Sentencia Definitiva N° 73/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 73 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SÁNCHEZ SOSA, FERNANDO con ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 241/2020). RESULTANDO : I) El actor dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución Nº 2078/2019, Acta Nº 207, de 30 de julio de 2019, emitida por el Consejo de Educación Técnico - Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública, mediante la cual se dispuso sancionarlo con cinco días de suspensión (fs. 258 a 258 vto., en carpeta verde de 295 fojas, A.A.). En necesaria síntesis, el accionante se agravió de: i) la existencia de graves defectos formales porque en el Resultando II) se estableció que no cuenta con antecedentes sumariales y en el informe de la instructora sumariante se indicó que podría considerarse como una circunstancia agravante de su responsabilidad “el contar con antecedentes sumariales” ; ii) falta de consideración de la atenuante de responsabilidad, dada por el contexto de la Escuela Técnica Colón que se mencionó en el referido informe; iii) acumulación con otros expedientes luego de iniciado el sumario por uno solo : ampliación ilegal de la Resolución de inicio del sumario; iv) inexactitudes y errores sobre el fondo del asunto : a) por un lado, se hizo referencia a que las medidas que dispuso el actor están dentro de la autonomía de su cargo y por el otro, se lo sancionó; y b) su proceder fue diligente en todos los casos , tomando medidas acordes a la autonomía de su cargo en todos los casos. En definitiva, demandó la nulidad del acto administrativo encausado (fs. 2 a 6). II) Conferido el correspondiente traslado compareció la Administración Nacional de Educación Pública, que lo contestó oponiéndose al accionamiento. Como surge de los antecedentes administrativos, se inició un sumario administrativo a un docente dependiente del Centro Educativo que dirige el actor. En dicho procedimiento, se constató una importante cantidad de faltas del docente, en varios centros educativos, las que no logró justificar de ninguna forma. A fs. 58 del expediente administrativo, el accionante confirmó que pese a la cantidad de faltas injustificadas del docente no se lo sancionó argumentando que no lo hizo, por no haber sido informado y por estar dicho docente en el rango de “Muy Bueno”. El Director del Centro Educativo no puede no estar informado de las inasistencias de los docentes. Ello denota negligencia en la gestión. De manera que existió omisión en su responsabilidad de control sobre los funcionarios a su cargo. Y también se encontraron otras omisiones similares en el Centro Educativo a su cargo, lo que no puede pasar inadvertido. Es así, que al final de dicho procedimiento la instructora le imputó al docente cuyas inasistencias fueron constatadas una falta de mediana entidad, con la atenuante que los Directores de los Centros Educativos - entre ellos el actor-, aportaron buenos conceptos del referido docente. No obstante, se encontró responsabilidad en los Directores por la falta de control de las inasistencias, lo que vulnera el derecho de los educandos. En función de lo expresado, se dispuso instruirle un sumario, procedimiento en el cual el actor presentó sus descargos y contó con todas las garantías del debido procedimiento. En sus conclusiones finales, la instructora resaltó que existen aproximadamente cuatrocientos docentes y dos mil alumnos en el Centro Educativo que dirige el actor, y que, si bien existe cierta autonomía, esta no puede vulnerar el derecho de los educandos a recibir el servicio. Por otra parte, el docente sumariado por inasistencias no fue el único, existiendo otros omisos en la asistencia regular sin que desde la Dirección se hubiera tomado alguna medida al respecto. Por tratarse de una falta de control reiterada, se llegó a la conclusión que el Director había sido negligente en el efectivo control de la asistencia de los docentes. Asimismo, se consideró como circunstancia atenuante el contexto de la Escuela Técnica de Colón. De dicho informe se le confirió vista al actor, quien la evacuó con todas las garantías procesales. Al presentar descargos se agregaron documentos que no correspondían al objeto del procedimiento sumarial y las sanciones que se presentaron fueron tardías o verbales no documentadas, de manera que pierden su carácter de tales. Por tanto, se mantuvieron las conclusiones y se sugirió una sanción de cinco días de suspensión, que fue la medida que en definitiva se le impuso. De los antecedentes surge que no se tomaron en cuenta como agravante los procesos sumariales en trámite, y como surge del resultado de la sanción, la misma se adoptó sin tener en cuenta antecedente alguno. En cuanto a la autonomía para aplicar sanciones por parte del Director a los docentes a su cargo, debe tenerse presente que se trata de una autonomía reglada (artículos 66 y 67 del Estatuto del Funcionario Docente), con la limitación de valorar la conducta reprochable y los antecedentes. Por otra parte, la sanción impuesta al actor resulta más que benévola, teniendo en cuenta lo que disponen los artículos 53 y 72 de la Ley No. 18.437. En suma, se abogó por la confirmación del acto enjuiciado (fs. 13 a 16 vto.). III) Por decreto No. 4903/2020 (fs. 18) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 24. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 27 - 33 vto. y fs. 35 - 37 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 272/2021 y aconsejó desestimar la demanda (fs. 40 a 41 vto.). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 47). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 2078/2019, Acta Nº 207, se emitió el 30 de julio de 2019 (fs. 258 a 258 vto., A.A.) y se notificó al actor el 12 de agosto de 2019 (fs. 262, A.A.). El 21 de agosto de 2019, interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 271 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 8 de marzo de 2020. La demanda se interpuso el 11 de junio de 2020, dentro del término legal, teniendo presente que el plazo para interponer la acción de nulidad fue suspendido entre el 14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, en virtud de la declaración de Feria Jurisdiccional Extraordinaria dispuesta por las Acordadas del TCA Nº 8, 9, 10 y 11 (nota de cargo, fs. 7). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 3 de enero de 2018, el Departamento de Registro y Control del Programa de Gestión Humana informó a la División Jurídica que el Profesor Luis Fernández Martínez registraba un alto número de inasistencias injustificadas en el año 2017, totalizando de marzo a diciembre cuarenta y una (fs. 2 a 8, A.A.). El 28 de enero de 2018, la División Jurídica aconsejó que se instruyera a dicho funcionario un sumario por omisión (fs. 9, A.A.), lo que se dispuso mediante Resolución Nº 973/2018, Acta Nº 146, de 2 de mayo 2018, del Consejo de Educación Técnico Profesional (fs. 11, A.A.). En el marco de dicho sumario la instructora sumariante emitió un informe circunstanciado el 10 de agosto de 2018 (fs. 60 a 63, A.A.) en el cual señaló que: “Con respecto a la responsabilidad de los Directores de las Escuelas de Pando y Colón, Profesores Alicia Lavega y Fernando Sánchez respectivamente, esta instructora entiende que los jerarcas no aplicaron el poder sancionatorio que les confieren los Art. 66 y 67 del EFD, encontrándose en ambas gestiones una omisión en su responsabilidad de control sobre los funcionarios a su cargo. Sin perjuicio de lo expresado, se advierte que se han detectado idénticas omisiones en la gestión del Director Fernando Sánchez respecto al contralor de las inasistencias de los funcionarios docentes en el centro educativo a su cargo” (fs. 62 a 63, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 5 de setiembre de 2018, se expidió la División Jurídica (fs. 72 a 72 vto., A.A.), la que sugirió: “En relación a la omisión del Director Fernando Sánchez de E.T. Colón, se sugiere instruir sumario, el que podrá decretarse sin separación de cargo ni retención de haberes” (fs. 72 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Por Resolución Nº 2950/2018, Acta Nº 169, de 9 de octubre de 2018, el Consejo de Educación Técnico Profesional dispuso sancionar al docente Luis Fernández Martínez con diez días de suspensión e instruirle sumario al accionante (fs. 74 a 74 vto., A.A.). Tras serle notificada la Resolución que dispuso el inicio del sumario el 13 de noviembre de 2018 (fs. 84, A.A.), el actor presentó un escrito de descargos el 26 de noviembre de 2018 y sostuvo que no correspondía que se le iniciara un sumario y solicitó su revocación, indicando que ya había observado verbalmente por las inasistencias al profesor conversando con el mismo. También señaló que tomó en consideración las inasistencias en el informe docente del 1º de marzo de 2017 (fs. 118 a 120 y fs. 121 a 123, A.A.). El 6 de febrero de 2019, la División Jurídica remitió los descargos y demás recaudos a la instructora ordenando el pase de las actuaciones “para su instrucción” (fs. 124, A.A.). El 9 de abril de 2019, se tomó declaración al sumariado (fs. 137 a 137 vto., A.A), quien al serle exhibido un informe en el que se daba cuenta que el profesor Luis Fernández Martínez había contabilizado 9 inasistencias con y sin aviso en el año 2017 en la Escuela Colón manifestó que dicho docente había tenido una dificultad porque le habían robado el vehículo y entonces tuvo complicaciones para recorrer los no menos de cuatro Centros Educativos que hacía por día. Indicó además que era un docente de perfil bajo, muy cumplidor, con buena actitud y comprometido. Además, señaló que recuperó las horas. Al ser preguntado si como Director del Centro Educativo entendía que debió observar la conducta del docente y sancionarlo, respondió: “Lo conversé verbalmente con él. Pese a que considero que no es una gran cantidad de inasistencias, en el ítem asiduidad y puntualidad puse reparos, tomando en cuenta un poco el perfil del docente” (fs. 137 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Asimismo, se le preguntó si como Director del Centro Educativo tuvo que comparecer a la División Jurídica “por situaciones similares con otros docentes omisos” , a lo que contestó que: “Si, he venido en varias oportunidades, quizás por cinco docentes” (fs. 137 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). El 10 de abril de 2019, la instructora emitió su informe circunstanciado (fs. 139 a 140 vto., A.A.) en el que medularmente concluyó lo siguiente: “Sin perjuicio de que en autos se analiza la situación de un docente que contabilizó 9 inasistencias durante el año lectivo 2017, y que las medidas dispuestas por el Director Sánchez se encuentran dentro de la autonomía técnica que representa su cargo; es necesario mencionar que no se trata del único docente con múltiples inasistencias injustificadas. En efecto. Nótese que en Expedientes 1568/18, 1592/18, 2399/18, 5899/17, 681/18, 7446/17, 7376/17, 7369/17 y 7280/17 (al menos), se verifican similares situaciones de docentes omisos en la asistencia al centro educativo, sin que desde la Dirección del Centro Escolar se hubiera tomado medida alguna al respecto. En el entendido que la falta de control resulta entonces reiterada, permite llegar a la conclusión que el Director Fernando Sánchez no ha sido diligente en el efectivo control de la asistencia de los docentes y esa omisión impacta directamente n la misión de asegurar el derecho a la educación de los educandos. Del punto de vista administrativo y de gestión del centro, se trata de una intervención relevante y que merece ser ejercida con todas las facultades que el Estatuto del Funcionario Docente pone a su alcance. En conclusión, la suscrita entiende que el Director Fernando Sánchez tiene responsabilidad funcional por el parcial cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 3º Literal G y Arts. 64, 65 y 66 del EFD, constituyendo la comisión de falta administrativa calificada como de mediana entidad, pasible de sanción. Podrá considerarse como circunstancia atenuante de su responsabilidad, el contexto de la Escuela Técnica Colón -el que por su complejidad en cuanto a los vínculos - pudo incidir en el Director para tomar medidas más drásticas respecto al ausentismo docente. Podrá considerarse una circunstancia agravante de su responsabilidad, el contar con antecedentes sumariales” (fs. 139 a 140 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Notificado el 9 de mayo de 2019, de la vista de las actuaciones (fs. 144, A.A.), el actor presentó escrito de descargos (fs. 145 a 150, A.A.) en los que controvirtió la imputación que se le formuló por la instructora por no haber adoptado ninguna medida respecto de los docentes que presentaron inasistencias. En lo que respecta al docente Luis Fernández, se remitió a su anterior escrito de descargos e hizo hincapié en el informe anual del 1º de marzo de 2017, donde en el ítem asiduidad y puntualidad lo calificó con reparos. Asimismo, reiteró que dicho docente fue observado en forma verbal. Por otro lado, defendió su autonomía técnica para proceder de esa manera. A su vez, dedicó sendos párrafos a demostrar su proceder diligente describiendo las acciones que realizó respecto de “todos los funcionarios que presentaron reiteradas inasistencias adjuntando pruebas de los hechos”, identificando cada uno de los funcionarios y expedientes por los cuales se le había señalado un proceder omiso (véase particularmente lo manifestado de fs. 145 a 147 y la documentación agregada de fs. 151 a 251, A.A.). El 28 de mayo de 2019, la instructora emitió un nuevo informe en el que no encontró elementos que le permitieran rever su postura (fs. 252, A.A.). El 29 de mayo de 2019, se pronunció la División Jurídica (fs. 253 a 255, A.A.), la que advirtió que Fernando Hugo Sánchez Sosa tenía sumario en trámite, pero no contaba con antecedentes sumariales (fs. 253, A.A.). Así, luego de realizar los controles formales y reseñar las actuaciones tramitadas, la dictaminante concluyó: “1. El Director de la Escuela Técnica Colón Fernando Hugo Sánchez Sosa no ha ejercido correcta y acabadamente el poder disciplinario del cual es titular en virtud de la normativa vigente. 2. Tal omisión impacta negativamente en la gestión del centro escolar y en el derecho que tienen los estudiantes de recibir clase. 3. En sus descargos el director agrega informes anuales de dirección al docente, lo que no refieren al objeto del procedimiento, son cuestiones distintas y como tales deben valorarse. Las sanciones que agrega o bien son tardías (en los meses de octubre y/o diciembre), o bien son sanciones verbales documentadas con lo cual pierden el carácter de tal (la observación verbal debió registrarse en el momento en que se produce el llamado de atención y quedar registrado en el cuaderno diario en la misma fecha). También agrega otros elementos que no son pertinentes en relación al objeto del procedimiento (fojas 154 y 155). 4. No se valoran atenuantes ni agravantes. 5. Por lo expuesto, y coincidiendo con la instructora en cuanto a que la omisión del director Sánchez es reprochable y configura una falta administrativa de mediana entidad, pasible de sanción acorde: se sugiere sancionar al Director Fernando Hugo Sánchez Sosa con 05 días de suspensión” (fs. 254 a 255, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el Consejo de Educación Técnico-Profesional dispuso, por unanimidad, sancionar con cinco días de suspensión a través del acto que se procesa en autos (fs. 258 a 258 vto., A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 40 a 41 vto. vto.) y se pronunciará por la confirmación del acto impugnado, por los fundamentos que se explicitarán. La esencia de los agravios planteados puede sintetizarse así: 1º) La existencia de graves defectos formales, porque en el Resultando II) se estableció que no cuento con antecedentes sumariales y en el informe de la instructora sumariante se indicó que podría considerarse como una circunstancia agravante de mi responsabilidad “el contar con antecedentes sumariales”. 2º) Falta de consideración de la atenuante de responsabilidad dada por el contexto de la Escuela Técnica Colón que se mencionó en el referido informe. 3º) Acumulación con otros expedientes luego de iniciado el sumario por uno solo : ampliación ilegal de la Resolución de inicio del sumario. 4º) Inexactitudes y errores sobre el fondo del asunto : a) por un lado, se hizo referencia a que las medidas que dispuso el actor están dentro de la autonomía de su cargo y por el otro se lo sancionó; b) su proceder fue diligente en todos los casos , tomando medidas acordes a la autonomía de su cargo en todos los casos. A continuación, se procederá al examen de los agravios, por su orden. IV) En lo inicial, cabe precisar que en autos se procesa la Resolución Nº 2078/2019, Acta Nº 207, por la cual al término de la instrucción del sumario se sancionó al actor con cinco días de suspensión (fs. 258 a 258 vto., A.A.). No se encuentra dentro del objeto del proceso la Resolución Nº 2950/2018, Acta Nº 169, mediante la cual se le dispuso la instrucción del sumario administrativo (fs. 74 a 74 vto., A.A.), acto que el actor no recurrió, ni demando su nulidad, limitándose a presentar descargos contra el mismo en vía administrativa. Formulada esta aclaración, procede ingresar a la consideración del primer agravio , que apuntó a la existencia de graves defectos formales, porque en el Resultando II) se estableció que (el actor) no cuenta con antecedentes sumariales y en el informe de la instructora sumariante se indicó que podría considerarse como una circunstancia agravante de su responsabilidad “el contar con antecedentes sumariales”. Si bien, es cierto que la instructora sumariante señaló que el actor contaba con antecedentes sumariales (fs. 140 vto., A.A.), dicha equivocación fue subsanada a partir del informe de la División Jurídica (fs. 253, A.A.), que fue el que en definitiva se tomó en cuenta en el acto impugnado. En este se consignó específicamente en el Resultando II) “que tiene sumario en trámite, pero no cuenta con antecedentes sumariales” (fs. 258, A.A.) (la negrilla no está en el original). Por lo tanto, el agravio de mención carece de objeto desde que el acto enjuiciado no consideró la existencia de antecedentes sumariales como circunstancia agravante para sancionarlo. V) Continuando con el análisis, el segundo agravio, se focalizó en cuestionar la falta de consideración de la atenuante de responsabilidad dada por el contexto de la Escuela Técnica Colón que se mencionó en el informe de la instructora sumariante (véase fs. 140 vto., A.A.) Dicho parecer, no fue recogido en el informe de la División Jurídica que sostuvo que “No se valoran atenuantes ni agravantes” (fs. 255, A.A.) y aconsejó imponerle una sanción de cinco días de suspensión. El referido contexto pudo resultar una cuestión opinable, que, al tenor de lo dictaminado por la División Jurídica, el Jerarca entendió que no resultaba del caso considerar. Por lo demás, y en atención a la entidad de la falta que a la postre se le terminó imponiendo, tampoco se advierte que la alegada desconsideración de dicha atenuante constituya un vicio susceptible de irrogar la nulidad del encausado. VI) En lo que respecta al tercer agravio, conforme al cual se esgrimió que hubo una acumulación con otros expedientes luego de iniciado el sumario por uno solo , configurando una ampliación ilegal de la Resolución de inicio del sumario , el Tribunal no advierte que el agravio resulte de recibo. En primer lugar, porque si bien, es cierto que el inicio de las actuaciones se originó a raíz de la constatación de un significativo número de inasistencias del profesor Luis Fernández Martínez (fs. 2 y fs. 74 a 74 vto., A.A.), las omisiones del actor en los controles de situaciones similares a las de dicho funcionario ya habían sido puestas de manifiesto al concluir el sumario de Fernández, al punto tal que en el informe circunstanciado de 10 de agosto de 2018, se había señalado que “Sin perjuicio de lo expresado, se advierte que se han detectado idénticas omisiones en la gestión del Director Fernando Sánchez respecto al contralor de las inasistencias de los funcionarios docentes en el centro educativo a su cargo” (fs. 63, A.A.) (la negrilla no está en el original). En segundo término, porque siguiendo a Cajarville el Tribunal ha entendido que “La promoción del procedimiento administrativo, cualquiera sea su forma, no produce el efecto delimitador del contenido de las actuaciones subsiguientes y de la decisión final, propio de la demanda y su contestación en el procedimiento judicial civil ; de manera que la Administración podrá resolver cualquier punto que aparezca durante la sustanciación aunque no haya sido planteado inicialmente , y el interesado podrá modificar la pretensión que ha deducido en el procedimiento, en sus fundamentos o en su contenido, cuantitativo o cualitativo. Es así por los principios de legalidad objetiva, impulsión de oficio y verdad material, así como de informalismo en favor del administrado, que imperan en el procedimiento administrativo” (Cf. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “Procedimiento Administrativo en el Decreto 500/991”, Montevideo, Editorial Idea, 1997, p. 82)” ( sentencia Nº 1039/2017) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el casus, el Tribunal advierte que el punto referente a la omisión del actor en adoptar medidas como Director de un Centro Educativo respecto de otros funcionarios ya había aparecido durante la instrucción del sumario del docente Luis Fernández Martínez y se volvió a tratar en el decurso del sumario instruido al actor , quien admitió, sin ningún tipo de reparos, que había concurrido en otras ocasiones a la División Jurídica por situaciones de otros docentes (véase su declaración en actas, a fs. 137 vto., A.A.) y luego controvirtió cada una de las situaciones respecto de las cuales se le atribuyó responsabilidad por falta de ejercicio de sus poderes sancionatorios (véase el escrito de descargos de fs. 145 a 147, A.A.). Así las cosas, el Tribunal no observa ilegitimidad en el proceder de la Administración, ni conculcación del derecho de defensa del actor y coincide con el dictamen del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en cuanto señala que: “tampoco parece de recibo el que se agravie porque se aludió a la existencia de situaciones similares con respecto a otros docentes. Elementales razones de economía procesal imponían el tomar una decisión que, por otra parte, debe ser catalogada como benigna, no cercenándose garantía alguna de defensa desde que posteriormente se confirieron las correspondientes oportunidades de defensa en el sumario por lo que no parecen de recibo los agravios relativos a la violación del principio del debido proceso y derecho de defensa .” (fs. 41 vto., infolios) (la negrilla no está en el original). VII) Por último, resta por examinar el cuarto agravio , centrado en inexactitudes y errores sobre el fondo del asunto porque: a) por un lado, se hizo referencia a que las medidas que dispuso el actor están dentro de la autonomía de su cargo y por el otro se lo sancionó; b) su proceder fue diligente en todos los casos , tomando medidas acordes a la autonomía de su cargo, en todos los casos. En lo que respecta a la autonomía del cargo de Director , debe de verse que esta no implica que la Administración no se encuentre facultada para ejercer sus potestades de control ante el incumplimiento de sus deberes funcionales como gestor de un Centro Educativo. Y dentro de esos deberes está el de sancionar a aquellos docentes que reiteradamente incumplían con su deber de asistir a las clases. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto Docente, “El jerarca respectivo es responsable del cumplimiento de los deberes y obligaciones que la Constitución de la República, la Ley y el presente Estatuto o las disposiciones complementarias impongan al personal que se encuentra bajo su dependencia. Son jerarquías especialmente responsables de velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal docente : los Inspectores en el orden de sus grados sobre las áreas de su competencia, siguiéndoles en autoridad los docentes que desempeñan cargos de Director y Subdirector o quien haga sus veces, respecto de los funcionarios a sus órdenes.” (la negrilla no pertenece al texto original). Y según lo previsto por el artículo 3 del referido Estatuto, “Son deberes específicos del funcionario docente: a) Mantener idoneidad y ejercer sus funciones con dignidad, eficacia y responsabilidad. b) Responder a las exigencias de una educación integral del alumno, propendiendo al libre y armónico desarrollo de su personalidad. c) Respetar la individualidad de los educandos, ajustándose en su conducta a los principios de dignidad, igualdad y solidaridad humana. d) Garantizar plenamente la independencia de la conciencia moral y cívica del educando, ya que la función docente obliga al tratamiento integral, imparcial y crítico de las diversas posiciones o tendencias relativas al estudio y la enseñanza de la asignatura respectiva. e) Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será preceptiva causal de destitución. f) Desempeñar los cometidos ordinarios y extraordinarios que determine la autoridad de la que depende, en atención a la naturaleza del cargo. g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del Ente y respetar el orden de las jerarquías funcionales.” (la negrilla y el subrayado no pertenecen al texto original). En lo que concierne al proceder diligente, el actor no logró revertir la eficacia convictiva de la situación que acreditó la Administración en cuanto a la existencia de reiteradas situaciones de inasistencias de funcionarios a su cargo, los que tampoco fueron sancionados. En el sub - examine se ha realizado una correcta subsunción y ponderación de la plataforma fáctica deducida dentro del esquema normativo aplicable a la conducta funcional del accionante. El Tribunal exige que “exista una conexión lógica entre el entorno fáctico del acto sancionatorio y el fin perseguido en aras del servicio involucrado (…) ” (sentencias No. 481/2008), todo lo cual se verifica en el caso. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución. FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).