Sentencia Definitiva N° 70/2022

DECRETERO DE SETENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022 No. 70 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PREMOLDEADOS Y EN HORMIGON S.A. con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 339/2019). RESULTANDO : I) A fs. 7 compareció Pablo SALABERRIBORDA, en representación de Premoldeados y en Hormigón S.A. a demandar la nulidad de la resolución 364269, de 12 de setiembre de 2018, dictada por la Gerencia de Fiscalización, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se determinan adeudos por el período 01/01/2015-30/11/2015, por concepto de aporte patronal y mínimo, multas y recargos; multa del artículo 10, Ley Nº 16.244 (omisión de constancia) y la prevista en el artículo 87 de la Ley Nº 16.713, por un monto total que asciende a la suma de $U 177.943 (AA fs. 69). Sostuvo que el acto impugnado fue dictado en contravención a las reglas de Derecho imperantes en la materia y con desviación de poder. En primer término, adujo que en la resolución impugnada se dice que no se presentaron descargos, cuando ello no fue así, por lo que entiende que tal falsedad, es motivo suficiente para anular el acto. En segundo término, afirmó que el Organismo demandado no tuvo en cuenta la declaración de la empresa y fundamentó su decisión en la prueba testimonial telefónica de dos testigos (GORRIA y OLIVERA) prueba que considera insuficiente, en tanto se sustenta en meras conjeturas y presunciones de los funcionarios actuantes. Por tanto, concluyó que el acto enjuiciado carece de motivación suficiente y se aparta de la búsqueda de la verdad material que rige el actuar administrativo. Cuestionó también la base de cálculo de la multa impuesta del artículo 10 de la Ley Nº 16.224, la que definió como caprichosa y con apartamiento del principio de verdad material. Por su parte, tampoco compartió la multa impuesta al amparo del artículo 87 de la Ley Nº 16.713, la que entendió excesiva, ya que se trata de la máxima permitida. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 20 el representante del Banco de Previsión Social defendiendo la legitimidad el acto en causa, controvirtiendo los agravios invocados. En relación con la falsedad por la referencia a la no presentación de descargos en el Resultando de la resolución, indicó que ello se debió a un error material, totalmente ininfluyente en el asunto. Expuso que de los antecedentes administrativos surge claramente que el contenido de dicha resolución, por un monto total de $U 177.943,63, es consecuencia directa de la recepción parcial de los descargos presentados por el contribuyente. Sostuvo que no existe controversia en cuanto a la verificación de ocultación de personal, circunstancia que fuera admitida expresamente en la declaración jurada del titular de la empresa; y tampoco existe litigio en relación al monto del jornal. Por lo tanto, la controversia se da únicamente con relación a la cantidad de jornales que trabajó FALCÓN. Hizo referencia a los diversos elementos recabados en las actuaciones administrativas, a partir de los cuales surge que el Sr. FALCÓN trabajó para la actora en el período 01/2015-11/2015, llevándose a la mayor cantidad de jornales realizados por el trabajador declarado en nómina y por un monto diario de $U 800. Los inspectores realizaron un relevamiento en la zona, con vecinos y se comunicaron con dos ex compañeros de trabajo (GORRIA y OLIVERA) que constataron que el denunciante trabajó para la empresa contribuyente, mayor cantidad de días que los expresados por la actora. También se evaluó la documentación presentada por el contribuyente en oportunidad de la evacuación de la vista conferida, se agregaron nóminas, el acta del Ministerio de Trabajo y la declaración del representante de la actora, todo lo cual fue valorado. Por otra parte, también fue valorada la circunstancia de que la empresa no aportó ninguna documentación que permitiera conocer la verdad material de los hechos, lo que justificó razonablemente la aplicación de lo previsto en el artículo 66 del C.T. Sobre los cuestionamientos en relación con OLIVERA y GORRIA, brindó argumentos que acreditan que no le asiste razón a la actora. Respecto a la multa del artículo 10 de la Ley Nº 16.244 destacó que la actora únicamente se agravia en relación con la base de cálculo, más no en cuanto a su tipificación, por lo que corresponde rechazar este agravio. En cuanto a la multa impuesta al amparo del artículo 87 de la Ley Nº 16.713, el quantum aplicado es 1 UR por mes. Por lo tanto, la impuesta no corresponde a la mayor graduación que se puede aplicar al caso de autos, es decir, cuando la declaración se realiza de oficio. Todo lo contrario, corresponde al mínimo. En definitiva, solicitó se desestime la demanda y se confirme el acto enjuiciado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 27) se produjo la que luce certificada a fs. 57. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 60-65 y 66-72). V) Conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la anulación del acto impugnado con excepción de la multa prevista por el artículo 87 de la Ley Nº 16.713, por Dictamen No. 133/2021. VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra de la resolución 364269, de 12 de setiembre de 2018, dictada por la Gerencia de Fiscalización, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la cual se determinan adeudos por el período 01/01/2015-30/11/2015, por concepto de aporte patronal y mínimo, multas y recargos; multa del artículo 10, Ley Nº 16.244 (omisión de constancia) y la prevista en el artículo 87 de la Ley Nº 16.713, por un monto total que asciende a la suma de $U 177.943 (AA fs. 69). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos para que pueda ingresarse al análisis de mérito del asunto (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y arts. 4 y 9 de la Ley No. 15.869). III) El Tribunal, por unanimidad, discrepando con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la confirmación del acto impugnado. IV) Las actuaciones administrativas se iniciaron en virtud del reclamo efectuado por el trabajador Jorge John FALCON ALANIS, quien declaró haber trabajado para la empresa del Sr. Pablo SALAVERRIBORDA, sita en Ruta 5, Km. 36, Juanicó, Canelones, por el período 01/03/2014-08/11/2015, de lunes a viernes, en el horario de 08.00- 12.00 y 13.00-18.00, percibiendo $ 100 la hora y no habiendo sido ingresado en planilla (AA fs. 2 vto.-3). A fs. 4 vto. de los antecedentes luce un acuerdo transaccional arribado por las partes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se le abonó al trabajador $ 30.000 por los rubros laborales reclamados. Por acta de fecha 20 de noviembre de 2017 se le intimó a la empresa actora comunicarse con el BPS (AA fs. 20 vto.) y el 4 de diciembre siguiente se le tomó declaración a Pablo SALABERRIBORDA, titular de la empresa. Éste reconoció que el Sr. FALCON trabajó para él por el espacio de un año “todo el año 2015” , aunque puntualizó que iba una vez al mes, que realizaba tareas de limpieza, barrido de galpones, en la modalidad “changas” y se le abonaba por tales tareas $ 800 líquidos el jornal, que a veces era de 4 horas o un poco más. Precisó que no se le entregaba recibo al trabajador. (AA fs. 7 vto. y 21). En “Acta de Hechos ” de fecha 20 de diciembre de 2017, luciente a fs. 8 y 21 AA, consta que “de información obtenida en la zona (vecinos) y de comunicación telefónica con ex compañeros de trabajo del Sr. FALCON, Sres. Richard GORRIA y William OLIVERA, surge que el solicitante (Sr. Falcon) trabajó en forma regular en la empresa, de lunes a viernes, no más de un año aproximadamente. Al no existir otros elementos en cuanto al período se toma lo declarado por el titular en referencia al tiempo trabajado, no así los días que declara que trabajó”. A fs. 22-23 de los antecedentes se agrega consulta de datos registrales de la S.A. actora y a fs. 24, planilla de ingreso auditor. A fs. 24 vto. luce informe complementario de acta final de inspección y vista y por actuación de fs. 26 vto. se dispuso el pase a Unidad de Procesamiento Interno a efectos del cálculo de la deuda por ocultación de la actividad del denunciante, por el período 01/2015-11/2015 (fs. 26 ibídem.). Ello se efectivizó a fs. 29-33, procediéndose, asimismo al cálculo de la multa prevista en el artículo 10 de la Ley Nº 16.244. Se confirió vista a la actora (fs. 36 vto.) presentando ésta descargos a fs. 41-43 ibídem. Dichos descargos fueron analizados por el equipo inspectivo actuante en un nuevo informe complementario, con fecha 20 de agosto de 2018 (AA fs. 60 y vto.) oportunidad en la cual se analizan los descargos de la empresa y se deja constancia que: “Se aclara en primera instancia que la empresa no controvierte la actividad de dependiente, se agravia por la cantidad de jornales gravados (se gravaron 20, no 30 jornales). No aporta pruebas documentales que permitan conocer los hechos, por lo tanto se debe de actuar de oficio (art. 66 CT), y a los efectos de determinarse la irregularidad, se debe presumir los hechos para llegar a determinar la base de cálculo. (…)” Los inspectores rectifican parcialmente lo determinado en primera instancia, en cuanto a la cantidad de jornales trabajados por el reclamante, pero manteniendo el valor del jornal ($ 800). Con fecha 10 de setiembre de 2018 el Jefe de la Unidad Operativa 2 (Interior) compartió lo informado por los inspectores en el sentido de que debía hacerse lugar parcialmente a los descargos presentados; procediéndose a calcular nuevamente los adeudos por parte de la Unidad Procesamiento Interno (fs. 64-68 ibídem). Finalmente, la Gerencia de Fiscalización de ATYR procedió al dictado del acto que se enjuicia en los presentes obrados. V) Las actuaciones administrativas relevadas supra, llevadas a cabo por el Organismo demandado, dan cuenta de la regularidad procedimental del acto enjuiciado. Resulta evidente que la Resolución impugnada padeció un evidente error material en su Resultando y Considerando al expresar que el contribuyente no evacuó la vista conferida y no presentó descargos. Dicho error no puede de modo alguno viciar el acto. Véase, en tal sentido, que tanto el informe de los inspectores actuantes (AA fs. 60 y vto.) como el de la Unidad Operativa (AA fs. 62) dan cuenta, uno a uno, de los descargos formulados por la empresa actora. Así exponen: -que la empresa no controvierte la actividad del dependiente, agraviándose únicamente de los jornales gravados (se gravaron 20, no 30 jornales); -que no aporta pruebas documentales que permitan conocer los hechos, por lo tanto se debe de actuar de oficio (art. 66 CT); -que por tanto se debe presumir los hechos para llegar a determinar la base de cálculo; -que en referencia a lo alegado por la empresa relativo a que el Sr. Richard GORRIA, ex trabajador de la empresa, al cual los inspectores consultaron, está en juicio laboral contra la S.A., ello es irrelevante, ya que existe independencia de poderes. A similar conclusión arriba el Organismo, respecto al aporte de testimonio judicial por parte de la empresa contribuyente, que considera irrelevante; -con respecto a lo alegado sobre el Sr. William OLIVERA, éste fue dependiente de la empresa por el período 03/2013-07/2015, coincidiendo en gran parte por el período trabajado por el solicitante. De todas formas, se rectifica parcialmente lo determinado en primera instancia de $U 231.074,05 (AA fs. 32 vto.) procediéndose a recalcular los adeudos, lo que arroja un monto final de $U 177.942,63 (AA fs. 67 vto.). En definitiva, el error material en que incurre el BPS es claramente ininfluyente e intrascendente pues no existió indefensión alguna en el caso. VI) El agravio que denuncia la ausencia de prueba, tampoco resulta a juicio del Tribunal de recibo. Al respecto, la actora refiere a que no se tuvo en cuenta las declaraciones de la empresa, o bien que la determinación se sustentó en testimonios que fueron recabados en forma irregular. No le asiste razón. La ocultación de personal fue expresamente reconocida por el representante de la empresa, Sr. Pablo SALABERRIBORDA en su declaración en vía administrativa (fs. 7 vto. y 21 AA) y debidamente constatada ante la ausencia de registro en el Organismo. Por otra parte, tampoco la empresa aportó ninguna documentación que permitiera conocer la verdad material de los hechos. En tal sentido, el artículo 70 del Código Tributario impone a los contribuyentes una serie de obligaciones a efectos de colaborar en las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración; en especial, deberán: “A) Llevar los libros y registros especiales y documentar las operaciones gravadas en la forma establecida por la ley, el reglamento o las resoluciones de los organismos recaudadores. B) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y comunicarán oportunamente sus modificaciones. C) Conservar en forma ordenada los libros y demás documentos y registros durante el término de prescripción del tributo, según lo dispuesto por las normas pertinentes. D) Facilitar a los funcionarios fiscales autorizados, las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar, domicilios, establecimientos industriales o comerciales, oficinas, depósitos y medios de transporte. E) Presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, comprobantes de legítima procedencia de mercaderías, y toda documentación relacionada con hechos generadores de obligaciones tributarias, y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas. F) Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria. G) Concurrir a las oficinas fiscales cuando su presencia sea requerida”. En la emergencia, la empresa no presentó “recibos de sueldos o constancias de pago de remuneraciones, registro de asistencia y jornales trabajados; salidas de caja, registros contables, etc.” (Vide fs. 62 AA). Ello determinó la aplicación del artículo 66 del Código Tributario disposición que prevé “si no fuera posible conocer de manera cierta y directa aquellos hechos, el organismo recaudador deberá inducir la existencia y cuantía de la obligación (…). Se entenderá que existe imposibilidad de conocer de manera cierta y directa los hechos previstos por la Ley como generadores del tributo, en los casos de inexistencia total o parcial o de no exhibición de los registros contables o documentación de operaciones del obligado según las previsiones legales o reglamentarias, cuando la contabilidad se aparte de los principios y normas de técnica contable y cuando se demuestre que la contabilidad y la documentación no concuerdan con la realidad. Se considerarán inexistentes los registros contables o la documentación que resulten ilegibles o ininteligibles”. De manera que nada cabe objetar a lo actuado por la demandada. Por lo demás, los cuestionamientos respecto a las declaraciones de OLIVERA y GORRIA resultan intrascendentes a la luz de los entendimientos precedentes. El equipo inspectivo entendió razonablemente que los elementos presentados por la empresa resultaban irrelevantes, por cuanto no lograron acreditar que el denunciante, Sr. FALCON, realizaba menos jornales que los tomados en las actuaciones. Así, se procedió a rectificar la determinación primigenia según lo declarado por la empresa inspeccionada para el resto del personal: “De acuerdo a lo informado, los suscritos rectifican parcialmente lo determinado en primera instancia, en cuanto a la cantidad de jornales trabajados por el reclamante, llevándose a la mayor cantidad de jornales realizados por el trabajador declarado en nómina, en el período verificado, disminuyéndose lo determinado en la primera pericia. Sí se mantiene el valor del jornal a $ 800 líquidos” (AA fs. 60 vto.). En otro orden, no existe prueba alguna de la desviación de poder invocada por el contribuyente en la medida que no acredita que el Organismo previsional dictase el acto de determinación enjuiciado con una finalidad aviesa, ilegítima, distinta a los poderes fiscalizadores y recaudatorios que le confiere el ordenamiento jurídico. VII) Por último, en relación con las multas aplicadas al amparo de lo previsto por el artículo 10 de la Ley Nº 16.244 y artículo 87 de la Ley Nº 16.713, ambas resultan ajustadas a Derecho. Sobre la primera, nada cabe objetar a la actuación del Organismo demandado en tanto la misma se imponía al tratarse de un trabajador “en negro” al que no se le extendían ningún tipo de recibos de sueldo ni constancias de especie alguna y fue correctamente fijada en base al jornal determinado. Sobre la segunda, el período adeudado es de 11 meses (01/2015- 11/2015). La Administración aplicó 11 UR (AA fs. 64-67) que corresponde a 1 UR por mes, es decir, el mínimo previsto, conforme lo previsto por el literal C) del artículo 87, cuando la declaración fuere de oficio. Por los fundamentos y textos normativos precedentemente expuestos, de conformidad con lo establecido por los arts. 309 y ss. de la Constitución de la República y demás disposiciones complementarias, el Tribunal, por unanimidad FALLA : Desestímase la demanda de nulidad promovida y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)