Sentencia Definitiva N° 74/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 74 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “MÓNACO, JORGE ANTONIO con INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES. Acción de nulidad” (Ficha No. 630/2019). RESULTANDO : I) A fs. 2, compareció Jorge Antonio Mónaco pretendiendo la anulación de la Resolución Nº 19/00966 dictada por la Intendencia de Canelones que resolvió destituir al actor por la causal de omisión en los deberes del cargo, artículo 275 numeral 5º de la Constitución de la República. Indicó que, con fecha 16 de diciembre de 2016, por Resolución Nº 16/07987 se le inició Sumario Administrativo, con separación del cargo y retención total de haberes, debido a que fue procesado por aparentes actividades delictuales vinculadas a libretas de tránsito. Manifestó que el procedimiento instruido tuvo graves vicios formales, se violentó el principio de presunción de inocencia, ya que no existió sentencia condenatoria en materia penal a diferencia de lo que sostiene la parte demandada. Sostuvo que tampoco se le permitió controlar la prueba que fue diligenciada durante la instrucción sumarial. Lesionándose así el principio del debido proceso. Solicitó escuchar las grabaciones por la cual la Administración dispuso el inicio del sumario y no pudo acceder a las mismas. Que también se violó el carácter secreto del sumario, lo que se configuró cuando los funcionarios municipales recibieron por parte de la Dirección de Tránsito una copia de las declaraciones en Sede Penal de todos los involucrados en el sumario. Afirmó que, conforme dispone el art. 62 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, se configuró la caducidad del sumario instruido al transcurrir dos años contados a partir de la Resolución que dispuso el inicio de la instrucción. Aclaró que, si bien dicha norma prevé la suspensión del plazo durante la tramitación de la revisión, el art. 59 de dicho cuerpo normativo establece que la revisión debe cumplirse en un plazo máximo de 45 días. Por último, sostuvo que se actuó con arbitrariedad al no encontrarse debidamente motivada la Resolución, no existió sentencia condenatoria penal firme, no lográndose la plena prueba de lo que ocurrió. II) Por Decreto Nº 7586/2019 (fs. 9), se confirió traslado de la demanda a la Intendencia de Canelones. Con fecha 15 de noviembre de 2019, compareció el representante de la Intendencia a contestar demanda (fs. 14 y ss.). La parte demanda expuso que el procedimiento disciplinario se inició por Resolución Nº 16/07987 dictada por el Intendente de Canelones, motivado por la Sentencia Interlocutoria Nº 4803/2016 de fecha 26 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Las Piedras de 2º Turno por la que se dispuso el procesamiento con prisión del funcionario Jorge Antonio Mónaco por la presunta comisión de un delito de Asociación para Delinquir en calidad de autor, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de Cohecho Calificado en calidad de autor. Señaló que el art. 73 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario dispone que cuando un funcionario es sometido a la justicia penal se dispondrá la instrucción del sumario correspondiente. Reglamento que también establece la posibilidad de valerse de cualquier medio probatorio licito, por lo que las actuaciones desarrolladas en sede judicial podrían ser agregadas al proceso disciplinario. Expresó que se cumplieron con todas las garantías del debido proceso y se recabaron todos los medios de prueba necesarios para la conclusión del sumario. Aclaró que las escuchas telefónicas a las que hace referencia el actor no se encuentran en poder de la Intendencia, que lo que se encuentra agregado en el expediente sumarial es la transcripción escrita de las escuchas, la que fue expedida por la Oficina Actuaria de la Sede Penal interviniente. No siendo responsabilidad de la Intendencia aportar algo de lo cual no posee. Manifestó que se garantizó el derecho de defensa, se le notificó el cronograma de audiencias de prueba y la nómina de personas a las que se le iba a tomar declaración, se hizo lugar a los medios de prueba que propuso, otorgándole todas las garantías del debido proceso. La instrucción del sumario se realizó dentro de los tiempos reglamentarios, no configurándose la caducidad de este. El sumario administrativo se inició con la Resolución Nº 16/07987 de fecha 16 de diciembre de 2016 y la Resolución Nº 18/07680 de fecha 9 de noviembre de 2018, dio por concluido el sumario y solicitó la venia a la Junta Departamental para proceder a la Destitución del funcionario sumariado. También se respetó el secreto sumarial. Se realizaron todas las diligencias probatorias necesarias para el esclarecimiento de los hechos en aplicación del principio de verdad material, encontrándose fehacientemente probada la falta que se le imputa al actor. Tratándose de delitos graves, de carácter doloso y cometidos en ocasión y valiéndose del cargo en ejercicio de sus funciones, existiendo una violación al deber funcional de actuar con probidad, buena fe y lealtad que debe tener todo funcionario público. En consecuencia, afirmó que la Resolución de destitución se encuentra debidamente motivada, habiéndose dictado sin desviación, abuso o exceso de poder. III) Por Decreto Nº 8990/2019, se tuvo por contestada la demanda y se dispuso la apertura a prueba del proceso por 60 días, agregándose antecedentes administrativos en 1365 fs. (fs. 18). Se produjo y certificó la prueba agregada de fs. 20 a fs. 49, por cuerda Documentación en 22 fs. y antecedentes administrativos en 305 fs. (fs. 50). IV) Alegaron las partes por su orden, la actora a fs. 53- 60 y la demandada a fs. 63-65. V) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se pronunció mediante Dictamen Nº 212/2021 (fs. 68 y ss.), aconsejando rechazar la demanda. VI) Se citó a las partes para sentencia por Decreto Nº 2400/2021 (fs. 73), la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) En autos se acciona contra la Resolución Nº19/00966 de fecha 15 de febrero de 2019, dictada por la Intendencia de Canelones por la cual se dispuso la destitución del Sr. Jorge Antonio Mónaco por la causal de omisión de los deberes del cargo, conforme al art. 275 numeral 5º de la Constitución de la República (fs. 1351 A.A. en 1365 fs.) II) La notificación personal al actor se realizó con fecha 26 de febrero de 2019 (fs. 1355-1356 A.A. en 1365 fs.) III) Interpuso el recurso administrativo de reposición el día 7 de marzo de 2019 (fs. 3-10 A.A. en 305 fs.) IV) Se configuró el agotamiento ficto de la vía administrativa el día 11 de agosto de 2019. Con posterioridad, la Intendencia de Canelones dictó la Resolución Nº 19/06503 de fecha 13 de setiembre de 2019, resolviendo no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto (fs. 20-21 A.A. en 305 fs.) V) La acción de nulidad se interpuso en plazo el día 3 de octubre de 2019 (conforme nota de cargo de fs. 2 del expediente principal). VI) El Tribunal, contando con la voluntad unánime de sus miembros y, en conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a confirmar el acto administrativo impugnado en base a los siguientes fundamentos. VII) En primer lugar, surge de las actuaciones administrativas, la Resolución Nº 16/07987 de fecha 16 de diciembre de 2016, dictada por el Intendente de Canelones, que resolvió instruir Sumario Administrativo con separación del cargo y retención total de haberes al funcionario Jorge Antonio Mónaco. Resolución que indica como fundamento para el inicio del sumario, el procesamiento con prisión del actor por la comisión de un delito de Asociación para Delinquir en calidad de autor, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de Cohecho Calificado también en calidad de autor (fs. 26 A.A. en 1365 fs.). Fueron agregadas al procedimiento sumarial las actuaciones y prueba diligenciada en Sede Penal, en este sentido, corresponde señalar que este Tribunal, respecto a dicha forma de proceder, en reiteradas oportunidades ha indicado que: “La indiscutible independencia de los procedimientos judiciales y administrativos, no impide que en una sede y vía se tomen en consideración las resultancias de las actuaciones cumplidas en la otra, aunque la resolución judicial no obligue a la Administración y viceversa”. (Cf. Sentencia No. 505/92, 596/93, A.D.A., T. I, p. 29 y 30, Nos. 135 a 137). Así, de las actuaciones agregadas y consideradas para resolver la sanción de destitución del actor, surge la Sentencia Interlocutoria Nº 4803/2016 de fecha 26 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 2º Turno de las Piedras, fundando el procesamiento con prisión dispuesto por auto Nº 4783/2016 (fs. 1123 A.A.). Encontrándose dentro de los encausados el Sr. Jorge Antonio Mónaco, funcionario de la Intendencia demandada que fue procesado con prisión por la presunta comisión de un delito de Asociación para Delinquir en calidad de autor en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de Cohecho Calificado en calidad de autor (fs. 4-18 A.A. en 1365 fs.) Sentencia que, respecto al proceder reprochable penalmente del Sr. Jorge Antonio Mónaco, indicó que el encausado se desempeñaba como inspector de tránsito en la ciudad de Las Piedras y que manifestó que Luis Morales le ofrecía dinero pero que él no aceptaba, reconociendo luego que por aprobar a los aspirantes que éste traía aceptaba propinas, no fijándole ninguna cantidad, aceptando entre $200 y $300. También, de las actuaciones consideradas, surge declaración realizada por el actor ante la autoridad policial el día 22 de noviembre de 2006, en donde, interrogado respecto a si el señor Luis Morales le solicitó en alguna oportunidad evitar las pruebas prácticas a los aspirantes a cambio de un pago de dinero en efectivo, contestó que sí, que lo había hecho en alguna oportunidad recibiendo alguna suma de dinero (fs. 339 A.A. en 1365 fs.). Asimismo, el día 23 de noviembre de 2016, en audiencia del Sr. Juez Letrado de 1ª Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Las Piedras de 1º Turno, la que se desarrolló con el actor asistido por su Defensa, interrogado respecto a si le ofrecían dinero a cambio de no tomar pruebas este respondió que no aceptaba dinero y que sí había recibido propinas de las que no recordaba el monto. Sin embargo, a continuación en el interrogatorio, manifestó que recibió propinas de $200 o $300 a cambio de ayudar con las pruebas. Por último, en dicha diligencia se le da lectura del acta policial en la cual se le preguntó si Luis Morales le solicitó en alguna oportunidad evitar las pruebas prácticas a los aspirantes a cambio de dinero en donde había contestado “sí señor, lo he hecho en alguna oportunidad, no siempre, recibiendo algunas sumas de dinero”, preguntándosele si ratifica lo leído a lo que responde que es correcto (fs. 665-669 A.A. en 1365 fs.). Adicionalmente, la prueba testimonial que se diligenció en la presente causa (Carpeta en 22 fs. “Contesta Oficio Nº128/20”), en nada conmueve las circunstancias históricas en que se funda la decisión de la Intendencia, ya que las mismas dan cuenta de la mera operativa funcional, sin aportar razones exculpatorias que mitiguen o le eximan de la responsabilidad atribuida. Conforme surge de lo expuesto, el Tribunal entiende que se encuentra probada la participación y responsabilidad administrativa del Sr. Jorge Antonio Mónaco en las maniobras irregulares por las que fue procesado con prisión. Maniobra coordinada entre varios funcionarios municipales para facilitar la obtención de licencias de conducir, evadiendo controles a cambio de sumas de dinero en provecho propio. El Tribunal también comparte lo indicado por el instructor sumariante en informe de fecha 24 de octubre de 2018 que, al valorar la conducta reprochada al actor, sostuvo: “…los ilícitos penales que se le imputan son delitos dolosos, y cometidos en ocasión y valiéndose del cargo en el ejercicio de sus funciones, hecho soslayable al momento de aconsejar la sanción a imponer” (fs. 1116 A.A. en 1365 fs.). En consecuencia, no se advierte que se haya lesionado la presunción de inocencia que el actor invoca ni tampoco la ausencia de prueba respecto de la irregularidad por la que se le sanciona. VIII) Por otro lado, el Tribunal tampoco considera que en su proceder la Intendencia haya generado indefensión o haya vulnerado las garantías del debido proceso. De los antecedentes administrativos emerge que se le otorgó vista de las actuaciones al funcionario sumariado, la que fue por este evacuada (fs. 1079-1083 A.A. en 1365 fs.). También que los descargos formulados fueron considerados, haciéndose lugar parcialmente a la prueba cuyo diligenciamiento se solicitó, expresándose además los fundamentos del rechazo de los restantes medios probatorios solicitados (fs.1085 A.A. en 1365 fs.). A continuación, con fecha 24 de julio de 2018, el instructor sumariante le otorgó nueva vista al actor de la prueba diligenciada, comunicándole las fechas de las audiencias de interrogatorio a efectuarse a los testigos propuestos, a efectos de que asistiera con su letrado patrocinante (fs. 1104 A.A. en 1365 fs.). Sin embargo, el actor no asistió a la diligencia de la que fue puesto en conocimiento con antelación suficiente, de lo que se dejó constancia por parte del instructor sumariante (fs. 1110 A.A. en 1365 fs.). Del mismo modo, se observan agregadas a las actuaciones las trascripciones de las escuchas telefónicas que fueron diligenciadas como prueba en el procedimiento penal que también le fue instruido al sumariado, no las grabaciones a diferencia de lo que este indica, transcripciones a las que pudo acceder. Por lo que el agravio de privación del posible control de la prueba diligenciada debe de ser rechazado. Tampoco surge prueba de la vulneración de la confidencialidad del sumario que invoca. IX) El Tribunal tampoco advierte que haya operado la caducidad del proceso sumarial, en este sentido, como lo indica la parte demandada, la instrucción del sumario se dispuso por Resolución Nº 16/07987 de fecha 16 de diciembre de 2016 (fs.1227 A.A. en 1365 fs.) y se tuvo por concluido el sumario por Resolución Nº 18/07680 de fecha 9 de noviembre de 2018 (fs.1234-1235 A.A. en 1365 fs.). Además, con fecha 14 de agosto de 2017, se solicitó prórroga del plazo de instrucción por 90 días al amparo del art. 53 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario por parte del instructor actuante (fs. 1057 A.A. en 1365 fs.), la que fue concedida (fs. 1057 vto. A.A. en 1365 fs.). No configurándose en consecuencia los presupuestos exigidos por la normativa para la caducidad del procedimiento. X) Por último, conforme con lo desarrollado, no se advierte arbitrariedad ni falta de motivación en la Resolución adoptada por la Intendencia de Canelones. Agravios que además son expuestos en forma genérica, sin cumplir el actor con la carga de sustanciación. Por lo que, en base a lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).