A.A.). Por informe de fecha 12 de agosto de 2014, a fs. 327 a 343 A.A. las inspectoras actuantes consignaron que: “… surge claramente que el Sr. Mauricio Itzcovich es representante de Betech SRL junto a su esposa Bettina Madera siendo estos también representantes de Ekimel S.A., empresa antecesora de la actuada .… A mayor abundamiento, Betech SRL tiene inicio de actividades 12/11/212 y Ekimel S.A. dejó de tener este tipo de actividad en el mes de 10/2012”, y concluyeron que: “Dadas las irregularidades constatadas respecto del presente expediente las suscritas entienden pertinente el pase de los presentes obrados a la División Técnico Fiscal a efectos de que esta se expida sobre si corresponde o no la tipificación de defraudación para los hechos mencionados...”. Por su parte, con fecha 7 de mayo de 2013 se iniciaron actuaciones respecto a EKIMEL S.A., se tomó declaración a Esteban GUIARTE en su calidad de empleado (fs. 444 a 447 A.A.) y, con fechas 15 y 20 de mayo de 2013, compareció el Sr. Luis COSTA en su calidad de director de EKIMEL S.A. (fs. 448 y 456 a 461 respectivamente A.A.). Con fecha 22 de mayo de 2013 se interrogó a la empresa TELEMAS S.A. sobre su vínculo con EKIMEL S.A. (fs. 462 a 465 A.A.). Por informe de fecha 16 de junio de 2014 (fs. 872 a 902 A.A.), las inspectoras actuantes consignaron que: “ La presente actuación se originó como consecuencia de la auditoria de un certificado de crédito solicitado por un cliente de Ekimel S.A. De la información obtenida del SIC surgía que la empresa se encontraba morosa en pagos y presentación de declaraciones juradas, por lo cual, se solicitó Autorización de Actuación …”, y describieron que “ Ekimel S.A. es una sociedad anónima (…) que se dedicaba a la instalación de antenas de televisión para abonados y service, fundamentalmente para Telemas S.A. (nombre comercial Multicanal y posteriormente Cablevisión), e instalación de ADSL en forma tercerizada para la empresa Varinter S.A., la cual factura a ANTEL ” (fs. 874 A.A.). A su vez relevaron información relativa al cambio de razón social de Ekimel S.A. a Betech SRL (fs. 882 A.A.) y señalaron que: “… surge una clara continuidad económica empresarial entre Ekimel S.A. y Betech SRL tanto en relación al negocio de instalación y mantenimiento de cable, así como, de Internet mediante la instalación de ADSL primero y posteriormente fibra óptica. Esto se desprende de: - Betech SRL tiene inicio de actividades 12/11/2012 y Ekimel S.A. dejó de tener este tipo de actividades en el mes de 10/2012. - De acuerdo a manifestaciones de representantes de Telemas S.A.: Ekimel S.A. y Betech SRL son la misma empresa. - Tanto Ekimel S.A. como Betech SRL tienen como representantes al Sr. Mauricio Itzcovich y a su esposa la Sra. Katiuska Bettina Madera (5.1.2 y 5.1.1) - El personal de Ekimel S.A. fue tercerizado cre ándose La Cosa Digital Ltda. Actualmente Betech SRL mantiene a La Costa Digital Ltda. como empresa tercerizadora de personal en relación al negocio del cable. - Ekimel S.A. y Betech SRL tienen el mismo asesor letrado el Dr. C ésar Pérez Novaro.” (fs. 891 A.A.). Y concluyeron que: “Betech SRL sucede a Ekimel S.A. respecto de la actividad total que realiza, tanto por los servicios facturados a Telemas S.A. (instalación y mantenimiento de antenas de televisión para abonados), como para los facturados a Varinter S.A. (por los servicios de Internet ya sea ADSL o Fibra Óptica)” (fs. 900 A.A.). Con fecha 1° de setiembre de 2015 la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico de la División Técnico Fiscal, entendió que: “…, debe tomarse en consideración a los efectos tributarios la realidad que se esconde tras la apariencia de formas, debiendo considerarse a las dos empresas como un único sujeto pasivo, quienes serán responsables solidariamente por la totalidad de los tributos liquidados .” (fs. 964 y vta. A.A.). Se acordonaron ambas actuaciones (fs. 967 y ss. A.A.) y, con fecha 13 de setiembre de 2016, por nuevo informe de la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico de la División Técnico Fiscal se consideró que: “Corresponde en esta instancia ratificar las consideraciones efectuadas en dictamen de fojas 557/558 respecto a la verificación en autos de una unidad económica conformada por las empresas Betech SRL y Ekimel S.A.” (fs. 1109 y 1110 A.A.). Se otorgó vista de las actuaciones a los actores (fs. 1112 y 1113 A.A.), quienes no la evacuaron (fs. 1121 A.A.). Se produjo nuevo dictamen de la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico de la División Técnico Fiscal de fecha 27 de abril de 2017, suscrito por Dra. Natalia MARZIALI, en el que entendió que correspondía calificar los hechos dentro de la infracción de defraudación (artículo 96 CT) y analizó la responsabilidad de la Sra. Soraya ITZCOVICH, del Sr. Mauricio ITZCOVICH, de la Sra. Katiuska MADERA y del Sr. Luis COSTA, así como los adeudos por ICOSA (fs. 1124 a 1126 y 1139A.A.). Nuevamente, se otorgó vista a los accionantes (fs. 1129 a 1132 A.A.), que tampoco la evacuaron. Se enviaron las actuaciones a la División Fiscal a efectos de que calculara el saldo adeudado por concepto, período y monto (fs. 1142 A.A.), lo que se realizó con fecha 17 de noviembre de 2017 (fs. 1148 a 1150 A.A.). Acto seguido, se procedió al dictado de la resolución impugnada (fs. 1155 a 1157 A.A.). IV) Los actores alegaron la inexistencia de unidad económico-administrativa entre las empresas BETECH SRL y EKIMEL S.A. porque no habían tenido actividad en forma simultánea sino sucesiva, cuestionando el criterio del organismo respecto a la aplicación del principio de la realidad. No se comparte su temperamento. IV.1) A juicio de la Sala, el planteo realizado por los promotores, que constituyó el núcleo de su embate crítico, no logra conmover la sólida plataforma fáctica y jurídica que dio pie al dictado del acto administrativo encausado. No está controvertido que las sociedades no coexistieron en el tiempo sino que desarrollaron actividades en forma sucesiva , de lo que se deriva que la cuestión debe centrarse en determinar si se las debe considerar o no como una unidad económico administrativa. Así, luego de analizar profunda y detenidamente los elementos de juicio obrantes en el caso, entiende la Corporación que efectivamente se verificó en el caso un supuesto de unidad económico administrativa conformada por las sociedades BETECH S.R.L. y EKIMEL S.A., las que pese a presentarse en apariencia como sujetos jurídicos independientes, poseedoras cada una de ellas de un propósito de negocios propio y autónomo, constituían en la realidad de los hechos, esto es, en su operativa comercial, una única empresa, por lo que deben considerarse a efectos tributarios como un único centro de imputación. Al respecto, y sobre el instituto que nos ocupa, ante un caso que presentaba similitudes con el presente sostuvo el Tribunal en la Sentencia Nº 20/2015: “En este sentido, cabe señalar que el Tribunal, al menos desde el dictado de la Sentencia Nº 453/2011 publicada en Revista Tributaria T. XL, Nº 233, págs. 308 a 314, ha venido precisando el concepto de unidad económico-administrativa. En tal sentido, vale recordar, en apretada s íntesis, que por unidad económico-administrativa se alude al fenómeno que se da cuando se advierte la presencia de varios vehículos jurídicos (generalmente sociedades) formalmente independientes, pero que, en los hechos, constituyen una única empresa con un único propósito de negocio. Si, pese a que, formalmente, se presentan varios veh ículos jurídicos o entidades, pero en los hechos, es posible concluir que se trata de una única empresa, con un único propósito de negocios, corresponde concluir que estamos ante una unidad económico-administrativa. Como expresa Serrana DELGADO: “Por unidad económico- administrativa cabe entender a un número de personas físicas o jurídicas que aun cuando cuentan con una única capacidad contributiva propia y con un único propósito de negocios se presentan en las formas jurídicas como si fueran independientes o poseyeran autonomía comercial y por ende tributaria. Cuando se concluye (por parte de la Administración Tributaria primero y posteriormente por el juez) que se está frente a un solo sujeto pasivo de la obligación tributaria que se ha desdoblado artificialmente, se lo considera como un único centro de imputación a los efectos fiscales.” (DELGADO, Serrana: “La realidad económica y las formas jurídicas en el Derecho Tributario, un intento de disección epistemológica desde las dicotomías”, ponencia presentada al seminario Economía y Derecho (Andrés BLANCO y Oscar SARLO Coordinadores), Facultad de Derecho, Universidad de la República, Octubre-Noviembre de 2008, pág. 9). Mario FERRARI por su parte, expresa que corresponde hablar de unidad económico-administrativa cuando tenemos una única empresa que, abusando de las formas jurídicas se presenta bajo el ropaje de varios vehículos jurídicos distintos, solo en apariencia (FERRARI, Mario, intervención posterior a la disertación del Dr. Gianni GUTIERREZ, en Revista Tributaria”, Revista Tributaria, T. XXXVIII, No 222, pág. 409, véase en jurisprudencia la reciente Sentencia Nº 758/2013).” De manera que, la idea de unidad económico-administrativa, supone la presencia de una única empresa que subyace bajo el ropaje de diversas personas jurídicas. Lo que puede contarse en los hechos es una única empresa, con un único propósito de negocio (por eso se habla de unidad económico-administrativa), pero que se desdobla artificialmente en varias entidades que solo en apariencias son independientes. Ante este escenario, lo que la D.G.I. puede hacer al amparo de lo establecido en el art. 6, inciso 2 º, del CT, es rectificar la situación y decir que, pese a que existen distintos vehículos jurídicos (normalmente sociedades comerciales), lo que subyace a esas formas es una (única) empresa, que ha verificado los hechos imponibles (hay en la realidad, un único sujeto pasivo). En consecuencia, declarará que los hechos generadores los verificó la unidad económico-administrativa y, por ende, todas las entidades formalmente separadas deberán soportar los adeudos generados por la unidad económico-administrativa.” En la especie, conforme será analizado, emerge con claridad y contundencia de los antecedentes administrativos que se emplearon formas jurídicas manifiestamente inapropiadas, desde que BETECH S.R.L. y EKIMEL S.A eran en realidad una única empresa, pese a haberse hecho figurar un aparente desdoblamiento artificial, realizado con el propósito de evadir el pago de tributos. Por tal razón, habrá de concluirse por la Sede que la recalificación de los hechos efectuada por la DGI al amparo de lo previsto en el artículo 6° inciso 2º del Código Tributario se hizo de acuerdo a Derecho. En aplicación del referido principio de la realidad, se pasará a analizar cómo se desarrolló en los hechos la operativa de las sociedades involucradas, a efectos de verificar si éstas constituyen efectivamente distintos sujetos con autonomía comercial y, por ende, tributaria o si, por el contrario, se trata de entidades que comparten un único propósito de negocios y que tienen a efectos tributarios una única capacidad contributiva. IV.2) Tras el procedimiento administrativo de marras, la Administración entendió que toda la operativa comercial fue realizada por un único sujeto pasivo, conformado por BETECH S.R.L. y EKIMEL S.A en tanto existió una única empresa, una unidad de dirección, con un único propósito de negocios. Por esa razón la DGI, mediante el acto impugnado, realizó una liquidación unificada y declaró que los impuestos determinados (IRAE Saldo y Anticipo) y las sanciones de mora y defraudación debían imputarse a dicha unidad económico administrativa integrada por aquellas sociedades. Y bien. A juicio de la Sede, una serie de elementos obrantes en el expediente administrativo, constituida principalmente por las declaraciones vertidas por quienes actuaron como directores y apoderados de BETECH S.R.L. y EKIMEL S.A., así como por otras personas que tuvieron vinculación comercial con éstas, da la pauta de que estas entidades, autónomas desde un punto de vista meramente formal, operaron en la realidad como si constituyeran una única empresa. Como fuera relevado supra, emergen de las actuaciones administrativas respecto a las sociedades involucradas y sus integrantes, los siguientes datos: EKIMEL S.A. tenía como actividad la “instalación eléctrica y de comunicaciones, fabricación de baterías y acumuladores, y comercio al por menor de juegos y juguetes” con fecha de inicio de actividades el 27 de junio de 2006, habiendo sido la Sra. Katiuska MADERA ALTEZ directora de la misma y única integrante del Directorio desde el 4/10/2006 al 17/12/2007, siendo sucedida por el Sr. Luis COSTA con fecha 17/12/2007 sin baja a la fecha, de acuerdo al Sistema de Información de Contribuyentes (SIC) que luce a fs. 939 de los antecedentes. BETECH S.R.L., cuyo giro era “otras instalaciones de construcción e instalación eléctrica y de comunicaciones” , dio inicio a las actividades el 12 de noviembre de 2012, habiendo sido socia y administradora la Sra. Katiuska MADERA ALTEZ y socia sin administración la Sra. Soraya ITZCOVICH sin baja a la fecha, de acuerdo al Sistema de Información de Contribuyentes (SIC) que luce a fs. 944 de los antecedentes. En consecuencia, ambas empresas tuvieron como representante a la Sra. Katiuska MADERA ALTEZ, quien se encontraba casada en primeras nupcias con el Sr. Mauricio ITZCOVICH y separada judicialmente de bienes (fs. 419 A.A.). Asimismo, con fecha 22 de mayo de 2013 la Sra. Mariana DORELO, en representación de la empresa TELEMAS S.A. y en su calidad de Jefe de Contaduría, interrogada por su vinculación con las empresas respondió que: “no acostumbramos a trabajar con contratos vencidos pero a veces se demora y en este caso particular no se piensa renovar con la razón social Ekimel”, afirmó que pensaban renovar “ con Betech SRL ” y, preguntada acerca de quién era el contacto con la empresa Ekimel S.A., dijo que: “ El Sr. Itzcovich desde el año 2002 o 2003 empezó a trabajar con nosotros, con esta razón social o con otra ”. Luego, consultada sobre las personas de Ekimel que se comunicaban con ellos por temas comerciales sostuvo: “Mauricio ITZCOVICH y KATIUSKA MADERA a cobrar algún cheque ” y requerida sobre con quien de Ekimel SA y de Betech SRL se negociaban los contratos declaró que: “Los contratos se negocian con Mauricio Itzcovich en ambos casos” (fs. 462 y 463 A.A.). En similar sentido, declaró el 4 de junio de 2013 la Sra. Elsa HERRERA, en representación de la empresa TELEMAS S.A. y en su calidad de Gerente de Administración y Finanzas, que respecto de la forma en que se fijaron las condiciones de trabajo con Betech, respondió: “finalizó el contacto con Ekimel sustituyéndose por Betech”, afirmando que se contactaron para autorizar el cambio de razón social de una empresa a otra “con Mauricio Itzcovich” e, interrogada si la aceptación de Betech como empresa tercerizada por Telemas requirió la misma autorización que una empresa nueva, sostuvo: “la autorización es la misma, porque se le solicita la misma documentación que cualquier proveedor. El procedimiento no es igual porque es la continuación de una empresa ya autorizada (Ekimel SA) mantiene las condiciones de la empresa anterior”. Consultada “si existen diferencias entre la empresa Betech y Ekimel (contactos, forma de trabajo, empleados)” , respondió: “ no, es la misma empresa. El trato es el mismo, es todo lo mismo”, y concluyó que “Mauricio Itzcovich” era la persona de contacto en Betech y Ekimel (fs. 509 A.A.). En su declaración, el Sr. Esteban GULARTE, socio administrador de LA COSTA DIGITAL LIMITADA, preguntado si la empresa sigue trabajando para Ekimel S.A., responde: “ no, actualmente trabajamos para Betech a partir de enero de 2013 aproximadamente, se presentó el Sr. Costa a decirnos que a partir de ahora trabajamos para Betech.”, e interrogado sobre quiénes eran sus clientes, afirmó: “ el único cliente era Ekimel hasta que apareció Betech. Siempre un único cliente o Ekimel o Betech” (fs. 50 A.A.). Por su parte, con fecha 16 de junio de 2014, en informe que se comparte, las inspectoras actuantes consignaron que: “La presente actuación se originó como consecuencia de la auditoria de un certificado de crédito solicitado por un cliente de Ekimel S.A. De la información obtenida del SIC surgía que la empresa se encontraba morosa en pagos y presentación de declaraciones juradas, por lo cual, se solicitó Autorización de Actuación …”, y describieron que: “ Ekimel S.A. es una sociedad anónima (…) que se dedicaba a la instalación de antenas de televisión para abonados y service, fundamentalmente para Telemas S.A. (nombre comercial Multicanal y posteriormente Cablevisión), e instalación de ADSL en forma tercerizada para la empresa Varinter S.A., la cual factura a ANTEL”. A su vez relevaron información relativa al cambio de razón social de Ekimel S.A. a Betech SRL (fs. 882 A.A.) y señalaron que: “… surge una clara continuidad económica empresarial entre Ekimel S.A. y Betech SRL tanto en relación al negocio de instalación y mantenimiento de cable, así como, de Internet mediante la instalación de ADSL primero y posteriormente fibra óptica. Esto se desprende de: - Betech SRL tiene inicio de actividades 12/11/2012 y Ekimel S.A. dejó de tener este tipo de actividades en el mes de 10/2012. - De acuerdo a manifestaciones de representantes de Telemas S.A. Ekimel S.A. y Betech SRL son la misma empresa. - Tanto Ekimel S.A. como Betech SRL tienen como representantes al Sr. Mauricio Itzcovich y a su esposa la Sra. Katiuska Bettina Madera (5.1.2 y 5.1.1) - El personal de Ekimel S.A. fue tercerizado cre ándose La Cosa Digital Ltda. Actualmente Betech SRL. mantiene a La Costa Digital Ltda. como empresa tercerizadora de personal en relación al negocio del cable. - Ekimel S.A. y Betech SRL tienen el mismo asesor letrado el Dr. C ésar Pérez Novaro.” Y concluyeron que: “Betech SRL sucede a Ekimel S.A. respecto de la actividad total que realiza, tanto por los servicios facturados a Telemas S.A. (instalación y mantenimiento de antenas de televisión para abonados), como para los facturados a Varinter S.A. (por los servicios de Internet ya sea ADSL o Fibra Optica)” (fs. 872 a 902 A.A.). En definitiva, quedó acreditado que BETECH SRL mantuvo la misma estructura de trabajo creada originalmente en EKIMEL S.A., que ambas empresas tuvieron casualmente el mismo asesor letrado, y que el personal de EKIMEL SA fue tercerizado creándose la empresa LA COSTA DIGITAL LTDA, que fue mantenida por BETECH SRL como empresa tercerizada de personal para su negocio de instalación de cable. Los diversos elementos que vienen de relacionarse llevan a la conclusión de que nos encontramos en presencia de una unidad económica administrativa integrada por las sociedades BETECH S.R.L. y EKIMEL S.A, las que, pese a su aparente independencia formal, operaron en clara continuidad de negocios y dirigidas por los mismos miembros. En virtud de lo expuesto, y en aplicación del principio de la realidad (artículo 6° del Código Tributario), las sociedades de marras, independientes desde una perspectiva formal, deben ser tratadas como un único centro de imputación a todos los efectos tributarios, realizándose – como se hizo en el caso- una liquidación unificada, determinándose los tributos, tipificándose las infracciones e imponiéndose las sanciones en cabeza de dicha unidad, y declarándose la responsabilidad solidaria de quienes fueron directores de aquellas sociedades integrantes de este único sujeto pasivo tributario. En tal sentido, no existió prueba alguna -más allá de las alegaciones de los actores- que acreditara la existencia de una verdadera sucesión de empresas, ya que no pudieron probar la alegada sucesión empresarial a través de los documentos jurídicos necesarios para ello, ni la existencia de contabilidad independiente, ni de movimientos de fondos que acreditaran el pago del precio por una eventual enajenación de establecimiento comercial, por ejemplo. Al respecto, el Tribunal sostuvo en Sentencia Nº 531/2014 que: “De esta manera, la tesis de la existencia de una sucesión de empresas se desvanece ante la inexistencia de prueba que documente tal negocio. De la adjudicación del inmueble asiento del hotel en la partición a la Sra. CHIRIFF, no se sigue automáticamente que se le haya transferido también el establecimiento comercial (hotel). Ello debía de ser probado y no lo fue. Como se reseñó, no existe un solo elemento de prueba que demuestre tal afirmación. Una vez más, la lógica de lo razonable indica que no resulta acertado pensar que no se haya documentado la transferencia de los activos del establecimiento, si es que la hubo. Por el contrario, la única razón que emerge, capaz de explicar el cambio de vehículo jurídico empleado en la explotación, es el propósito de evadir el cumplimiento de los adeudos con la D.G.I. oportunamente determinados en cabeza del Sr. PETRAGLIA.” En suma, resultan de rechazo los agravios de los accionantes dirigidos a cuestionar la declaración de la existencia de la unidad económico administrativa y del proceder de la DGI al respecto, en tanto se concluye que los inspectores y asesores del Fisco interpretaron correctamente los hechos que surgían del expediente, llegando a conclusiones que cabe reputar como correctas, adoptadas en base al principio de la realidad, directriz fundamental en el derecho tributario material. V) En cuanto a l agravio fincado en la ilegítima imputación de defraudación tributaria, corresponde analizar si la administración acreditó los dos elementos de la infracción de defraudación. El artículo 96 del C.T. establece que: “Defraudación es todo acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero, un enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del Estado a la percepción de los tributos. Se considera fraude todo engaño u ocultación que induzca o sea susceptible de inducir a los funcionarios de la Administración Fiscal a reclamar o aceptar importes menores de los que correspondan o a otorgar franquicias indebidas. Se presume la intención de defraudar salvo prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes: A) Contradicción evidente entre las declaraciones juradas presentadas y la documentación en base a la cual deben ser formuladas aquéllas. (…) D) Informaciones inexactas que disminuyan el importe del crédito fiscal. E) “Incumplimiento de la obligación de llevar o exhibir libros y documentación, o existencia de dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos.” (…) G) “Declarar, admitir o hacer valer ante la Administración formas jurídicas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados. Será sancionada con una multa de una a quince veces el monto del tributo que se haya defraudado o pretendido defraudar. La graduación de la sanción deberá hacerse por resolución fundada y de acuerdo a las circunstancias de cada caso.” De las actuaciones agregadas surge que, con fecha 10 de junio de 2013, el Sr. Carlos TECHERA -instalador de fibra óptica- preguntado sobre cuánto le pagaban por los servicios de instalación de fibra y ADSL, declaró: “no recuerdo tenía dos administrativas que llevaban la administración, yo estaba en el campo, no sé. Solo sé que debía y debía” , y aclaró que estar en el campo significaba: “supervisaba los obreros, cableaba, conectaba, conducía al lugar a los obreros, tenía que medir los cables, medir la potencia de la fibra, etc.” (numerales 44 y 45 fs. 116 A.A.). Consultado acerca de si había prestado servicios para otra empresa y si conocía a la empresa Betech S.R.L. afirmó: “no, para ninguna otra empresa, me fui a trabajar en turismo nuevamente,...” “ no la conozco, Betech no es una SRL. Es el nombre de fantasía de mi unipersonal ” “no conozco Betech SRL. Para mi Betech es Carlos Techera ”; “desconozco” (numerales 46, 47; 49, 50, fs. 116 A.A.). Se le exhibieron las facturas de su empresa a Betech S.R.L. Nos. 149 y 150 y se le requirió si las conocía y si era su letra, y respondió: “no es mi letra y obviamente esto está mal. Betech es mi nombre de fantasía. La letra no es mía;” (numeral 48 fs. 116 A.A.) Preguntado si otorgó poder a alguien, respondió: “no”, y si alguien pudo tener en su poder boletas de la unipersonal Techera, sostuvo: “No. Todo fue entregado al contador para el cierre de la empresa”, y consultado si las facturas Nos. 149 y 150 las había entregado en blanco a su contador, contestó: “desconozco le entregué los paquetes. Yo no entiendo de números solo se de turismo y trabajar y fibra óptica.” (numerales 52, 53, 54 y 58, fs. 116 A.A.). Repreguntado sobre quién escrituraba las facturas emitidas a Varinter y otros clientes por su unipersonal, sostuvo: “ las administrativas. Carla Cotignola y Bettina Madera ” (numeral 60 fs. 116 vta. A.A.). (el destacado no luce en el original). Con posterioridad a su declaración, el Sr. Carlos TECHERA compareció ante la DGI a efectos de “ agregar información aclaratoria acerca de la emisión de las facturas de mi empresa unipersonal, sobre las facturas No. 059 …, No. 149 … y No. 150 …, todas emitidas por mi empresa unipersonal a nombre de BETECH SRL ” y adjuntó documentación respaldante que dio origen a las facturas referidas y planillas (fs. 373 a 403 A.A.). Las planillas referidas corresponden a octubre y noviembre 2012 (fs. 374 A.A.), agosto y setiembre (fs. 390 A.A.), y constancias de visitas agregadas (fs. 377 y 378 A.A.) que lucen como “ Equipo de trabajo: VARINTER ” con la firma del técnico actuante que es de Carlos TECHERA. Por su parte, el Cr. Nelson VARELA al ser interrogado con fecha 16 de mayo de 2013 corroboró que: Carla Cotignola era empleada de Ekimel (fs. 449 A.A.). Entiende el Tribunal que las vacilaciones testimoniales del Sr. Carlos TECHERA sobre la prestación de servicios, que en primera instancia desconoció y luego reconoció a través de la emisión de las facturas, su firma prestando servicios tanto para su empresa unipersonal como para Varinter, la constatación por parte de la Administración respecto a la similitud de las letras de las facturas cuestionadas y la facturación de Betech S.R.L. agregadas a fs. 111 a 113 de los antecedentes administrativos, la comprobación que una de las administrativas mencionadas en la elaboración de las facturas -Sra. Carla Cotignola- se desempeñaba también para Ekimel (testimonio del Cr. Nelson Varela fs. 449 A.A.), denotan la existencia de prueba más que suficiente de la maniobra de deducción de gastos artificiales por supuestos servicios cuya prestación no fue fehacientemente acreditada, por una empresa de existencia más que dudosa -unipersonal de Carlos TECHERA- e integran un cúmulo de indicios que permiten concluir en la configuración de la plataforma fáctica que derivaría en la constatación de la infracción de defraudación cuestionada. Con este panorama, solo cabe concluir, al igual que lo hizo la Sección Apoyo Contencioso del Departamento Jurídico, que: “Ampliando lo anterior, si bien el equipo inspectivo informó que no se pudo verificar la realización de los servicios que supuestamente eran prestados por el Sr. Carlos TECHERA y facturados a través de su empresa unipersonal, surgen una pluralidad de indicios que nos llevan irrefutablemente a una única conclusión, y es que dichos servicios no fueron prestados, y que las citadas facturas tenían como única finalidad que al contribuyente de obrados pagara menos IVA e IRAE del que le correspondía. (...) a) se pudo constatar que las facturas Nº 149 de fecha 12/2012, por $ 27.900 y Nº 150 de fecha 17/12/2012 por $28.400 (Techera Unipersonal), contienen una letra que luce de igual forma que las facturas y recibos emitidos por Betech SRL (originales agregados a fojas 65/66). b) la empresa Carlos Techera no tiene planillas ni registros detallados por tarea que permitan controlar la facturación realizar a BETECH SRL c) la Sra. Kattiuska Bettina Madera maneja y emite las boletas de la empresa Carlos Techera, puesto que el mismo tipo de letra luce en las facturas de Betech SRL. Asimismo en el acta labrada al Sr. Carlos Techera, éste desconoce la empresa Betech SRL y niega haber prestado los servicios documentados en esas facturas. (…) En conclusión, ha quedado probado más allá de toda duda razonable, que la empresa contribuyente incurrió en actos de defraudación al pretender descontar facturas por servicios inexistentes, procurando así que esta DGI aceptara recibir montos de impuestos marcadamente menores a los que corresponden, con la indudable finalidad de obtener un enriquecimiento indebido (elemento objetivo de la defraudación).” (fs. 1124 vta. a 1125 de los A.A.). En el caso, no se vislumbró que la Administración hubiera invertido la carga de la prueba, por el contrario la prueba recabada y los indicios señalados llevaron a que concluyera en la configuración de un actuar doloso con la finalidad de realizar descuentos al momento de abonar los impuestos correspondientes. Los accionantes no lograron desvirtuar la conclusión a la que arribó la Administración, ya que, a efectos de acreditar la existencia de la unipersonal del Sr. Carlos TECHERA, debieron haber presentado diversos medios de prueba, como constancias de pago a los subcontratados, declaraciones de estos, etc., nada de lo cual obra en autos. Es de verse que, siendo un prestador de servicios como empresa unipersonal según relató, le era requerida la diligencia de un buen hombre de negocios que, si bien es un concepto abstracto, refiere a que quien desarrolla una actividad comercial no puede alegar desconocimiento de lo administrativo por estar en el campo de obra, declarar desconocimiento de precios y no cumplir con los requerimiento legales frente a terceros. Si los servicios fueron prestados efectivamente y si se desarrolló la actividad de manera profesional y continua, debió haber tenido la diligencia de documentar tales servicios y aportar por ellos. En tal sentido, se coincide con lo manifestado por la Administración y por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en el sentido que el total desconocimiento sobre las ganancias de la empresa, el pago y control de las personas subcontratadas y el precio cobrado por los servicios ponen en entredicho la existencia real de la empresa unipersonal del Sr. Carlos Techera. En consecuencia, el elemento objetivo de fraude o engaño se visualiza claramente en la maniobra urdida por los accionantes que se viene de referir y que fue particularmente hábil e idónea para inducir a funcionarios de la Administración fiscal a aceptar importes menores a los debidos, ya que el descubrimiento de la maniobra sólo fue posible a través de la auditoria de un certificado de crédito solicitado por un cliente de Ekimel S.A. (fs. 872 A.A.). A su vez, el aspecto subjetivo, o sea, la intención de defraudar, se presume, salvo prueba en contrario (que no existe en el caso), cuando ocurre alguna de las circunstancias descriptas en el artículo 96 del C.T., pudiéndose encuadrar la constatada en lo previsto en los literales: A) Contradicción evidente entre las declaraciones juradas presentadas y la documentación en base a la cual deben ser formuladas aquéllas, D) Informaciones inexactas que disminuyan el importe del crédito fiscal , y G) Declarar, admitir o hacer valer ante la Administración formas jurídicas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados. El aspecto subjetivo o intención, además de presumirse de acuerdo con los literales de la disposición antes citada, resulta incuestionable ya que una conducta semejante a la desplegada por los actores no puede atribuirse a error ni a mero descuido, y no admite otra explicación que la finalidad de defraudar. Al respecto, resulta irrelevante que los accionantes hubieran percibido o no algún beneficio económico, porque es suficiente que hayan procurado un provecho para un tercero a expensas de la percepción de tributos. En suma, constan plenamente configurados los dos elementos que configuran la infracción: el elemento objetivo (el engaño o fraude) y el subjetivo (la intención de obtener un enriquecimiento indebido, para sí o para terceros, a expensas del derecho del Estado a la percepción de tributos), lo que conlleva el rechazo de los agravios que involucran estos extremos. VI) También es de rechazo el agravio que hace caudal de la ilegítima responsabilidad solidaria de terceros. En efecto, analizado y rechazado el agravio respecto a la inexistencia de la unidad económico administrativa, la responsabilidad imputada deviene en el corolario de la declaración de ésta y en el rol de representación asumido por cada uno de los impugnantes, debidamente acreditado en sede de procedimiento administrativo y que no ha logrado ser desvirtuado en la presente instancia jurisdiccional. Como se sostuvo en los fundados votos de los Sres. Ministros que precedieron la redacción de este fallo: “… corresponde tomar a BETECH SRL y EKIMEL SA como una única contribuyente y en su mérito aplicar las responsabilidad solidaria según lo dispuesto en el artículo 20 del CTU. En cuanto a las personas, el acto que se procesa resuelve sus responsabilidades solidarias en los numerales 6 º, 7º y 8º, disponiendo que los Sres. Soraya Itzcovich, Luis Costa Cabrera, Katisuka Bettina Madera Altez y Mauricio Itzocovich son responsables en forma solidaria e ilimitada por el IRAE determinado en el numeral 2º, por su periodo de actuación, más las sanciones que correspondan. En cuanto a la Sra. Katiuska Bettina Madera y el Sr. Mauricio Itzcovich se acreditó que ambos representaban a las sociedades integrantes de la Unidad Económico-Administrativa. Surge de los antecedentes lo siguientes datos: - Ekimel S.A. surge que Katiuska Madera Altez fue directora de la misma y única integrante del Directorio del 4/10/2006 a 17/12/2007 (SIC fs. 939 AA; Pieza 5). - Betech SRL surge socia y administradora Katiuska Bettina Madera Altez junto con Soraya Itzcovich. (SIC, fs. 944 AA; Pieza 5). - Ekimel S.A. le confirió al Sr. Mauricio Itzcovich un mandato general de carácter amplio para actuar en nombre y representación de la misma (fs. 153 AA, PIEZA 1) y en su calidad suscribió el contrato con TELERAS S.A. (fs. 70 AA; pieza 1), y asimismo fue identificado como representante de la sociedad por el Cr. Varela (fs. 449 AA, PIEZA 2) y endosó un cheque emitido por Tlemas S.A. a Eximel (fs. 631 AA, Pieza 3). En el caso de la Sra. Soraya Itzcovich, no corresponde pronunciarse al respecto por no haber agotado la v ía administrativa como referíamos al principio del análisis de lo sustancial. En cuanto al Sr Luis Costa Cabrera, se acredit ó ser el representante de Ekimel, se le imputó responsabilidad solidaria e ilimitada por el IRAE. El agravio radica en que la sociedad no existe y por ello no puede haber responsables y que el artículo 95 del Título 4 del TO 1996 solo refiere al IRAE sin alcanzar los anticipos, lo que no resulta de recibo. El hecho de haberse determinado una unidad económico-administrativa hace que se considere a las sociedades actuantes como un solo contribuyente y por ello, si bien el Sr. Costa fue representante de una de las sociedades, por el hecho de considerarse una unidad y esta tener adeudos, los representantes de ambas devienen responsables solidarios por los adeudos que resulten de la determinación consolidada. Tratando de IRAE, resulta de aplicaci ón lo dispuesto en el artículo 95 del Título 4 del TO DE 1996 el que establece: “Responsabilidad solidaria.- Los socios de sociedades personales o directores de sociedades contribuyentes, serán solidariamente responsables del pago del impuesto.” El referido artículo refiere a una responsabilidad de naturaleza objetiva de los directores o los socios de las sociedades personales contribuyentes del impuesto, por lo que resulta a derecho su aplicación. Respecto a los anticipas de IRAE, es dable destacar que los mismos siguen las reglas establecidas para cada impuesto y por lo tanto, siguen su régimen solidario Por su parte, en lo que refiere al IRAE, conforme al art. 465 de la ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, no merece ningún reproche jurídico la responsabilidad solidaria y objetiva establecida por el acto en cuestión, que también alcanza la infracción por mora”. VII) Por último, tampoco es de recibo la alegada prescripción de los adeudos. En tanto, como se analizó supra, configurada la infracción de defraudación, el plazo de prescripción aplicable se extendió a diez años, conforme dispone el inciso segundo del artículo 38 del Código Tributario. En efecto, los adeudos determinados lo fueron por el período 08/2008 al 3/2014, y los accionantes realizaron pagos a cuenta entre el 5/4/2013 y el 5/8/2014 (fs. 339 A.A.), por lo que habiendo mediado reconocimiento de la deuda comenzó a correr un nuevo plazo de prescripción. No obstante, el referido plazo resultó interrumpido por la notificación del Acta Final de Inspección de fecha 9 de mayo de 2016 (fs. 1098 a 1100 A.A.), es decir, comenzó a computarse nuevamente. En el mismo derrotero, también tiene incidencia interruptiva del plazo de prescripción la notificación del acto de determinación acaecida el 14 de febrero y el 25 de abril de 2018 (fs. 1159, 1171 y 1172 A.A.). A lo que se agrega la interposición de los recursos administrativos el 3 de mayo de 2018 (fs. 1178 A.A.) y la promoción de la presente acción anulatoria el 25 de febrero de 2019 (nota de cargo fs. 25) que obraron como circunstancias suspensivas del plazo de prescripción. En conclusión, atendiendo a los múltiples eventos con aptitud de interrumpir el plazo de prescripción, no se configuró prescripción alguna respecto de las obligaciones generadas en el período 2008 a 2014, lo cual sella la suerte del agravio deducido. En definitiva, por los fundamentos expuestos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto-Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda respecto de la coactora Sra. Soraya ITZCOVICH por falta de agotamiento de la vía administrativa. Desestímase la demanda incoada por los demás accionantes y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado).