Sentencia Definitiva N° 68/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de febrero de 2022. No. 68 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PALLAS DE MELLO CORREA, WALTER LEONEL con BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Acción de Nulidad” (Ficha No. 697/2019) RESULTANDO : I) El actor dedujo demanda anulatoria contra la Resolución Nº 03-936-2019-541, del 1º de marzo de 2019, mediante la cual la Gerencia de Prestaciones Económicas del Banco de Previsión Social, en ejercicio de atribuciones delegadas declaró que este no tiene derecho a la jubilación por la causal de incapacidad total prevista en el artículo 4º de la Ley No. 18.395, al no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente para el acceso a la prestación (fs. 44 vto. a 45, en carpeta verde de 59 fojas, A.A.). En lo medular de su planteo, el actor se agravió por considerar que son erróneos los presupuestos de hecho en los que se fundó la impugnada al considerar que este no cumple con los extremos exigidos para acceder al beneficio jubilatorio solicitado y el baremo otorgado no se ajusta a su realidad. En concreto, relató que padece de ceguera en su ojo derecho y que tiene disminuida la visión de su ojo izquierdo, indicando que su tarea habitual consistía en ser chofer profesional, único oficio al cual se dedicó por más de treinta años. Hoy por hoy, no sólo no le es posible realizar dicha tarea, sino que su estado actual no le permite realizar ninguna otra actividad, por lo que su incapacidad es absoluta y permanente para toda tarea, configurando los extremos para la jubilación por dicha causal. A los efectos de demostrar esta circunstancia, presentó ante el BPS en la vía recursiva nuevos exámenes médicos de fecha 11 de febrero de 2019, donde por informe de su oftalmóloga tratante, la Dra. María Victoria Quiñones, se manifestaba que se considerara otorgarle la jubilación por incapacidad total. Y también se solicitó que se tuviera presente que padece hipertensión arterial, adjuntando informe médico del Dr. Gonzalo Ortiz. Ninguno de estos elementos probatorios fue considerado. Asimismo, tampoco fueron explicitados los motivos por los cuales se arribó al baremo de 56,36% (cincuenta y seis con treinta y seis por ciento) que le fue otorgado, por lo que el acto es nulo por ausencia de motivación. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 5 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció la Dra. Silvia Tubino -en representación del Banco de Previsión Social-, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Una lectura acabada de los antecedentes administrativos revela que en la especie no se configuró ilegitimidad en el dictado del acto administrativo denegatorio. En efecto, las nuevas probanzas agregadas por el accionante (documentación clínica glosada) fue evaluada por la Comisión Médica, la cual finalmente se pronunció por la existencia de una incapacidad que, conforme al baremo, es de 54,42% (cincuenta y cuatro con cuarenta y dos por ciento). Siendo ello así, la Comisión Médica dictaminó el 19 de julio de 2019, que el titular mantenía una incapacidad absoluta y permanente para su tarea habitual. El actor ha omitido citar el marco jurídico que regula las jubilaciones especiales por incapacidad laboral. El Organismo ha actuado conforme a dicha normativa jurídica. A pesar de la reconsideración solicitada por el accionante, la actitud de los servicios médicos del BPS ha sido constante en considerar que la imposibilidad física que aqueja al mismo ha sido solamente para el trabajo o empleo habitual, y no para toda tarea como pretende. La Comisión Técnica Médica del Área de Medicina Laboral es el único órgano competente para determinar la incapacidad de un afiliado, de acuerdo con lo prescripto por los artículos 7 y siguientes del Decreto Nº 382/1998, reglamentario de la Ley No. 16.713. El precepto es claro y contundente. Por ende, las afirmaciones realizadas por la actora en cuanto a que no se actuó conforme lo aconsejado por su médica tratante, aunque sí se tuvo en cuenta su opinión, carece de toda relevancia jurídica para el caso planteado. El porcentaje de sesenta y seis por ciento o más de invalidez que establece el artículo 2º constituye un límite infranqueable que el BPS no puede disminuir, soslayar o vulnerar de manera alguna. En suma, abogó por la confirmación de la Resolución impugnada (fs. 13 a 16 vto.). III) Por decreto No. 9924/2019 (fs. 18) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 33. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 36 - 39 vto. y fs. 42 - 45 vto., respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 141/2021 (fs. 48 a 49) en el que aconsejó la confirmación del acto. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Señores Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 51). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución Nº 03-936-2019-541, se emitió el 1º de marzo de 2019 (fs. 44 vto. a 45, en carpeta verde de 59 fojas, A.A.) y se notificó el 25 de marzo de 2019 (fs. 47, A.A.). El 27 de marzo de 2019, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 50 vto. a 51 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 21 de octubre de 2019. La demanda se interpuso el 30 de octubre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 6). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. Conforme surge de los antecedentes, el 25 de febrero de 2014, el accionante, chofer de camiones pesados, fue declarado incapaz para el desempeño de su empleo o profesión habitual por dictamen final de la Comisión Técnica interviniente del BPS, con un baremo de 53.94% (cincuenta y tres con noventa y cuatro por ciento) (fs. 2, A.A.). Es así que el 20 de marzo de 2014, solicitó iniciar el trámite para la obtención del subsidio transitorio por incapacidad parcial (fs. 7 a 8 vto., A.A.). Una vez practicados los cálculos pertinentes, se le dio vista y luego el expediente pasó al archivo (fs. 14 vto., A.A.). Más adelante en el tiempo, el 11 de octubre de 2018, solicitó el inicio del trámite para obtener una jubilación por incapacidad física (fs. 24 vto. a 24, A.A.). Desde el año 2014, el accionante se ha visto sometido a múltiples exámenes médicos por parte de las oficinas técnicas del BPS, los cuales motivaron varios dictámenes de las Comisiones Técnicas Médicas del Organismo (véase carpeta rosada de 80 fojas, A.A.). En todas las oportunidades en que fue evaluado, el baremo de incapacidad del actor se situó por debajo del límite de 66% (sesenta y seis por ciento) exigido por la normativa vigente para acceder al beneficio jubilatorio solicitado. En concreto, el 19 de noviembre de 2018, se emitió un dictamen final por parte de la Comisión Técnica por el cual se concluyó que “el titular mantiene incapacidad para el empleo o profesión habitual ya dictaminada a partir de 25/02/2014, con un porcentaje de baremo actual de 56,36%” (fs. 36 vto., en carpeta verde de 59 fojas, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Es así como se procedió a conferirle vista de las actuaciones haciéndole saber que: i) ya había percibido el STIP y que este beneficio se otorga por única vez para una misma actividad; ii) la Comisión Técnica, en la reconsideración de su dictamen médico, determinó que mantenía el grado de incapacidad para el empleo o profesión habitual (fs. 38 vto. y 41 vto., A.A.). Una vez vencido el plazo para evacuar la vista sin que se presentaran descargos (fs. 42 vto., A.A.), la Administración dictó la Resolución enjuiciada en autos, declarando que el actor no tiene derecho la jubilación por la causal de incapacidad total prevista en el artículo 4º de la Ley No. 18.395, al no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente para el acceso a la prestación (fs. 44 vto. a 45, A.A.). Notificado de la Resolución denegatoria el interesado (fs. 47, A.A.), presentó los correspondientes recursos de revocación y jerárquico (fs. 50 vto. a 51 vto., A.A.) en los que básicamente argumentó que en su estado no podía realizar no sólo su tarea habitual, sino que tampoco podía hacer ninguna otra, adjuntando como prueba de sus dichos exámenes e informes médicos de su oftalmóloga tratante, Dra. Quiñones, y del Dr. Gonzalo Ortiz, quien dio cuenta que el paciente padecía de hipertensión arterial (fs. 48 a 50, A.A.). A raíz de ello, se dio nueva intervención a la Comisión Técnica (fs. 53 vto., A.A.). Finalmente, esta nueva evaluación de incapacidad del actor realizada por la Comisión Técnica el 17 de julio de 2019, dictaminó que “el titular mantiene incapacidad para el empleo o profesión habitual ya dictaminada a partir de 25/02/2014, con un porcentaje de baremo actual de 54,42%” (fs. 54 a 55, en carpeta verde de 59 fojas, A.A. y fs. 60 a 61 de la historia de evaluaciones, en carpeta rosada de 80 fojas, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 48 a 49) y dispondrá la confirmación del acto, por los fundamentos que se explicitarán. La esencia de la litis, estriba en determinar si la Administración incurrió en una errónea apreciación de los presupuestos de hecho de la situación sanitaria que padece el actor al determinarle un baremo inferior al porcentaje de sesenta y seis por ciento exigido por la normativa, incurriendo además en un supuesto de ausencia de motivación por no haber considerado los informes médicos que aportó y no haber explicitado los motivos por los cuales arribó al baremo de 56,36% (cincuenta y seis con treinta y seis por ciento) que le fue otorgado. Comenzando por el examen de la motivación del acto , el Tribunal considera que el dictamen final de la Comisión Técnica del BPS de fecha 19 de noviembre de 2018 y su fundamentación, dada por las sucesivas evaluaciones médicas realizadas durante todo el transcurso de los años 2016 y 2017 (fs. 45 a 55, en carpeta rosada de 80 fojas, A.A.), constituyen razón idónea y suficiente para justificar el acto denegatorio de la jubilación solicitada. En efecto, de su compulsa se desprende la explicitación de los motivos que condujo a la determinación de los porcentajes de baremo en los cuales la Comisión Técnica encuadró la situación médica del actor. En lo que respecta a la alegada falta de consideración de los informes médicos, el repaso del historial de evaluaciones indica lo contrario. Así puede verse, por ejemplo, que el 10 de octubre de 2017, se dejó asentado que el actor padecía de hipertensión arterial con HVI y que había aportado un informe de su oftalmólogo tratante (véase fs. 52 de la carpeta rosada, A.A.). En tanto, el 17 de julio de 2019, también se hizo referencia a determinados informes médicos y se observó que el paciente que “ aportó HC escasa actualizada sólo con repetic de medic (sic), obesidad dislipemia, no hay PC actualiz. (…)” (fs. 60 de la carpeta rosada, A.A.) (la negrilla no está en el original). Valorada la incapacidad por parte del servicio competente de acuerdo al artículo 7 del Decreto Nº 382/1998, no fue dictaminada la configuración de incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo ; lo que obsta a la concesión del beneficio de jubilación por incapacidad total, conforme establece el artículo 19 de la Ley No. 16.713 (en la redacción dada por el artículo 4 de la Ley No. 18.395); norma a la cual se remite el artículo 69 de la Ley No. 16.713 (Régimen de Transición) invocado como fundamento de derecho en el acto en proceso. De acuerdo con la norma citada, la causal de jubilación por incapacidad total se configura por la ocurrencia de distintos presupuestos, requiriéndose siempre la incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo. Este requisito, no fue cumplido por el accionante, a quien se le dictaminó un porcentaje de baremo de invalidez menor al sesenta y seis por ciento (66%) o más , como lo exige el artículo 2 del Decreto Nº 381/1998, para configurar la incapacidad absoluta. Cabe decir que, en cuanto a dichos requisitos técnicos de valoración, la actora no probó que los servicios competentes del Ente no los hubiera cumplido en el dictamen de referencia. El artículo 7º del Decreto 382/1998, es muy claro en establecer que el Área de Medicina Laboral del BPS o de la que haga sus veces o de los servicios que aquel indique, “dictaminará en forma primaria respecto de la existencia o no de la incapacidad, en informe fundado . El dictamen primario que reconozca la existencia de incapacidad deberá establecer: a) La afección física o mental que padece; b) Si la incapacidad se reputa absoluta y permanente para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, estableciendo en este último caso el período máximo por el cual debe servirse la prestación correspondiente; c) La norma del BAREMO aplicada; La fecha desde la que se considera que se configuró la incapacidad; d) Cuando se trate de un afiliado extranjero con menos de 10 (diez) años de residencia en el país, si la incapacidad se ha adquirido por accidente de trabajo o enfermedad profesional; e) Los tratamientos de rehabilitación psicofísica y de recapacitación laboral a que se entienda deba someterse el afiliado; g) Si el afiliado debe someterse a nuevos exámenes, así como la oportunidad y periodicidad de los mismos.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y bien, en el casus, no se ha acreditado en el caso apartamiento alguno a tales consignas. Resulta trasladable al sub- lite lo expresado por la Corporación en sentencia No. 581/2013, en la cual se consignó: “En cuanto al fondo de la questio, cabe destacar en primer lugar que la circunstancia de que el Área de Medicina Laboral del B.P.S. sea el único órgano que, de acuerdo con el precepto normativo, debe expedirse respecto de la incapacidad, no implica que la Corporación no pueda juzgar otros elementos y recabar otras opiniones a efectos de resolver si el acto administrativo objeto del accionamiento ha sido dictado de acuerdo a Derecho. (…) XI) Ahora bien; para que sea posible la obtención de una sentencia anulatoria, es imperiosa la producción de prueba por parte del accionante, mediante la cual se logre acreditar que el rechazo de la jubilación por incapacidad no se ajustó a Derecho, en función de haberse apartado de la realidad de la situación física y/o psíquica de la persona. En efecto, aún sin ingresar en cuestiones técnicas que no le competen , el Tribunal está facultado para controlar si se verificó el acatamiento de las normas que regulan la actuación de la comisión de medicina laboral ; en alguna ocasión el Cuerpo ha procedido a anular una resolución de similar tenor a la encausada, fundándose en que “no se aprecia que la revaluación haya sido efectuada atendiendo a las resultancias de los diversos informes médicos, o por lo menos si lo fue, no consta cuál o cuáles fueron los motivos que permitieron apartarse de los mismos, o bien no considerarlos por las razones que fuere, pero que se debieron consignar, por lo que la presunción de idoneidad del dictamen del área de Medicina Laboral cae, deslegitimando el acto en que se basa, por incumplir lo previsto en los arts. 7 y 21 del decreto Nº 382/998, lo que determina la existencia de un vicio insubsanable en el acto administrativo que lo invoca” (Cfme. Sentencia Nº 657/2010). XII) Pues bien ; llegados a este punto , corresponde indagar si el demandante ha logrado acreditar, en el caso, la existencia de un apartamiento de la normativa vigente aplicable a la materia. Al respecto, emerge de autos que el impugnante no produjo prueba alguna en el presente proceso , a lo que debe añadirse que la invocada ilegalidad tampoco se vislumbra a partir de un análisis de los antecedentes administrativos agregados a la causa, desde que no se advierte desviación alguna en el obrar administrativo. Recuérdese que, conforme lo dispuesto en el art. 4º de la Ley 18.395, para configurar la causal jubilatoria en estudio debe acreditarse la existencia de una incapacidad que reúna los caracteres de absoluta y permanente para todo trabajo , notas que indudablemente no surgen de ninguna de las pruebas aportadas por el titular en sede administrativa (fs. 22 a 25 A.A.), ni tampoco de los documentos incorporados por el actor con su demanda de nulidad (fs. 7 a 16), en la cual éste se limita a acompañar tales documentos, sin referirse a ellos en su líbelo inicial, y haciendo apenas una referencia somera en su alegato, en el que tampoco se funda porqué tales documentos determinarían la existencia de una incapacidad permanente y absoluta para toda tarea. Por todo lo cual, no puede sino concluirse que no se han incorporado al proceso elementos probatorios pasibles de hacer sucumbir el dictamen técnico médico que sirve de sustento al acto atacado, razón que determina que el presente intento anulatorio no pueda prosperar.” (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otro lado, y en forma complementaria, conviene recordar la jurisprudencia de la Corporación en la cual se ha señalado sistemáticamente que “Si es necesario rebatir apreciaciones técnicas fundadas de los funcionarios de la Administración , en materias técnicas o científicas, es indispensable producir prueba pericial que ilustre en esos aspectos, como única forma de informar o demostrar a la Corporación los errores de la decisión administrativa” (sentencias No. 348/2014, 544/2015, 70/2016, 555/2016, 628/2017, 636/2018, 619/2019, 725/2020, 80/2021, 144/2021 y 420/2021, entre otras) (la negrilla no está en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución FALLA: Desestímase la demanda incoada y confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).