Sentencia Definitiva N° 69/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022 No. 69 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AGUILAR RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 728/2019). RESULTANDO: I) La acción de nulidad, deducida a fojas 2 y siguientes, se dirige contra la Resolución DP 24/2019, dictada por la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, con fecha 19 de marzo de 2019, que denegó la jubilación por causal común solicitada por el actor, por no cumplir con los extremos de prueba exigidos (fs. 51 y 52 A.A.). En el año 2018, se presentó el Sr. Miguel Ángel Aguilar Rodríguez, ante la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social -en adelante BPS- para iniciar el trámite jubilatorio. Mediante la Resolución objeto del presente accionamiento, la Administración negó la jubilación, por considerar como no probados los períodos de aportes comprendidos en los años 1972 a 1982. La parte actora, al fundar su demanda, se agravió sobre la valoración de la prueba diligenciada en sede de procedimiento administrativo que, a su entender, resultaría violatoria del Principio de Verdad Material. Al respecto, indicó que mediante el informativo testimonial diligenciado, se acreditaron servicios a los efectos jubilatorios, que fueron ilegítimamente denegados, lo cual meritaría la anulación de lo resuelto. En su respaldo, se apoyó en diversas normas, tales como, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Constitución de la República en sus artículos 7, 72 y 332, y el artículo 18 de la Ley No. 16.713. En síntesis, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Conferido el traslado correspondiente, la Dra. Silvia Tubino Mezzano -en representación del Banco de Previsión Social - compareció a fojas 11 y siguientes, rechazando los agravios esgrimidos por la parte actora. BPS señaló que la demanda se promovió en mérito al no reconocimiento de un período que totaliza 10 años, en los que argumentó el accionante haber trabajado para cuatro empleadores distintos. Refirió al carácter insuficiente de la prueba testimonial diligenciada a efectos de probar los servicios denunciados. Expresó que los testigos se limitaron a denunciar que el actor trabajó, pero el común denominador en sus declaraciones es que desconocen los períodos y las funciones que desarrollaba. Añadió que el actor solicitó nueva prueba testimonial, lo que si bien aportó nueva información sobre la actividad del titular, casi exclusivamente para PANADERÍAS UNIDAS, tampoco pudo acreditar siquiera el período en el que laboró el Sr. Aguilar, ni otras circunstancias inherentes a su desempeño laboral; no consignó cuándo empezó a trabajar, cuando cesó en su labor ni ningún otro elemento indispensable para que pueda procederse al cómputo de los períodos de servicio. La Administración concluyó su contestación de demanda anulatoria, remarcando que el accionante solo logró computar un total de 12 años, 11 meses y 21 días de trabajo, extremo que determina que no pueda acceder a la jubilación pretendida. En definitiva, abogó por la confirmación del acto encausado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 15) se produjo la que luce certificada a fs. 44, correspondiendo a la parte actora la de fs. 26 a 39 y a la parte demandada la de fs. 40 a 43. IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden, a fs. 47 y 48, y de fs. 51 a 53, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 147/2021, fs.56) aconsejó desestimar la demanda y confirmar el acto impugnado. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La Resolución DP 24/2019 fue notificada el día 19 de marzo de 2019. El pretensor interpuso contra la misma, los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el 29 de marzo de 2019 (fs. 53 y 54 A.A.). La recurrencia fue fictamente desestimada con fecha 22 de octubre de 2019, por lo que la demanda anulatoria introducida el 7 de noviembre de 2019, lo fue en tiempo útil (fs. 2 y ss.). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, quedará firme el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. El 5 de junio de 2018, el actor presentó ante el BPS solicitud de jubilación (fs. 1 y 2 A.A.). Tal como surge de los antecedentes administrativos, al accionante le fue denegado el reconocimiento del período 1972 a 1982, denunciado como laborado de afiliación Industria y Comercio. A los efectos de probar los servicios declarados en diferentes firmas durante el referido período, se ofrecieron los testimonios que obran a fojas 16 y 17 de los Antecedentes Administrativos, lo cual fue oportunamente diligenciado. La testigo María Elena Vilar indicó que el actor: “Trabajaba cerca de la James en una casa de plástico. Recuerdo que mi ex marido iba junto con él, caminando iban. Fue después que yo me casé; por el año 1977 en adelante, no me acuerdo cuanto tiempo estuvo, no me acuerdo, fueron unos cuantos años. Después trabajó en una curtiembre por Nuevo París, en una panadería como 4 años, sé que trabajó en dos curtiembres ” (fs. 20 A.A.). La declaración del testigo Juan José Melgar de fs. 21 A.A. no aporta información sobre lo que se pretende probar. Luis Alberto Sosa, quien testificó a fs. 24 A.A., expresó : “Él trabajó en una fábrica de plásticos, no sé el nombre, creo que era por Capurro, yo lo veía salir y sabía que él trabajaba ahí, por el setenta y algo, sé que estuvo buen tiempo, póngale 3 años, no puedo especificar, no sé más datos. Él estuvo en una imprenta, no sé nombre ni dueños, sé porque lo veía salir, no puedo especificar más. Y después creo que estuvo en una panadería también. No sé más que eso. (…) No sé fechas, sólo lo que ya dije”. La prueba testimonial fue considerada insuficiente por parte de la Administración, con el fin de computar años de aportes jubilatorios (fs. 28 A.A.). De las actuaciones precedentes se confirió vista al actor (fs. 35 vto. A.A.) la cual fue evacuada mediante comparecencia obrante a fs. 37 de A.A., donde se propusieron nuevos testigos. Se procedió a diligenciar la prueba propuesta (fs.39 a 44 A.A.). Así, el testigo Juan Ortega manifestó: “ Él trabajaba en Panaderías Unidas, (…) era ayudante de panadero, trabajaba armando los distintos tipos de panes” (fs. 39 vto. A.A.). Sostuvo que ingresó a la panadería en 1974 y que en ese momento el actor ya se encontraba trabajando allí desde hacía un año o dos, que luego trabajaron en la Curtiembre BRANA, en la que el Sr. Aguilar se ocupaba del entintado de cueros. Refiere que trabajó en dicha curtiembre por los años 1982- 1983 y que el pretensor ya se encontraba trabajando allí cuando el entró. Más adelante, expresó que trabajaron en SANITARIA RIZOTO haciendo sanitaria de obras, pero no recuerda bien las fechas. Por último, el testigo indicó que el actor trabajó en una pollería de la que no conoce el nombre; lo recuerda porque traía pollos y ración. La prueba aportada, una vez más, fue valorada negativamente. No logró acreditar los servicios denunciados (fs. 46 vto. A.A.), lo que determinó el dictado del acto denegatorio de la jubilación solicitada. Cabe señalar que la Resolución objeto de la presente impugnación, denegó los servicios declarados en: CELO PRINT, panadería “Las Avenidas”, SCHUTZE HNOS, Curtiembre SUIZA y NORTEAMERICAN PLASTIC GOODS S.A. En vía jurisdiccional, el actor solicitó el diligenciamiento de nueva prueba testimonial. El testigo Juan Melgar (fs. 34) no aportó información relevante. Mientras que el testigo Julio César Ortega señaló que el actor trabajó en: “CUTIFRAN, una curtiembre que queda en la calle Julián Laguna, en la curtiembre de BRANA también trabajó y queda en calle Santa Lucía. Sé que trabajó en una empresa sanitaria llamada RIZOTTO. Yo también trabajé ahí y quedaba en Avda. Italia y la de la Médica Uruguaya que no recuerdo cómo se llama” (fs. 36). Juan Carlos Ortega, a fs. 38 manifestó que trabajó con el Sr. Aguilar: “(…) en una panadería llamada UNIDAS situada en Millán y Ascencio, y en NORTEAMERICAN PLASTICOS. En la panadería trabajamos juntos de 1974 a 1981 y en el otro trabajo de 1981 a 1984”. Pues bien, relevada la prueba testimonial producida tanto en vía administrativa como jurisdiccional, no es posible considerar probados los servicios en la empresa CELO PRINT (1972-1975), ya que ninguno de los testigos refirió a que el actor hubiera realizado tareas en la misma. En cuanto al período 1981-1982, en que el actor refiere haber trabajado en NORTEAMERICAN PLASTIC, los testigos María Elena Vilar indica que el actor trabajó allí 4 años y desde 1977 en adelante. Luis Alberto Sosa indicó que el actor se desempeñó en la fábrica de plásticos en el “setenta y algo” y Juan Carlos Ortega indicó que la labor se había desempeñado desde 1981-1984. Ninguna de las fechas indicadas por los testigos coincide con la fecha denunciada por el actor, más allá de que no se indica claramente la locación de la fábrica ni las tareas realizadas, por lo que este período debe ser igualmente desechado. A las tareas declaradas en la empresa SCHUTZE HNOS. (curtiembre) por el período 1975-1976, no hicieron referencia los testigos, quienes, sin embargo, refirieron que el actor trabajó en CUTIFRAN luego de 1986 (testimonio de María Elena Vilar y Juan Ortega) pero dicha actividad no se encuentra declarada por el actor en la planilla de fs. 13 A.A., por lo cual debe ser desestimada. Por otra parte, el Sr. Aguilar declaró haber trabajado en la Panadería “Las Avenidas”, sita en la calle Grito de Asencio desde 1974 a 1978. Los testigos Juan Ortega y Julio César Ortega refieren que el actor trabajó en la panadería LAS UNIDAS (no panadería “Las Avenidas” como surge de fs. 13 A.A.) desde el año 1974 o anteriormente. Juan Ortega declaró haber sido compañero de trabajo del actor quien realizaba tareas de ayudante de panadero y Julio César Ortega aportó la dirección de la panadería en Asencio casi Millán, la que coincide con la dirección declarada. No obstante coincidir la dirección declarada por los testigos con la enunciada por el accionante, no se llega a acreditar la totalidad del período que se pretende probar, aun cuando los testigos coinciden en que el actor comenzó a trabajar desde 1974 o antes, no existen datos aportados en cuanto al cese de la relación laboral. Estas son algunas de las declaraciones vagas e imprecisas, que distan de poder dar por acreditada en forma fehaciente y certera la actividad controvertida. Con carácter genérico, en lo que refiere a la valoración del material probatorio en casos análogos al presente, en términos que resultan trasladables a la dilucidación de obrados, esta Corporación ha señalado que: “Cierto es que, la circunstancia de que los testimonios refieran a hechos acontecidos hace muchísimos años, posiblemente provoque que los deponentes incurran en inexactitudes, pero aun cuando corresponde admitir que no cabe exigir una puntillosa pulcritud en la deposición de quienes atestiguan sobre servicios denunciados por el interesado en obtener el amparo jubilatorio, sobre datos de la vida ocurridos tiempo atrás (Cfe. Sentencias 457/2011, 434/2009, 193/2008, entre muchas otras), ello no significa una suerte de franquicia probatoria en favor del interesado, que determine el auxilio anulatorio en base a una excesiva benignidad en la valoración del informativo testimonial aportado. Por ello, se estima que se debió acreditar no solamente que se prestó el servicio, hecho que podría reputarse acreditado por la declaración de quien contrató el servicio de la promotora, sino también los años durante los cuales se desarrolló la actividad, extremo sobre el cual la valoración unitaria y racional del material probatorio no permite arribar a las conclusiones que propone la reclamante” (Sentencia No. 809/2012). Tal como fuera consignado por la Administración demandada y el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, debe estarse a la insuficiencia del material probatorio aportado por el actor, tanto en sede administrativa como jurisdiccional. En relación con lo anterior, importa remarcar que el cúmulo testimonial se caracterizó por la generalidad e imprecisión. En tal sentido, aun considerando que se trata de hechos acontecidos hace muchos años, lo cual justifica cierta laxitud, por ejemplo, ante la imprecisión de fechas, ello no enerva la rigurosidad en cuanto a la descripción de tareas, la identificación de los lugares de trabajo y la acreditación de las circunstancias por la que el testigo tuvo conocimiento de los hechos. Así, cuando se denuncian servicios concretos, no basta con enunciar por parte de los testigos que la persona “trabajaba", sino que deben especificarse las características y condiciones de la actividad a probar o las razones por las cuales ello no es posible. En definitiva, los testimonios rendidos no resultaron convincentes y suficientes para comprobar los dichos del accionante, por ende, se concluye que no cumplió con la carga de probar los servicios prestados. La doctrina afirma: “(…) en relación con la valoración de la prueba testimonial, nuestra jurisprudencia ha establecido, en múltiples fallos, que la misma vale por su conjunto, y su eficacia deriva de la sensación que deja en el ánimo del Juez, debiendo considerarse y valorarse en su totalidad, ya que en ella todas las respuestas se insertan en el contexto general de la declaración y deben ser interpretadas y valoradas en su interrelación lógica y armónica” (VÉSCOVI, Enrique y co-autores, “Código General del Proceso Comentado, anotado y concordado”, Ed. Ábaco, Buenos Aires, agosto de 1998, Tomo 5, pág. 37). En el casus, el BPS en función del escaso poder convictivo del informativo testimonial, procedió a denegar en forma legítima el acceso a la prestación jubilatoria. Por otra parte, tampoco se observó transgresiones a principios generales de Derecho, tales como: imparcialidad, verdad material y primacía de la realidad; en mérito a que la valoración de la prueba no partió de un examen absolutamente rígido a los efectos de arribar a una solución denegatoria. III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Desestímase la acción anulatoria y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial sanción procesal. Oportunamente, devuélvanse antecedentes administrativos agregados y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)