Sentencia Definitiva N° 76/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 76 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “SARUBBI SALLES, LUIS ADOLFO con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 353/2019). RESULTANDO : I) La parte actora compareció a fs. 24-33 y accionó de nulidad en contra de la resolución Nº 03-936-2018-2050 de 12 de setiembre de 2018, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del B anco de Previsión Social que dispuso: “1º Denegar la solicitud de jubilación con cese formulada por Luis Adolfo Sarubbi Salles, por encontrarse el trámite paralizado por causas imputables al mismo, procediéndose de acuerdo con lo previsto por el art. 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo R.D Nº 40-2/97 de 10 de diciembre de 1997 . (…)”. (fs. 110 AA y fs. 2 y vto. infolios). Como fundamento de su pretensión, en resumida síntesis, afirmó que la denegatoria de la Administración se sustenta en que el trámite resultó paralizado por causas que le son imputables, sin dar una correcta explicación de los motivos respectivos. Sostuvo que los adeudos reclamados por el Organismo se encuentran ampliamente prescriptos, por lo que el obrar de l BPS es ilegítimo. Cuando el BPS pretende el cobro de sus créditos, debe tener un crédito exigible contra el interesado, ello significa, que si el crédito que dice tener el organismo se encuentra extinguido por prescripción, como sucede en el caso, entonces lo que alega tener el Ente, no es un crédito exigible. Citó jurisprudencia en apoyatura de su argumentación y, en definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) Emplazado en debida forma el Banco de Previsión Social, compareció el 27 de agosto de 2019, a contestar la demanda, abogando por su rechazo (fs. 40-42). Expresó que según la Ley N o. 16.713 art ículos 4º y 77, y Ley N o. 17.963 artículo 13, se impone al titular encontrarse en situación regular de pagos para computar a los efectos de su jubilación , los servicios prestados como afiliado dependiente y abonar la deuda generada por sus dependientes al contado. Dichas normas, no coliden con el art. 38 del CT ; por más que exista una declaración de prescripción resulta menester la cotización efectiva para posibilitar el reconocimiento de los servicios en carácter de independiente. Concluyó que, en el caso, no se configuró la prescripción de adeudos conforme con lo dispuesto en e l art. 38 del CT . L a Administración no resultó omisa en perseguir el cobro, sino que ha cumplido su carga, iniciándose dos juicios ejecutivos . Por tanto, la prescripción alegada fue interrumpida por imperio legal. En definitiva, solicitó se desestime la acción instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (decreto Nº 6403/2019, fs. 44) se diligenció la que luce certificada a fs. 50. Alegaron las partes por su orden, haciéndolo actora a fs. 53-54; y la demandada a fs. 60-62. IV) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció por dictamen Nº 296/2020 y aconsejó la confirmación del acto procesado (fs. 65y vto.). V) Se citó a las partes para sentencia por decreto Nº 4715/2020 (fs. 67), la que fue dictada en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, apartándose de la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la demanda incoada, por los fundamentos que se expondrán. III) Consta de los antecedentes administrativos agregados a la causa que el actor solicitó con fecha 2 de febrero de 2005, el reconocimiento de servicios (fs. 4 AA y ss.), declarando servicios patronales de la empresa AQUATECH S.R.L. por el período 2 de agosto de 1991- 29 de junio de 1999 (fs. 15 AA). El trámite fue suspendido en atención a que el actor se radicó en el exterior (fs. 19 ibídem), reanudándose en el año 2016 (fs. 22-23 ib.) Con fecha 18 de mayo de 2018 se lo intimó, con plazo de 30 días a regularizar adeudos (fs. 102 AA) y, cumplido el plazo respectivo, se dictó el acto que se procesa en autos, por el cual se denegó la solicitud del actor, de jubilación con cese, por encontrarse el trámite paralizado por causas imputables al mismo, procediéndose de acuerdo con lo previsto por el art. 78 del Reglamento de Procedimiento Administrativo R.D Nº 40-2/97 de 10 de diciembre de 1997 (fs. 110 AA). IV) Ilegitimidad de la decisión.- Conforme viene de relacionarse y consta de los recaudos adjuntos, al actor le fue denegada su solicitud de jubilación por la no regularización de adeudos con el Organismo demandado, derivados de su actividad como socio de la SRL AQUATECH, por el período en que el actor pertenecía a la misma. Ahora bien, no consta de las actuaciones incorporadas, que el Ente haya dictado un acto mediante el cual haya determinado la responsabilidad tributaria del accionante, al amparo del artículo 21 del Código Tributario. De modo que no puede afirmarse válidamente que se trate de una deuda personal del actor, sino que es una deuda de una persona jurídica diferenciada de éste. Más aún, consta de la carpeta de documentación agregada por la demandada, en 79 fs. -a requerimiento de esta redactora, como medida para mejor estudio a fs. 68 vto. infolios-, que las deudas incluidas en los juicios ejecutivos seguidos por el Ente, no existen a cargo del actor, sino que corresponden a AQUATECH S.R.L. El Tribunal, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en situaciones análogas a la de autos en el entendido de que el proceder del Banco de Previsión Social resulta ilegítimo (sentencias Nos. 730/2016, 289/2020 y 435/2020, 304/2021, entre otras). Corresponde reeditar tales fundamentos, por cuanto se advierte que: “En la especie, indudablemente, no se trata de una deuda personal de la actora, o de su esposo fallecido, sino de una deuda de una persona jurídica diferenciada de ambos (…) (…) Sobre el punto, en términos mutatis mutandis aplicables en la especie se ha señalado que: “…el BPS ha denegado el acceso a los beneficios jubilatorios por entender que el actor registra un adeudo tributario pendiente con el BPS. Como reza la parte dispositiva del acto procesado -a juicio del BPS- el actor: “…tiene deuda por aportes.” (fs.114 de los A.A.). Esto, sin embargo, no es así . Basta repasar los antecedentes para detectar que los adeudos tributarios que la Administración ha postulado que corresponden al actor , en puridad , es mantenido por dos sociedades comerciales en las que aquél participó . El accionante , nunca fue responsabilizado al amparo de lo dispuesto en el art. 21 del CT por dichas obligaciones . En consecuencia, le asiste razón en su cuestionamiento al pretensor, cuando señala que ningún acto lo responsabilizó por dichos adeudos tributarios. Las obligaciones tributarias pendientes de pago por las que el BPS le denegó el otorgamiento de la jubilación -la pensión en el presente caso al accionante, fueron determinadas en cabeza de dos sociedades comerciales: “UNIDAD ODONTOLÓGICA MUTUAL S.R.L”, contribuyente con el Nº de registro 3.556.107 y “LESTIDO BORDAD EDGARDO Y COLMAN GUEVARA, ROBERTO (Sociedad de hecho)” contribuyente con el Nº de registro 03635257 (ver fs. 9, 29 y 30 de los A.A.). De las actuaciones administrativas y de la prueba rendida en este proceso, surge con total claridad de los actos de determinación tributaria que el BPS ha dictado -y en algunos casos ejecutado judicialmente ante distintas sedes judiciales- determinaron obligaciones en cabeza de las dos sociedades contribuyentes. En todos los casos, las determinaciones tributarias se han realizado en cabeza de las sociedades en las que el actor participó como socio. Ahora bien, las deudas son de las sociedades contribuyentes , no del socio, a quien no se ha responsabilizado tributariamente por las mismas . En otras palabras , quienes registran deudas con el BPS , son otros sujetos de derecho: dos personas jurídicas -sociedades comerciales- que son centros de imputación de derechos y obligaciones distintos de los socios que las integraron en su oportunidad. Esto no es otra cosa que el lógico corolario de que a las sociedades comerciales se les reconozca personería jurídica (art. 2 de la Ley N° 16.060; en jurisprudencia la sentencia Nª 410/2014 publicada en Revista Tributaria T. XLIII, Nº 252, págs. 398/408). Que el actor, potencialmente, pueda ser responsabilizado al amparo del art. 21 del CT por dichas obligaciones , no implica que fuera deudor del BPS en el momento que recayó la resolución resistida . En ese momento nada adeudaba al BPS, por lo que el acto -que presupone la existencia de una deuda a cargo del actor- es contrario a la Regla de Derecho. Cabe insistir : no existe ningún acto administrativo que lo haya responsabilizado por las obligaciones de las sociedades contribuyentes en las que participó . Por ende, no es cierto que el actor tenga deuda por aportes, como establece el acto procesado que, por tal razón, está viciado en sus motivos (…) (…) En resumidos términos , el acto impugnado es ilegítimo: presupone que el actor tiene una deuda por aportes que en realidad no es tal. Quienes registran deudas por aportes son dos sociedades en las que el actor participó, pero nunca fue responsabilizado por dichas obligaciones , por lo que su esfera jurídica no se vio alterada por dicha situación en ningún momento” (sentencia Nº 730/2016 de 8 de noviembre de 2016) (…)” (sentencia No. 289/2020). Del mismo modo, en el sub - examine el proceder del BPS no se ajustó a derecho al denegar al actor el acceso a su jubilación ante la existencia de deudas de contribuciones a la seguridad social de la empresa en la cual el actor era socio, sin que haya existido ningún acto administrativo que lo declare responsable por dichos adeudos (artículo 21 del Código Tributario), circunstancia que además configura un vicio en la motivación. En este sentido, cabe tener presente lo expresado en sentencia No. 730/2016, en cuanto concluye: “ Asistimos, por lo tanto, a un supuesto de motivación errónea e inexacta, que no puede sustentar válidamente la volición residenciada . Como enseña Alberto Ramón Real, la fundamentación del acto debe ser exacta, las razones de Derecho deben corresponder a los textos invocados y los hechos deben ser verdaderos. No basta que existan los hechos, sino que se les aprecie correctamente. La Administración debe ser veraz no solo en cuanto a la existencia de los motivos sino también en cuanto a la calificación jurídica y a la subsunción de las situaciones de hecho en el tipo de los conceptos jurídicos indeterminados (Cf. REAL, Alberto Ramón: “La fundamentación del acto administrativo”, en L.J.U., T. LXXX, págs. 10/11; en jurisprudencia sentencias Nos. 346/2011 y 586/2013). Como indica Durán Martínez: “La motivación, además de ser suficiente y congruente, para ser legítima debe, además, ser exacta. La motivación es exacta cuando son ciertas las circunstancias de hecho enunciadas, cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta y cuando la finalidad enunciada puede ser satisfecha con lo decidido.” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Motivación del acto administrativo y buena administración” en AA.VV. “Ética; Estado de Derecho; Buena Administración”, Universidad Católica del Uruguay, 2013, págs. 137-138). Desde la perspectiva de Cajarville, asistimos a un supuesto de inexistencia de motivos. Como establece este autor: “En todo caso, el acontecer de los hechos es una circunstancia exterior, cuya existencia se impone a la Administración objetivamente, desde fuera, de la cual el ejercicio del poder de dictar el acto aparecerá como una consecuencia jurídica. Por lo tanto, en cuanto a la apreciación de la existencia o inexistencia en si misma de los hechos y su valoración jurídica (legitimidad o ilegitimidad), la Administración no goza de ninguna discrecionalidad. Si los hechos operantes como supuesto normativo, o motivo del acto administrativo, no existen o no son como la Administración pretende, el acto estará viciado por inexistencia de los motivos. Si los hechos son como la Administración pretende, pero no caben en el supuesto (determinado o indeterminado) de la norma atributiva del poder de dictar el acto, éste estará viciado por ilegitimidad de los motivos.” (CAJARVILLE PELUFFO: “Sobre actos administrativos” en “Sobre Derecho Administrativo”, FCU, Montevideo, 2008, págs. 31/32). En el caso que nos ocupa, uno de los supuestos tomados en consideración por la Administración para el dictado del acto encausado (la presunta deuda del actor con el BPS), no puede erigirse en un motivo legítimo. En la emergencia, los hechos no son como la Administración pretende y, en la especie, ese error en su apreciación vicia el acto atacado, dejándolo huérfano de motivos válidos .”(Véase también sentencias Nos. 289/2020 y 435/2020). Por los fundamentos expuesto, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).